El análisis sobre retribuciones militares en los presupuestos de Defensa para 2023 realizado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa: no hay nada positivo.
Estamos acostumbrados a que la cúpula militar sea más que dócil al poder político de turno aceptándolo todo sin la menor crítica. Como excepción, la valiente comparecencia en el Congreso del entonces Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Alejandre exponiendo la mala situación retributiva de los militares y que no podía terminar 2019 sin un incremento de las mismas. Hubo oídos sordos y el general Alejandre fue relevado por el General Villaroya, quien también alertaba sobre las retribuciones en su comparecencia en el Congreso: “No seré yo el que me niegue o el que diga que no necesitamos más sueldo para los militares…”[1]. En 2021, un real decreto preparado con inusitada rapidez aumentó esas retribuciones, pero lo hizo de una forma irrisoria: para muchos supuso un aumento de unos escuálidos 23 euros mensuales. Si los comparamos con los 600 euros de aumento mensual que recibieron los guardias civiles –con mayores retribuciones de partida, distribuido en tres años-, lo percibido por los militares parece más un insulto que otra cosa. Y en la misma línea, ningún incremento paliativo en 2022 ni en 2023.
En la actualidad el cargo de JEMAD es ocupado por el Almirante General Teodoro E. López Calderón, quien recientemente ha ofrecido su análisis[2] del presupuesto de Defensa para 2023. Tras contextualizar la actual situación y explicar las líneas de acción estratégica expone que debe hacerse un empleo eficiente de los nuevos recursos, ya que para este 2023 “supone un incremento, en lo que afecta a la ejecución de política de Defensa, de un 25’8% respecto al año anterior”. Al entrar en harina, el almirante general analiza los diferentes capítulos que componen el presupuesto de Defensa explicando los incrementos de los mismos y a qué se va a dedicar ese esfuerzo, destacando el 60% de aumento del Capítulo 6, el relativo a inversiones, resaltando el desarrollo de la industria nacional.
Resulta muy llamativo el que rompa ese patrón pasando de puntillas sobre el Capítulo 1, Gastos de Personal: “Sin detenerme en lo que ha supuesto el Capítulo 1, en lo que respecta al Capítulo 2…”. Magistral, máxime cuando dedica el párrafo anterior al aumento de los nuevos cometidos en nuevos ámbitos, lo cual va a exigir un incremento en la cantidad de personal en filas, que además tendrá que recibir una formación de carácter específico de alta calidad.
Dedicar un mínimo espacio a explicar la situación de los gastos de personal, de las retribuciones militares, y hacerlo con rigor conduce inexorablemente a dibujar un panorama sombrío. Esto explica el silencio del almirante general respecto a las retribuciones militares: no hay nada positivo que comentar. El Ministerio de Defensa lo va a tener difícil, muy difícil, para captar al personal con esa alta calidad que decía el almirante general. Diversos artículos aparecidos en los medios de comunicación estos días nos dan una pincelada sobre la situación retributiva y laboral en otros colectivos, y la comparación no puede ser más descorazonadora para los militares:
- Los médicos gallegos[3] pueden, además del sueldo, cobrar hasta 5300€ más al mes si realizan guardias en los puntos de atención continuada: la disponibilidad se compensa con 230€ diarios, las guardias de 7 horas con 250€ cada una, las de 17 horas con 611€ y las de 24 horas con 862€. ¿Cuánto cobran los militares por hacer guardias de 24 o 72 horas? Cero coma cero euros. Se entiende perfectamente que la última prioridad para un estudiante de medicina sea convertirse en oficial médico de las Fuerzas Armadas, por muchas estrellas o distintivos que adornen el uniforme pero que no proporcionan un sueldo medianamente equivalente al de la vida civil. De ahí el problema de falta de personal en la sanidad militar, la falta de una retribución adecuada y la movilidad geográfica sin compensación alguna
- Los ilitares, especialmente los destinados en la Unidad Militar de Emergencias, son utilizados como si fueran bomberos en incendios y en múltiples situaciones que implican riesgo, pero ese esfuerzo es correspondido de forma diametralmente opuesta. Por ejemplo, los bomberos del Consorcio Provincial de Cádiz[4] trabajan unos 65 días al año, a turnos de 24 horas, lo cual significa realizar 1560 horas de servicio. A cambio, un bombero –subgrupo C1 de la Administración- que esté en la media -15 años de servicio- percibe 2400€ netos en 14 pagas al año. Si tenemos en cuenta que en las Fuerzas Armadas un subteniente con 35 años de servicio no llega a esa cantidad, siendo de una categoría profesional superior –subgrupo A2-, por una jornada anual teórica de 1642 horas, a las que hay que sumar las guardias, extensiones de jornada, maniobras de duración indeterminada de varios días a varias semanas fuera de casa, en total centenares de horas de más por las que no reciben ni un miserable euro, la comparación es odiosa.
