El personal de las Fuerzas Armadas sigue discriminado como personal de segunda, con derechos profesionales y retributivos restringidos, tras más de 40 años de Constitución.

Tras lustros y lustros en los que se apartó a los militares del foco mediático –exceptuando el desfile de la Fiesta Nacional y dos imágenes de cascos azules-, en los últimos años la ciudadanía ha visto cómo el personal de las Fuerzas Armadas interviene en cualquier tipo de crisis: terremotos, incendios, nevadas, el gran protagonismo –compartido con otros colectivos- durante el COVID… Y ahora, con el trasfondo de la invasión rusa a Ucrania, va calando la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas preparadas para garantizar la defensa nacional. Para cumplir con todos esos cometidos es necesario contar con personal formado y motivado al que dotar con medios eficaces. ¿Qué hace falta para tener esto? La respuesta la conocían ya los antiguos romanos: un presupuesto militar adecuado y un trato digno y justo al personal en filas.

Cuando se aprobó la Constitución hace ya más de 40 años se puso cuidado en restringir los derechos políticos y sindicales de los militares, que eran vistos por muchos como un colectivo vinculado al franquismo. Ha llovido mucho, y durante lo que llevamos de democracia la visión ha ido cambiando. España cuenta hoy con unas Fuerzas Armadas dignas de un estado democrático, pero se sigue conociendo poco a este personal y, lo que es peor, se sigue abusando de su disciplina para mantener en vigor exageradas restricciones de sus derechos profesionales, y esto tiene consecuencias para las familias de los militares.

Costó que los militares pudieran asociarse para defender sus derechos profesionales, hubo que esperar a que el Tribunal Constitucional, con la sentencia 219/2001 diera el placet a las asociaciones de militares con fines reivindicativos. Y empezaron a surgir algunas asociaciones, sin un marco específico. Los legisladores esperaron 10 años para hacerlo. La promulgación de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, dio carta de naturaleza a las asociaciones profesionales, pero fundamentalmente ha servido para intentar atarlas en corto. Para seguir restringiendo derechos profesionales. Han pasado otros 10 años y no hemos avanzado en reconocer derechos profesionales. El Ministerio de Defensa niega el pan y la sal a las asociaciones profesionales y procura limitar su contacto con el personal cuyos derechos defienden. Cualquier empresa puede entrar en un acuartelamiento para ofertar coches, zapatos, aceite, viajes… pero una asociación profesional no puede hacer una reunión para explicar a los militares las propuestas para mejorar las condiciones laborales.

Un derecho que todo el mundo entiende es el derecho a una retribución digna y justa, existiendo dictámenes jurídicos de que a trabajo de igual valor corresponde una retribución de igual valor. La nómina del personal de las Fuerzas Armadas es el mejor ejemplo del desprecio recibido: no resiste comparación con las nóminas (líquidas, no brutas) de otros empleados públicos del ámbito de la seguridad, algunos incluso también con la condición militar:

       - Sargento Fuerzas Armadas, grupo A2, sin trienios; 1.635’53 €.

       - Policía Local, grupo C1, con 5 trienios: 2.246’56 €.

       - Subteniente Fuerzas Armadas, grupo A2, con 12 trienios: 2.268’84 €.

       - Guardia Civil, grupo C1, con 10 trienios: 2.311’16 €.

Es decir, el personal de las Fuerzas Armadas (tanto al principio como al final de su carrera) recibe por su trabajo muchísimo menos que el personal de ocupaciones similares pero de un grupo de clasificación inferior. Mal pagado por partida doble. Pero es que el personal de las Fuerzas Armadas es el único al que se le exige matar y morir en el cumplimiento de su misión. Mal pagado por partida triple.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Pues gracias a la restricción de derechos del personal de los ejércitos y al continuo abuso de su disciplina y de su amor al servicio. Eso sí, para compensar reciben un aluvión de elogios y parabienes. Parabienes, pocos bienes.

Moraleja: menos palabras y más derechos, que de buenas palabras no viven las familias de los miembros de las Fuerzas Armadas.

¡Constitución para todos! ¡Para los militares también!

