La ministra Robles, no sólo elude los deberes del ministerio con las asociaciones profesionales, sino que desprecia el diálogo con las mismas en un momento tan importante como el actual de debate de enmiendas de los presupuestos.

Los hombres y mujeres militares contemplan de forma atónita como guardias civiles y policías nacionales reciben en sus nóminas el tercer tramo de su “equiparación” salarial con otras policías –el proceso ha supuesto un aumento de 600€ mensuales para un guardia civil, por ejemplo- , mientras que en las Fuerzas Armadas no se tiene ni conocimiento de lo propuesto por el ministerio para estos presupuestos en materia retributiva.

El pasado 5 de noviembre comparecieron la Secretaria de Estado, el JEMAD y la Subsecretaria de Defensa en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar sobre el proyecto de Presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2021.

Tras la intervención del JEMAD varios grupos parlamentarios comienzan a recordar el papel de las asociaciones y el necesario incremento de las retribuciones.

Subir 24,4 € a un soldado o marinero es una tomadura de pelo y está muy alejado de los 100€ exigidos por las asociaciones profesionales. La exposición del ministerio de la propuesta salarial es decepcionante y no da respuesta, en absoluto, a las reclamaciones de las asociaciones.

Madrid, 6 noviembre de 2020

Aunque desde el Ministerio de Defensa se afirmó en las comparecencias en la Comisión de Defensa que se dedican 175 millones de euros a la actualización salarial, esto no es correcto ya que se incluyen las retribuciones del personal civil que, como el resto de empleados públicos, experimentarán un crecimiento del 0,9 por ciento, y además incluye las cuotas, prestaciones y gastos sociales al cargo del empleador como la Seguridad Social, formación y perfeccionamiento, comedores, acción social o seguros.

El pasado día 30 de septiembre se celebró el tercer pleno ordinario del Consejo de Personal en el Ministerio de Defensa. Debido a la situación sanitaria originada por el COVID-19 en la Comunidad de Madrid su formato fue reducido. Presidido por la Subsecretaria de Defensa, asistieron la Directora General de Personal Militar (DIGENPER), el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), los Mandos de Personal de los Ejércitos y la Armada, y cinco representantes de las asociaciones profesionales.

A la primera parte del pleno también asistieron los representantes de las asociaciones de retirados y discapacitados para tratar propuestas presentadas por estas asociaciones.

Otro pleno más se aprecia la línea continuista de las autoridades ministeriales para no acometer reformas de calado en las políticas de personal, evitando hasta su debate en el propio Consejo de Personal.

Durante el pleno no se trataron asuntos sobre retribuciones debido a la próxima presentación en sede parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, comprometiéndose la Subsecretaria a realizar un pleno extraordinario sobre las mismas en cuanto dichos presupuestos estén aprobados y así poder informar con mayor rigor.

Recientemente se ha publicado la Orden Ministerial por la que se determinan los requisitos y procedimientos de concesión, anotación y descripción de la medalla conmemorativa de la Operación Balmis.

Con esta orden la ministra Robles establece las condiciones para ser acreedor de la medalla, no falta de polémica desde su nacimiento, a pesar de que su concesión no conlleva ni un solo euro para el agraciado, a diferencia de lo que ocurre con otras condecoraciones en otros ministerios e instituciones. Latón y tela sin reconocimiento retributivo.

Los militares estamos de enhorabuena, a las capacidades ya demostradas (descontaminación de locales, montaje de hospitales, asistencia sanitaria, traslado de cadáveres, transporte logístico, seguridad de centrales nucleares, vigilancia de fronteras…) durante los primeros meses de pandemia, dentro y fuera de la Operación Balmis, se une ahora una nueva capacidad: las Fuerzas Armadas pueden aportar en caso necesario 2.000 rastreadores para la identificación de positivos en COVID-19 que han realizado el preceptivo curso de formación1. Es una auténtica ganga para el Estado disponer de personal cualificado, versátil en capacidades de alta demanda en tiempos de crisis, disponible a cualquier hora, cualquier día de la semana todas las semanas del año, disciplinado, que cumple órdenes de forma natural… y encima barato, muy barato, puesto que es desde hace muchos años el personal peor pagado de la Administración. Así se evita tener que pagar, cuando los profesionales de la salud inciden en que “es un trabajo y como tal debe ser remunerado”2.

