Promoción interna: todavía hay clases

En nuestro anterior artículo, describimos con profusión de detalles la injustificable situación de apartheid que sufrimos los militares profesionales, especialmente los suboficiales y la tropa. Por si quedaba alguna duda, y a pesar de la evidente realidad de marginación social que nadie se atreve a negar sin tener que agachar la cabeza o ponerse colorado, desde el otro lado de la barrera (en el más amplio sentido de la palabra) solo recibimos silencios desdeñosos y arrogantes que muestran la actitud incomprensible de todos aquellos que deberían velar por los intereses de todos sus subordinados en lugar de mirar para otro lado y taparse los oídos.

Y esta actitud es todavía mucho más cuestionable porque se dirige hacia un colectivo: el militar, cuyos miembros tenemos prohibido el ejercicio del derecho de huelga, la negociación colectiva y la adopción de medidas de conflicto colectivo, limitaciones que vienen perjudicando gravemente a nuestras retribuciones y a nuestra carrera profesional desde hace décadas. Aunque, como veremos a continuación, no afectan por igual a todos los militares, porque en nuestro caso particular todavía tiene mucho sentido la famosa expresión de épocas pasadas: ¡oiga usted, que todavía hay clases!

Pero por más que pretendan ignorar nuestro sólidos argumentos, por el momento ninguno de nosotros y nuestras familias vivimos en guetos aislados ni en limbos ministeriales ajenos a lo que sucede en el día a día, por lo que es muy fácil enterarse, por ejemplo, de lo que el Gobierno ofrece a los funcionarios en el nuevo proyecto de ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, de los significativos incrementos retributivos de otros servidores públicos o de lo que propone el Mando de Personal del Ejército de Tierra para solucionar una supuesta problemática de la Escala de Oficiales. Informe y propuestas de las que hemos tenido noticias a través de un medio de comunicación y no del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, que para algo está desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes.

No obstante, con el respeto y el sentido común que siempre ha caracterizado nuestra labor, no nos corresponde a nosotros valorar este sorprendente hecho, pero sí estamos obligados a analizar y comentar la parte del contenido que nos atañe de manera muy directa, siendo lo más destacable el continuo ninguneo sistemático de la promoción interna del suboficial, otro modo de discriminación efectiva agravado tras la aprobación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Desde nuestros comienzos como asociación profesional, allá por el año 2011, han sido muchos los informes, propuestas y artículos, además de las intervenciones de nuestros representantes ante la Comisión de Defensa del Congreso, el Observatorio de la Vida Militar o el propio Consejo de Personal, en los que hemos denunciado el tremendo error de la Ley de la carrera militar y su desarrollo reglamentario, al no haber configurado titulaciones propias para adaptar la enseñanza y formación al Plan Bolonia. Anteponiendo los intereses particulares y con mucho cortoplacismo, se pasó por encima de los suboficiales eliminando, en la práctica, nuestra promoción interna y, a las pruebas y al informe del MAPER nos remitimos, la consecuencia es que el sistema está siendo un rotundo fracaso que está afectando muy seriamente a la formación de los nuevos oficiales y a la operatividad de las unidades.

Poco les importó a los impulsores de la Ley de la carrera y sus reglamentos que los oficiales de Escala Media permanecieran casi todo su servicio activo en los empleos de alférez, teniente y capitán, dotando de estabilidad a las plantillas de las unidades y a la prestación de servicios, comisiones, etc. Y tampoco quisieron tener en cuenta que había cientos de suboficiales en casi todas las unidades desempeñando funciones, cometidos y servicios de oficial y más de mil suboficiales con titulación universitaria a los que tampoco se les dio ninguna oportunidad de promoción.

Al mismo tiempo, se privilegió a los militares temporales de complemento permitiéndoles adquirir la condición de militar de carrera con cualquier titulación universitaria, con mínimos requisitos de acceso y sin mayor formación académica que la que ya tenían tras su incorporación como militares de empleo, que no superaba los nueve meses. Y lo más grave de todo es que el MAPER ET tampoco contempla ahora solucionar el problema de la escasez de oficiales impulsando y potenciando la promoción del suboficial. Vamos, que, si damos por válido el informe filtrado por el medio de comunicación, esa “absurda” opción ni se les ha pasado por la cabeza. ¡Hasta dónde podíamos llegar!

