La problemática de personal se incorpora a la Directiva de Defensa Nacional. Este verano se ha promulgado por fin la nueva Directiva de Defensa Nacional que deroga la anterior de 2012. Si tenemos en cuenta que venía siendo habitual que este documento, marco general de la defensa nacional, fuera renovado a cada inicio de legislatura, es decir, cada cuatro años, nos encontramos ante una noticia importante. Efectivamente, se ha adaptado a la realidad actual incluso haciendo mención a las necesidades del personal y a la importancia de que estas estén cubiertas para que se pueda cumplir adecuadamente la misión.

Las asociaciones profesionales nos centramos en las cuestiones referentes al personal, no en balde nuestra finalidad es la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales del militar. Desde este punto de vista es importante que la Directiva de Defensa Nacional 2020 haya incorporado por primera vez entre las directrices de actuación: “La calidad de vida y unas condiciones de trabajo seguras y dignas para los miembros de las Fuerzas Armadas”. La importancia de estas ha sido resaltada ya tanto por el Observatorio de la Vida Militar –en su Memoria informe del año 2015- como por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en el dictamen sobre dicho informe, en 2017.

Las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME, ATME y UMT hemos tenido conocimiento de la última versión del proyecto de real decreto de modificación del reglamento de retribuciones militares en el que se establecen variaciones en los complementos de empleo y en la disminución salarial en la situación de reserva al cumplir los 63 años.

Este documento, fechado un día antes de la última reunión mantenida con la Ministra de Defensa y del que, con absoluta deslealtad, no se informó en la misma, no recoge la propuesta de mínimos de las asociaciones para comenzar una negociación que permita asegurar una mejora en las retribuciones de los militares, los cuales no merecen menos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Seguimos siendo ninguneados y olvidados, excepto cuando se nos pide compresión, sacrificio y trabajo por la situación actual, ¿qué comprensión recibimos los militares y nuestras familias?

Excma. Sra. Dª. María Jesús Montero Cuadrado

Ministra de Hacienda

Calle Alcalá, 9

28014 Madrid

Madrid, 4 de agosto de 2020

Estimada Señora Ministra,

Nos dirigimos a Vd. en calidad de representantes de las principales asociaciones profesionales de los miles de hombres y mujeres miembros de las Fuerzas Armadas. Hombres y mujeres que realizamos un trabajo con gran sacrificio personal, familiar y social, y que, literalmente, empeñamos nuestra vida en defensa de España. Queremos llamar su atención, sobre la grave situación que miles de militares atravesamos desde hace años como consecuencia de una política de retribuciones injusta y cuya resolución está en buena parte en sus manos.

El tiempo transcurrido entre la solicitud del pleno y su celebración, con el estado de alarma finalizado y ya en la nueva normalidad, ha supuesto un cambio de situación, pero siguen subsistiendo problemas o se generan nuevos enraizados en la crisis del coronavirus.

A diferencia del pasado pleno extraordinario sobre el mismo tema, hemos recibido promesas de respuesta -que no es lo mismo que soluciones- a las cuestiones planteadas. Por otro lado, es alarmante el silencio que la ministra Robles guarda en lo relativo a las retribuciones, continuando con el agradecimiento de palabra, pero no con hechos. Ofrecer el caramelo del CDE del mes de agosto a los implicados en la Operación Balmis es una burla frente a la subida de sueldo del 20% de todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pasados más de 12 años desde la entrada en vigor de la Ley 39/2007, de la carrera militar, esperamos que el diálogo ofrecido por la nueva Subsecretaria de Defensa, Amparo Valcárcel, no quede en uno más de los muchos brindis al sol que nos han prometido los políticos durante todo este tiempo. La Ministra de Defensa y sus colaboradores, en los dos años de su mandato, no han realizado ninguna mejora de calado en nuestra carrera profesional. La nueva subsecretaria solo tiene que mirar hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para darse cuenta de que es posible otra carrera profesional y que lo único que hace falta es su voluntad para llevarla a cabo.

