11/05/2013 - LaRazon.es
El proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas logró ayer el visto bueno del Consejo de Ministros y a partir de ahora comienza su andadura parlamentaria. Esta nueva normativa sustituye a la de 1998 e incluye varias novedades, como la introducción de la sanción económica o la reducción de la duración de los arrestos.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ya aseguró en una entrevista a LA RAZÓN que la intención era la de «adaptar a la realidad social el régimen disciplinario del año 98» y adelantó que «lo que hoy es el mínimo arresto por falta grave va a ser el máximo arresto por falta grave». Y así ha sido, pues en la nueva ley se reduce el tiempo máximo de reclusión de dos meses a 30 días en el caso de las faltas graves y de 30 días a 14 en las leves. En estas últimas, se permitirá que los militares cumplan el arresto en las unidades o en sus domicilios, en lugar de los establecimientos disciplinarios.
Además, se introduce el arresto por un tiempo máximo de 60 días para las faltas muy graves. Aquí, la nueva normativa disciplinaria «tiene muy en cuenta la especial gravedad de algunas conductas, como las relacionadas con la libertad de las personas: acoso sexual o profesional, discriminación y comportamientos que atenten contra la intimidad o la dignidad».
Otra de las novedades destacadas del texto es la sanción económica de 1 a 15 días «en iguales términos a los recogidos en el régimen disciplinario de otros ejércitos occidentales» como el francés, el alemán o el británico. Eso sí, esta multa será «proporcionada a las retribuciones de cada empleo», es decir, pagará más un coronel que un brigada.
En el apartado de sanciones también se establece que en el caso de infracciones en operaciones en el exterior, el cumplimiento de la sanción podrá retrasarse hasta el fin de la misión, pudiéndose llevar a cabo en España.
Este «lavado de cara» y adaptación del régimen disciplinario del año 98 incluye, además, la «ampliación de garantías del expedientado», al que reconoce el «derecho a la presunción de inocencia, a ser informado de la acusación disciplinaria, a defensa, a la audiencia previa, a la utilización de los medios de prueba adecuados y a interponer los recursos correspondientes».
En cuanto a las opiniones de los militares y su expresión pública, la nueva norma castiga como falta leve aquellas que «no se ajusten a los límites de la disciplina o supongan una falta de consideración con los superiores», ya se hagan por escrito, de palabra o «por medios telemáticos».
Al respecto de esta norma, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) –una de las tres presentes en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas– rechazó en su totalidad el nuevo régimen disciplinario y pidió al Congreso que «lo estudie con detenimiento», informa Ep. Su secretario general, Mariano Casado, aseguró que no ve «ningún paso en positivo».