Tal y como venimos denunciando tan infructuosamente, la desigualdad y la arbitrariedad campan a sus anchas y esto se parece cada vez más a un sistema de castas, que, como todos sabemos, consiste en la creación de compartimentos sociales estancos, con funciones sociales y privilegios distintos, a los que el individuo pertenece desde su nacimiento sin posibilidad alguna de renunciar ni cambiarse de grupo. Naces en una casta y te mueres dentro de ella, no existe movilidad social. Aplíquese esta definición a la carrera del suboficial y encontrará muchos puntos coincidentes.

Y ante semejantes ejemplos de deslealtad y desconsideración, ya va siendo hora de que nuestro colectivo deje de someterse al chantaje emocional de los manidos valores militares o la satisfacción del deber cumplido, que siempre se utilizan para justificar nuestras carencias y la marginación profesional. Queda muy bonito hablar de ética, moral militar, disciplina, voluntad de vencer, espíritu de lucha, etc., pero todos esos valores deberían ir acompañados de otros tan importantes como la ejemplaridad, la motivación, el respeto y, sobre todo, la lealtad, que siempre tendría que ser ascendente y descendente.

Porque mandar no solo debe consistir en dar órdenes y exigir su cumplimiento a los subordinados. En el ejercicio del mando tiene que haber algo más y actualmente la gran mayoría de los suboficiales consideramos que estamos siendo tratados con grandes dosis de clasismo y arbitrariedad. Por otro lado, el Consejo de Personal, maniatado por los Cuarteles Generales, sigue desdeñado por la ministra de turno que no ataca los verdaderos problemas del personal ni se preocupa porque se produzca una mejora real de nuestra carrera profesional, como sí sucede en otros colectivos de servidores públicos.

Este es el sentimiento de frustración y desmotivación que tenemos muchos militares profesionales, no solo los suboficiales, y aunque las Fuerzas Armadas siguen siendo una institución jerarquizada y disciplinada, lo que más debería preocupar es que cada vez está menos unida. Hay que corregir errores, eliminar las dañinas actitudes inmovilistas y, con carácter urgente, modificar o cambiar la Ley de la carrera militar.

Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas

Artículo 18. Justicia en las Fuerzas Armadas.

Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad.

O como mantener un apartheid profesional en la Europa del siglo XXI sin que nadie se escandalice

La famosa “paradoja de Fermi” trata sobre la aparente incongruencia entre el hecho de que no hayamos encontrado aún evidencia de vida extraterrestre a pesar de que, según las estimaciones, ya deberíamos haberla descubierto debido a la alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en nuestro universo observable.

Nuestros socios o los lectores habituales de nuestra web, incluso aquellos que lo hacen ocasionalmente, tal vez se pregunten por qué iniciamos este artículo mencionando esta contradicción astrofísica sobre la posibilidad de vida extraterrestre y qué tiene que ver con lo que en ASFASPRO denominamos la “paradoja de la profesión militar”. Sin embargo, salvando las distancias, ambas coinciden en lo fundamental: la realidad es aparentemente contraria a la lógica y de muy difícil explicación.

A los más desinformados o despistados, pero también a los que niegan de manera sistemática cualquier tipo de discriminación o arbitrariedad con las Fuerzas Armadas, les diremos que esta paradoja cuestiona la insensibilidad y la equidistancia de toda la clase política, la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones españolas, ante el silencioso apartheid que sufre el militar profesional español, con mucha más intensidad desde comienzos del siglo XXI coincidiendo con la suspensión del servicio militar obligatorio, a pesar de pertenecer a una de las instituciones más valoradas de nuestro país y cuyas mujeres y hombres demuestran una y otra vez entrega, sacrificio y excepcional preparación en todas aquellas misiones que les son encomendadas. Y no son pocas.

La Constitución Española, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho, sitúa la igualdad como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y consagra al Estado como su principal garante. Incide, además, en que los poderes públicos deben garantizar la igualdad real y efectiva. Consecuentemente, el artículo 14 establece que: “no podrá prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

En esta misma línea, tanto el Tribunal Constitucional como numerosos expertos en la materia, coinciden en que quienes se encuentren en la misma situación deben contar con los mismos derechos: es lo que se define como igualdad efectiva o trato justo y equitativo. Y, en consecuencia, la igualdad en la ley vincula al legislador de la misma y de los reglamentos, y se vulnera cuando la norma distingue, sin justificación razonable, supuestos de hecho iguales o similares.

