Elementos filtrados por fecha: Agosto 2025

La anestesia general proporciona al paciente un estado reversible similar al sueño, mediante una combinación de medicamentos. Te sientes como si estuvieras dormido, pero este tipo de anestesia no solo te duerme, sino que también hace que no sientas dolor. El cerebro no responde a las señales de dolor y a otros estímulos.

Pues bien, sin que a día de hoy tengamos claro de qué manera se nos aplicó una persistente anestesia general, la carrera militar de los suboficiales lleva décadas sometida a operaciones dolorosas y neutralizantes de cualquier tipo de avance o mejoras significativas, sin que el grueso del colectivo las reclame o exija algo tan simple como la igualdad de trato. Avances y mejoras que sí han podido disfrutar sin dificultad alguna otros militares o grupos de empleados públicos, pero que los suboficiales hemos tenido que contemplar desde la lejanía tras la aprobación de la nefasta, clasista y arbitraria Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional.

A los más jóvenes, y a los que tienen muy mala memoria, hay que explicarles que esta ley pisoteó nuestras expectativas y derechos ampliamente consolidados, además de ignorar principios fundamentales del Derecho como los de seguridad jurídica, buena fe y de confianza legítima, que deberían regular la relación entre los ciudadanos y la Administración. En aras de una supuesta racionalización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, y bajo las directrices de un gobierno que presumía de progresismo, la tan cacareada reforma consistió en dejarnos muy claro a todos que había una “Escala Superior” de oficiales (que ya lo era), que el resto de los oficiales de carrera eran de “clase media” y que la “suboficialidad” quedaba encuadrada en un nivel básico dividida en dos grupos retributivos distintos, algo insólito y claramente segregador, de muy difícil explicación. Para rematar la faena, se abandonó a la tropa y marinería en un espacio indefinido bajo un pesado manto de temporalidad, algo que más adelante se trató de compensar utilizando como moneda de cambio la estabilidad de la Escala de Suboficiales, con graves consecuencias.

A mayores, con un más que seguro cálculo sibilino y mucha premeditación, se puso en marcha una escala paralela, no reconocida en la Ley, formada por militares temporales de complemento que, gracias a una flexibilidad normativa pasmosa de muy escasa justificación, con el paso de los años terminaron ocupando, sin mayores exigencias, el espacio reservado para aquellos suboficiales que tenían el legítimo derecho de todo militar o funcionario de carrera a poder realizar la promoción interna y ascender a oficial. Porque gracias a la posterior aprobación de otra ley también supuestamente “progresista”: la 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se procedió a su práctica eliminación y a limitar al máximo nuestras posibilidades de promoción profesional, aplicando criterios más propios del siglo XIX o tan esperpénticos como otorgar mejores condiciones de promoción a la Escala de Oficiales a un recluta que a un sargento.

Anomalía introducida con mucha intencionalidad en el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, sorprendentemente consentida (o auspiciada) por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y los Cuarteles Generales, que se pudo corregir en el año 2012 gracias a la insistencia y al trabajo de ASFASPRO, no sin una fuerte oposición en determinados despachos y pasillos de edificios oficiales.

Bajo estas “especiales circunstancias” (y unas cuantas más), la percepción de la justicia, la cohesión y la equidad dentro de la Institución, además de nuestros derechos, ilusiones y aspiraciones profesionales, eran arrojadas una y otra vez como colillas por la alcantarilla por los sucesivos responsables del ministerio de Defensa y los Cuarteles Generales. En resumen, casta, deslealtad, segregación, privilegios para unos, arbitrariedad, clasismo rancio, retroceso y desmoralización, fueron algunos de los condicionantes que marcaron nuestro servicio activo a partir de la fatídica fecha del 1 de enero de 1990, cuando entró en vigor esta nueva ley de personal militar.

Pero este desprecio a los intereses generales también comprometió la efectividad y la legitimidad interna, propiciando una brecha en la estructura social de las Fuerzas Armadas que no solo lastró nuestro futuro, también el de la tropa y el de todos aquellos ciudadanos que aspiraban a poder desarrollar una carrera militar digna y reconocida socialmente, sin la obligatoriedad de haber ingresado directamente en la Escala Superior de Oficiales. Ya que siendo la igualdad de oportunidades un objetivo fundamental para cualquier sociedad democrática, se condicionaron, a sabiendas, las expectativas de desarrollo profesional impidiendo el lógico encuadramiento o la integración plena en el antiguo grupo retributivo B (actual A2), mediante la adaptación del currículo de tres años de duración para la obtención o la equivalencia al título de diplomado universitario, tras la superación de la correspondiente formación académica.

Este freno al lógico progreso, que sí llegó a otros servidores públicos en situaciones profesionales muy similares, no se quedó solo en eso, porque también se perdió una excelente oportunidad para reconocer los títulos universitarios en posesión de los suboficiales para implementar otro tipo de promoción interna más ágil y justa, acorde a los cambios que se venían produciendo en la sociedad civil. Modos y criterios que limitaron nuestra carrera militar y que de ninguna manera fueron fruto de la casualidad ni de errores en la planificación. Porque tras la reclasificación establecida en el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, que rectificó la incoherencia de la Ley 17/1989 e incluyó en el antiguo grupo retributivo B (hoy A2) a los empleos de sargento, sargento primero y brigada, se modificó el plan de estudios de acceso a la Escala de Suboficiales, reduciéndolo de tres a dos años, impidiendo progresivamente la entrada de personal civil hasta llegar a la reserva del 100% de las plazas para el personal de tropa y marinería.

Una evidente discriminación efectiva hacia muchos ciudadanos y otra operación inútil y devastadora que todavía estamos pagando a día de hoy, en la que la ratio de aspirantes para el ingreso en las academias y escuelas de suboficiales es simplemente ridícula y un problema de máxima gravedad, aunque como siempre se pretenda maquillar o negar la realidad y huir hacia delante. Además, en poco más de una década se produjo un preocupante envejecimiento del personal de la Escala hasta el punto de elevar en diez años la media de edad en el empleo de sargento: de 24 a 34 años, incrementándose también la del resto de empleos. Todo un logro de la ingeniería de personal a la que estábamos, y estamos siendo, sometidos caprichosa y autoritariamente sin que absolutamente nadie pida perdón por los tremendos errores cometidos.

Tal y como venimos denunciando tan infructuosamente, la desigualdad y la arbitrariedad siguen campando a sus anchas y esto se parece cada vez más a un sistema de castas que, como todos sabemos, consiste en la creación de compartimentos sociales estancos, con funciones sociales y privilegios distintos, a los que el individuo pertenece desde su nacimiento sin posibilidad alguna de renunciar ni cambiarse de grupo. Naces en una casta y te mueres dentro de ella, porque no existe movilidad social o se dificulta al máximo. Con alguna salvedad, aplíquese esta definición a la carrera del suboficial y encontrará muchos puntos coincidentes.

