La anestesia general proporciona al paciente un estado reversible similar al sueño, mediante una combinación de medicamentos. Te sientes como si estuvieras dormido, pero este tipo de anestesia no solo te duerme, sino que también hace que no sientas dolor. El cerebro no responde a las señales de dolor y a otros estímulos.
Pues bien, sin que a día de hoy tengamos claro de qué manera se nos aplicó una persistente anestesia general, la carrera militar de los suboficiales lleva décadas sometida a operaciones dolorosas y neutralizantes de cualquier tipo de avance o mejoras significativas, sin que el grueso del colectivo las reclame o exija algo tan simple como la igualdad de trato. Avances y mejoras que sí han podido disfrutar sin dificultad alguna otros militares o grupos de empleados públicos, pero que los suboficiales hemos tenido que contemplar desde la lejanía tras la aprobación de la nefasta, clasista y arbitraria Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional.
A los más jóvenes, y a los que tienen muy mala memoria, hay que explicarles que esta ley pisoteó nuestras expectativas y derechos ampliamente consolidados, además de ignorar principios fundamentales del Derecho como los de seguridad jurídica, buena fe y de confianza legítima, que deberían regular la relación entre los ciudadanos y la Administración. En aras de una supuesta racionalización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, y bajo las directrices de un gobierno que presumía de progresismo, la tan cacareada reforma consistió en dejarnos muy claro a todos que había una “Escala Superior” de oficiales (que ya lo era), que el resto de los oficiales de carrera eran de “clase media” y que la “suboficialidad” quedaba encuadrada en un nivel básico dividida en dos grupos retributivos distintos, algo insólito y claramente segregador, de muy difícil explicación. Para rematar la faena, se abandonó a la tropa y marinería en un espacio indefinido bajo un pesado manto de temporalidad, algo que más adelante se trató de compensar utilizando como moneda de cambio la estabilidad de la Escala de Suboficiales, con graves consecuencias.
A mayores, con un más que seguro cálculo sibilino y mucha premeditación, se puso en marcha una escala paralela, no reconocida en la Ley, formada por militares temporales de complemento que, gracias a una flexibilidad normativa pasmosa de muy escasa justificación, con el paso de los años terminaron ocupando, sin mayores exigencias, el espacio reservado para aquellos suboficiales que tenían el legítimo derecho de todo militar o funcionario de carrera a poder realizar la promoción interna y ascender a oficial. Porque gracias a la posterior aprobación de otra ley también supuestamente “progresista”: la 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se procedió a su práctica eliminación y a limitar al máximo nuestras posibilidades de promoción profesional, aplicando criterios más propios del siglo XIX o tan esperpénticos como otorgar mejores condiciones de promoción a la Escala de Oficiales a un recluta que a un sargento.
Anomalía introducida con mucha intencionalidad en el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, sorprendentemente consentida (o auspiciada) por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y los Cuarteles Generales, que se pudo corregir en el año 2012 gracias a la insistencia y al trabajo de ASFASPRO, no sin una fuerte oposición en determinados despachos y pasillos de edificios oficiales.
Bajo estas “especiales circunstancias” (y unas cuantas más), la percepción de la justicia, la cohesión y la equidad dentro de la Institución, además de nuestros derechos, ilusiones y aspiraciones profesionales, eran arrojadas una y otra vez como colillas por la alcantarilla por los sucesivos responsables del ministerio de Defensa y los Cuarteles Generales. En resumen, casta, deslealtad, segregación, privilegios para unos, arbitrariedad, clasismo rancio, retroceso y desmoralización, fueron algunos de los condicionantes que marcaron nuestro servicio activo a partir de la fatídica fecha del 1 de enero de 1990, cuando entró en vigor esta nueva ley de personal militar.
Pero este desprecio a los intereses generales también comprometió la efectividad y la legitimidad interna, propiciando una brecha en la estructura social de las Fuerzas Armadas que no solo lastró nuestro futuro, también el de la tropa y el de todos aquellos ciudadanos que aspiraban a poder desarrollar una carrera militar digna y reconocida socialmente, sin la obligatoriedad de haber ingresado directamente en la Escala Superior de Oficiales. Ya que siendo la igualdad de oportunidades un objetivo fundamental para cualquier sociedad democrática, se condicionaron, a sabiendas, las expectativas de desarrollo profesional impidiendo el lógico encuadramiento o la integración plena en el antiguo grupo retributivo B (actual A2), mediante la adaptación del currículo de tres años de duración para la obtención o la equivalencia al título de diplomado universitario, tras la superación de la correspondiente formación académica.
