15/07/2015 - Estrella digital -

Los materiales utilizados por los agentes de la Guardia Civil perteneciente al Grupo de Técnicos Especialista en Desactivación de Explosivos (TEDAX) vuelven abrir una nueva crisis. “A veces el material con el que se dota a las unidades para estas prácticas no es el más seguro” advertía una fuente militar a EstrellaDigital.es en un artículo anterior. La diputada de UPyD, Irene Lozano, iba más lejos preguntando al Gobierno en el Congreso de los Diputados, sí los Servicios de Almacenamiento de Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa seguiría “suministrando material explosivo caducado”. Ayer una nueva explosión le costaba la vida a un agente de la Guardia Civil a los TEDAX. En el punto de mira, los materiales y una nueva víctima mortal. Una vez más, los materiales. Una vez más, una desgracia.

Intencionadamente o no, se ignora que los suboficiales hemos sido el colectivo más perjudicado por todas las leyes de personal del periodo democrático. Solo hace falta repasar los boletines oficiales del Estado y Defensa para comprobar que mientras se recortaron una vez tras otra los derechos y expectativas de los suboficiales se potenció, con cada nueva ley, los de otras escalas o militares. Esta verdad, a buen seguro incómoda para muchos, no ha dado lugar a las obligadas modificaciones que podían minimizar la injustificada ausencia de seguridad jurídica que hemos sufrido durante todos estos años.

A pesar de las tibias propuestas de modificación y amparándose en futuros agravios que no se han descrito, y en el componente económico, parece que la Administración pretende trasladar la efectividad de su organización, en este caso las Fuerzas Armadas, menoscabando los derechos del militar. Sin embargo, los trabajadores de otras administraciones públicas disponen de una regulación laboral adecuada cuyo personal se beneficia de una plena conciliación de la vida familiar y laboral; de periodos de descanso o remuneración por las distintas guardias o prestación de servicios fuera de su jornada habitual; de una jornada laboral acorde con la legislación vigente; de una verdadera promoción interna o de un régimen de jubilación específico por desarrollar actividades de riesgo, penosas o peligrosas, sin que se resienta su funcionamiento u organización. Si para que esa parte del Estado funcione con normalidad hay suficiente dinero, ¿por qué pretende ese mismo Estado que la singularidad de la profesión militar –que no olvidemos compromete hasta la última gota de nuestra sangre si fuese necesario– la sufraguemos nosotros mismos y nuestras familias?