Así, es posible que el Estado pueda otorgar un trato diferenciado a colectivos sustancialmente iguales, pero esa diferenciación tiene que estar plenamente justificada y, al mismo tiempo, debe ser proporcionada al fin que se persigue. Porque de no ser así estaríamos hablando de discriminación, segregación, desigualdad, exclusión o arbitrariedad, teóricamente inadmisibles en nuestra sociedad. Pero, como comprobaremos a continuación, la triste realidad va por un camino muy diferente al de la lógica y la razón.

Tal y como venimos señalando una y otra vez, si procedemos a una simple lectura de la Ley General de la Seguridad Social o la normativa de carácter laboral, comprobaremos que en ambas se reconoce la singularidad de determinados colectivos de trabajadores que ejercen su profesión en condiciones especiales, como toxicidad, peligrosidad, suciedad, uso de explosivos, turnicidad, nocturnidad y otras circunstancias parecidas. Es decir, que su trabajo tiene riesgos o cargas superiores a los normales durante su vida laboral. Por este motivo, perciben pluses específicos o mayores retribuciones y se les aplican coeficientes reductores que les permiten jubilarse anticipadamente con el 100% de la pensión, a partir de los 59 años de edad en determinados casos.

Dentro de este grupo de trabajadores se encuentran, por ejemplo, los miembros de la “Ertzaintza”, los “Mossos d' Esquadra”, los policías forales de Navarra o los policías locales y los bomberos, profesionales que también reciben compensación económica o días de descanso por la realización de guardias y horas extraordinarias. Se adaptan las leyes y las autoridades nacionales, autonómicas o locales, además de todos los partidos políticos y los ciudadanos en general, ven normal que se apliquen estos beneficios a este tipo de trabajadores y, a tal fin, se destinan los fondos que son necesarios para sufragar sus nóminas y jubilaciones en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, sin que el ministerio de Hacienda o los jefes directos de esos servidores públicos se excusen, como sí hace la ministra de Defensa, con la manida frase de que “no hay dinero”.

Ahora bien, esta unanimidad y la actitud comprensiva con la que se legisla para todos estos colectivos y algunos más, desaparecen cuando se habla de mejorar las retribuciones o la carrera profesional de los militares. Porque resulta paradójico que, siendo la militar una profesión en la que en la práctica diaria se manejan armas y explosivos o se desarrollan actividades de evidente riesgo y exigencia psicofísica –que incluyen la permanencia en zonas de operaciones o de guerra, ejercicios con fuego real, escalada, paracaidismo, buceo, desactivación de explosivos, etc.; o tantos otros cometidos que también requieren especial preparación técnica y física, como la de los pilotos y los tripulantes de aeronaves, buques o vehículos especiales– se excluya a los que la ejercen de los beneficios que sí ofrecen las leyes al resto de ciudadanos. ¿Y cómo le llamarían a esta diferencia de trato todos los que nos están negando el pan y la sal si se debiera al color de la piel, raza o etnia? Casi no hace falta decirlo: apartheid o exclusión social.

Y aunque a los militares se nos discrimina, aparentemente, por el tipo de uniforme y los emblemas y divisas que portamos, ya que la peligrosidad y otras exigencias de la profesión son como mínimo iguales o incluso superiores a las de los grupos de trabajadores, uniformados o no, que tienen ampliados sus derechos profesionales y retributivos, lo cierto es que la doble vara con la que los sucesivos gobiernos miden nuestro valor humano y profesional es igual de denunciable e injustificable, se mire como se mire.

Bajo estas condiciones excluyentes, todavía indigna mucho más tener que escuchar casi todos los días los cínicos discursos rimbombantes sobre igualdad, integración o justicia social dirigidos a los ciudadanos, cuando la empresa “Gobierno de España” paga el salario mínimo a un soldado profesional o discrimina laboralmente a decenas de miles de militares que tenemos disponibilidad permanente, constante movilidad geográfica y estamos obligados a realizar jornadas laborales que pueden llegar a triplicar a la de cualquier otro trabajador. Todo ello, sin derecho a retribución alguna por horas extraordinarias o cualquier otro tipo de compensación, tanto económica como en nuestras condiciones para la jubilación.

