La sombra de un fraude de 10 millones salpica al Ejército del Aire

02/06/2014 - La Voz digital -

El Juzgado Togado Militar Central dos de Madrid mantiene imputados desde hace más de un año a 46 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire acusados de los delitos de deslealtad y contra la hacienda en el ámbito militar, castigados con entre tres meses y seis años de prisión, según el sumario al que ha tenido acceso este periódico.

El juez instructor les acusado de haber urdido un fraude masivo a través de la simulación de facturas y documentos oficiales para recibir una indemnización por traslado forzoso, denominada ITR. Se trata de un fondo nutrido por el Ministerio de Hacienda que está gestionado por la dirección general de asuntos económicos del Ejército del Aire.

Las pesquisas judiciales comenzaron a finales de 2012 y continúan abiertas a la espera de que el juez procese a los imputados o dictamine el sobreseimiento de sus procedimientos. La causa llegó a tener más de 150 militares investigados, pero finalmente se ha reducido a 46. Un volumen que ha llegado a repercutir en el funcionamiento de algunas unidades aéreas, ya que el Ministerio de Defensa suspendió de sus funciones a algunos de los implicados.

De momento hay un comandante, tenientes, capitanes y sargentos imputados que están destinados en las bases aéreas de Murcia, Zaragoza, Madrid, Canarias, Sevilla, Albacete o Palma de Mallorca.

Aunque no existe una cifra cerrada, las estimaciones del dinero presuntamente malversado podrían oscilar entre los siete y los 10,5 millones de euros, según el testimonio del principal encausado, el teniente David Hernández Calet, de 35 años y destinado en la base de Son San Juan de Palma de Mallorca.

Según el sumario, este se jactó ante el propietario de una empresa de mudanza investigada que «durante cinco o seis años» venía produciéndose el fraude, entre los años 2008 y 2012, y que «fue una práctica habitual entre gran parte de las promociones 58 a 61 al salir de la Academia General del Aire».

Las cifras del esquema delictivo incluían unas 500 mudanzas al año durante los «cinco o seis años» que funcionó la trama, es decir, de 2.500 a 3.000 traslados sospechosos. A esto hay que añadir los 3.000 o 3.500 euros de media que recibía cada militar como indemnización por realizar la mudanza, dado que en el Ejército del Aire existe una gran movilidad laboral.

Calet, el conseguidor

En la cima de la trama se encuentra el teniente Calet, al que casi todos sus compañeros implican como la persona a la que le pidieron sus servicios para gestionar la indemnización. El oficial del Ejército del Aire comenzó a urdir el plan de mudanzas simuladas en la base de Cuatro Vientos (Madrid). Para ello contó con la ayuda de un capitán, según sospecha el juez.

Así, el nombre de Calet comenzó a extender de base en base como 'el conseguidor de las mudanzas'. Vendía que tenía una empresa familiar que gestionaba el traslado de los enseres de los pilotos de Murcia a Madrid o de Sevilla a Canarias, por ejemplo. Además, se encargaba de gestionar con la autoridad competente la indemnización de 3.000 o 3.500 euros por traslado. A cambio, se llevaba unos 500 euros por cada gestión, que iban a una cuenta de su hermano para no llamar la atención. Esta relación del teniente Calet con el Ejército del Aire no era casual, «ya que su familia tenía un contrato para lavar las aeronaves en el Ala 48 de Cuatro Vientos», según la declaración judicial de un implicado en diciembre de 2013.

Todo estaba perfectamente engrasado hasta que una factura no pasó el filtro del funcionario de Getafe encargado de supervisar las cuentas. Fue en uno de los tres presupuestos de mudanza que presentaba cada solicitante. Lo que el supervisor pensaba que era «un error tipográfico» de una factura acabó destapando la trama. Fue en julio de 2012 y tras una serie de indagaciones la compañía 'SDR mudanzas', de Madrid, denunció ante un juzgado que estaban usando su nombre para falsear facturas. Así se descubrió que había otras cinco empresas utilizadas y que el fraude en el denominado ITR era masivo.

En diciembre de 2012 fue detenido el teniente Calet y una semana después el capitán Blaya. En abril pasado Calet lo negó todo ante el juez y culpó a los dos propietarios de SDR, de nacionalidad colombiana, de querer hacer negocio con el Ejército. De momento, los denunciantes también están imputados aunque defienden su inocencia.

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