Pero la principal consecuencia de esta anacrónica actitud ministerial, es que la brecha social dentro de las Fuerzas Armadas se está agigantando muy peligrosamente con la aquiescencia del propio Gobierno de la Nación, que alardea de todo lo contrario a la política de personal que nos está aplicando con mano de hierro la ministra de Defensa. Esto provoca una sensación de frustración y desmotivación ante la falta de un camino claro e ilusionante que permita la mejora profesional de los suboficiales y, por consiguiente, también de la tropa.

Y si la inexistencia de unas retribuciones acordes a la singularidad de la profesión ya es un serio problema para la retención del personal, todavía lo es más la ausencia de un itinerario profesional motivador que premie el esfuerzo, el mérito y la capacidad, pero que al mismo tiempo tenga un reconocimiento efectivo en todos los ámbitos de la sociedad y a todos los niveles, también en los educativos. La percepción que tenemos es que se están concentrando todos los esfuerzos y medios en la mejora de la carrera militar de los oficiales y muy poco o nada en la de los suboficiales, se diga lo que se diga en los discursos vacuos e hipócritas que estamos obligados a escuchar regularmente en todo tipo de actos y conmemoraciones.

En un momento crítico para la Defensa Nacional en el que es fundamental potenciar y mejorar el reclutamiento, sorprende que a nadie se le ocurra tomar medidas inteligentes y eficaces para retener y motivar al personal, evitando el trasvase de los mejores a otras instituciones o a la empresa privada, con la consiguiente pérdida de militares cualificados que no han visto incentivada su permanencia en las Fuerzas Armadas. Porque, no nos engañemos, la tropa no quiere ser suboficial porque tiene la sensación de que es un “pringue” con muy escasa recompensa, viendo mucho más futuro y reconocimiento en la Guardia Civil, en los distintos cuerpos policiales o prosiguiendo su carrera como militares de tropa de carácter permanente. Y eso, tal y como refleja la ratio de aspirantes a suboficial, es un serio problema porque impide una adecuada y necesaria selección del personal que formará parte de la Escala durante las próximas décadas.

Después de esta amplia exposición de hechos y valoraciones objetivas, que se pueden contrastar fácilmente en los boletines y publicaciones oficiales, pasamos a aclarar el porqué de este artículo para que los lectores entiendan la lógica de nuestros argumentos, de donde venimos y a donde pretendemos llegar. De este modo, a nadie se le ocurrirá respondernos con la manida y despectiva frase de que quejarse es gratis. Aunque ya sabemos que algunos siempre mean colonia, nunca se equivocan y no se les puede discutir nada de lo que hacen, creyéndose seres superiores que están por encima del bien y del mal. Así nos ha ido.

Sin embargo, la realidad es muy tozuda y el tiempo casi siempre acaba poniendo cada cosa y a cada uno en el lugar que le corresponde. La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, era en sus orígenes una pésima Ley, aunque las posteriores reformas la maquillaron levemente. Uno de sus reglamentos estrella, el de Ingreso, Promoción y Enseñanza, aprobado por el RD 35/2010, de 15 de enero, todavía era peor y rezumaba clasismo en muchos de sus párrafos, conteniendo, además, errores muy graves en el diseño de los currículos y en otros aspectos importantes que, como ha quedado demostrado sobradamente durante su aplicación, fueron un torpedo en la línea de flotación para la mayoría de las academias y escuelas de formación y también para los alumnos.

A pesar de lo evidente, políticos y militares con mucho poder de decisión mantuvieron su postura con vehemencia y mucha soberbia, en contra de la opinión de algunos expertos civiles y militares que recomendaban la creación de titulaciones propias para las Fuerzas Armadas. De igual manera, desde ASFASPRO defendimos la misma idea en todos nuestros informes y propuestas alertando del despropósito que se pretendía llevar a cabo, pero ni caso.

Tal vez, aunque el empecinamiento ministerial de aquellos años no tiene explicación alguna, lo único que se nos ocurre es que a unos le cegó la posibilidad de meter mano en la formación de los militares a través de los claustros de las universidades y, a otros, unos títulos de graduado en ingeniería que complicaron la vida académica y no mejoraron la formación que se adquiría con el anterior sistema. La prueba palmaria de su fracaso es que este modelo está siendo reformado en tiempo récord y los nuevos aspirantes a oficial de los Ejércitos de Tierra y Aire ya cursan grados universitarios específicos desde el curso 2024/2025, pudiendo adquirir la titulación de máster tras la superación del 5º curso de formación académica. O eso podemos deducir tras la lectura de las nuevas disposiciones aprobadas hasta el día de hoy, porque la transparencia es inexistente y la información escasa.

¿Y que hay para los suboficiales? Porque lo cierto es que el nuevo reglamento introdujo con calzador unos innecesarios títulos de formación profesional de grado superior, la mayoría de muy dudoso encaje en la profesión militar, que lo único que consiguieron fue dificultar los planes de formación y justificar la permanencia de los suboficiales en el lado más bajo de la brecha creada por las sucesivas leyes de personal. Y es que el clasismo y la doble vara de medir son evidentes. Por un lado, se aprueba una disposición que equipara a la titulación de máster los antiguos planes de estudios de los miembros de la Escala Superior de Oficiales y se trabaja denodadamente para que los nuevos planes tengan ese mismo reconocimiento. Por otro, se deja en la estacada a los suboficiales, sometidos a unos inútiles planes de estudios que mantienen sin valoración una buena parte de la formación académica con el fin de dificultar la legítima promoción profesional, cuestión ésta que nunca nos vamos a cansar de repetir, porque es cierta.

La patrimonialización de la Institución de la que hace gala un grupo de servidores públicos, el clientelismo y las actitudes clasistas, nos obligan a sentirnos como ratones que corren y corren en una rueda giratoria y que nunca llegan a ninguna parte. En estas circunstancias no hay forma alguna de avanzar, porque siempre se les ocurre una manera de devolvernos a la casilla de salida para que la maldita brecha sea cada día más grande. Avanza la sociedad civil, avanzan otros cuerpos de servidores públicos, pero a nosotros pretenden “regalarnos” un supuesto título equivalente de formación profesional de grado superior, retrotrayéndonos a la situación anterior a la Ley 39/2007. ¡Es indignante!, por no decir delictivo.

Por más vueltas que quieran darle nuestros detractores, la función y las misiones de los suboficiales en las Fuerzas Armadas son coincidentes en muchos aspectos a las del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado o al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. Ya estamos en el subgrupo A2 a nivel retributivo y cursamos tres años de formación académica, que se podrían ampliar con un año de prácticas en las unidades, modificando y adaptando los planes de estudios.