Solo hay que contraponer la posibilidad de jubilación anticipada con el 100% de la pensión, a los 59 años de edad, con los actuales requisitos de pase a la reserva: 61 años de edad, más de 40 años de servicio activo en la mayoría de los casos, pérdida retributiva relevante y permanencia en un limbo burocrático ajeno a cualquier incremento salarial significativo, para poner en cuestión la correcta aplicación del principio de igualdad por parte del Gobierno de España.

La marginación es tan grosera que las retribuciones básicas de un soldado han desaparecido de la web de Reclutamiento y de los folletos informativos del Ministerio de Defensa. Y ni las “entrevistas masaje” que determinados medios de comunicación le hacen regularmente a la ministra de Defensa, ni reportajes tan escandalosos como el que increíblemente situó al soldado español como de los mejor pagados de la OTAN, o las humillantes y arbitrarias paguitas ocasionales que se inventó la ministra de Defensa a finales del año 2022, pueden esconder la realidad de discriminación y desprecio que nos está tocando vivir.

Cuando se esconden las cifras de militares heridos, incapacitados o fallecidos en acto de servicio durante los últimos treinta años, como ha hecho recientemente el Ministerio de Defensa ante las solicitudes presentadas a través del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y el Portal de Transparencia, estamos ante un signo palmario de que algunas conciencias no están muy tranquilas o que la intransigencia y la soberbia están enfrentadas a la razón y al sentido común. También tiene muy difícil explicación que tras un incremento del presupuesto de Defensa del 42,5% en los últimos cuatro años, no se destine un porcentaje de esa inversión a mejorar los paupérrimos sueldos de los militares acercándolos, al menos, a los de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que en los últimos años han visto reducida la desventaja retributiva con los policías autonómicos gracias a una equiparación salarial ejecutada en varios tramos.

Pero el olvido y el aislamiento social no solo se circunscribe a lo meramente profesional o institucional. Cualquier colectivo, por minoritario que sea, tiene cabida en los principales programas de radio o televisión. Y esos mismos medios que entrevistan con cierta frecuencia a la ministra de Defensa o a nuestros generales y almirantes, pasan de puntillas o ni siquiera mencionan la problemática del militar profesional y la vergonzosa diferencia de trato con el resto de servidores públicos. Eso sí, a pesar de los halagos que de vez en cuando nos dedican en dichos programas, ni uno solo ha dado voz en “prime time” al presidente de una asociación profesional como ASFASPRO que representa a más de 6.000 militares. Y eso, para nuestra desgracia, también forma parte de la marginación que sufrimos como ciudadanos.

Pueden ser noticia de portada un caso de acoso sexual en un acuartelamiento, la fatídica muerte de un militar o el impacto de una bala en un casco durante un ejercicio con fuego real, tan necesario en la instrucción de cualquier soldado, pero ninguno de los que nos critican por estas situaciones se preocupa lo más mínimo por el devenir profesional y familiar de esos “soldaditos de todo a cien” o “chicos para todo” que son requeridos habitualmente por el gobierno para realizar misiones de vital importancia para la sociedad a la que sirven, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Para que nadie alegue ignorancia, el lector ya conoce cuál es el pago que nos dan por nuestros servicios, tras la simple lectura de este artículo.

Y, para terminar, viene muy a cuento la famosa frase:

NO NOS PREOCUPAN LOS INSULTOS O EL MENOSPRECIO DE NUESTROS ENEMIGOS, SINO EL VERGONZOSO SILENCIO DE LOS QUE DEBERÍAN HABLAR Y CALLAN O MIRAN PARA OTRO LADO ANTE LA INJUSTICIA.

Recientemente se ha modificado Reglamento de ingreso y promoción para eliminar los límites para la promoción interna.

Su preámbulo obvia intencionadamente que los suboficiales ya no tenían límite de edad desde el año pasado. La sentencia núm. 269/2022 de 3 de marzo de 2022 del Tribunal Supremo^[1], estimando el recurso contencioso presentado por ASFASPRO, anuló por no ser conforme a derecho los límites de edad para la promoción de los suboficiales establecidos en el artículo 17.1.a)2ª del Real Decreto 309/2021, de 4 de mayo.

En definitiva, para los suboficiales, esta modificación observa el derecho que la sentencia reconoció.