¿Cómo se va a nutrir el Ministerio de Defensa de personal formado de alta calidad si cualquier comparación con el mercado laboral le deja en mal lugar?
En numerosos actos los altos mandos castrenses no dejan de repetir un mantra: no se viene a las Fuerzas Armadas a hacerse rico, se viene por los valores. Un discurso que hace aguas. La referencia a los valores está muy bien, pero cuando las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, dedican su artículo 39 a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, existe la obligación de facilitarla, y esto exige dotar al militar de una retribución adecuada para poder conciliar con su familia, no que el ausentarse del hogar días y semanas le cueste dinero a la economía familiar.
Cuando el artículo 22 de las mismas Ordenanzas exige velar por el prestigio de las Fuerzas Armadas, ¿qué prestigio adquieren las Fuerzas Armadas cuando en lugar de valorar el desempeño de sus miembros con una nómina adecuada y justa les asigna las peores retribuciones de la Administración, muy por debajo de ocupaciones asimilables, como ya expuso la Comisión de Defensa del Congreso?
Ante este panorama de maltrato económico al personal militar, que no ha visto que se le dedicara ni una ínfima parte del incremento de presupuesto del Ministerio de Defensa[1], el almirante general ha recurrido al silencio para glosar los beneficios del Capítulo de gastos de personal: no hay nada positivo que decir sobre retribuciones militares. También podría haber utilizado una expresión muy militar, “sin novedad”, que en este capítulo significa ”igual de mal que en el presupuesto anterior”, pero quizás no se hubiera entendido bien.
[1] https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-205.PDF pág. 36: “Sueldos de los militares, no podría estar más de acuerdo con usted. No seré yo el que me niegue o el que diga que no necesitamos más sueldo para los militares, y no en mi caso, tengo que decirlo, no es mi caso. No es así, yo estoy hablando de todos aquellos que, efectivamente, no lo están pasando bien y que tienen que limitar su vocación militar porque no tienen dinero para hacer frente a los gastos que le harían desarrollar esa vocación militar con pleno derecho, los que no pueden pagar una casa de alquiler, no pueden mandar a sus hijos al colegio en un sitio. Eso es triste, sí, señor, y yo tengo que decirlo. Los militares no estamos en las Fuerzas Armadas por dinero, nunca, nadie. Ahora bien, sí tenemos que procurar que el personal de las Fuerzas Armadas tenga cubiertas las necesidades básicas porque su tarea es muy demandante y no puede estar distraído o preocupado por que no puede cumplir los requisitos esenciales de la vida. Estoy totalmente de acuerdo con usted.”
[2] https://www.defensa.com/espana/jefe-estado-mayor-defensa-analiza-presupuesto-defensa
El 9 de octubre de 2015 el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas acordó la posibilidad de devolver la ayuda de vivienda que otorgaba el ISFAS, con los intereses legales que correspondieran. Sin embargo, más de siete (7) años después del acuerdo no se han producido los cambios normativos necesarios y seguimos sufriendo una ley con casi 24 años que no responde ni a la realidad de las Fuerzas Armadas ni a la situación económica y social actual.
La Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas está obsoleta y su reemplazo debe ser abordado de manera inmediata en la próxima legislatura, sin más excusas por los responsables políticos. La movilidad geográfica es inherente a la condición militar, los obligados y necesarios cambios de destino tienen un coste muy elevado para el militar y sus familias que es necesario paliar.
Estamos muy lejos de las medidas que se aplican en otros ejércitos occidentales. Está bien comparar y comprar sistemas de armas, pero tampoco estaría demás fijarnos en esas ayudas sociales que engrasan el reclutamiento, la retención del talento y la motivación.
Aunque tampoco tenemos que salir del territorio patrio para comprobar como a otros servidores públicos se les prima, sin complejo alguno, con mejoras profesionales de todo tipo como coeficientes reductores aplicables a prejubilaciones y complementos salariales que realmente retribuyen la disponibilidad, la peligrosidad, la penosidad, la residencia en determinados lugares, la preparación técnica, el riesgo, los horarios extendidos, la turnicidad, la responsabilidad y las múltiples vicisitudes que también sufre, e incluso con mayor intensidad, la profesión militar.