¿Por qué entonces no se configura un currículo que otorgue al sargento la titulación de grado universitario cuando egrese de la academia militar?

¿Por qué tienen tanto miedo a que se acorte la brecha social en las Fuerzas Armadas si en la sociedad civil a la que también pertenecemos ya funciona este sistema durante todo el periodo democrático? Funcionarios, técnicos, personal de enfermería, maestros, subinspectores de la Policía Nacional…

Y es que este pertinaz inmovilismo no solo nos perjudica a nivel nacional limitando el acceso a todos los niveles del subgrupo A2, porque mantener el nivel EQF-5 (FP Superior) limita la homologación de capacidades en escenarios multinacionales y condiciona el acceso a destinos OTAN, donde el estándar formativo se aproxima al grado. En muchos países OTAN (Francia, Alemania, Reino Unido, EE. UU., Canadá, Italia), los suboficiales de nivel Senior (equivalentes a OR-7 y OR-8) acceden o progresan con titulaciones de nivel EQF-6 (grado universitario).

Todas estas razones que hemos expuesto, deberían obligar a los legisladores a cambiar el estado de las cosas con la aprobación de una nueva ley de personal que ponga coto al clasismo y a los intereses particulares de una minoría. No queremos regalos ni favores, solo justicia e igualdad de trato.

Uno de los posibles requisitos:

"Alguno de los progenitores pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional o Guardia Civil) o pertenece a las Fuerzas Armadas con destino en la Comunidad de Madrid."

Para mas información: 

https://sede.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/becas-comedor-escolar-2025-2026

ASFASPRO exige trato digno para la profesión militar sin más excusas.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de junio de 2025 – Protagonistas en los últimos años por el brillante papel desempeñado por los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas durante las sucesivas crisis (pandemia, volcán de La Palma, DANA en tierras valencianas, incendios, nevadas, terremotos…) y con los medios de comunicación y la sociedad entera reconociendo su labor, la ministra Robles ha sido incapaz de solucionar ni uno solo de los problemas de este sufrido y sacrificado personal:

• Unas retribuciones que, pese al reciente incremento en abril de 200€ brutos (que para muchos se quedan en neto en la mitad tras el descuento del IRPF) están a la cola de las del personal de la Administración y muy lejos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde el primer día de la ministra en el cargo le hemos estado explicando la cruel realidad, pero solamente recibimos parches en lugar de atacar de frente el grave (calificativo que puso la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados) problema de las retribuciones militares.
• Una movilidad geográfica que destruye familias, con unos militares trasladados de guarnición que se encuentran en el nuevo destino sin suficiente alojamiento para ellos y mucho menos para sus familias. Sin alojamientos logísticos suficientes y sin viviendas de alquiler asumibles para el escaso sueldo. Y no es por falta de suelo urbanizable propiedad del Ministerio de Defensa, que se permite facilitarlo a los ayuntamientos.
• Lo primero que se enseña al entrar en filas es el uso de las armas, pero paradójicamente no se reconoce la militar como profesión de riesgo (ni los desactivadores de explosivos, ni los buzos, ni el personal de vuelo…), con todo lo que ello comporta para otros colectivos a quienes sí se les reconoce aunque no sufran la misma siniestrabilidad laboral. En las FAS cada 2 días un militar es herido o accidentado en acto de servicio, cada 3 días uno es declarado apto con limitaciones, cada 9 días uno pasa a retiro por acto de servicio, cada 22 días un muerto en acto de servicio. Deben establecerse coeficientes reductores de la edad de retiro y el pase voluntario a la reserva a los 58 años.
• Falta de reconocimiento a la formación militar: se escamotea el grado universitario específico militar a los suboficiales y no se facilita el título de técnico superior a la tropa. La formación, responsabilidad y cometidos propios de un suboficial corresponden a un graduado universitario.

Nunca es buen momento para dotar de unas condiciones laborales adecuadas al personal militar. La prestación del servicio militar obligatorio, la mili, se suspendió en 2001, pero llevamos más de veinte años sin que los militares profesionales sean tratados como verdaderos profesionales. Por causas ajenas y por causas internas. No se retribuyen las horas extra, los servicios, las guardias ni las maniobras. No son pocas las dificultades para conciliar la vida profesional y la familiar, más aún entre la península y las islas. Una insularidad escasamente compensada económicamente.

Recientemente se ha aprobado el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. De nuevo se ha perdido una oportunidad para dotar de condiciones dignas al personal militar. Utilizando la misma técnica de dedicar buenas palabras y de reconocer al personal como el primer pilar de la defensa, cuando se llega a los conceptos presupuestados, al personal se le dedica un escaso 6’48% que no permite resolver nada.

También resulta quimérico plantearse un aumento de 7600 militares más, ¿quién va a venir conociendo las nefastas condiciones profesionales de los militares? No solo no van a venir esos 7600 sino que las Fuerzas Armadas van a seguir perdiendo efectivos. ¿A quién queremos engañar? Llevamos años explicando que sólo es posible mejorar el reclutamiento con una carrera y unas retribuciones dignas; se nos pide mucho -hasta dar la vida en cumplimiento de la misión- y se nos da bien poco (poca paga, muchas horas de servicio, poco reconocimiento académico…). ¿Dónde está el quid pro quo?

Con palabras huecas -por bonitas que sean- ni con medallas gratuitas -que acaban siendo abalorios- se reconoce de manera digna la profesión militar ni el sacrificio de quienes la desempeñan. Necesitamos más hechos y menos palabras.

A quien corresponda, que mueva ficha, que ya va siendo hora.

¡Feliz Día de las Fuerzas Armadas!

Consideraciones del Gabinete Jurídico de ASFASPRO sobre las recientes sentencias del Tribunal Supremo 1675 y 1676 de 10 y 21 de abril respectivamente, con relación al IRPF detraído durante la misión desarrollada en el Líbano.

Si bien ambas sentencias son muy claras, conviene recordar que el Tribunal Supremo en sendas sentencias fija la interpretación de una norma, es decir fija jurisprudencia. Siendo una premisa mayor en nuestro sistema jurídico que, “la jurisprudencia hace decir a la norma lo que la norma siempre dijo desde un principio”, pero en este pronunciamiento no se contiene razonamiento alguno respecto a su alcance temporal. Es evidente que del citado pronunciamiento se producirían efectos favorables para todo aquel militar que haya sido desplegado en la misión llevada a cabo en el Líbano, pero ¿se pueden realizar nuevas reclamaciones ante la Agencia Tributaría (AT) con base al criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal Supremo?, ¿se pueden efectuar solicitudes si ha transcurrido el plazo general de prescripción de cuatro años? ¿Qué actuaciones se pueden realizar?

