La Comisión de Defensa del Parlamento británico es igualmente activa. Su página web contiene abundante información sobre temas generales de interés para la defensa y la seguridad del Reino Unido, con especial énfasis en estudios detallados sobre operaciones en curso, futuro de las Fuerzas Armadas o temas relacionados con política de adquisiciones. Los parlamentarios británicos han sido especialmente activos en el impulso de iniciativas, como el denominado “DefenceGrowthPartnership”, que ha permitido establecer una nueva fórmula de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la industria, para proporcionar a los militares británicos el equipamiento necesario en un escenario económico que recomendaba introducir cambios legislativos.

Esta actividad contrasta con la desarrollada por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, que se ha reunido durante esta legislatura 30 veces desde su constitución el 17 de enero de 2012. Tal y como figura en los diarios de sesiones, buena parte de las reuniones se han producido a petición del Gobierno. La mayoría de los temas tratados han versado sobre el desarrollo del régimen transitorio de la Ley de Carrera Militar –para lo que se constituyó una subcomisión específica–, el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas o la situación en relación con la desafectación de determinadas propiedades del Ministerio en algunas Comunidades Autónomas. En este último aspecto los grupos nacionalistas son especialmente activos. Comparativamente, el seguimiento de la situación de las operaciones en el exterior o el control del ejecutivo sobre las inversiones en programas de modernización, despierta poco interés si analizamos los diarios de sesiones. En contraste con los parlamentos de nuestros vecinos, las publicaciones relacionadas con defensa promovidas en el seno de la Comisión de Defensa o realizadas por sus miembros son escasas, por no decir inexistentes.

En ese marco es llamativo que los diputados que representan a los distintos partidos, especialmente los que están en la oposición, no hayan utilizado más durante esta legislatura la sede parlamentaria para debatir, aclarar o profundizar –a ser posible a priori y no siempre a posteriori- todo lo referente al equipamiento de las Fuerzas Armadas españolas y la reorganización de los órganos de contratación, en vez de haber utilizado otras vías más cuestionables. Bien es cierto que el Gobierno informó oportunamente de sus planes respecto a cómo renegociar las adquisiciones más importantes, pero es evidente que la sede parlamentaria podía haber sido un buen lugar para, al menos, analizar sus consecuencias y repercusiones en profundidad,   más allá de limitarse a un simple tomar nota.

La política industrial de defensa –por su necesario carácter plurianual y a largo plazo- debe ser, para tener resultados positivos, una política de Estado compartida y consensuada por el máximo de fuerzas políticas. Ese es el único camino para que cualquiera que gobierne se responsabilice de sus obligaciones, consecuencias y repercusiones. Por todo ello todavía sigue siendo necesaria más información y un análisis pausado y responsable de los efectos que las inversiones en programas de modernización están produciendo y producirán a corto y medio plazo en nuestras Fuerzas Armadas y nuestra industria de defensa. Debate que tendría que ser objeto de la atención preferente de la Comisión de Defensa, a donde deberían haber ido o comparecido no sólo representantes del Gobierno o expertos sino incluso representantes de la propia industria. Es evidente que se puede y debe exigir a sus señorías que encaucen debidamente su actividad en el Parlamento, donde reside la soberanía nacional, y desempeñen su actividad de forma continua y más profunda.