O como mantener un apartheid profesional en la Europa del siglo XXI sin que nadie se escandalice
La famosa “paradoja de Fermi” trata sobre la aparente incongruencia entre el hecho de que no hayamos encontrado aún evidencia de vida extraterrestre a pesar de que, según las estimaciones, ya deberíamos haberla descubierto debido a la alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en nuestro universo observable.
Nuestros socios o los lectores habituales de nuestra web, incluso aquellos que lo hacen ocasionalmente, tal vez se pregunten por qué iniciamos este artículo mencionando esta contradicción astrofísica sobre la posibilidad de vida extraterrestre y qué tiene que ver con lo que en ASFASPRO denominamos la “paradoja de la profesión militar”. Sin embargo, salvando las distancias, ambas coinciden en lo fundamental: la realidad es aparentemente contraria a la lógica y de muy difícil explicación.
A los más desinformados o despistados, pero también a los que niegan de manera sistemática cualquier tipo de discriminación o arbitrariedad con las Fuerzas Armadas, les diremos que esta paradoja cuestiona la insensibilidad y la equidistancia de toda la clase política, la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones españolas, ante el silencioso apartheid que sufre el militar profesional español, con mucha más intensidad desde comienzos del siglo XXI coincidiendo con la suspensión del servicio militar obligatorio, a pesar de pertenecer a una de las instituciones más valoradas de nuestro país y cuyas mujeres y hombres demuestran una y otra vez entrega, sacrificio y excepcional preparación en todas aquellas misiones que les son encomendadas. Y no son pocas.
La Constitución Española, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho, sitúa la igualdad como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y consagra al Estado como su principal garante. Incide, además, en que los poderes públicos deben garantizar la igualdad real y efectiva. Consecuentemente, el artículo 14 establece que: “no podrá prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
En esta misma línea, tanto el Tribunal Constitucional como numerosos expertos en la materia, coinciden en que quienes se encuentren en la misma situación deben contar con los mismos derechos: es lo que se define como igualdad efectiva o trato justo y equitativo. Y, en consecuencia, la igualdad en la ley vincula al legislador de la misma y de los reglamentos, y se vulnera cuando la norma distingue, sin justificación razonable, supuestos de hecho iguales o similares.
Así, es posible que el Estado pueda otorgar un trato diferenciado a colectivos sustancialmente iguales, pero esa diferenciación tiene que estar plenamente justificada y, al mismo tiempo, debe ser proporcionada al fin que se persigue. Porque de no ser así estaríamos hablando de discriminación, segregación, desigualdad, exclusión o arbitrariedad, teóricamente inadmisibles en nuestra sociedad. Pero, como comprobaremos a continuación, la triste realidad va por un camino muy diferente al de la lógica y la razón.
Tal y como venimos señalando una y otra vez, si procedemos a una simple lectura de la Ley General de la Seguridad Social o la normativa de carácter laboral, comprobaremos que en ambas se reconoce la singularidad de determinados colectivos de trabajadores que ejercen su profesión en condiciones especiales, como toxicidad, peligrosidad, suciedad, uso de explosivos, turnicidad, nocturnidad y otras circunstancias parecidas. Es decir, que su trabajo tiene riesgos o cargas superiores a los normales durante su vida laboral. Por este motivo, perciben pluses específicos o mayores retribuciones y se les aplican coeficientes reductores que les permiten jubilarse anticipadamente con el 100% de la pensión, a partir de los 59 años de edad en determinados casos.
Dentro de este grupo de trabajadores se encuentran, por ejemplo, los miembros de la “Ertzaintza”, los “Mossos d' Esquadra”, los policías forales de Navarra o los policías locales y los bomberos, profesionales que también reciben compensación económica o días de descanso por la realización de guardias y horas extraordinarias. Se adaptan las leyes y las autoridades nacionales, autonómicas o locales, además de todos los partidos políticos y los ciudadanos en general, ven normal que se apliquen estos beneficios a este tipo de trabajadores y, a tal fin, se destinan los fondos que son necesarios para sufragar sus nóminas y jubilaciones en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, sin que el ministerio de Hacienda o los jefes directos de esos servidores públicos se excusen, como sí hace la ministra de Defensa, con la manida frase de que “no hay dinero”.
Ahora bien, esta unanimidad y la actitud comprensiva con la que se legisla para todos estos colectivos y algunos más, desaparecen cuando se habla de mejorar las retribuciones o la carrera profesional de los militares. Porque resulta paradójico que, siendo la militar una profesión en la que en la práctica diaria se manejan armas y explosivos o se desarrollan actividades de evidente riesgo y exigencia psicofísica –que incluyen la permanencia en zonas de operaciones o de guerra, ejercicios con fuego real, escalada, paracaidismo, buceo, desactivación de explosivos, etc.; o tantos otros cometidos que también requieren especial preparación técnica y física, como la de los pilotos y los tripulantes de aeronaves, buques o vehículos especiales– se excluya a los que la ejercen de los beneficios que sí ofrecen las leyes al resto de ciudadanos. ¿Y cómo le llamarían a esta diferencia de trato todos los que nos están negando el pan y la sal si se debiera al color de la piel, raza o etnia? Casi no hace falta decirlo: apartheid o exclusión social.