Como es lógico, se pueden hacer las oportunas solicitudes de devolución del IRPF dentro del plazo de prescripción de cuatro años (art. 66 , 67 LGT), incluso la pueden realizar aquellos que encontrándose dentro del plazo de prescripción de cuatro años realizaran una solicitud y les fuera rechazada por la AT o el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) alcanzando firmeza al no ser recurrida, bien interponiendo un recurso extraordinario de revisión (art. 244.5):  “El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial”), o realizando una nueva petición de devolución de ingresos indebidos al ser una petición diferente a la primera por incorporar nuevos argumentos, datos o circunstancias relevantes para la nueva devolución solicitada, como lo es, la jurisprudencia fijada por las STS 1675 y 1676. (siempre que no haya existido una liquidación previa que hubiera adquirido firmeza de la AT, en cuyo caso solo cabria recurso extraordinario de revisión). Y todo ello dentro del plazo de prescripción.

En cuanto a los numerosísimos casos existentes que estarían fuera del plazo de prescripción, la reclamación sería muy compleja y de resultado incierto. Conforme al art. art. 66, 67 LGT, estarían prescritas. No obstante, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS 11/06/2020) introdujo importantes cambios en la interpretación del plazo de prescripción para la devolución de ingresos indebidos, creando un nuevo criterio jurisprudencial que enjuició que el plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos no comienza hasta que el contribuyente tiene conocimiento de que el ingreso es indebido. Es decir, la Sentencia referida estableció que la fecha en la que debe iniciarse el cómputo para el inicio del cómputo del plazo de prescripción es aquella en la que dicha solicitud pudo realizarse. O sea, el TS entiende que conforme a la teoría de la “actio nata”, junto con los principios de buena administración y de prohibición del enriquecimiento injusto, el plazo para solicitar la devolución de esos ingresos indebidos nace cuando se tiene conocimiento. En este caso, conforme a la jurisprudencia establecida por las STS 1675 y 1676 y la errónea interpretación realizada por la AT de la exención prevista en el artículo 7, letra p) LIRPF a los rendimientos del trabajo percibidos por los militares españoles destinados en el Líbano (UNIFIL), se “podría” interpretar  la apertura de un plazo de cuatro años  a partir de la  publicación de las citadas sentencias (en puridad desde que el administrado tenga conocimiento de las mismas), para solicitar a la AT la devolución de  aquellos  presuntos “ingresos indebidos”.

Afirmación la anterior que hay que tomar con muchísima “cautela”, dado que, dependiendo de los casos, el propio Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, con mención especial a la STS 2446/2016 de 16 de noviembre, han realizado pronunciamientos contrarios a la teoría de la “actio nata”,  si bien con referencia a una declaración de inconstitucionalidad de la Ley que daba cobertura al Tributo  o declarada contrario al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, entendiendo que el "dies a quo" para el cómputo del plazo de prescripción del derecho a la devolución de ingresos indebidos, se inicia cuando se practicó el ingreso y no en la fecha de las citadas declaraciones. Si bien, la propia STS 2446/2016, recalca la posibilidad de solicitar esos “ingresos indebidos” via reclamación patrimonial, en cuyo caso, “actio nata”, dispondría del plazo de un año para la reparación de los perjuicios derivados del ingreso indebido, o incluso podría ser posible solicitar la revisión de tal acto nulo de pleno derecho.

Con las “reservas expuestas” entendemos que, conforme a la STS 11/06/2020 versus STS 1675 y 1676,  se podría abrir un plazo de 4 años para realizar las reclamaciones que procedan ante la AT, bien con nuevas solicitudes o  mediante el recurso extraordinario de revisión, sin perjuicio de poder ejercer una reclamación de responsabilidad patrimonial o acción de nulidad, para todo el personal militar que haya formado parte de los distintos contingentes y a los que no les fue aplicada ni reconocida la exención del IRPF debatida.

En suma, para los casos NO prescritos, se debería presentar UNA NUEVA RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIÓN si les fue desestimada (o recurso extraordinario de revisión).

Para los casos prescritos, igualmente solicitar UNA NUEVA RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIÓN con base a la sentencia del 2020 y las antedichas Tribunal Supremo 1675 y 1676 de 10 y 21 de abril, y dentro del pazo de un año, siempre podrían hacer una reclamación patrimonial.  Pero las vías y los caminos posibles, dependerán del asesor fiscal o despacho especializado en la materia que les lleve la reclamación. 

Para aquellos interesados en reclamar, ASFASPRO ha llegado a un acuerdo con un despacho de abogados especialista en derecho fiscal con ofertas ventajosas para los socios. Más información en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME y UMT exigen con carácter urgente e inaplazable la convocatoria de un pleno extraordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas para abordar la imperiosa necesidad de dotar de unas retribuciones dignas al personal militar en el marco del recientemente anunciado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

Madrid, 26 de mayo de 2025.

Desde dichas asociaciones se denuncia con gran preocupación que el plan propuesto por el Gobierno ignora de manera flagrante la crítica realidad que atraviesa el pilar fundamental de la defensa: su personal. Siendo una asignatura pendiente la dignificación retributiva en unas Fuerzas Armadas que por dicha precariedad sufren una constante merma de efectivos, resulta incomprensible e irresponsable que no se priorice esta reivindicación.

Desde las asociaciones se valora el paso adelante que ha supuesto la presentación de este plan, en el que se insiste en la necesidad de mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas y llevarlas al nivel de los ejércitos de la Unión Europea. Lamentablemente nos encontramos ante una nueva decepción para los militares, dado que al desgranar las partidas del plan se constata que se ha perdido una oportunidad para la mejora de las condiciones laborales, salariales y de formación del personal militar, dado que el presupuesto revela una palpable insuficiencia para resolver el grave problema de las nóminas militares.

El anunciado 35% de inversión se reduce a un irrisorio 6,48% (679 millones de euros) para aumentos de sueldo y personal, cifra absolutamente incapaz de satisfacer lo que las asociaciones profesionales militares llevamos años demandando al ejecutivo con el fin de dignificar al profesional militar y de frenar la pérdida de efectivos en filas.

Es preocupante que de las declaraciones del presidente del Gobierno se infiera que en esa exigua partida podría estar incluido el incremento de 200€ brutos mensuales aprobado en abril, apenas una cuarta parte de lo justamente reclamado por las asociaciones profesionales. De confirmarse esta circunstancia, la dotación presupuestaria destinada al aumento retributivo se revelaría aún más miserable e inaceptable.