La singularidad de la profesión militar más allá de discursos, entrevistas y versos sigue sin reconocerse materialmente en una carrera y retribuciones dignas.
Uno de los efectos negativos de la citada Ley 26/1999 es que al militar que fue beneficiario de la ayuda de vivienda del ISFAS de apenas 600€ se le priva durante el resto de su vida profesional del derecho a acceder a las medidas de apoyo a la movilidad geográfica, básicamente la compensación económica, que es de mayor cuantía y más extendida en el tiempo.
El gabinete jurídico de ASFASPRO ha preparado la siguiente iniciativa para que la cursen los afectados según el empleo, ante el oficial, suboficial mayor o cabo mayor designado a tal efecto por el jefe de unidad correspondiente.
La Iniciativa es el derecho que tiene el militar de plantear a título individual cualquier tipo de actuación, incluida la modificación de normativa, relativa al régimen de personal y las condiciones de vida, ya sea de carácter general o específica de su unidad, que afecte a los miembros de su categoría.
Aclaración de dudas y más información en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE LA INICIATIVA. |
INICIATIVA DEVOLUCIÓN ISFAS FORMULARIO |
El comportamiento del Ministerio de Defensa con respecto al personal militar de las Fuerzas Armadas, que parece ser su última y lejana prioridad, merece en esta fecha toneladas de carbón.
Madrid, 5 de enero de 2023.
Mañana, 6 de enero, Día de la Pascua Militar, los discursos de las autoridades de Defensa serán como acostumbran, grandilocuentes, encantados de conocerse, describiendo la situación de las Fuerzas Armadas como digna de una utópica Arcadia Feliz inexistente. Sin embargo, en el reparto que la Cabalgata de los Reyes Magos realizarán el 5 de enero en Madrid, a las puertas de Castellana, 109, sede del Ministerio de Defensa, solamente pueden dejar carbón, mucho carbón.
La invasión rusa de Ucrania puso sobre el tapete en todo el mundo occidental el estado del gasto –o la inversión- en Defensa. También en España, donde llevamos lustros con unos presupuestos de Defensa por debajo de las necesidades reales, con el coste que esto ha supuesto en deterioro de infraestructuras, envejecimiento de los sistemas de armas y retribuciones paupérrimas para el personal, las peores de la Administración con diferencia. ¡Carbón!
La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en su dictamen de febrero de 2018 –pronto hará cinco años- definía como grave la situación de las retribuciones militares. Las asociaciones profesionales venimos denunciando esta situación desde hace años, en los despachos y también mediante manifestaciones en la calle con pancartas a la puerta del Congreso, la última el 25 de junio de 2022, a unos días de la reunión en Madrid de la Cumbre de la OTAN en la que se aprobó aumentar el gasto en Defensa. En marzo de 2021 tuvo lugar un incremento de algunos complementos retributivos, es cierto, pero con unas cantidades tan mínimas que el aumento solo sirvió para poner sal en la herida y hacer ver que las diferencias retributivas con otros colectivos del ámbito de la seguridad son hoy mucho más escandalosamente exageradas que en aquel 2018. ¡Carbón!
En los presupuestos generales del Estado para 2023 las partidas para Defensa se han incrementado en varios miles de millones de euros, pero el gobierno ha sido incapaz de dedicar ni un 10% de este incremento a mejorar las retribuciones del personal, dedicando miles y miles de millones a la industria de Defensa. No es justo. El personal militar está muy mal pagado se le compare con quien se le compare, con miembros de los ejércitos de otros países o con empleados de las administraciones públicas españolas: un suboficial piloto de helicóptero de combate (3 años de educación superior en una academia más un curso de piloto de helicóptero) no puede cobrar cada mes menos que un conductor de un autobús de una empresa municipal de transporte, con todos los respetos hacia este profesional. No es justo, pero es la realidad. ¡Carbón!
Los Ministerios de Defensa y de Hacienda han sido incapaces de encontrar un céntimo en 2022 ni se prevé en 2023 para mejorar las retribuciones militares, pero intentan acallar conciencias repartiendo en las nóminas a finales de 2022 de forma arbitraria y graciable –es decir, no de forma general ni justificada- un concepto que denominaron “paga única incentivo” pero que lo mismo podría llamarse “aguinaldo de la ministra”, dado que este reparto de dinero no está contemplado en la normativa de retribuciones. El ministerio afirma que es un “complemento de dedicación especial”, pero es que las nóminas del personal que percibe el CDE ya incluían una cantidad por este concepto, luego no era eso, era otra cosa, un intento de acallar mala conciencia o de desmovilizar las protestas del personal. Pan para hoy y hambre para mañana, porque como dice la canción que corre por los cuarteles “… y mi sueldo continua igual de bajo que ayer…”. ¡Carbón!