El gabinete jurídico de ASFASPRO ha conseguido sentencia estimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga al Ministerio de Defensa a abonar a dos suboficiales del Ejército de Tierra, el componente singular del complemento específico por el puesto de trabajo desempeñado con carácter interino como Capitanes Jefes. La cuantía total supera los 15.200€ más los intereses legales correspondientes.

Como reiteran varias sentencias “el CSCE está referido al puesto de trabajo realmente desempeñado, de tal manera que, si el recurrente lo ejerció durante el período de tiempo que menciona, y así lo acredita suficientemente tiene derecho a su percibo, aunque tal ejercicio hubiere sido mediante adscripción provisional o sin nombramiento formal alguno, esto es como situación meramente de hecho.”

El tribunal impone costas procesales a la Administración por un importe de 600€ más IVA.

¿Cuántas sentencias serán necesarias para que el Ejército de Tierra abone de oficio lo que en derecho corresponde a los suboficiales que desempeñan puestos de trabajo de nivel superior?

Si te encuentras en una situación análoga no dudes en contactar con Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

   Descargar sentencia estimatoria

El pasado 22 de noviembre se celebró sesión plenaria del Congreso de los Diputados para tratar el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 en lo concerniente al Ministerio de Defensa.

A continuación incluimos diferentes cortes sobre las retribuciones, que no se incrementaran más allá de lo dispuesto para los empleados públicos. La brecha salarial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con ejércitos de nuestro entorno europeo no se cierra y, además, seguiremos en el furgón de cola de la Administración

Pleno del Congreso del 22/11/2022 en PDF:

Pleno Congreso PGE 2023 22-11-22.PDF

Todos los vídeos de la sesión del Pleno del Congreso 22/11/2022 sobre presupuestos generales 2023:

https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=400&codSesion=215&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=22/11/2022

La nómina de noviembre permitirá al personal de las Fuerzas Armadas vislumbrar lo que debería cobrar mensualmente.

El mes de noviembre de 2022 será recordado durante mucho tiempo por el personal militar. Este mes de noviembre los miembros de las Fuerzas Armadas percibirán una nómina que se acerca a la retribución justa y digna que venimos solicitando desde hace años, los últimos incluso con manifestaciones en la Carrera de San Jerónimo.

Todo el personal militar comprobará en noviembre la diferencia entre una nómina aceptable, lo que aproximadamente perciben los compañeros militares del cuerpo de la Guardia Civil. Sin embargo, para éstos es su nómina habitual (aumentada también en este mes con el 1’5% de atrasos, luego cobrarán más que el personal de los ejércitos, como siempre) y para las Fuerzas Armadas no dejará de ser un espejismo efímero.

No podemos olvidar que esta nómina de noviembre es el resultado de una conjunción astral: a las retribuciones de cada mes se unen los atrasos del 1’5% que va a recibir todo el personal de la Administración y otros 660 € en concepto de incentivo único que el Ministerio de Defensa ha sacado por arte de birlí birloque. En lugar de iniciar un proceso de progresiva dignificación de las retribuciones militares, con sucesivos incrementos para los militares -al margen de subidas para todos los funcionarios, de manera que se elimine el abismo existente actualmente entre sueldos-, como pedimos las asociaciones profesionales, las ministras de Defensa y de Hacienda nos dan una limosna puntual y lo venden como un gran avance.

¿Este “pago único incentivo” no hubiese sido suficiente para iniciar cambios normativos para regular digna y justamente el complemento de dedicación especial, tal y como se trató en el Consejo de Personal y que el PSOE defendió en la oposición [1]? Este complemento continúa siendo una retribución a dedo y muy desequilibrada.

Es posible que a muchos la nómina de noviembre y de diciembre les haga creer que reciben lo que merecen, pero ya llegará la triste nómina de enero para darse de bruces con la triste realidad: el personal de las Fuerzas Armadas es el peor pagado de la Administración. El gobierno se niega a retribuir decentemente al personal militar del Ministerio de Defensa. No es de recibo que haya una diferencia de más de 800 € mensuales en el Componente Singular del Complemento Específico (CSCE) entre dos militares del mismo empleo que ocupan puestos para los que se exige el mismo curso (NBQ, por ejemplo), a favor del compañero de la Guardia Civil. Esta diferencia en un solo complemento. No es de recibo que la nómina de un profesional que empieza su carrera en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) sea superior a la de un profesional de las Fuerzas Armadas a punto de terminar su vida activa en la categoría inmediata superior, incluso con la diferencia en trienios que ello comporta a favor de éste.