Ante esta manifiesta injusticia, ASFASPRO, AUME y UMT exigen, con firmeza y determinación, la inmediata convocatoria de un Pleno Extraordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, foro en el que debe abordarse de forma transparente y exhaustiva la implementación del aumento retributivo, condición sine qua non para dignificar al militar y frenar la pérdida de efectivos asegurando, con ello, el futuro de las Fuerzas Armadas. Cualquier dilación o respuesta insuficiente a esta legítima y urgente demanda no dejará de ser más que la muestra de una voluntaria ignorancia de las necesidades del personal militar.

Repercusión mediática:

EL CONFIDENCIAL DIGITAL:  https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/militares-presionan-defensa-falta-concrecion-mejoras-salariales/20250526102508965306.html

MONCLOA: https://www.moncloa.com/2025/05/29/defensa-sanchez-militares-3234119/

ONDA REGIONAL: https://www.orm.es/informativos/region-de-murcia-noticias/miquel-penarroya-los-militares-no-tenemos-el-trato-que-merecemos/

EL FARO DE MELILLA: https://elfarodemelilla.es/asfaspro-aume-y-umt-exigen-negociar-el-aumento-de-retribuciones-del-plan-de-seguridad-y-defensa/#goog_rewarded

EL FARO DE MELILLA: https://elfarodemelilla.es/militares-exigen-al-ministerio-negociar-el-aumento-salarial-incluido-en-el-plan-de-defensa/https://elfarodemelilla.es/militares-exigen-al-ministerio-negociar-el-aumento-salarial-incluido-en-el-plan-de-defensa/

H50: https://www.h50.es/los-militares-piden-al-ministerio-de-defensa-que-cumpla-el-plan-de-seguridad-y-defensa/

THE OBJETIVE: https://theobjective.com/espana/2025-05-26/asociaciones-militares-defensa-negociar-salarios/

MSN: https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/asociaciones-militares-exigen-a-defensa-negociar-m%C3%A1s-financiaci%C3%B3n-para-sueldos-en-el-plan-de-inversi%C3%B3n/ar-AA1FuaLh

PRESS DIGITAL: https://www.pressdigital.es/articulo/politica/2025-05-26/5304187-asociaciones-militares-exigen-defensa-negociar-financiacion-sueldos-plan-inversion

PROPUESTAS PRESENTADAS AL PRÓXIMO PLENO DEL CONSEJO DE PERSONAL

ASFASPRO ha presentado las siguientes nueve (8) propuestas para su debate en el próximo pleno del Consejo de Personal.

Regulación del teletrabajo.
Criterios generales de actuación en aplicación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero.
Remuneración de guardias y servicios de al menos 24 horas no compensados con descansos.
Incremento complemento de empleo.
Modificación de la IPOR 01/2025, del Almirante Jefe de Personal, sobre la realización de pruebas físicas periódicas en la Armada.
Atrasos por RD 248/2025 y baja médica.
Incremento RD 248/2025 en situación de incapacidad temporal de larga duración.
Retribuciones en situación de incapacidad temporal.

Recientemente se ha publicado el Real Decreto 373/2025, de 6 de mayo, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la escala de oficiales de la Guardia Civil para el año 2025.

Respecto al año 2024 en los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina el número de plazas reservadas a los suboficiales para la promoción con y sin exigencia de titulación previa aumenta en 5, pasando la reserva para esta categoría de 8,86% a 9% (de 589 plazas convocadas, 53 se reservan a los suboficiales de estos cuerpos, colectivo con más de 25.000 efectivos). Sin embargo, no se trata solo de publicar plazas sino de cubrirlas.

https://www.boe.es/boe/dias/2025/05/07/pdfs/BOE-A-2025-9029.pdf

GUÍA DE AYUDA PARA EL PERSONAL QUE PASE A LA SITUACIÓN DE RESERVA Y RETIRO

Debido al interés mostrado por muchos de nuestro socios en conocer esta normativa, se publica para su consulta la guía de ayuda para el personal que pase a la situación de Reserva y Retiro en las Fuerza Armadas, actualizada a enero de 2025

El día 28 de marzo se celebró el primer pleno ordinario del año. Una vez más, la ministra Robles no hizo acto de presencia, delegando la presidencia en la Subsecretaria de Defensa. Los asuntos de personal parece que siguen en un segundo plano para la señora ministra.

ASFASPRO expuso, a pesar de que el secretario trató de retirar la palabra a la asociación, que dada la ausencia de varios representantes asociativos el pleno no estaba legal y formalmente constituido, y que debería ser suspendido, toda vez que para la válida constitución del pleno ha de estar compuesto por la totalidad de sus miembros y en condiciones de paridad. En la sesión estaban presentes 10 representantes ministeriales y 7 representantes asociativos. Por tanto, todos los acuerdos adoptados podrían ser recurridos y anulados. La Subsecretaria de Defensa hizo caso omiso y continuó con el pleno.

El asunto volvería a tratarse en el apartado de ruegos y preguntas, afirmando el Secretario General Técnico la validez del pleno. Según sus argumentos daría lo mismo que no asistiera ninguna asociación para que el pleno fuera válido. Serán los tribunales los que aclaren la controversia sobre la constitución del Consejo y la paridad de representantes en las sesiones.

Normativa para informe del Consejo más relevante:

-Proyecto de Orden Ministerial, por la que se modifica la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional.

Además de la mejora de la puntuación del personal del CNI, como novedad se incluye el concepto indeterminado de “disponibilidad” en las evaluaciones, que ataca directamente al derecho a la conciliación familiar y que será foco de problemas, malestar y litigiosidad. Otra vez se trata de culpar y castigar al militar que disfrute de ese derecho por la falta de efectivos, por la mala Ley de carrera militar que sufrimos y por la inadecuada planificación y gestión de personal. Debe motivarse al personal con justas compensaciones económicas no con el castigo en los ascensos.

También se modificarán a la baja las puntuaciones de las condecoraciones de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo perjudicando al militar que haya efectuado la promoción interna.

El ministerio no aceptó ninguna de las alegaciones presentadas por ASFASPRO, si bien volverán a estudiar lo concerniente al concepto de disponibilidad.

-Proyecto de Orden Ministerial, por la que se modifica la Orden DEF/3594/2003, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las normas para la tramitación y concesión ordinaria de las Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, con distintivo blanco, y de las menciones honoríficas, la delegación de competencias en esta materia y el uso de las condecoraciones representativas de las recompensas.

Se incrementa al 3% el porcentaje de posibles condecorados en cada categoría, según el ministerio, a petición del JEMAD y fruto de la experiencia adquirida. El ministerio no justifica las razones de ese 3% y no otro diferente.