Este cambio reglamentario, rechazado durante una década por los sucesivos representantes ministeriales en el Consejo de Personal es un avance para la promoción interna, pero siguen en pie numerosos obstáculos que otros colectivos profesionales similares al militar ya eliminaron hace tiempo o simplemente nunca los tuvieron.

Real Decreto 113/2023, de 21 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 309/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas:

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4648.pdf

Informe presentado por ASFASPRO sobre el reglamento

^[1] https://www.asfaspro.es/rss/item/2809-el-tribunal-supremo-anula-los-limites-de-edad-establecidos-por-margarita-robles-para-la-promocion-interna-del-suboficial-a-los-cuerpos-generales-y-al-cuerpo-de-infanteria-de-marina

El análisis sobre retribuciones militares en los presupuestos de Defensa para 2023 realizado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa: no hay nada positivo.

Estamos acostumbrados a que la cúpula militar sea más que dócil al poder político de turno aceptándolo todo sin la menor crítica. Como excepción, la valiente comparecencia en el Congreso del entonces Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Alejandre exponiendo la mala situación retributiva de los militares y que no podía terminar 2019 sin un incremento de las mismas. Hubo oídos sordos y el general Alejandre fue relevado por el General Villaroya, quien también alertaba sobre las retribuciones en su comparecencia en el Congreso: “No seré yo el que me niegue o el que diga que no necesitamos más sueldo para los militares…”^[1]. En 2021, un real decreto preparado con inusitada rapidez aumentó esas retribuciones, pero lo hizo de una forma irrisoria: para muchos supuso un aumento de unos escuálidos 23 euros mensuales. Si los comparamos con los 600 euros de aumento mensual que recibieron los guardias civiles –con mayores retribuciones de partida, distribuido en tres años-, lo percibido por los militares parece más un insulto que otra cosa. Y en la misma línea, ningún incremento paliativo en 2022 ni en 2023.

En la actualidad el cargo de JEMAD es ocupado por el Almirante General Teodoro E. López Calderón, quien recientemente ha ofrecido su análisis^[2] del presupuesto de Defensa para 2023. Tras contextualizar la actual situación y explicar las líneas de acción estratégica expone que debe hacerse un empleo eficiente de los nuevos recursos, ya que para este 2023 “supone un incremento, en lo que afecta a la ejecución de política de Defensa, de un 25’8% respecto al año anterior”. Al entrar en harina, el almirante general analiza los diferentes capítulos que componen el presupuesto de Defensa explicando los incrementos de los mismos y a qué se va a dedicar ese esfuerzo, destacando el 60% de aumento del Capítulo 6, el relativo a inversiones, resaltando el desarrollo de la industria nacional.

Resulta muy llamativo el que rompa ese patrón pasando de puntillas sobre el Capítulo 1, Gastos de Personal: “Sin detenerme en lo que ha supuesto el Capítulo 1, en lo que respecta al Capítulo 2…”. Magistral, máxime cuando dedica el párrafo anterior al aumento de los nuevos cometidos en nuevos ámbitos, lo cual va a exigir un incremento en la cantidad de personal en filas, que además tendrá que recibir una formación de carácter específico de alta calidad.

Dedicar un mínimo espacio a explicar la situación de los gastos de personal, de las retribuciones militares, y hacerlo con rigor conduce inexorablemente a dibujar un panorama sombrío. Esto explica el silencio del almirante general respecto a las retribuciones militares: no hay nada positivo que comentar. El Ministerio de Defensa lo va a tener difícil, muy difícil, para captar al personal con esa alta calidad que decía el almirante general. Diversos artículos aparecidos en los medios de comunicación estos días nos dan una pincelada sobre la situación retributiva y laboral en otros colectivos, y la comparación no puede ser más descorazonadora para los militares:

     - Los médicos gallegos^[3] pueden, además del sueldo, cobrar hasta 5300€ más al mes si realizan guardias en los puntos de atención continuada: la disponibilidad se compensa con 230€ diarios, las guardias de 7 horas con 250€ cada una, las de 17 horas con 611€ y las de 24 horas con 862€. ¿Cuánto cobran los militares por hacer guardias de 24 o 72 horas? Cero coma cero euros. Se entiende perfectamente que la última prioridad para un estudiante de medicina sea convertirse en oficial médico de las Fuerzas Armadas, por muchas estrellas o distintivos que adornen el uniforme pero que no proporcionan un sueldo medianamente equivalente al de la vida civil. De ahí el problema de falta de personal en la sanidad militar, la falta de una retribución adecuada y la movilidad geográfica sin compensación alguna