Y aunque a los militares se nos discrimina, aparentemente, por el tipo de uniforme y los emblemas y divisas que portamos, ya que la peligrosidad y otras exigencias de la profesión son como mínimo iguales o incluso superiores a las de los grupos de trabajadores, uniformados o no, que tienen ampliados sus derechos profesionales y retributivos, lo cierto es que la doble vara con la que los sucesivos gobiernos miden nuestro valor humano y profesional es igual de denunciable e injustificable, se mire como se mire.
Bajo estas condiciones excluyentes, todavía indigna mucho más tener que escuchar casi todos los días los cínicos discursos rimbombantes sobre igualdad, integración o justicia social dirigidos a los ciudadanos, cuando la empresa “Gobierno de España” paga el salario mínimo a un soldado profesional o discrimina laboralmente a decenas de miles de militares que tenemos disponibilidad permanente, constante movilidad geográfica y estamos obligados a realizar jornadas laborales que pueden llegar a triplicar a la de cualquier otro trabajador. Todo ello, sin derecho a retribución alguna por horas extraordinarias o cualquier otro tipo de compensación, tanto económica como en nuestras condiciones para la jubilación.
Solo hay que contraponer la posibilidad de jubilación anticipada con el 100% de la pensión, a los 59 años de edad, con los actuales requisitos de pase a la reserva: 61 años de edad, más de 40 años de servicio activo en la mayoría de los casos, pérdida retributiva relevante y permanencia en un limbo burocrático ajeno a cualquier incremento salarial significativo, para poner en cuestión la correcta aplicación del principio de igualdad por parte del Gobierno de España.
La marginación es tan grosera que las retribuciones básicas de un soldado han desaparecido de la web de Reclutamiento y de los folletos informativos del Ministerio de Defensa. Y ni las “entrevistas masaje” que determinados medios de comunicación le hacen regularmente a la ministra de Defensa, ni reportajes tan escandalosos como el que increíblemente situó al soldado español como de los mejor pagados de la OTAN, o las humillantes y arbitrarias paguitas ocasionales que se inventó la ministra de Defensa a finales del año 2022, pueden esconder la realidad de discriminación y desprecio que nos está tocando vivir.
Cuando se esconden las cifras de militares heridos, incapacitados o fallecidos en acto de servicio durante los últimos treinta años, como ha hecho recientemente el Ministerio de Defensa ante las solicitudes presentadas a través del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y el Portal de Transparencia, estamos ante un signo palmario de que algunas conciencias no están muy tranquilas o que la intransigencia y la soberbia están enfrentadas a la razón y al sentido común. También tiene muy difícil explicación que tras un incremento del presupuesto de Defensa del 42,5% en los últimos cuatro años, no se destine un porcentaje de esa inversión a mejorar los paupérrimos sueldos de los militares acercándolos, al menos, a los de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que en los últimos años han visto reducida la desventaja retributiva con los policías autonómicos gracias a una equiparación salarial ejecutada en varios tramos.
Pero el olvido y el aislamiento social no solo se circunscribe a lo meramente profesional o institucional. Cualquier colectivo, por minoritario que sea, tiene cabida en los principales programas de radio o televisión. Y esos mismos medios que entrevistan con cierta frecuencia a la ministra de Defensa o a nuestros generales y almirantes, pasan de puntillas o ni siquiera mencionan la problemática del militar profesional y la vergonzosa diferencia de trato con el resto de servidores públicos. Eso sí, a pesar de los halagos que de vez en cuando nos dedican en dichos programas, ni uno solo ha dado voz en “prime time” al presidente de una asociación profesional como ASFASPRO que representa a más de 6.000 militares. Y eso, para nuestra desgracia, también forma parte de la marginación que sufrimos como ciudadanos.
Pueden ser noticia de portada un caso de acoso sexual en un acuartelamiento, la fatídica muerte de un militar o el impacto de una bala en un casco durante un ejercicio con fuego real, tan necesario en la instrucción de cualquier soldado, pero ninguno de los que nos critican por estas situaciones se preocupa lo más mínimo por el devenir profesional y familiar de esos “soldaditos de todo a cien” o “chicos para todo” que son requeridos habitualmente por el gobierno para realizar misiones de vital importancia para la sociedad a la que sirven, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Para que nadie alegue ignorancia, el lector ya conoce cuál es el pago que nos dan por nuestros servicios, tras la simple lectura de este artículo.
Y, para terminar, viene muy a cuento la famosa frase:
NO NOS PREOCUPAN LOS INSULTOS O EL MENOSPRECIO DE NUESTROS ENEMIGOS, SINO EL VERGONZOSO SILENCIO DE LOS QUE DEBERÍAN HABLAR Y CALLAN O MIRAN PARA OTRO LADO ANTE LA INJUSTICIA.