ASFASPRO incidió en que más que aumentar el porcentaje de condecoraciones deberían mejorarse las retribuciones hasta su equiparación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

-Proyecto de Orden Ministerial, por la que se regula el sistema de seguimiento del apoyo sociosanitario del personal herido y a familiares de heridos y fallecidos de las Fuerzas Armadas.

El ministerio no aceptó ninguna de las alegaciones de calado presentadas por ASFASPRO. La norma, que ya ha sido publicada y publicitada por el ministerio, no deja de ser un “seguimiento” que no evita a los afectados ir de ventanilla en ventanilla. 

Normativa para conocimiento y ser oído por el Consejo (no se debaten en el pleno)

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la escala de oficiales de la Guardia Civil para el año 2025.

Proyecto de Orden de Defensa, por la que se modifica la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.

Proyecto de Orden Ministerial, por la que se modifica la Orden Ministerial 13/2024, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Defensa para el período 2024-2026.

Proyecto de Instrucción, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se definen los criterios para la asignación de créditos europeos ECTS en los cursos de la enseñanza de perfeccionamiento de las escalas de suboficiales.

ASFASPRO ha presentado informes con alegaciones a varias de estas normas. En el pleno la asociación insistió en que se habilitara la acumulación de plazas con titulación/sin titulación de la promoción interna de suboficial a oficial del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio. Posteriormente al pleno, el ministerio comunicó que se atendería la solicitud.

Propuestas presentadas por ASFASPRO

- Exención rentas misiones internacionales

https://www.asfaspro.es/ASFASPRO/DOCUMENTOS/2025/003.2025%20Propuesta%20ASFASPRO%20IRPF%20misiones%20internacionales.pdf

Se propuso que el Ministerio de Defensa elevara consulta a la Dirección General de Tributos sobre cada una de las misiones internacionales en curso con el objeto de declarar las correspondientes rentas como exentas.

Según DIGENPER de la Resolución del TEAC de 19 de julio de 2024 sobre la aplicación del 7p LIRPF se evidencia que los requisitos específicos han de ser valorados de manera individualizada, contribuyente a contribuyente, sin poder inferir la misma conclusión para todos los empleados de un mismo pagador. También explico que el EMAD ha distribuido un nuevo certificado y se ha informado a la Agencia Tributaria, en este sentido el ministerio aceptó parcialmente la propuesta.

- Rescate del plan de pensiones AGE-BBVA

https://www.asfaspro.es/ASFASPRO/DOCUMENTOS/2025/005.2025%20Propuesta%20ASFASPRO%20Plan%20de%20pensiones.pdf

Se propuso que el Ministerio de Defensa realizara las gestiones oportunas para que se modifiquen las condiciones del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado para permitir a los partícipes el rescate de los derechos consolidados correspondientes a las aportaciones y contribuciones empresariales realizadas con al menos diez años de antigüedad.

El ministerio estimó la propuesta, se ha trasladado a la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Control del Plan de Pensiones.

- Ayuda económica para comunicaciones

https://www.asfaspro.es/ASFASPRO/DOCUMENTOS/2025/004.2025%20Propuesta%20ASFASPRO%20Ayuda%20comunicaciones.pdf

Se propuso que se modificara el artículo 4 del Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas para incluir una ayuda para las comunicaciones.

El ministerio desestimó la propuesta porque, según DIGENPER, el móvil solo es necesario si se reside en un municipio distinto al de su destino como requisito para garantizar su localización.

- Modificación de la IT 3/23 sobre distribución CDE de controladores aéreos ET

https://www.asfaspro.es/ASFASPRO/DOCUMENTOS/2025/008.2025%20Propuesta%20ASFASPRO%20CDE%20controladores%20a%C3%A9reos%20ET.pdf

El ministerio desestimó la propuesta. Según MAPER ET el concepto de CDE no retribuye una aptitud o un puesto, y la IT no puede contemplar la gran variedad de estos que hay en el ET. Por otro lado, explicó que aunque no aparezcan en la IT no implica que no le asignen el CDE. Afirmó que en los meses de enero y febrero de 2025 al 90% de los controladores aéreos de las Fuerzas Aeromóviles del ET se les asignó el CDE y, teniendo en cuenta que hay personal en comisión de servicio y de permiso por paternidad, prácticamente lo han recibido todos. 

Propuestas de interés de otras asociaciones

• En caso de informe desfavorable del jefe de unidad ante la petición de una licencia se dará audiencia al interesado.
• El EMAD está elaborando una propuesta de indemnización OMP específica para las Actividades de Seguridad Operativa (ASO) que permitirá la regulación de la indemnización que corresponda mediante orden ministerial. Aprobada la OM se dará traslado para su inclusión como mérito en evaluaciones y promoción.
• En relación a las dietas, como en otros años, el ministerio volverá a solicitar al Ministerio de Hacienda tanto su actualización como la ampliación temporal de la cuantía por alojamiento en determinadas localidades. Además, el ministerio aseguró que las facturas por alquiler de apartamentos son válidas para justificar alojamiento si incluyen todos los datos fiscales.

Ruegos y preguntas presentadas por ASFASPRO

– ¿Hay algún avance en la actualización del importe de las dietas de alojamiento y manutención?

Contestada durante el pleno, el ministerio sigue insistiendo al Ministerio de Hacienda.

– Varios tratamientos y cirugías robotizadas que se ofrecen en los Servicios de Salud de algunas Comunidades Autónomas no se incluyen en el Concierto del ISFAS con entidades de seguro para la prestación asistencial sanitaria. Si los titulares y beneficiarios quieren ser tratados con estás técnicas deben proceder a su abono.

Además, recientemente han aparecido noticias en los medios de comunicación relativas a la práctica de algunas aseguradoras de recetar o aplicar en mutualistas pacientes de cáncer tratamientos, terapias y fármacos más baratos y menos eficaces que los que se aplican en la sanidad pública.

¿Ha realizado el ISFAS algún estudio sobre estos asuntos? En caso afirmativo se solicita su remisión.

Según su Director Gerente, el ISFAS con carácter general no puede asumir los extras de las carteras de servicio de las Comunidades Autónomas y del INGESA, tan solo la cartera básica y común del sistema nacional de salud. Se incorpora de forma inmediata todo aquello que se apruebe por orden ministerial del Ministerio de Sanidad y que se incluya en la cartera común.

Siempre y cuando se alcance acuerdo con las entidades de seguro el ISFAS incorpora técnicas diagnósticas y terapéuticas que, aun no siendo aprobadas por orden ministerial, son de uso común y frecuente en la sanidad pública.

También afirmó que las entidades no están negando ningún tratamiento ni medicación por cara que sea, siempre que corresponda y esté prescrita por los facultativos.