La tarea del rastreador no es fácil, y debe disponer de formación adecuada para poder establecer contacto –personal o telefónicamente- con personas de toda índole y condición. Debe estar preparado para comunicar con ellas e interrogarlas sobre aspectos muy personales, por lo que para tener éxito es indispensable –además de conocimientos sobre la enfermedad- una gran profesionalidad, empatía y un dominio del lenguaje que permita establecer una relación agradable y positiva entre el “interrogador” y el presunto infectado. Porque se trata de realizar un interrogatorio con resultados verdaderos, y el mero hecho de establecerlo puede ser visto, si no se realiza con tino, como algo agresivo por quien recibe la llamada. En definitiva, es un puesto de responsabilidad, de profesionalidad, que realizarán de nuevo con eficacia los militares.

La problemática de personal se incorpora a la Directiva de Defensa Nacional. Este verano se ha promulgado por fin la nueva Directiva de Defensa Nacional que deroga la anterior de 2012. Si tenemos en cuenta que venía siendo habitual que este documento, marco general de la defensa nacional, fuera renovado a cada inicio de legislatura, es decir, cada cuatro años, nos encontramos ante una noticia importante. Efectivamente, se ha adaptado a la realidad actual incluso haciendo mención a las necesidades del personal y a la importancia de que estas estén cubiertas para que se pueda cumplir adecuadamente la misión.

Las asociaciones profesionales nos centramos en las cuestiones referentes al personal, no en balde nuestra finalidad es la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales del militar. Desde este punto de vista es importante que la Directiva de Defensa Nacional 2020 haya incorporado por primera vez entre las directrices de actuación: “La calidad de vida y unas condiciones de trabajo seguras y dignas para los miembros de las Fuerzas Armadas”. La importancia de estas ha sido resaltada ya tanto por el Observatorio de la Vida Militar –en su Memoria informe del año 2015- como por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en el dictamen sobre dicho informe, en 2017.

Las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME, ATME y UMT hemos tenido conocimiento de la última versión del proyecto de real decreto de modificación del reglamento de retribuciones militares en el que se establecen variaciones en los complementos de empleo y en la disminución salarial en la situación de reserva al cumplir los 63 años.

Este documento, fechado un día antes de la última reunión mantenida con la Ministra de Defensa y del que, con absoluta deslealtad, no se informó en la misma, no recoge la propuesta de mínimos de las asociaciones para comenzar una negociación que permita asegurar una mejora en las retribuciones de los militares, los cuales no merecen menos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Seguimos siendo ninguneados y olvidados, excepto cuando se nos pide compresión, sacrificio y trabajo por la situación actual, ¿qué comprensión recibimos los militares y nuestras familias?

Excma. Sra. Dª. María Jesús Montero Cuadrado

Ministra de Hacienda

Calle Alcalá, 9

28014 Madrid

Madrid, 4 de agosto de 2020

 

Estimada Señora Ministra,

Nos dirigimos a Vd. en calidad de representantes de las principales asociaciones profesionales de los miles de hombres y mujeres miembros de las Fuerzas Armadas. Hombres y mujeres que realizamos un trabajo con gran sacrificio personal, familiar y social, y que, literalmente, empeñamos nuestra vida en defensa de España. Queremos llamar su atención, sobre la grave situación que miles de militares atravesamos desde hace años como consecuencia de una política de retribuciones injusta y cuya resolución está en buena parte en sus manos.

El tiempo transcurrido entre la solicitud del pleno y su celebración, con el estado de alarma finalizado y ya en la nueva normalidad, ha supuesto un cambio de situación, pero siguen subsistiendo problemas o se generan nuevos enraizados en la crisis del coronavirus.

A diferencia del pasado pleno extraordinario sobre el mismo tema, hemos recibido promesas de respuesta -que no es lo mismo que soluciones- a las cuestiones planteadas. Por otro lado, es alarmante el silencio que la ministra Robles guarda en lo relativo a las retribuciones, continuando con el agradecimiento de palabra, pero no con hechos. Ofrecer el caramelo del CDE del mes de agosto a los implicados en la Operación Balmis es una burla frente a la subida de sueldo del 20% de todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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