Este freno al lógico progreso, que sí llegó a otros servidores públicos en situaciones profesionales muy similares, no se quedó solo en eso, porque también se perdió una excelente oportunidad para reconocer los títulos universitarios en posesión de los suboficiales para implementar otro tipo de promoción interna más ágil y justa, acorde a los cambios que se venían produciendo en la sociedad civil. Modos y criterios que limitaron nuestra carrera militar y que de ninguna manera fueron fruto de la casualidad ni de errores en la planificación. Porque tras la reclasificación establecida en el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, que rectificó la incoherencia de la Ley 17/1989 e incluyó en el antiguo grupo retributivo B (hoy A2) a los empleos de sargento, sargento primero y brigada, se modificó el plan de estudios de acceso a la Escala de Suboficiales, reduciéndolo de tres a dos años, impidiendo progresivamente la entrada de personal civil hasta llegar a la reserva del 100% de las plazas para el personal de tropa y marinería.
Una evidente discriminación efectiva hacia muchos ciudadanos y otra operación inútil y devastadora que todavía estamos pagando a día de hoy, en la que la ratio de aspirantes para el ingreso en las academias y escuelas de suboficiales es simplemente ridícula y un problema de máxima gravedad, aunque como siempre se pretenda maquillar o negar la realidad y huir hacia delante. Además, en poco más de una década se produjo un preocupante envejecimiento del personal de la Escala hasta el punto de elevar en diez años la media de edad en el empleo de sargento: de 24 a 34 años, incrementándose también la del resto de empleos. Todo un logro de la ingeniería de personal a la que estábamos, y estamos siendo, sometidos caprichosa y autoritariamente sin que absolutamente nadie pida perdón por los tremendos errores cometidos.
Tal y como venimos denunciando tan infructuosamente, la desigualdad y la arbitrariedad siguen campando a sus anchas y esto se parece cada vez más a un sistema de castas que, como todos sabemos, consiste en la creación de compartimentos sociales estancos, con funciones sociales y privilegios distintos, a los que el individuo pertenece desde su nacimiento sin posibilidad alguna de renunciar ni cambiarse de grupo. Naces en una casta y te mueres dentro de ella, porque no existe movilidad social o se dificulta al máximo. Con alguna salvedad, aplíquese esta definición a la carrera del suboficial y encontrará muchos puntos coincidentes.
Pero la principal consecuencia de esta anacrónica actitud ministerial, es que la brecha social dentro de las Fuerzas Armadas se está agigantando muy peligrosamente con la aquiescencia del propio Gobierno de la Nación, que alardea de todo lo contrario a la política de personal que nos está aplicando con mano de hierro la ministra de Defensa. Esto provoca una sensación de frustración y desmotivación ante la falta de un camino claro e ilusionante que permita la mejora profesional de los suboficiales y, por consiguiente, también de la tropa.
Y si la inexistencia de unas retribuciones acordes a la singularidad de la profesión ya es un serio problema para la retención del personal, todavía lo es más la ausencia de un itinerario profesional motivador que premie el esfuerzo, el mérito y la capacidad, pero que al mismo tiempo tenga un reconocimiento efectivo en todos los ámbitos de la sociedad y a todos los niveles, también en los educativos. La percepción que tenemos es que se están concentrando todos los esfuerzos y medios en la mejora de la carrera militar de los oficiales y muy poco o nada en la de los suboficiales, se diga lo que se diga en los discursos vacuos e hipócritas que estamos obligados a escuchar regularmente en todo tipo de actos y conmemoraciones.
En un momento crítico para la Defensa Nacional en el que es fundamental potenciar y mejorar el reclutamiento, sorprende que a nadie se le ocurra tomar medidas inteligentes y eficaces para retener y motivar al personal, evitando el trasvase de los mejores a otras instituciones o a la empresa privada, con la consiguiente pérdida de militares cualificados que no han visto incentivada su permanencia en las Fuerzas Armadas. Porque, no nos engañemos, la tropa no quiere ser suboficial porque tiene la sensación de que es un “pringue” con muy escasa recompensa, viendo mucho más futuro y reconocimiento en la Guardia Civil, en los distintos cuerpos policiales o prosiguiendo su carrera como militares de tropa de carácter permanente. Y eso, tal y como refleja la ratio de aspirantes a suboficial, es un serio problema porque impide una adecuada y necesaria selección del personal que formará parte de la Escala durante las próximas décadas.
Después de esta amplia exposición de hechos y valoraciones objetivas, que se pueden contrastar fácilmente en los boletines y publicaciones oficiales, pasamos a aclarar el porqué de este artículo para que los lectores entiendan la lógica de nuestros argumentos, de donde venimos y a donde pretendemos llegar. De este modo, a nadie se le ocurrirá respondernos con la manida y despectiva frase de que quejarse es gratis. Aunque ya sabemos que algunos siempre mean colonia, nunca se equivocan y no se les puede discutir nada de lo que hacen, creyéndose seres superiores que están por encima del bien y del mal. Así nos ha ido.
