Promoción interna: todavía hay clases

En nuestro anterior artículo, describimos con profusión de detalles la injustificable situación de apartheid que sufrimos los militares profesionales, especialmente los suboficiales y la tropa. Por si quedaba alguna duda, y a pesar de la evidente realidad de marginación social que nadie se atreve a negar sin tener que agachar la cabeza o ponerse colorado, desde el otro lado de la barrera (en el más amplio sentido de la palabra) solo recibimos silencios desdeñosos y arrogantes que muestran la actitud incomprensible de todos aquellos que deberían velar por los intereses de todos sus subordinados en lugar de mirar para otro lado y taparse los oídos.

Y esta actitud es todavía mucho más cuestionable porque se dirige hacia un colectivo: el militar, cuyos miembros tenemos prohibido el ejercicio del derecho de huelga, la negociación colectiva y la adopción de medidas de conflicto colectivo, limitaciones que vienen perjudicando gravemente a nuestras retribuciones y a nuestra carrera profesional desde hace décadas. Aunque, como veremos a continuación, no afectan por igual a todos los militares, porque en nuestro caso particular todavía tiene mucho sentido la famosa expresión de épocas pasadas: ¡oiga usted, que todavía hay clases!

Pero por más que pretendan ignorar nuestro sólidos argumentos, por el momento ninguno de nosotros y nuestras familias vivimos en guetos aislados ni en limbos ministeriales ajenos a lo que sucede en el día a día, por lo que es muy fácil enterarse, por ejemplo, de lo que el Gobierno ofrece a los funcionarios en el nuevo proyecto de ley de la Función Pública de la Administración General del Estado, de los significativos incrementos retributivos de otros servidores públicos o de lo que propone el Mando de Personal del Ejército de Tierra para solucionar una supuesta problemática de la Escala de Oficiales. Informe y propuestas de las que hemos tenido noticias a través de un medio de comunicación y no del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, que para algo está desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes.

No obstante, con el respeto y el sentido común que siempre ha caracterizado nuestra labor, no nos corresponde a nosotros valorar este sorprendente hecho, pero sí estamos obligados a analizar y comentar la parte del contenido que nos atañe de manera muy directa, siendo lo más destacable el continuo ninguneo sistemático de la promoción interna del suboficial, otro modo de discriminación efectiva agravado tras la aprobación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

Desde nuestros comienzos como asociación profesional, allá por el año 2011, han sido muchos los informes, propuestas y artículos, además de las intervenciones de nuestros representantes ante la Comisión de Defensa del Congreso, el Observatorio de la Vida Militar o el propio Consejo de Personal, en los que hemos denunciado el tremendo error de la Ley de la carrera militar y su desarrollo reglamentario, al no haber configurado titulaciones propias para adaptar la enseñanza y formación al Plan Bolonia. Anteponiendo los intereses particulares y con mucho cortoplacismo, se pasó por encima de los suboficiales eliminando, en la práctica, nuestra promoción interna y, a las pruebas y al informe del MAPER nos remitimos, la consecuencia es que el sistema está siendo un rotundo fracaso que está afectando muy seriamente a la formación de los nuevos oficiales y a la operatividad de las unidades.

Poco les importó a los impulsores de la Ley de la carrera y sus reglamentos que los oficiales de Escala Media permanecieran casi todo su servicio activo en los empleos de alférez, teniente y capitán, dotando de estabilidad a las plantillas de las unidades y a la prestación de servicios, comisiones, etc. Y tampoco quisieron tener en cuenta que había cientos de suboficiales en casi todas las unidades desempeñando funciones, cometidos y servicios de oficial y más de mil suboficiales con titulación universitaria a los que tampoco se les dio ninguna oportunidad de promoción.

Al mismo tiempo, se privilegió a los militares temporales de complemento permitiéndoles adquirir la condición de militar de carrera con cualquier titulación universitaria, con mínimos requisitos de acceso y sin mayor formación académica que la que ya tenían tras su incorporación como militares de empleo, que no superaba los nueve meses. Y lo más grave de todo es que el MAPER ET tampoco contempla ahora solucionar el problema de la escasez de oficiales impulsando y potenciando la promoción del suboficial. Vamos, que, si damos por válido el informe filtrado por el medio de comunicación, esa “absurda” opción ni se les ha pasado por la cabeza. ¡Hasta dónde podíamos llegar!