– El acuerdo AC17-01010, del año 2017, trata sobre la actualización de la Orden Ministerial número 105/2002, de 22 de mayo, por la que se regula la producción normativa en el ámbito del Ministerio de Defensa. En la Memoria Informe del año 2023 del Observatorio de la vida militar se recoge como recomendación (VI) proceder a la actualización de la citada orden. ¿Cuándo planea el Ministerio de Defensa llevar a efecto el acuerdo?

Según el Secretario General Técnico está en elaboración la actualización de la Orden Ministerial 105/2002.

- Todavía hay personal que no ha recibido las gratificaciones por el despliegue por la DANA. Se ruega que se realice el pago.

Se recibirá respuesta escrita con posterioridad de las siguientes cuestiones:

– En virtud del artículo 50.3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, cuatro asociaciones con representación en el Consejo de Personal solicitaron el 18 de abril la celebración de un pleno extraordinario sobre retribuciones, ¿cuándo se tiene previsto convocar este pleno extraordinario?

– El acuerdo AC15-03030, del año 2015, trata sobre la devolución de la ayuda económica del ISFAS para adquisición de vivienda, con el fin de que el interesado pueda optar a la compensación económica del INVIED. ¿Cuándo planea el Ministerio de Defensa llevar a efecto el acuerdo?

“Se puede ignorar la realidad, pero lo que no se pueden ignorar son las consecuencias de haberla ignorado”

Esta contundente frase, atribuida a Ayan Rand (San Petersburgo, 1905; Nueva York, 1982), escritora y filósofa nacida en Rusia nacionalizada estadounidense, debería hacer reflexionar a ese conjunto de ciudadanos que viven profesionalmente de la política y que con una muy escasa vocación de servicio público están sembrando en nuestra sociedad demasiado odio, fobias, complejos, manipulación, división y sectarismo. Y este escenario de polarización y confrontación dificulta al máximo cualquier planteamiento efectivo que se quiera hacer sobre la Defensa Nacional, si es que lo que realmente se pretende es fortalecerla y no una componenda.

Haciendo un poco de memoria y dejando al margen la ingenuidad adolescente o la ideología trasnochada de determinada política tan presente en nuestro país, no hace falta recordar que lo que ahora denominamos “guerra híbrida” fue profusamente utilizado por algunas dictaduras a partir de la segunda mitad del siglo XX con el fin de desestabilizar y dividir a las sociedades occidentales, enfrentadas al bloque que lideraba la antigua Unión Soviética desde el final de la II Guerra Mundial.

Legítimos movimientos pacifistas o ecologistas fueron aprovechados por estos países totalitarios para crear estados de opinión contra determinadas guerras (no contra todas) o para neutralizar el uso de la energía nuclear, por poner solo dos ejemplos en los que la manipulación resultó altamente eficaz. Lo paradójico, es que al mismo tiempo estas tiranías estaban siendo actores muy importantes en esas o en otras guerras y atentaban gravemente contra la ecología de todos los países de su zona de influencia, reprimiendo con dureza cualquier tipo de queja o disidencia. Y así seguimos desde el comienzo del nuevo siglo: mismas tácticas, pero con distintos nombres. Eso sí, contando ahora con la importante herramienta que suponen las redes sociales para las labores de desinformación, agitación, propaganda o ingeniería social.

Aunque los países de nuestro entorno también han venido sufriendo este tipo de acciones en la misma medida que nuestro país, nosotros tenemos algunas particularidades que constituyen un gran obstáculo frente a cualquier tipo de acuerdo que se pretenda adoptar para incrementar nuestro poder de disuasión y defensivo, potenciando nuestras Fuerzas Armadas en todos los aspectos. Cuestión urgente y fundamental para evitar sobresaltos y garantizar nuestro futuro como nación, aunque este tipo de lenguaje no le guste a los amigos de los eufemismos y la equidistancia.

La primera particularidad es que somos un país muy poco serio a la hora de afrontar nuestra historia, con una preocupante tendencia a reescribirla o a reinterpretarla con sesgo ideológico y criterios actuales. Desde hace siglos cargamos con la cruz de una “leyenda negra” inventada por unos enemigos externos de dudosa ejemplaridad en el respeto de los derechos humanos y codiciosos de todas las riquezas y los territorios de los antiguos virreinatos, pero que ha calado profundamente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Todavía hoy somos testigos de cómo se sigue comprando y utilizando esta enorme mentira (fake en el lenguaje actual) por determinadas fuerzas políticas con gran poder de decisión en los asuntos que atañen a los intereses colectivos de todos los españoles.

Y no menos importante es la otra peculiaridad que nos distingue del resto de los países del planeta Tierra y que debería avergonzar a nuestros dirigentes y a una parte de la sociedad civil. Nos referimos al ataque sistemático a los símbolos nacionales y a la imposibilidad de utilizarlos libremente sin el riesgo de ser tildados de fascistas o agredidos física o verbalmente por cualquier descerebrado defensor de “lo suyo”, como ha sucedido en multitud de ocasiones desde la Transición, y con más intensidad en los últimos años.

Cualquier ciudadano puede portar o vestir prendas con la bandera que le dé la gana, incluidas las de dictaduras sanguinarias, sin el menor reproche por parte de nadie, salvo que se trate de la enseña nacional. Esta anomalía democrática, que atenta contra la lógica, la libertad y la convivencia, se minimiza o se consiente incluso desde algunas instituciones, para satisfacción de aquellos que trabajan sin descanso en contra de España como nación libre, unida e independiente. Estamos, en consecuencia, ante una realidad que hace casi inviable estructurar adecuadamente la Defensa Nacional y convierte la tarea en algo tan difícil como lograr la cuadratura del círculo.

Porque podemos negar lo evidente, cerrar los ojos y taparnos los oídos, incluso aplicar una férrea censura a todos aquellos que expresen una opinión contraria al pensamiento políticamente correcto o a la realidad paralela que impera en la actualidad, pero las consecuencias de algunas políticas cortoplacistas y desleales que han venido desarrollando determinadas administraciones públicas están a la vista de cualquiera que intente ver las cosas con un mínimo de objetividad y neutralidad.

Muchos de los militares que han impartido charlas informativas sobre la Cultura de la Defensa o de las posibilidades de carrera en las Fuerzas Armadas en colegios, institutos y universidades, han sufrido en alguna ocasión las consecuencias de estas nefastas políticas y comprobado en primera persona el tribalismo y la fragmentación existente en una buena parte de nuestra sociedad. Habrá quienes nieguen una vez más la realidad, pero ahí están los hechos y los informes remitidos a los sucesivos responsables del Ministerio de Defensa como “fedatarios” del despropósito.