Y mientras, el Ministerio de Defensa mata una y cuenta veinte. La irrisoria subida de retribuciones militares de marzo de 2021, no ha tenido continuidad alguna en 2022, pero cada vez que la Ministra, la Secretaria de Estado o la Subsecretaria de Defensa se refieren a ella sacando pecho parece que hayan convertido en millonarios a los pobres militares. ¿Viven en otra galaxia? ¿O será que intentan acallar la mala conciencia? Porque con la peor nómina de la Administración, el personal de las Fuerzas Armadas sólo es millonario en sacrificio, en la íntima satisfacción del deber cumplido… y en problemas para llegar a fin de mes, dar de comer a la familia (sin subvenciones para comedores escolares como las que gozan los miembros de las FCSE en la Comunidad de Madrid, cuya extensión ha solicitado ASFASPRO a la señora Ayuso sin que esta mueva ficha), pagar el alquiler o la hipoteca de la vivienda familiar y a la vez la residencia en el lugar de destino cuando se sufre la tan habitual movilidad geográfica.

Todo ello se ha puesto de manifiesto reiteradamente, pero quien puede poner solución prefiere utilizar el recurso a la limosna que dotar al personal de las Fuerzas Armadas de un sueldo justo y digno. En noviembre veremos una nómina más ajustada a la merecida, pero la cuesta de enero nos devolverá a la triste realidad.

[1] https://www.asfaspro.es/rss/item/2296-el-complemento-de-dedicacion-especial-asignatura-pendiente

ATENCIÓN: NO ES UNA INICIATIVA O QUEJA, ES UNA SOLICITUD DEL INTERESADO EN VIRTUD DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINSITRACIONES PÚBLICAS.

Para aquellos que no hayan percibido este "pago único incentivo" o sólo hayan cobrado una parte -reserva, SAPAD, baja médica, destinado en el extranjero, etc...-, el Gabinete jurídico de ASFASPRO ha elaborado la siguiente solicitud a cursar por conducto reglamentario.

Antes de su tramitación remitir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para su revisión.

Descargar solicitud

El Ministerio de Defensa y la UNED han firmado un convenio de impartición de títulos de Grado a personal de las Escalas de Suboficiales de las Fuerzas Armadas. El acuerdo incluye el reconocimiento de créditos de la formación recibida en las academias y escuelas de suboficiales que, en algunos casos, se acerca a los 60 ECTS.

Este convenio es parte fundamental del programa formativo impulsado por el ministerio para facilitar a los suboficiales la obtención de titulaciones de Grado del sistema educativo general y su posterior promoción a las escalas de oficiales. 

Al programa se accederá mediante una oferta de plazas por concurso valorándose la nota de egreso, antigüedad, créditos ya adquiridos en la UNED y conocimientos de inglés. El programa permitirá el acceso a los centros de formación de oficiales a los suboficiales con un mínimo de 180 ECTS, completando el grado universitario a través de la UNED en el propio centro docente militar.

Esta nueva vía de promoción del suboficial – en la que se reconoce parte de los tres años ya cursados en una academia militar- reduce a dos años el tiempo de formación en las academias de oficiales.

Una vez que se publique y entre en vigor toda la normativa que configura el modelo será necesario que el ministerio dote de plazas suficientes al programa formativo y posterior promoción interna, que no puede ir en detrimento de las ya ofrecidas por la vía de acceso con titulación previa.

  CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

 BORRADOR DE ORDEN MINISTERIAL PROGRAMA ACCESO ESOF A EOF DEL CG. INF. MARINA

El pasado 20 de noviembre la Secretaria de Estado de Defensa, la Subsecretaria de Defensa y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa comparecieron en la Comisión de Defensa al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

A continuación se presentan varios videos con lo tratado sobre retribuciones, que, según han informado los responsables del ministerio, NO VAN A SER INCREMENTADAS MÁS ALLÁ DE LO DISPUESTO PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 

Una vez más, y con la aquiescencia del Gobierno y de algunos militares pagados con su cargo, seguimos en el vagón de cola.