Tal y como venimos denunciando tan infructuosamente, la desigualdad y la arbitrariedad campan a sus anchas y esto se parece cada vez más a un sistema de castas, que, como todos sabemos, consiste en la creación de compartimentos sociales estancos, con funciones sociales y privilegios distintos, a los que el individuo pertenece desde su nacimiento sin posibilidad alguna de renunciar ni cambiarse de grupo. Naces en una casta y te mueres dentro de ella, no existe movilidad social. Aplíquese esta definición a la carrera del suboficial y encontrará muchos puntos coincidentes.

Y ante semejantes ejemplos de deslealtad y desconsideración, ya va siendo hora de que nuestro colectivo deje de someterse al chantaje emocional de los manidos valores militares o la satisfacción del deber cumplido, que siempre se utilizan para justificar nuestras carencias y la marginación profesional. Queda muy bonito hablar de ética, moral militar, disciplina, voluntad de vencer, espíritu de lucha, etc., pero todos esos valores deberían ir acompañados de otros tan importantes como la ejemplaridad, la motivación, el respeto y, sobre todo, la lealtad, que siempre tendría que ser ascendente y descendente.

Porque mandar no solo debe consistir en dar órdenes y exigir su cumplimiento a los subordinados. En el ejercicio del mando tiene que haber algo más y actualmente la gran mayoría de los suboficiales consideramos que estamos siendo tratados con grandes dosis de clasismo y arbitrariedad. Por otro lado, el Consejo de Personal, maniatado por los Cuarteles Generales, sigue desdeñado por la ministra de turno que no ataca los verdaderos problemas del personal ni se preocupa porque se produzca una mejora real de nuestra carrera profesional, como sí sucede en otros colectivos de servidores públicos.

Este es el sentimiento de frustración y desmotivación que tenemos muchos militares profesionales, no solo los suboficiales, y aunque las Fuerzas Armadas siguen siendo una institución jerarquizada y disciplinada, lo que más debería preocupar es que cada vez está menos unida. Hay que corregir errores, eliminar las dañinas actitudes inmovilistas y, con carácter urgente, modificar o cambiar la Ley de la carrera militar.

Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas

Artículo 18. Justicia en las Fuerzas Armadas.

Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad.

O como mantener un apartheid profesional en la Europa del siglo XXI sin que nadie se escandalice

La famosa “paradoja de Fermi” trata sobre la aparente incongruencia entre el hecho de que no hayamos encontrado aún evidencia de vida extraterrestre a pesar de que, según las estimaciones, ya deberíamos haberla descubierto debido a la alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en nuestro universo observable.

Nuestros socios o los lectores habituales de nuestra web, incluso aquellos que lo hacen ocasionalmente, tal vez se pregunten por qué iniciamos este artículo mencionando esta contradicción astrofísica sobre la posibilidad de vida extraterrestre y qué tiene que ver con lo que en ASFASPRO denominamos la “paradoja de la profesión militar”. Sin embargo, salvando las distancias, ambas coinciden en lo fundamental: la realidad es aparentemente contraria a la lógica y de muy difícil explicación.

A los más desinformados o despistados, pero también a los que niegan de manera sistemática cualquier tipo de discriminación o arbitrariedad con las Fuerzas Armadas, les diremos que esta paradoja cuestiona la insensibilidad y la equidistancia de toda la clase política, la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones españolas, ante el silencioso apartheid que sufre el militar profesional español, con mucha más intensidad desde comienzos del siglo XXI coincidiendo con la suspensión del servicio militar obligatorio, a pesar de pertenecer a una de las instituciones más valoradas de nuestro país y cuyas mujeres y hombres demuestran una y otra vez entrega, sacrificio y excepcional preparación en todas aquellas misiones que les son encomendadas. Y no son pocas.

