El arranque pacifista de Sánchez ha desconcertado al Gobierno cuando el final de la crisis económica le da margen para volver a atender las urgencias de los Ejércitos amenazados en sus capacidades operativas mínimas y la propia supervivencia de las empresas nacionales que dependen de los encargos de Defensa.

Además, en la última asamblea de la OTAN celebrada en Cardiff, los países de la Alianza se comprometieron a aumentar sus presupuestos en la materia hasta un 2% de su PIB en el plazo de 10 años. El avance del islamismo en Asia y África, más el expansionismo ruso (Ucrania) recomienda hacer ese esfuerzo.España está en el 0,9% y a la cola de los países occidentales más desarrollados.

Argüelles ha pedido en la Comisión de Defensa del Congreso apoyo para un asunto fundamental en el planeamiento de las inversiones del sector, como es la estabilidad en los compromisos al margen de los cambios en el Ejecutivo. Las decisiones sobre compra y desarrollo de material y tecnologías que sirven para la Defensa son de un recorrido muy largo, abarcan varias legislaturas. Las Fuerzas Armadas reciben ahora aviones o barcos que se empezaron a diseñar en el último gobierno de Felipe González.

Para el próximo ejercicio, el Gobierno prevé invertir 726 millones de euros en el capítulo de investigación y desarrollo, un 43% más que en 2014. El grueso de ese esfuerzo va dirigido a recuperar el viejo proyecto de modernización del parque de vehículos blindados de ruedas del Ejército de Tierra (los obsoletos BMR) y a retomar el proyecto de construcción de las nuevas fragatas F-110 para la Armada.

En ambos casos, las inversiones (todavía mínimas) van destinadas a la industria nacional. Los blindados 8x8 que el Ejército reclama desde hace diez años, y que ya tienen en servicio los demás países europeos, se construirán en España; igual que los navíos para la Armada que se fabricarán en los astilleros de la empresa estatal Navantia.

Los anuncios de Pedro Sánchez chocan con los planes del ministerio de Defensa para recuperar las inversiones en el sector y garantizar la operatividad de los Ejércitos; y también con las recomendaciones de la OTAN a medio plazo para sus países miembros.