Estas navidades el Ministerio de Defensa difundió en los medios y en las redes sociales un video en el que se muestra que los invisibles militares están ahí, aunque no se les vea: un buzo de la Armada en el metro de Madrid… Los ciudadanos los ven, los han visto diariamente en lo más crudo de la pandemia, los han visto tomando muestras de gases en primera línea del volcán de La Palma o quitando cenizas volcánicas a paladas de los tejados de las casas isleñas. Los han visto y los volverán a ver actuando con ocasión de nevadas, inundaciones, incendios… o la catástrofe que sea. Quien parece que no los ve y se niega empecinadamente a reunirse con los representantes que defienden los derechos profesionales de los militares es la Ministra Robles, quien tanto insistía en el diálogo cuando los problemas de personal afectaban a otros ministerios. Para muestra de su invisibilidad un botón: las asociaciones profesionales solicitaron reiteradamente por escrito reunirse con la ministra para tratar los problemas de personal, como respuesta se emplazaba al siguiente pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Este órgano se reunió en pleno el lunes 19 de diciembre, lástima que la ministra –que lo preside y pone el calendario de actividades- prefiriera irse a escuchar villancicos en el concierto de Navidad de la Armada. Al final resulta que los militares son invisibles para quien no quiere verles ni oírles. ¡Carbón!
Y con este bello panorama los sufridos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas seguirán sacrificándose y soportando estoicamente las bellas y huecas palabras que se les dedicarán el 6 de enero. Un año más los discursos serán un ejemplo de manual del “dime de qué presumes y te diré de qué careces”.
Carbón, mucho carbón.
Madrid, 29 de diciembre de 2022.
Llevamos mucho tiempo con ganas de que se ponga solución al problema de las paupérrimas retribuciones de las Fuerzas Armadas, pero de momento las actuaciones del Ministerio de Defensa mirando para otro lado solo permiten dar esta noticia el Día de los Inocentes. Nos hemos permitido publicar un deseo más que una inocentada en tan señalado día del año, cuando en realidad sentimos que nos toman el pelo retributivamente los 365 días del año.
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El objetivo, terminar con la desigualdad salarial entre los militares de la Guardia Civil y los militares de las Fuerzas Armadas. Madrid, 28 de diciembre de 2022. La ministra de Defensa, Margarita Robles, y Fernando Grande-Marlaska, titular de la cartera de Interior, tienen previsto reunirse durante la jornada del 28 de diciembre para estudiar la manera de equiparar las retribuciones del personal militar de las Fuerzas Armadas con las del personal militar de la Guardia Civil. Tras años de continuas demandas de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, parece que por fin se va a poner hilo a la aguja, más allá de los repartos graciables y arbitrarios que se vienen realizando en Defensa.
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El personal de las Fuerzas Armadas sigue discriminado como personal de segunda, con derechos profesionales y retributivos restringidos, tras más de 40 años de Constitución.
Tras lustros y lustros en los que se apartó a los militares del foco mediático –exceptuando el desfile de la Fiesta Nacional y dos imágenes de cascos azules-, en los últimos años la ciudadanía ha visto cómo el personal de las Fuerzas Armadas interviene en cualquier tipo de crisis: terremotos, incendios, nevadas, el gran protagonismo –compartido con otros colectivos- durante el COVID… Y ahora, con el trasfondo de la invasión rusa a Ucrania, va calando la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas preparadas para garantizar la defensa nacional. Para cumplir con todos esos cometidos es necesario contar con personal formado y motivado al que dotar con medios eficaces. ¿Qué hace falta para tener esto? La respuesta la conocían ya los antiguos romanos: un presupuesto militar adecuado y un trato digno y justo al personal en filas.
Cuando se aprobó la Constitución hace ya más de 40 años se puso cuidado en restringir los derechos políticos y sindicales de los militares, que eran vistos por muchos como un colectivo vinculado al franquismo. Ha llovido mucho, y durante lo que llevamos de democracia la visión ha ido cambiando. España cuenta hoy con unas Fuerzas Armadas dignas de un estado democrático, pero se sigue conociendo poco a este personal y, lo que es peor, se sigue abusando de su disciplina para mantener en vigor exageradas restricciones de sus derechos profesionales, y esto tiene consecuencias para las familias de los militares.