La Constitución Española, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho, sitúa la igualdad como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y consagra al Estado como su principal garante. Incide, además, en que los poderes públicos deben garantizar la igualdad real y efectiva. Consecuentemente, el artículo 14 establece que: “no podrá prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

En esta misma línea, tanto el Tribunal Constitucional como numerosos expertos en la materia, coinciden en que quienes se encuentren en la misma situación deben contar con los mismos derechos: es lo que se define como igualdad efectiva o trato justo y equitativo. Y, en consecuencia, la igualdad en la ley vincula al legislador de la misma y de los reglamentos, y se vulnera cuando la norma distingue, sin justificación razonable, supuestos de hecho iguales o similares.

Así, es posible que el Estado pueda otorgar un trato diferenciado a colectivos sustancialmente iguales, pero esa diferenciación tiene que estar plenamente justificada y, al mismo tiempo, debe ser proporcionada al fin que se persigue. Porque de no ser así estaríamos hablando de discriminación, segregación, desigualdad, exclusión o arbitrariedad, teóricamente inadmisibles en nuestra sociedad. Pero, como comprobaremos a continuación, la triste realidad va por un camino muy diferente al de la lógica y la razón.

Tal y como venimos señalando una y otra vez, si procedemos a una simple lectura de la Ley General de la Seguridad Social o la normativa de carácter laboral, comprobaremos que en ambas se reconoce la singularidad de determinados colectivos de trabajadores que ejercen su profesión en condiciones especiales, como toxicidad, peligrosidad, suciedad, uso de explosivos, turnicidad, nocturnidad y otras circunstancias parecidas. Es decir, que su trabajo tiene riesgos o cargas superiores a los normales durante su vida laboral. Por este motivo, perciben pluses específicos o mayores retribuciones y se les aplican coeficientes reductores que les permiten jubilarse anticipadamente con el 100% de la pensión, a partir de los 59 años de edad en determinados casos.

Dentro de este grupo de trabajadores se encuentran, por ejemplo, los miembros de la “Ertzaintza”, los “Mossos d' Esquadra”, los policías forales de Navarra o los policías locales y los bomberos, profesionales que también reciben compensación económica o días de descanso por la realización de guardias y horas extraordinarias. Se adaptan las leyes y las autoridades nacionales, autonómicas o locales, además de todos los partidos políticos y los ciudadanos en general, ven normal que se apliquen estos beneficios a este tipo de trabajadores y, a tal fin, se destinan los fondos que son necesarios para sufragar sus nóminas y jubilaciones en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, sin que el ministerio de Hacienda o los jefes directos de esos servidores públicos se excusen, como sí hace la ministra de Defensa, con la manida frase de que “no hay dinero”.

Ahora bien, esta unanimidad y la actitud comprensiva con la que se legisla para todos estos colectivos y algunos más, desaparecen cuando se habla de mejorar las retribuciones o la carrera profesional de los militares. Porque resulta paradójico que, siendo la militar una profesión en la que en la práctica diaria se manejan armas y explosivos o se desarrollan actividades de evidente riesgo y exigencia psicofísica –que incluyen la permanencia en zonas de operaciones o de guerra, ejercicios con fuego real, escalada, paracaidismo, buceo, desactivación de explosivos, etc.; o tantos otros cometidos que también requieren especial preparación técnica y física, como la de los pilotos y los tripulantes de aeronaves, buques o vehículos especiales– se excluya a los que la ejercen de los beneficios que sí ofrecen las leyes al resto de ciudadanos. ¿Y cómo le llamarían a esta diferencia de trato todos los que nos están negando el pan y la sal si se debiera al color de la piel, raza o etnia? Casi no hace falta decirlo: apartheid o exclusión social.

Y aunque a los militares se nos discrimina, aparentemente, por el tipo de uniforme y los emblemas y divisas que portamos, ya que la peligrosidad y otras exigencias de la profesión son como mínimo iguales o incluso superiores a las de los grupos de trabajadores, uniformados o no, que tienen ampliados sus derechos profesionales y retributivos, lo cierto es que la doble vara con la que los sucesivos gobiernos miden nuestro valor humano y profesional es igual de denunciable e injustificable, se mire como se mire.