Y derivado de todos estos “polvos”, que ya son lodos, tenemos un escenario complejo e imprevisible. Porque ante la cada vez más evidente necesidad de reestablecer o replantear el Servicio Militar Obligatorio, tal y como están haciendo la mayoría de los países europeos, deberíamos recordar las causas que motivaron su suspensión en el año 2001, algunas de las cuales coinciden con las descritas en este artículo. Otras, como la sensación que tenían muchos jóvenes de que era algo arcaico o una pérdida de tiempo, unido al incremento de insumisos y objetores de conciencia (que en muchos casos lo fueron por motivos ideológicos y no morales), la progresiva influencia de los nacionalismos periféricos en la gobernabilidad de nuestro país, además de la falsa sensación de seguridad tras el final de la llamada “Guerra Fría” a partir de 1991, produjeron lo inevitable. Tampoco podemos olvidar que el ingreso en la OTAN y la participación en misiones internacionales forzaron la modernización, el incremento de la operatividad de las unidades y la progresiva profesionalización de la tropa y marinería.    

Pero llegados a este punto, después de haber relatado algunos de los condicionantes de nuestra política de Defensa y escuchado o leído a los muchos expertos (e ignorantes en la materia) que han ocupado buena parte de los programas y espacios en la mayoría de los medios de comunicación durante estas últimas semanas, la disyuntiva es clara: o potenciación y mejora de las Fuerzas Armadas Profesionales sin trampas ni contubernios o recuperación del Servicio Militar Obligatorio. Por más vueltas que queramos darle a la cuestión, no hay otras vías, salvo que se prefiera elegir el “suicidio” de nuestra Nación a corto o a medio plazo.

Por otro lado, también debemos hacernos dos lógicas preguntas que ni el Gobierno ni nadie ha sido capaz de responder hasta el momento:

¿De verdad se quiere mejorar la Defensa Nacional o solo se trata de aparentar un incremento del gasto ante nuestros socios de la Unión Europea y de la OTAN?

¿Cuánto de ese incremento del presupuesto se va a dedicar a la mejora de la organización de la Defensa y a la carrera profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas?

Porque ya sabemos que habrá mucho dinero para las empresas de armamento y tecnológicas, es lo primero que nos ha quedado claro. Sin embargo, nada se está hablando sobre los que tenemos como nuestra primera obligación preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, impidiendo cualquier tipo de agresión y responder a ella si fuera necesario, además de contribuir a la paz y estabilidad internacional.

En un contexto complicado en el que es necesario y urgente el aumento y el rejuvenecimiento de efectivos militares, resulta que el personal de tropa abandona las Fuerzas Armadas por culpa de los bajos salarios y por la falta de incentivos para continuar en el servicio activo, además de ver muy poco atractiva la promoción a suboficial. Y los suboficiales quemados y envejecidos debido a unas absurdas leyes de personal que casi han eliminado la promoción interna por imponer unos injustos e inexplicables aranceles a los que pretenden promocionar; o desaprovechar las posibilidades que ofrece el Espacio Europeo de Educación Superior para cambiar el currículo y la titulación de acceso a la escala con la implantación de un título de grado específico militar como sí se hizo de prisa y corriendo recientemente en el caso del plan de estudios y la titulación de los oficiales. ¿Qué mensaje se les está enviando a los futuros aspirantes a ingresar en las Fuerzas Armadas como suboficiales y tropa? Es evidente que no el mejor.

Se podrá marear la perdiz todo lo que se quiera, se podrán destinar miles de millones de euros para armas y tecnología, pero si no hay personal suficiente y bien formado para utilizarlo, la operatividad de las unidades decaerá hasta niveles muy preocupantes. Nuestros políticos y autoridades tienen que ser conscientes de que hay que alcanzar un mínimo de 150.000 militares en servicio activo en nuestras Fuerzas Armadas y que las unidades más operativas deben mantener unas plantillas al 120 % para cubrir todo tipo de incidencias.

Como ya hemos dejado claro en nuestra exposición, la Defensa Nacional no puede tomarse a broma, ser utilizada para pagar favores o vista como un posible negocio, por lo que es de vital importancia que se llegue al máximo consenso posible para que la inversión que se haga sirva para potenciar nuestro poder de disuasión y de este modo poder preservar la paz con mayores garantías. El primer paso que tienen que dar el Gobierno y todos los grupos políticos es la reforma urgente de la Ley de la carrera militar, para que las mujeres y hombres que formamos parte de las Fuerzas Armadas tengamos salarios justos y una carrera profesional digna, en las mismas condiciones que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En otro orden de cosas, los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad están reconocidos y compensados en la Ley General de la Seguridad Social a la hora de la jubilación. De igual manera, la nocturnidad y turnicidad en el trabajo está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores. Pero en el caso de los militares profesionales, además, se añaden la disponibilidad permanente para el servicio, la excesiva movilidad geográfica y la nula compensación económica por las guardias, los servicios y los ejercicios de instrucción que habitualmente se desarrollan dentro de las zonas anejas a las bases militares, lo que genera una gran cantidad de horas extraordinarias que no preocupan a la ministra de Defensa ni, por supuesto, a ningún otro miembro del Gobierno. ¿Cuánto tiempo más se va a seguir consintiendo este claro apartheid?

Por último, y tiene mucho que ver con la siniestralidad y la morbilidad de la profesión militar, el ministerio de Defensa incumplió una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (1213-2023 / 20.11.2023) que le instaba a facilitar al recurrente los datos de fallecidos, heridos o retirados como consecuencia de acciones o accidentes en acto de servicio, desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de enero de 2023, además de los suicidios producidos en ese mismo periodo.

A día de hoy, el ministerio de Defensa sigue sin cumplir esa resolución y, por consiguiente, negando los datos solicitados aduciendo complejidad para recabarlos. Sin embargo, Radio Televisión Española no tuvo ningún problema para elaborar un reportaje en el mes de marzo del año 2001 titulado “20 años sin mili: el triunfo de los insumisos”, en el que se daba un dato tan complejo o más como los solicitados: “…que la mili implicaba una serie de riesgos, tanto es así, que desde 1986 hasta 2001 fallecieron 1.960 personas mientras realizaban el servicio militar.”  20 años sin mili: el triunfo de los insumisos

Evidentemente, el ministerio de Defensa es el único organismo que pudo haber facilitado a RTVE este significativo dato, porque es de sentido común creer que no se lo inventó el autor del reportaje. Entonces, solo nos queda pensar que la ministra de Defensa está ocultando a la opinión pública que el militar es el grupo de trabajadores con mayor siniestralidad y morbilidad, lo que debería provocar sonrojo y vergüenza a todos aquellos que han colaborado en su encubrimiento.

Mal camino lleva la Defensa Nacional si sus principales responsables ningunean a todos aquellos que dieron su vida o sufrido heridas en el cumplimiento de las misiones encomendadas.