Costó que los militares pudieran asociarse para defender sus derechos profesionales, hubo que esperar a que el Tribunal Constitucional, con la sentencia 219/2001 diera el placet a las asociaciones de militares con fines reivindicativos. Y empezaron a surgir algunas asociaciones, sin un marco específico. Los legisladores esperaron 10 años para hacerlo. La promulgación de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, dio carta de naturaleza a las asociaciones profesionales, pero fundamentalmente ha servido para intentar atarlas en corto. Para seguir restringiendo derechos profesionales. Han pasado otros 10 años y no hemos avanzado en reconocer derechos profesionales. El Ministerio de Defensa niega el pan y la sal a las asociaciones profesionales y procura limitar su contacto con el personal cuyos derechos defienden. Cualquier empresa puede entrar en un acuartelamiento para ofertar coches, zapatos, aceite, viajes… pero una asociación profesional no puede hacer una reunión para explicar a los militares las propuestas para mejorar las condiciones laborales.
Un derecho que todo el mundo entiende es el derecho a una retribución digna y justa, existiendo dictámenes jurídicos de que a trabajo de igual valor corresponde una retribución de igual valor. La nómina del personal de las Fuerzas Armadas es el mejor ejemplo del desprecio recibido: no resiste comparación con las nóminas (líquidas, no brutas) de otros empleados públicos del ámbito de la seguridad, algunos incluso también con la condición militar:
- Sargento Fuerzas Armadas, grupo A2, sin trienios; 1.635’53 €.
- Policía Local, grupo C1, con 5 trienios: 2.246’56 €.
- Subteniente Fuerzas Armadas, grupo A2, con 12 trienios: 2.268’84 €.
- Guardia Civil, grupo C1, con 10 trienios: 2.311’16 €.
Es decir, el personal de las Fuerzas Armadas (tanto al principio como al final de su carrera) recibe por su trabajo muchísimo menos que el personal de ocupaciones similares pero de un grupo de clasificación inferior. Mal pagado por partida doble. Pero es que el personal de las Fuerzas Armadas es el único al que se le exige matar y morir en el cumplimiento de su misión. Mal pagado por partida triple.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? Pues gracias a la restricción de derechos del personal de los ejércitos y al continuo abuso de su disciplina y de su amor al servicio. Eso sí, para compensar reciben un aluvión de elogios y parabienes. Parabienes, pocos bienes.
Moraleja: menos palabras y más derechos, que de buenas palabras no viven las familias de los miembros de las Fuerzas Armadas.
¡Constitución para todos! ¡Para los militares también!
El pasado 22 de noviembre se celebró sesión plenaria del Congreso de los Diputados para tratar el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 en lo concerniente al Ministerio de Defensa.
A continuación incluimos diferentes cortes sobre las retribuciones, que no se incrementaran más allá de lo dispuesto para los empleados públicos. La brecha salarial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con ejércitos de nuestro entorno europeo no se cierra y, además, seguiremos en el furgón de cola de la Administración
| 01 Ministra | 02 Ciudadanos | |
| 03 PP | 04 IU-Podemos |
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| 05 VOX | 06 PSOE |
Pleno del Congreso del 22/11/2022 en PDF:
Pleno Congreso PGE 2023 22-11-22.PDF
Todos los vídeos de la sesión del Pleno del Congreso 22/11/2022 sobre presupuestos generales 2023:
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=400&codSesion=215&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=22/11/2022
El Ministerio de Defensa y la UNED han firmado un convenio de impartición de títulos de Grado a personal de las Escalas de Suboficiales de las Fuerzas Armadas. El acuerdo incluye el reconocimiento de créditos de la formación recibida en las academias y escuelas de suboficiales que, en algunos casos, se acerca a los 60 ECTS.
Este convenio es parte fundamental del programa formativo impulsado por el ministerio para facilitar a los suboficiales la obtención de titulaciones de Grado del sistema educativo general y su posterior promoción a las escalas de oficiales.
Al programa se accederá mediante una oferta de plazas por concurso valorándose la nota de egreso, antigüedad, créditos ya adquiridos en la UNED y conocimientos de inglés. El programa permitirá el acceso a los centros de formación de oficiales a los suboficiales con un mínimo de 180 ECTS, completando el grado universitario a través de la UNED en el propio centro docente militar.
Esta nueva vía de promoción del suboficial – en la que se reconoce parte de los tres años ya cursados en una academia militar- reduce a dos años el tiempo de formación en las academias de oficiales.