En lo que respecta a las retribuciones, ni tienen intención de mejorarlas de manera efectiva ni muestran sonrojo alguno cuando son conscientes de que cualquier policía o guardia civil recién salidos de su academia, y ya no digamos un policía autonómico o local, cobran más o significativamente más que los cien mil hombres y mujeres con empleos inferiores al de capitán. Estamos ante una clara discriminación que nos sitúa como empleados públicos y ciudadanos de segunda, sometidos al olvido de todos. En consecuencia, sin excusa alguna, solo nos queda la vía de la masiva movilización del colectivo para exigir a políticos, instituciones y sociedad civil, respeto, dignidad y reconocimiento de la singularidad de la profesión militar.

ASFASPRO, AUME, ATME y UMT se reúnen con la Ministra de Defensa obteniendo el compromiso etéreo de abordar la grave situación de las retribuciones del personal militar atendiendo a las propuestas de las asociaciones. De nuevo palabras sin hechos concretos. Las asociaciones mantienen la convocatoria de manifestación para septiembre.

Las asociaciones profesionales presentan a la ministra tres propuestas de mínimos para iniciar la actualización de las retribuciones militares y la ministra solo asume un compromiso de “trabajo” de cara a los Presupuesto Generales del Estado.

“La crisis económica sufrida por nuestro país en los últimos años junto con una política de personal fracasada ha sumido a la profesión militar en la marginación social y retributiva.” Estas palabras las expresamos ya en el manifiesto que en febrero del 2019 presentamos al comunicar que habíamos solicitado un pleno extraordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas para tratar de conseguir el reconocimiento retributivo de la profesión militar.

“La crisis económica sufrida por nuestro país en los últimos años junto con una política de personal fracasada ha sumido a la profesión militar en la marginación social y retributiva.” Estas palabras las expresamos ya en el manifiesto que en febrero del 2019 presentamos al comunicar que habíamos solicitado un pleno extraordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas para tratar de conseguir el reconocimiento retributivo de la profesión militar. Ha pasado más de un año y no seguimos igual, estamos peor. La crisis del COVID-19 ha permitido que los ciudadanos comprueben directamente que las Fuerzas Armadas constituimos el último recurso ante situaciones de riesgo, trabajando codo con codo junto a otros profesionales de otros gremios. Ahora una crisis económica se suma a la sanitaria, y en esta nueva normalidad observamos de nuevo que hay dinero para todos excepto para los militares.

Tras constatar la inacción del Ministerio de Defensa ante el desfase crónico de las retribuciones de las Fuerzas Armadas, las asociaciones profesionales mueven ficha y obligan al Ministerio a tratar el problema.

La grave situación actual de las nóminas de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas es un hecho objetivo reconocido por todas las instituciones y organismos que han prestado una mínima atención a las retribuciones militares en los últimos años. No es una novedad.

ASFASPRO, AUME, ATME y UMT presentan queja al Defensor del Pueblo para instar al Gobierno a ejecutar la actualización de las paupérrimas retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, dignificándolos, en consonancia por lo señalado por los grupos parlamentarios en el Congreso.

El personal militar está harto de que su trabajo y profesionalidad, que conllevan grandes sacrificios personales y familiares, junto a una disponibilidad permanente para el servicio, no tengan un reflejo justo en sus retribuciones. Las asociaciones profesionales, que los representan, se sienten ninguneadas y engañadas desde la propia cúpula ministerial.

La Sentencia de 26 de abril de 2018 del Tribunal Supremo, declaró la nulidad del Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre¹.

El Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre², recogía el acuerdo del Pleno del Consejo de Personal, de fecha 24 de marzo de 2015, -producto de una propuesta de ASFASPRO- de incluir a un representante de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas con representación en el Consejo de Personal en la Junta de Gobierno del ISFAS. Tras su anulación este representante desapareció, volviendo a la situación anterior.