Bajo estas condiciones excluyentes, todavía indigna mucho más tener que escuchar casi todos los días los cínicos discursos rimbombantes sobre igualdad, integración o justicia social dirigidos a los ciudadanos, cuando la empresa “Gobierno de España” paga el salario mínimo a un soldado profesional o discrimina laboralmente a decenas de miles de militares que tenemos disponibilidad permanente, constante movilidad geográfica y estamos obligados a realizar jornadas laborales que pueden llegar a triplicar a la de cualquier otro trabajador. Todo ello, sin derecho a retribución alguna por horas extraordinarias o cualquier otro tipo de compensación, tanto económica como en nuestras condiciones para la jubilación.

Solo hay que contraponer la posibilidad de jubilación anticipada con el 100% de la pensión, a los 59 años de edad, con los actuales requisitos de pase a la reserva: 61 años de edad, más de 40 años de servicio activo en la mayoría de los casos, pérdida retributiva relevante y permanencia en un limbo burocrático ajeno a cualquier incremento salarial significativo, para poner en cuestión la correcta aplicación del principio de igualdad por parte del Gobierno de España.

La marginación es tan grosera que las retribuciones básicas de un soldado han desaparecido de la web de Reclutamiento y de los folletos informativos del Ministerio de Defensa. Y ni las “entrevistas masaje” que determinados medios de comunicación le hacen regularmente a la ministra de Defensa, ni reportajes tan escandalosos como el que increíblemente situó al soldado español como de los mejor pagados de la OTAN, o las humillantes y arbitrarias paguitas ocasionales que se inventó la ministra de Defensa a finales del año 2022, pueden esconder la realidad de discriminación y desprecio que nos está tocando vivir.

Cuando se esconden las cifras de militares heridos, incapacitados o fallecidos en acto de servicio durante los últimos treinta años, como ha hecho recientemente el Ministerio de Defensa ante las solicitudes presentadas a través del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y el Portal de Transparencia, estamos ante un signo palmario de que algunas conciencias no están muy tranquilas o que la intransigencia y la soberbia están enfrentadas a la razón y al sentido común. También tiene muy difícil explicación que tras un incremento del presupuesto de Defensa del 42,5% en los últimos cuatro años, no se destine un porcentaje de esa inversión a mejorar los paupérrimos sueldos de los militares acercándolos, al menos, a los de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que en los últimos años han visto reducida la desventaja retributiva con los policías autonómicos gracias a una equiparación salarial ejecutada en varios tramos.

Pero el olvido y el aislamiento social no solo se circunscribe a lo meramente profesional o institucional. Cualquier colectivo, por minoritario que sea, tiene cabida en los principales programas de radio o televisión. Y esos mismos medios que entrevistan con cierta frecuencia a la ministra de Defensa o a nuestros generales y almirantes, pasan de puntillas o ni siquiera mencionan la problemática del militar profesional y la vergonzosa diferencia de trato con el resto de servidores públicos. Eso sí, a pesar de los halagos que de vez en cuando nos dedican en dichos programas, ni uno solo ha dado voz en “prime time” al presidente de una asociación profesional como ASFASPRO que representa a más de 6.000 militares. Y eso, para nuestra desgracia, también forma parte de la marginación que sufrimos como ciudadanos.

Pueden ser noticia de portada un caso de acoso sexual en un acuartelamiento, la fatídica muerte de un militar o el impacto de una bala en un casco durante un ejercicio con fuego real, tan necesario en la instrucción de cualquier soldado, pero ninguno de los que nos critican por estas situaciones se preocupa lo más mínimo por el devenir profesional y familiar de esos “soldaditos de todo a cien” o “chicos para todo” que son requeridos habitualmente por el gobierno para realizar misiones de vital importancia para la sociedad a la que sirven, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Para que nadie alegue ignorancia, el lector ya conoce cuál es el pago que nos dan por nuestros servicios, tras la simple lectura de este artículo.

Y, para terminar, viene muy a cuento la famosa frase:

NO NOS PREOCUPAN LOS INSULTOS O EL MENOSPRECIO DE NUESTROS ENEMIGOS, SINO EL VERGONZOSO SILENCIO DE LOS QUE DEBERÍAN HABLAR Y CALLAN O MIRAN PARA OTRO LADO ANTE LA INJUSTICIA.