    - Los ilitares, especialmente los destinados en la Unidad Militar de Emergencias, son utilizados como si fueran bomberos en incendios y en múltiples situaciones que implican riesgo, pero ese esfuerzo es correspondido de forma diametralmente opuesta. Por ejemplo, los bomberos del Consorcio Provincial de Cádiz^[4] trabajan unos 65 días al año, a turnos de 24 horas, lo cual significa realizar 1560 horas de servicio. A cambio, un bombero –subgrupo C1 de la Administración- que esté en la media -15 años de servicio- percibe 2400€ netos en 14 pagas al año. Si tenemos en cuenta que en las Fuerzas Armadas un subteniente con 35 años de servicio no llega a esa cantidad, siendo de una categoría profesional superior –subgrupo A2-, por una jornada anual teórica de 1642 horas, a las que hay que sumar las guardias, extensiones de jornada, maniobras de duración indeterminada de varios días a varias semanas fuera de casa, en total centenares de horas de más por las que no reciben ni un miserable euro, la comparación es odiosa.

 ¿Cómo se va a nutrir el Ministerio de Defensa de personal formado de alta calidad si cualquier comparación con el mercado laboral le deja en mal lugar?

En numerosos actos los altos mandos castrenses no dejan de repetir un mantra: no se viene a las Fuerzas Armadas a hacerse rico, se viene por los valores. Un discurso que hace aguas. La referencia a los valores está muy bien, pero cuando las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, dedican su artículo 39 a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, existe la obligación de facilitarla, y esto exige dotar al militar  de una retribución adecuada para poder conciliar con su familia, no que el ausentarse del hogar días y semanas le cueste dinero a la economía familiar.

Cuando el artículo 22 de las mismas Ordenanzas exige velar por el prestigio de las Fuerzas Armadas, ¿qué prestigio adquieren las Fuerzas Armadas cuando en lugar de valorar el desempeño de sus miembros con una nómina adecuada y justa les asigna las peores retribuciones de la Administración, muy por debajo de ocupaciones asimilables, como ya expuso la Comisión de Defensa del Congreso?

Ante este panorama de maltrato económico al personal militar, que no ha visto que se le dedicara ni una ínfima parte del incremento de presupuesto del Ministerio de Defensa^[1], el almirante general ha recurrido al silencio para glosar los beneficios del Capítulo de gastos de personal: no hay nada positivo que decir sobre retribuciones militares. También podría haber utilizado una expresión muy militar, “sin novedad”, que en este capítulo significa ”igual de mal que en el presupuesto anterior”, pero quizás no se hubiera entendido bien.

^[1] https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-205.PDF  pág. 36: “Sueldos de los militares, no podría estar más de acuerdo con usted. No seré yo el que me niegue o el que diga que no necesitamos más sueldo para los militares, y no en mi caso, tengo que decirlo, no es mi caso. No es así, yo estoy hablando de todos aquellos que, efectivamente, no lo están pasando bien y que tienen que limitar su vocación militar porque no tienen dinero para hacer frente a los gastos que le harían desarrollar esa vocación militar con pleno derecho, los que no pueden pagar una casa de alquiler, no pueden mandar a sus hijos al colegio en un sitio. Eso es triste, sí, señor, y yo tengo que decirlo. Los militares no estamos en las Fuerzas Armadas por dinero, nunca, nadie. Ahora bien, sí tenemos que procurar que el personal de las Fuerzas Armadas tenga cubiertas las necesidades básicas porque su tarea es muy demandante y no puede estar distraído o preocupado por que no puede cumplir los requisitos esenciales de la vida. Estoy totalmente de acuerdo con usted.”

^[2] https://www.defensa.com/espana/jefe-estado-mayor-defensa-analiza-presupuesto-defensa

^[3] https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2023/02/09/medicos-hagan-guardias-extras-pac-cobraran-5300-euros-mes/00031675957624293497588.htm

^[4] https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Rechazo-patronal-reivindicaciones-bomberos-ley_0_1764725480.html