Comisión de Defensa 20/10/2022 en PDF:

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-777.PDF

Todos los vídeos de la sesión Comisión de Defensa 20/10/2022 sobre presupuestos generales 2023:

https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponible?codOrgano=304&codSesion=28&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=20/10/2022

Cuando el mes de octubre comenzaba su andadura, conocimos la triste noticia del fallecimiento del sargento de la “Brigada Rey Alfonso XIII” de la Legión, D. Julio Luque Virués, en un accidente que se produjo el viernes 30 de septiembre por la tarde, sobre las 19.20 h, en el campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor”, en Viator (Almería). Según informó el ministerio de Defensa, la unidad del sargento fallecido realizaba un ejercicio de preparación para la misión A/I a desarrollar en Irak en los próximos meses.

Dicho accidente, cuyas circunstancias todavía no han sido aclaradas en su totalidad y en el que también hubo otros militares heridos de diversa consideración, fue minimizado despectivamente en algunos foros y redes sociales con el odio y la inquina que caracteriza los comentarios anónimos (y cobardes) a los que por desgracia ya estamos acostumbrados, comparándolo, además, con los numerosos accidentes de circulación o laborales que suceden todos los días en España. Sí, pero no. Porque los militares que se estaban adiestrando realizaban una actividad con indudable riesgo, que normalmente incluye el manejo de armas y explosivos, fuego real o la conducción de vehículos por terreno abrupto y peligroso a cierta velocidad, condiciones necesarias cuando se trata de desplazamientos en zonas de guerra, como es el caso de Irak y algunos otros escenarios comunes a los despliegues de nuestras tropas.

Con todo, a pesar de la peligrosidad inherente al ejercicio de la profesión militar, los sucesivos responsables ministeriales tratan de vender a la sociedad civil una imagen buenista, casi de ONG, de su actividad diaria o de la permanencia de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas en las zonas de operaciones, obviando que la cruda realidad es bien diferente y, por ello, una verdad incómoda difícil de aceptar para todos aquellos que no se encuentran a gusto cuando se trata de algo tan importante como la “Seguridad y la Defensa Nacional”. Claro que, de reconocer abiertamente y sin tapujos la realidad del servicio activo de un militar profesional, el Gobierno y todos los grupos políticos se quedarían sin excusas para poder seguir manteniendo el apartheid de facto que sufrimos en nuestras condiciones laborales y de carrera.

No obstante, volviendo al triste suceso de la fatídica muerte de nuestro compañero, en lo primero que habría que fijarse para poder valorarlo adecuadamente es el lugar en el que se produjo: un campo de maniobras y, a continuación, en la hora: las 19:20 de un viernes, fuera de la jornada laboral reglada. Aunque lo más seguro es que este ejercicio, al igual que los Alfa, Beta, jornadas de instrucción continuada, etc., estuviera registrado en el calendario de actividades y, por consiguiente, el personal participante dispusiera de los correspondientes pluses o tiempo de descanso adicional como compensación.

No lo sabemos y tampoco tenemos, en principio, por qué dudar. Ya que de no ser así estaríamos ante la clásica extensión de la jornada laboral “gratis total”, tantas veces denunciada por la actual ministra de Trabajo y por el propio presidente del Gobierno de España, con serias sanciones para aquellas empresas que incumplan el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo o la correspondiente legislación vigente que este real decreto modifica parcialmente:

Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Artículo 7. Infracciones graves.

5. La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores.

¿Estamos insinuando que el ministerio de Defensa incumple la normativa vigente en materia laboral y/o de protección social? No, pero el problema es que no se quiere aplicar a las leyes que rigen el régimen de personal y la carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas, lo que en la práctica da lugar a los abusos y arbitrariedades que se pretenden evitar al resto de ciudadanos de nuestro país. Por este motivo, consideramos como un apartheid la injusta situación profesional y personal que nos está tocando vivir.

