Un diálogo de sordos, eso es el título que encabeza este artículo, y de la misma manera se podría definir la interlocución entre el Ministerio de Defensa y su personal militar, representado por las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas. Pero sería faltar a la verdad, no se trata de un diálogo entre dos actores sordos, ni lo son las asociaciones ni lo es el ministerio. Nos encontramos ante otra cosa.

Estamos ante unas asociaciones que ejercen lealmente su función, que no es otra que defender los intereses profesionales, económicos y sociales de sus asociados -labor que también beneficia al resto de profesionales de la milicia- mediante el uso de las herramientas que la ley les permite, acudiendo al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, al órgano legislativo, a los tribunales… o, si se da el caso, manifestándose también en la calle, como permite la ley. Unas asociaciones que, como militares que son, exponen las cosas sin paños calientes, sin esconder nada, de forma veraz y contrastada.

El impacto emocional que la actual crisis sanitaria está provocando entre los ciudadanos por los miles de fallecidos y contagiados, el largo y hasta ahora desconocido confinamiento y el miedo, la angustia o la desesperación por el incierto futuro que se nos presenta, ha puesto en el primer plano de la actualidad la impagable labor de diversos profesionales que hasta ahora eran casi invisibles o estaban situados en el rincón secundario entre las prioridades de una sociedad acostumbrada a que la mayoría de sus problemas habituales no pudiesen derivar en enfermar gravemente de manera masiva y de un día para otro, con el posible resultado de muerte. Esta es una cruda realidad que hasta hace pocos días nos era muy lejana y que solo vivíamos a través de los telediarios cuando hablaban de epidemias localizadas casi siempre en países de África o del lejano oriente.

Sin embargo, cuando las impactantes imágenes que nos llegaban de China desde comienzos de este año 2020 se trasladaron a nuestros pueblos, ciudades y, sobre todo, hospitales, los trabajadores sanitarios y científicos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, Bomberos o Protección Civil, además de muchos otros trabajadores como los transportistas, empleados de supermercado, personal de limpieza, vigilantes de seguridad, etc., pasaron a formar parte de la vanguardia dedicada a enfrentarse a la crisis más grave que ha vivido España desde la Guerra Civil, quedando lo verdaderamente superfluo, aunque lamentablemente no en toda su extensión, reducido a formar parte de la en este caso inservible retaguardia.

El lunes 27 se reunió la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados con la comparecencia de la ministra de Defensa para informar sobre la crisis del COVID-19. La ministra por la mañana acudió a la sesión extraordinaria del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y por la tarde a la Comisión de Defensa.

La ministra Robles desveló que el Ejército de Tierra tenía 1.250 infectados, 193 diagnosticados y 1.057 en cuarentena; la Armada 543 aislados (incluidos civiles), 49 positivos y 19 ingresados en hospital; el Ejército del Aire 84 afectados, la UME un 3% de afectados y en la Misión EUTM-Malí 2 positivos y 7 sospechosos. Estos datos, que fueron solicitados por ASFASPRO a finales de marzo, ¿por qué no se aportaron en el Consejo de Personal celebrado unas horas antes? (vídeos nº 2 y nº 18).

Estos días los medios de comunicación se han hecho eco de los datos oficiales de la incidencia de la pandemia en sanitarios, guardias civiles y policías, incluso del número de test practicados a estos colectivos. Es posible saber cómo el virus ha afectado y, por tanto, valorar si los procedimientos y las medidas de protección han sido adecuados y, aún más importante, si son mejorables.

Por el contrario, de los militares -especialmente los que han estado o están en primera línea- se desconocen los datos: fallecidos, infectados, aislados, test realizados. El Ministerio de Defensa no los facilita y tampoco da razón para ello. Tan solo el 2 de abril el JEMAD en su comparecencia diaria admitió que había 230 infectados y 3194 aislados, sin especificar nada más.

El coronavirus ha afectado a todos los órdenes de la vida, también al cultural. Con el fin de evitar los problemas de diversa índole que afectan a los investigadores interesados en presentar sus obras al Premio In Memoriam Mª Manuela (Mané) González-Quirós, el patrocinador ha modificado el plazo de entrega de los originales, ampliándolo hasta el 31 de agosto.

Aquellos compañeros que venían preparando un texto pueden aprovechar estos meses para finalizarlo sin presiones. Ánimo, y a continuar escribiendo la historia de los suboficiales.

La asociación sin ánimo de lucro EMDR-España ha puesto en marcha un programa gratuito de intervención en trauma agudo como un modo de apoyar ante los efectos psicológicos de la pandemia del COVID-19 en aquellas personas que puedan verse emocionalmente afectadas.

No es un programa de intervención en crisis (para eso ya están los programas de los COP, la Cruz Roja y diversas organizaciones). Es una intervención específica sobre trauma agudo debido al COVID-19. Su objetivo fundamental es prevenir la aparición del TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) en las personas que están interviniendo con afectados por esta pandemia o aquellos que están sufriendo sus consecuencias más graves: enfermedad en su forma más severa y pérdidas. 

Tras más de tres semanas de vigencia del estado de alarma se están abriendo paso en los medios de comunicación aspectos que inicialmente no atraían la atención y ahora van haciéndose un hueco. Uno de ellos es el papel de las Fuerzas Armadas en la resolución de la crisis, cuando son un elemento que normalmente no aparece en la escena pública. Y quizás por este mismo motivo se puede comprobar que se echa mano de mucho tópico en numerosos artículos e intervenciones en los medios de comunicación. El último asunto a colación ha sido la discusión sobre la conveniencia o no de patrullas mixtas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y Fuerzas Armadas (FAS) para realizar labores de seguridad ciudadana.

Los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han salido de sus cuarteles participando en una operación militar en territorio nacional, la Operación Balmis, y se comportan con la misma profesionalidad, seriedad y humildad con la que vienen realizando las misiones en el exterior, cualidades que ya ha sido reconocidas por nuestros aliados y por las naciones anfitrionas. Desgraciadamente los españoles pueden verlo ahora bien de cerca y ojalá no hubieran tenido que comprobarlo en estas circunstancias. La realidad es que las Fuerzas Armadas están utilizando sus múltiples capacidades en apoyo a las necesidades que la situación plantea: descontaminación/desinfección, instalación de hospitales de campaña, fabricación de medicamentos, transportes de todo tipo, traslado de cadáveres… y también protección de fronteras y vigilancia en las calles. Y aquí parece que se disparan algunas alarmas. De forma injustificada se despiertan viejos fantasmas y se alimentan prejuicios gratuitos con la falta de conocimiento del trabajo diario de nuestros militares: que si patrullas mixtas, que si competencia entre cuerpos y entre ministerios…, que solo enturbian la imagen del conjunto de servidores públicos que están poniendo su esfuerzo y su sacrificio para el bienestar colectivo de la ciudadanía.