Tras más de tres semanas de vigencia del estado de alarma se están abriendo paso en los medios de comunicación aspectos que inicialmente no atraían la atención y ahora van haciéndose un hueco. Uno de ellos es el papel de las Fuerzas Armadas en la resolución de la crisis, cuando son un elemento que normalmente no aparece en la escena pública. Y quizás por este mismo motivo se puede comprobar que se echa mano de mucho tópico en numerosos artículos e intervenciones en los medios de comunicación. El último asunto a colación ha sido la discusión sobre la conveniencia o no de patrullas mixtas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y Fuerzas Armadas (FAS) para realizar labores de seguridad ciudadana.
Los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han salido de sus cuarteles participando en una operación militar en territorio nacional, la Operación Balmis, y se comportan con la misma profesionalidad, seriedad y humildad con la que vienen realizando las misiones en el exterior, cualidades que ya ha sido reconocidas por nuestros aliados y por las naciones anfitrionas. Desgraciadamente los españoles pueden verlo ahora bien de cerca y ojalá no hubieran tenido que comprobarlo en estas circunstancias. La realidad es que las Fuerzas Armadas están utilizando sus múltiples capacidades en apoyo a las necesidades que la situación plantea: descontaminación/desinfección, instalación de hospitales de campaña, fabricación de medicamentos, transportes de todo tipo, traslado de cadáveres… y también protección de fronteras y vigilancia en las calles. Y aquí parece que se disparan algunas alarmas. De forma injustificada se despiertan viejos fantasmas y se alimentan prejuicios gratuitos con la falta de conocimiento del trabajo diario de nuestros militares: que si patrullas mixtas, que si competencia entre cuerpos y entre ministerios…, que solo enturbian la imagen del conjunto de servidores públicos que están poniendo su esfuerzo y su sacrificio para el bienestar colectivo de la ciudadanía.
Ciertamente, la situación extraordinaria en la que vivimos nos trae incoherencias involuntarias o provocadas.
Un día el presidente del Gobierno nos dice que ya no nos percibe como un gasto superfluo y, otro, la ministra de Defensa nos agradece la entrega y el esfuerzo.
Un día el Gobierno dice que la situación era impredecible y, otro, se descubre que el Ministerio de Defensa pidió numeroso material médico a la OTAN el 9 de marzo, 5 días antes del Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma.
Circular Subsecretario de Defensa
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El lector ha leído bien, es la gran estafa, y los estafados, una vez más, son los suboficiales de las Fuerzas Armadas. Ahora a cuenta de las segundas especialidades para el personal militar. La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar1, establece que a partir de determinados empleos los militares “reorientarán su perfil profesional para el cumplimiento de tareas en distintos campos de actividad”. Se supone que con la idea de un mayor aprovechamiento de la experiencia conseguida tras los primeros empleos, contando con una mayor edad en el personal, dándoles mayor formación y, se supone, convirtiendo la carrera militar en algo más atractivo para el personal a la vez que beneficioso para la institución.
Desde el 2007 han pasado trece años y el asunto de las especialidades del segundo tramo de la carrera militar sigue sin desarrollarse. En la actualidad está a punto de ser informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas un proyecto de Real Decreto sobre segundas especialidades, que resulta ser como una carcasa completamente vacía, realizado de espaldas a las asociaciones profesionales y sin tener muy claro para qué quieren las Fuerzas Armadas estas segundas especialidades. Simultáneamente, el Ejército de Tierra ha publicado en el BOD una convocatoria de cursos de Técnico Especialista Militar para algunos de los sargentos 1º que han terminado el curso de ascenso a brigada. No habrá para todos. Ya tenemos uno de los problemas.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
El Consejo de Ministros ha comunicado una serie de medidas de contención extraordinarias para frenar la propagación del Coronavirus COVID-19 que incluyen, entre otras, el cierre de centros educativos y de atención a mayores.
Pero en dicho marco se hace imprescindible adoptar otra serie de medidas que aúnen la protección de la salud en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado con la adecuada prestación de los servicios públicos.
Disculpen las molestias pero este acto ha sido anulado.
El miércoles 11 de marzo a las 18:00 tendrá lugar en el CESEDEN la presentación del libro de Jerónimo Naranjo titulado Los Suboficiales de la Armada: contra viento y marea (1940-1999). Aplicando el mismo rigor y la misma metodología con la que anteriormente había abordado la historia de los suboficiales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, el doctor Naranjo nos ofrece la vida y los esfuerzos de sus homólogos del mar, dando por cerrado de forma brillante el ciclo investigador que el autor se había planteado.
Por fin todas las especialidades de la categoría militar intermedia tienen acceso de forma fácil a los orígenes de su escala, pueden aprender de dónde vienen y esto les facilita saber a dónde van. No podemos más que agradecer el trabajo, la dedicación y el esfuerzo del autor. Bravo Zulu.
ASFASPRO lamenta la pérdida del Comandante Eduardo Fermín Garvalena Crespo el pasado 27 de febrero.
En seis meses se han producido tres accidentes mortales aéreos en la Academia General del Aire, porque hay que recordar que el 26 de agosto nos dejó el Comandante Francisco Marín Núñez y el 18 de septiembre el Comandante Daniel Melero Ordóñez y la Alférez Alumna Rosa Almirón Otero.
Cuatro militares que fallecieron en el cumplimiento de su misión, de su trabajo. Esta labor profesional conlleva muchos riesgos impagados que, por desgracia, algunos tratan de quitar importancia asumiendo con toda normalidad los muertos.
No es nuevo que desde diferentes asociaciones y colectivos acogidos a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), a la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) intenten, y con razón, la eliminación del pago farmacéutico al pasar a la condición de jubilado o retirado.
El funcionario o militar paga durante toda su vida (activo y retiro) el 30% del precio de los medicamentos, a diferencia de los acogidos al Régimen General de la Seguridad Social que en activo aportan el 40%, 50% o 60% según renta, y jubilados el 10% o 60% con topes máximos mensuales según renta (cuadro nº 1).