Sin embargo, la realidad es muy tozuda y el tiempo casi siempre acaba poniendo cada cosa y a cada uno en el lugar que le corresponde. La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, era en sus orígenes una pésima Ley, aunque las posteriores reformas la maquillaron levemente. Uno de sus reglamentos estrella, el de Ingreso, Promoción y Enseñanza, aprobado por el RD 35/2010, de 15 de enero, todavía era peor y rezumaba clasismo en muchos de sus párrafos, conteniendo, además, errores muy graves en el diseño de los currículos y en otros aspectos importantes que, como ha quedado demostrado sobradamente durante su aplicación, fueron un torpedo en la línea de flotación para la mayoría de las academias y escuelas de formación y también para los alumnos.
A pesar de lo evidente, políticos y militares con mucho poder de decisión mantuvieron su postura con vehemencia y mucha soberbia, en contra de la opinión de algunos expertos civiles y militares que recomendaban la creación de titulaciones propias para las Fuerzas Armadas. De igual manera, desde ASFASPRO defendimos la misma idea en todos nuestros informes y propuestas alertando del despropósito que se pretendía llevar a cabo, pero ni caso.
Tal vez, aunque el empecinamiento ministerial de aquellos años no tiene explicación alguna, lo único que se nos ocurre es que a unos le cegó la posibilidad de meter mano en la formación de los militares a través de los claustros de las universidades y, a otros, unos títulos de graduado en ingeniería que complicaron la vida académica y no mejoraron la formación que se adquiría con el anterior sistema. La prueba palmaria de su fracaso es que este modelo está siendo reformado en tiempo récord y los nuevos aspirantes a oficial de los Ejércitos de Tierra y Aire ya cursan grados universitarios específicos desde el curso 2024/2025, pudiendo adquirir la titulación de máster tras la superación del 5º curso de formación académica. O eso podemos deducir tras la lectura de las nuevas disposiciones aprobadas hasta el día de hoy, porque la transparencia es inexistente y la información escasa.
¿Y que hay para los suboficiales? Porque lo cierto es que el nuevo reglamento introdujo con calzador unos innecesarios títulos de formación profesional de grado superior, la mayoría de muy dudoso encaje en la profesión militar, que lo único que consiguieron fue dificultar los planes de formación y justificar la permanencia de los suboficiales en el lado más bajo de la brecha creada por las sucesivas leyes de personal. Y es que el clasismo y la doble vara de medir son evidentes. Por un lado, se aprueba una disposición que equipara a la titulación de máster los antiguos planes de estudios de los miembros de la Escala Superior de Oficiales y se trabaja denodadamente para que los nuevos planes tengan ese mismo reconocimiento. Por otro, se deja en la estacada a los suboficiales, sometidos a unos inútiles planes de estudios que mantienen sin valoración una buena parte de la formación académica con el fin de dificultar la legítima promoción profesional, cuestión ésta que nunca nos vamos a cansar de repetir, porque es cierta.
La patrimonialización de la Institución de la que hace gala un grupo de servidores públicos, el clientelismo y las actitudes clasistas, nos obligan a sentirnos como ratones que corren y corren en una rueda giratoria y que nunca llegan a ninguna parte. En estas circunstancias no hay forma alguna de avanzar, porque siempre se les ocurre una manera de devolvernos a la casilla de salida para que la maldita brecha sea cada día más grande. Avanza la sociedad civil, avanzan otros cuerpos de servidores públicos, pero a nosotros pretenden “regalarnos” un supuesto título equivalente de formación profesional de grado superior, retrotrayéndonos a la situación anterior a la Ley 39/2007. ¡Es indignante!, por no decir delictivo.
Por más vueltas que quieran darle nuestros detractores, la función y las misiones de los suboficiales en las Fuerzas Armadas son coincidentes en muchos aspectos a las del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado o al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. Ya estamos en el subgrupo A2 a nivel retributivo y cursamos tres años de formación académica, que se podrían ampliar con un año de prácticas en las unidades, modificando y adaptando los planes de estudios.
¿Por qué entonces no se configura un currículo que otorgue al sargento la titulación de grado universitario cuando egrese de la academia militar?
¿Por qué tienen tanto miedo a que se acorte la brecha social en las Fuerzas Armadas si en la sociedad civil a la que también pertenecemos ya funciona este sistema durante todo el periodo democrático? Funcionarios, técnicos, personal de enfermería, maestros, subinspectores de la Policía Nacional…
Y es que este pertinaz inmovilismo no solo nos perjudica a nivel nacional limitando el acceso a todos los niveles del subgrupo A2, porque mantener el nivel EQF-5 (FP Superior) limita la homologación de capacidades en escenarios multinacionales y condiciona el acceso a destinos OTAN, donde el estándar formativo se aproxima al grado. En muchos países OTAN (Francia, Alemania, Reino Unido, EE. UU., Canadá, Italia), los suboficiales de nivel Senior (equivalentes a OR-7 y OR-8) acceden o progresan con titulaciones de nivel EQF-6 (grado universitario).
Todas estas razones que hemos expuesto, deberían obligar a los legisladores a cambiar el estado de las cosas con la aprobación de una nueva ley de personal que ponga coto al clasismo y a los intereses particulares de una minoría. No queremos regalos ni favores, solo justicia e igualdad de trato.