Procesan a 45 oficiales del Ejército del Aire por cobrar falsas mudanzas

 

08/09/2014 - elmundo.es -

La Justicia militar ha procesado a 45 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire por cobrar falsas mudanzas. La resolución, dictada el pasado martes por el Juzgado Togado Militar Central número 2, atribuye delitos contra la Hacienda Militar, castigados con cárcel, a un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y media docena de sargentos.

El sistema destapado consistía en que los procesados, muchos de ellos recién licenciados de la Academia, reclamaban la indemnización por traslado de residencia aportando documentos «que resultan ser falsos o mendaces, al no llevarse a cabo ninguna mudanza». Los mandos obtuvieron así entre 2.300 y 4.000 euros por cada falso traslado.

Los documentos falsos los proporcionaba el cerebro de la trama, el teniente David Hernández Calet, que se llevaba a cambio en torno al 25% del dinero. El juzgado resume así su actividad: «Durante su permanencia, primero en la Base de Cuatro Vientos (Madrid) y luego durante su estancia en el Ala 49 (Palma de Mallorca), se ofreció a los distintos militares que aquí aparecen como inculpados, en su mayor parte tenientes recién salidos de la Academia, para conseguirles [...] presupuestos de distintas empresas de mudanzas, así como facturas falsas, para con ellas poder obtener éstos, de forma fraudulenta y sin la realización material de mudanza alguna, la indemnización por traslado de residencia». Hernández Calet contaba para ello con la ayuda del capitán «encargado de retocar la documentación falsa».

Las cantidades percibidas por cada falsa mudanza oscilaron entre un mínimo de 2.316 euros y un máximo de 4.059. Esta última cifra fue la que se llevó en noviembre de 2011 el oficial de más graduación de entre los que el juez pone camino del banquillo, el comandante Ignacio María Dávila Torres, destinado en el Estado Mayor del Aire.

Un error de kilometraje destapó la estafa

El montaje se destapó gracias a un error de kilometraje. En abril de 2012, un empleado civil de Getafe encargado de verificar los papeles detectó la inexactitud en uno de los tres presupuestos que es preceptivo presentar. Se trataba de un teniente que había iniciado los trámites para obtener la indemnización por un traslado desde Palma de Mallorca a Albacete. Las consultas con la empresa de mudanzas acabaron revelando que el documento era falso.

El juez militar explica que, para convencer a la dueña de la empresa afectada de que no tirara de la manta, el principal implicado le ofreció «unas vacaciones pagadas para ella y su familia en un complejo residencial del Ejército del Aire en Canarias», además de «una importante suma de dinero (60% de sus ganancias)». En esas conversaciones el militar aseguró que falseaba anualmente en torno a medio millar de mudanzas y que lo venía haciendo desde 2008.

Los dueños de esta empresa de mudanzas llegaron a estar imputados a petición del principal acusado, pero el juez les ha eximido de responsabilidad alegando que «es finalmente gracias a ellos, que denuncian los hechos tras un breve tiempo, [...] que esta práctica defraudatoria ha podido ser descubierta». El juez sí responsabiliza al dueño de otra empresa de mudanzas, que colaboró en 13 de los fraudes y se convierte en el procesado número 46.

El auto explica que la falsedad de los documentos bastaría para demostrar que las mudanzas fueron fraudulentas, pero añade que en muchos casos las circunstancias de los implicados hacen que, más allá de trasladar «su equipaje y algún que otro enser», la idea de tener que hacer una verdadera mudanza no tuviera ninguna lógica.

Es el caso de 35 recién licenciados de la Academia, «sin ningún familiar a cargo y con el problema del alojamiento resuelto en la propia Academia, en la que en principio debían residir salvo autorización expresa, que ninguno tenía. De modo que el hipotético alquiler de un piso lo sería exclusivamente para el fin de semana y horas de paseo». «Por lo demás», prosigue el auto, «durante el año inmediatamente anterior a la finalización de sus estudios residieron todos ellos buena parte del tiempo en localidades distintas a la de Murcia y/o su provincia, adonde regresaron el último mes para la entrega de despachos, por lo que la necesidad de buscarse un alojamiento en las proximidades de San Javier (Murcia) resulta a todas luces lógica y económicamente descabellada».

El artículo 189 del Código Penal Militar castiga el delito contra la Hacienda Militar con penas de uno a 10 años de cárcel cuando el dinero obtenido ilegalmente se destine, como en este caso, al lucro personal. El juez mantiene a los procesados en libertad provisional al estimar que, dado que las cantidades defraudadas fueron bajas, es previsible que la pena se aplique en su tramo inferior. El juzgado ha descartado finalmente procesarles también por el delito de deslealtad que se les imputaba, al entender que la pena del delito contra la Hacienda Militar ya castiga la falta «de probidad y seriedad del militar».

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