Una vez que se publique y entre en vigor toda la normativa que configura el modelo será necesario que el ministerio dote de plazas suficientes al programa formativo y posterior promoción interna, que no puede ir en detrimento de las ya ofrecidas por la vía de acceso con titulación previa.
CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
BORRADOR DE ORDEN MINISTERIAL PROGRAMA ACCESO ESOF A EOF DEL CG. INF. MARINA
El pasado 20 de noviembre la Secretaria de Estado de Defensa, la Subsecretaria de Defensa y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa comparecieron en la Comisión de Defensa al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
A continuación se presentan varios videos con lo tratado sobre retribuciones, que, según han informado los responsables del ministerio, NO VAN A SER INCREMENTADAS MÁS ALLÁ DE LO DISPUESTO PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
Una vez más, y con la aquiescencia del Gobierno y de algunos militares pagados con su cargo, seguimos en el vagón de cola.
| 01 Rosety Fernandez de Castro Vox interpela SEDEF Retribuciones TIT | 02 Gutiérrez Vivas_Ciudadanos interpela SEDEF TIT | |
| 03 Cortes Gomez UPodemos interpela SEDEF TIT | 04 SEDEF 2 intervención captulo 1 TIT | |
| 05 SUBDEF primera intervención | 06 Callejas Cano_PP interpela SUBDEF TIT | |
| 07 Rosety Fernandez de Castro_VOX interpela SUBDEF TIT | 08 Roser Maestro_UPODEMOS interpela SUBDEF TIT | |
| 09 Gutierrez Vivas_CIUDADANOS interpela SUBDEF TIT2 | 10 Martínez Oblanca_GMIXTO interpela SUBDEF TIT | |
| 11 SUBDEF SEGUNDA INTERVENCION | 12 Rosety Fernandez de Castro_VOX interpela SUBDEF TIT | |
| 13 Otazu PP interpela JEMAD TIT | 14 Rosety Vox interpela JEMAD TIT | |
| 15 Gutierrez Ciudadanos interpela JEMAD TIT | 16 JEMAD RETRIBUCIONES TIT2 |
Comisión de Defensa 20/10/2022 en PDF:
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-777.PDF
Todos los vídeos de la sesión Comisión de Defensa 20/10/2022 sobre presupuestos generales 2023:
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponible?codOrgano=304&codSesion=28&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=20/10/2022
Cuando el mes de octubre comenzaba su andadura, conocimos la triste noticia del fallecimiento del sargento de la “Brigada Rey Alfonso XIII” de la Legión, D. Julio Luque Virués, en un accidente que se produjo el viernes 30 de septiembre por la tarde, sobre las 19.20 h, en el campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor”, en Viator (Almería). Según informó el ministerio de Defensa, la unidad del sargento fallecido realizaba un ejercicio de preparación para la misión A/I a desarrollar en Irak en los próximos meses.
Dicho accidente, cuyas circunstancias todavía no han sido aclaradas en su totalidad y en el que también hubo otros militares heridos de diversa consideración, fue minimizado despectivamente en algunos foros y redes sociales con el odio y la inquina que caracteriza los comentarios anónimos (y cobardes) a los que por desgracia ya estamos acostumbrados, comparándolo, además, con los numerosos accidentes de circulación o laborales que suceden todos los días en España. Sí, pero no. Porque los militares que se estaban adiestrando realizaban una actividad con indudable riesgo, que normalmente incluye el manejo de armas y explosivos, fuego real o la conducción de vehículos por terreno abrupto y peligroso a cierta velocidad, condiciones necesarias cuando se trata de desplazamientos en zonas de guerra, como es el caso de Irak y algunos otros escenarios comunes a los despliegues de nuestras tropas.
Con todo, a pesar de la peligrosidad inherente al ejercicio de la profesión militar, los sucesivos responsables ministeriales tratan de vender a la sociedad civil una imagen buenista, casi de ONG, de su actividad diaria o de la permanencia de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas en las zonas de operaciones, obviando que la cruda realidad es bien diferente y, por ello, una verdad incómoda difícil de aceptar para todos aquellos que no se encuentran a gusto cuando se trata de algo tan importante como la “Seguridad y la Defensa Nacional”. Claro que, de reconocer abiertamente y sin tapujos la realidad del servicio activo de un militar profesional, el Gobierno y todos los grupos políticos se quedarían sin excusas para poder seguir manteniendo el apartheid de facto que sufrimos en nuestras condiciones laborales y de carrera.