Porque es un hecho incuestionable que los militares no tenemos derecho a retribución por horas extraordinarias tras la realización de guardias, servicios y comisiones, siendo las compensaciones en tiempo de descanso recogidas en los reglamentos, escasas, insuficientes o incluso inexistentes. Tampoco está valorada en su justa medida la disponibilidad permanente durante las veinticuatro horas de cada uno de los días que pueda durar cualquier tipo de ejercicio de adiestramiento, ya sea en diario o en festivo. Es más, la prolongación “gratis total” de la jornada laboral, tan común a muchos militares en sus quehaceres diarios, ni se retribuye ni se compensa debidamente en la mayoría de los casos, generando miles de horas extraordinarias que se pierden en un limbo legal que muy pocos se atreven a denunciar, ya que se pueden ver afectados, entre otras cosas importantes, los IPEC (informes personales de calificación) o la percepción del CDE, complemento de dedicación especial que la mayoría de suboficiales percibimos solo algunos meses cada año y en baja cuantía.

Además, como hemos denunciado en innumerables ocasiones, la Ley de la carrera militar, ni ninguna otra, ofrecen al militar profesional la posibilidad de aplicación de coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional "cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”, siendo la engañosa reserva (descrita socarronamente como “jubilación dorada” por algunos medios de comunicación) el único mecanismo teórico de compensación, pero que no impide que un militar pueda ser desplazado a una zona de guerra con 60 años de edad o que pase a esa situación con más de 40 años de servicio activo, que le podrían servir, si se utilizase la misma vara de medir que al resto de ciudadanos con los citados coeficientes, para obtener no una, sino dos jubilaciones anticipadas antes de cumplir esa edad.

Sin embargo, de manera incomprensible, el pase a la situación de reserva se mantiene a los 61 años de edad para los oficiales y suboficiales y los 58 años para el personal de tropa, a pesar de que la Ley General de la Seguridad Social dice, en su artículo 206, que:

“A tales efectos, reglamentariamente se determinará el procedimiento general para establecer coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, que incluirá, entre otras, la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para continuar con el desarrollo de la actividad a partir de una determinada edad.”

Si esta ley se aplica a todos los ciudadanos españoles y los militares ya no ingresan en el régimen de Clases Pasivas desde el año 2011, ¿por qué se excluye a ese colectivo?

Si hubo unanimidad para extender esa posibilidad a los policías autonómicos, locales, bomberos, trabajadores del régimen especial del mar, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios y algunos otros colectivos más, ¿por qué se sigue excluyendo a los militares profesionales? ¿Por qué tanto desprecio y desconsideración?

Ante la ausencia de una respuesta argumentada de autoridades y legisladores, cualquiera podría pensar que el motivo principal de esta discriminación es que al militar se le retribuye de manera especial por su singularidad profesional. Y nada más lejos de la realidad, porque nuestros salarios están muy por debajo de los de todos estos profesionales y la evidencia manifiesta y humillante es que más de 100.000 militares con empleos inferiores a capitán cobramos menos o muchísimo menos que un policía (local, autonómico o nacional), guardia civil o bombero recién egresados de sus academias. Y para mayor desmoralización y señalamiento de que nos consideran servidores públicos “inferiores”, todos los grupos políticos que apoyaron la reciente equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles, o los que defienden habitualmente subidas salariales y mejoras de la carrera profesional de policías locales o autonómicos, se olvidaron de nosotros. Eso sí, luego somos los “chicos para todo” a los que recurren de manera inmediata ante cualquier incidente que haya que afrontar con riesgo, seriedad y entrega, además de con pocos gastos en personal, que parece lo más importante.

Nuestro compañero recientemente fallecido en acto de servicio y todos los que le precedieron entregando su vida o resultando con heridas físicas o psíquicas en el cumplimiento de su deber; los que en este mismo momento se están adiestrando o cumplen misiones de grave riesgo y responsabilidad y todos los hombres y mujeres que integramos las Fuerzas Armadas o que lo harán en el futuro, necesitamos respeto y consideración y no discurso vacíos, halagos hipócritas o publirreportajes ocasionales.

Es necesaria una nueva ley de la carrera militar que reconozca, sin complejos, la singularidad de la profesión militar y no ser destinatarios del ventajismo limosnero que intenta maquillar el apartheid profesional y retributivo que “disfrutamos” en la actualidad.