Sin embargo, la Ley1 dice claramente que los militares tienen derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de su actividad, y que el Estado debe promover las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la seguridad y salud del personal de las Fuerzas Armadas al utilizar los medios y equipos puestos a su disposición.
¿El Estado ha hecho todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestros compañeros caídos?
Los responsables, que los hay, pueden escudarse en las futuras averiguaciones de la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), cuya labor quedó en entredicho en el caso del accidente del año 2012 del F-5 en Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz) en el que falleció el Comandante Ángel Álvarez Raigada y resultó gravemente herido el Alférez Alumno, hoy teniente honorífico, Sergio Santamaría de Felipe. En este caso, que aún sigue en vía judicial, hasta el Consejo de Ministros tuvo que intervenir para desclasificar algunos documentos secretos sobre el accidente.
Los accidentes no se producen sólo por una causa sino por un conjunto o cúmulo de ellas en las que influyen numerosas circunstancias, desde el estado anímico o estrés de las tripulaciones hasta la antigüedad de medios y equipos. Una política activa de prevención de riesgos laborales no consiste en el “yo ya pedí la renovación del material”, “está firmada la compra” o “yo ya lo dije en sede parlamentaria”. Y menos aún ayuda que los diferentes gobiernos, ministros y ministras desde el año 2010 hayan mermado sin compasión y sin una valoración real de las consecuencias los presupuestos de Defensa.
¿Qué compañía aérea podría aguantar tres accidentes mortales en seis meses?
¿La ministra de Defensa hará algo o seguiremos rezando?
1 Art. 27 Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.