No obstante, volviendo al triste suceso de la fatídica muerte de nuestro compañero, en lo primero que habría que fijarse para poder valorarlo adecuadamente es el lugar en el que se produjo: un campo de maniobras y, a continuación, en la hora: las 19:20 de un viernes, fuera de la jornada laboral reglada. Aunque lo más seguro es que este ejercicio, al igual que los Alfa, Beta, jornadas de instrucción continuada, etc., estuviera registrado en el calendario de actividades y, por consiguiente, el personal participante dispusiera de los correspondientes pluses o tiempo de descanso adicional como compensación.
No lo sabemos y tampoco tenemos, en principio, por qué dudar. Ya que de no ser así estaríamos ante la clásica extensión de la jornada laboral “gratis total”, tantas veces denunciada por la actual ministra de Trabajo y por el propio presidente del Gobierno de España, con serias sanciones para aquellas empresas que incumplan el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo o la correspondiente legislación vigente que este real decreto modifica parcialmente:
Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Artículo 7. Infracciones graves.
5. La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores.
¿Estamos insinuando que el ministerio de Defensa incumple la normativa vigente en materia laboral y/o de protección social? No, pero el problema es que no se quiere aplicar a las leyes que rigen el régimen de personal y la carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas, lo que en la práctica da lugar a los abusos y arbitrariedades que se pretenden evitar al resto de ciudadanos de nuestro país. Por este motivo, consideramos como un apartheid la injusta situación profesional y personal que nos está tocando vivir.
Porque es un hecho incuestionable que los militares no tenemos derecho a retribución por horas extraordinarias tras la realización de guardias, servicios y comisiones, siendo las compensaciones en tiempo de descanso recogidas en los reglamentos, escasas, insuficientes o incluso inexistentes. Tampoco está valorada en su justa medida la disponibilidad permanente durante las veinticuatro horas de cada uno de los días que pueda durar cualquier tipo de ejercicio de adiestramiento, ya sea en diario o en festivo. Es más, la prolongación “gratis total” de la jornada laboral, tan común a muchos militares en sus quehaceres diarios, ni se retribuye ni se compensa debidamente en la mayoría de los casos, generando miles de horas extraordinarias que se pierden en un limbo legal que muy pocos se atreven a denunciar, ya que se pueden ver afectados, entre otras cosas importantes, los IPEC (informes personales de calificación) o la percepción del CDE, complemento de dedicación especial que la mayoría de suboficiales percibimos solo algunos meses cada año y en baja cuantía.
Además, como hemos denunciado en innumerables ocasiones, la Ley de la carrera militar, ni ninguna otra, ofrecen al militar profesional la posibilidad de aplicación de coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional "cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”, siendo la engañosa reserva (descrita socarronamente como “jubilación dorada” por algunos medios de comunicación) el único mecanismo teórico de compensación, pero que no impide que un militar pueda ser desplazado a una zona de guerra con 60 años de edad o que pase a esa situación con más de 40 años de servicio activo, que le podrían servir, si se utilizase la misma vara de medir que al resto de ciudadanos con los citados coeficientes, para obtener no una, sino dos jubilaciones anticipadas antes de cumplir esa edad.
Sin embargo, de manera incomprensible, el pase a la situación de reserva se mantiene a los 61 años de edad para los oficiales y suboficiales y los 58 años para el personal de tropa, a pesar de que la Ley General de la Seguridad Social dice, en su artículo 206, que:
“A tales efectos, reglamentariamente se determinará el procedimiento general para establecer coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, que incluirá, entre otras, la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para continuar con el desarrollo de la actividad a partir de una determinada edad.”
Si esta ley se aplica a todos los ciudadanos españoles y los militares ya no ingresan en el régimen de Clases Pasivas desde el año 2011, ¿por qué se excluye a ese colectivo?
Si hubo unanimidad para extender esa posibilidad a los policías autonómicos, locales, bomberos, trabajadores del régimen especial del mar, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios y algunos otros colectivos más, ¿por qué se sigue excluyendo a los militares profesionales? ¿Por qué tanto desprecio y desconsideración?
Ante la ausencia de una respuesta argumentada de autoridades y legisladores, cualquiera podría pensar que el motivo principal de esta discriminación es que al militar se le retribuye de manera especial por su singularidad profesional. Y nada más lejos de la realidad, porque nuestros salarios están muy por debajo de los de todos estos profesionales y la evidencia manifiesta y humillante es que más de 100.000 militares con empleos inferiores a capitán cobramos menos o muchísimo menos que un policía (local, autonómico o nacional), guardia civil o bombero recién egresados de sus academias. Y para mayor desmoralización y señalamiento de que nos consideran servidores públicos “inferiores”, todos los grupos políticos que apoyaron la reciente equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles, o los que defienden habitualmente subidas salariales y mejoras de la carrera profesional de policías locales o autonómicos, se olvidaron de nosotros. Eso sí, luego somos los “chicos para todo” a los que recurren de manera inmediata ante cualquier incidente que haya que afrontar con riesgo, seriedad y entrega, además de con pocos gastos en personal, que parece lo más importante.
Nuestro compañero recientemente fallecido en acto de servicio y todos los que le precedieron entregando su vida o resultando con heridas físicas o psíquicas en el cumplimiento de su deber; los que en este mismo momento se están adiestrando o cumplen misiones de grave riesgo y responsabilidad y todos los hombres y mujeres que integramos las Fuerzas Armadas o que lo harán en el futuro, necesitamos respeto y consideración y no discurso vacíos, halagos hipócritas o publirreportajes ocasionales.
Es necesaria una nueva ley de la carrera militar que reconozca, sin complejos, la singularidad de la profesión militar y no ser destinatarios del ventajismo limosnero que intenta maquillar el apartheid profesional y retributivo que “disfrutamos” en la actualidad.
A pesar de que esta asociación lleva años denunciando el grave envejecimiento de los suboficiales, resulta sorprendente la tibieza de las acciones emprendidas por los sucesivos gobiernos y la poca importancia que le han dado a este problema los grupos parlamentarios que integran las comisiones de Defensa del Congreso y el Senado, proponiendo, en determinadas ocasiones, medidas que en poco o nada contribuyen a solucionar esta peligrosa situación, que no solo afecta a los suboficiales.
Sin embargo, para otros colectivos sí que se considera muy necesario su rejuvenecimiento, como, por ejemplo, los policías locales, que contaron con la unanimidad de todos los grupos políticos y del Gobierno para adelantar su jubilación anticipada a los 59 años de edad.
Conviene recordar que la reserva no es una jubilación anticipada como algunos medios de comunicación hacen creer. El militar sigue sujeto a la legislación castrense y no cobra una pensión de la Seguridad Social sino una retribución del Ministerio de Defensa que, en los empleos de suboficial y los primeros de la categoría de oficial, son inferiores a aquella. También parece obviarse que colectivos con una peligrosidad, penosidad y toxicidad similar a la que padece el militar disfrutan de coeficientes reductores que no son constantemente puestos en cuestión: personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, profesionales taurinos, trabajadores del mar, marina mercante y marina de pesca, trabajadores del Estatuto minero, bomberos, artistas, policías locales, miembros del Cuerpo de la Ertzaintza...
Pero al mismo tiempo, la cruda realidad de las Escalas de Suboficiales es que tan solo 180 miembros tienen menos de 24 años y el 67% tienen o son mayores de 40 años. Además, el porcentaje de “cincuentones” supera el 34%.
El envejecimiento que sufren estas escalas está provocado principalmente por el aumento en 5 años de la edad de pase a la reserva operado por la Ley de la carrera militar, fijándola con carácter general en 61 años. Además, esta ley limitó a un escaso e insuficiente periodo transitorio el pase voluntario a esta situación a los 58 años (y más de 33 años de servicios). Esta edad es la que tiene establecida la Guardia Civil para el pase a la reserva de sus suboficiales.
La reserva, tal y como dice la repetida Ley de la carrera militar, constituye un mecanismo esencial para configurar, de acuerdo con los criterios de planeamiento, una pirámide de efectivos por empleos y disponer en todos de personal con las edades adecuadas para el ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Defensa hace poco por paliar la situación. Por un lado, el pase a la Administración civil ha quedado prácticamente en una vía muerta porque el suboficial pasa a desempeñar puestos de trabajo de nivel profesional muy inferior, con pérdida de retribuciones. ¿Cuándo se va a solucionar este desprecio de la Administración Pública hacia los militares?
Por otro, los cupos de reserva que se autorizan anualmente han pasado, en su mayoría a la tropa permanente. Tampoco ayudan los tiempos mínimos necesarios y las edades con las que se termina ascendiendo a suboficial mayor que eliminan el drenaje que dispone el artículo 113.1 de la Ley de la carrera militar, y que sí “funciona” en el empleo de coronel y en el generalato.
Es constante la preocupación del militar por desempeñar sus cometidos en todas las circunstancias y situaciones con unas condiciones psicofísicas convenientes, pero la edad (+58 años) y sus secuelas, se quiera o no, limitan el ejercicio profesional en puestos operativos.