El día 29 de enero, justo a la finalización del Pleno extraordinario sobre retribuciones, se celebró el segundo Pleno extraordinario del Consejo de Personal en el Ministerio de Defensa de este año. Como el anterior Pleno y debido a la situación sanitaria originada por el COVID-19, se celebró en formato reducido, presidido por la Subsecretaria de Defensa y asistiendo al mismo la Directora General de Personal Militar (DIGENPER), el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), los Mandos de Personal de los Ejércitos y la Armada, y cinco representantes de las asociaciones profesionales.

El Pleno comenzó a instancias de la presidencia, procediendo a la apertura de la sesión y la lectura del orden del día por parte del Secretario Permanente del Consejo.

A la finalización de la misma y antes de comenzar el primer punto el representante de ASFASPRO intervino para expresar su asombro por la convocatoria de un Pleno extraordinario para tratar asuntos propios de un Pleno ordinario, habiendo ya fecha fijada para el mismo. No ocurre lo mismo con propuestas de la Asociaciones que se quedan fuera del orden del día y no son debatidas, por lo que la Asociación cree necesario aumentar el número de Plenos que se celebran al año.

El día 29 de enero se celebró el Pleno extraordinario del Consejo de Personal en el Ministerio de Defensa monográfico sobre retribuciones. Como en anteriores plenos y debido a la situación sanitaria originada por el COVID-19, se celebró en formato reducido, cinco representantes ministeriales y cinco representantes de las asociaciones con representación en el Consejo. Presidido por la Subsecretaria de Defensa, asistieron la Directora General de Personal Militar (DIGENPER), el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), los Mandos de Personal de los Ejércitos y la Armada, y cinco representantes de las asociaciones profesionales (ASFASPRO, AUME, ATME, UMT y APROFAS).

El Pleno comenzó a instancias de la presidencia, guardando un minuto de silencio por los miembros de las Fuerzas Armadas recientemente fallecidos por covid-19, especialmente el Arzobispo Castrense Diaz del Rio y nueve militares más.

A continuación, se procedió a la apertura de la sesión y la lectura del orden del día por parte del Secretario Permanente del Consejo y, a la finalización de la misma y antes de comenzar el primer punto el representante de ASFASPRO solicitó la palabra a la presidencia que le fue concedida.

Este viernes ha sido convocado el pleno extraordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas solicitado por las asociaciones militares para tratar el tema de las retribuciones. Lamentablemente, el Ministerio de Defensa no solo no ha atendido a lo solicitado por estas, impidiendo que se debatiera la creación de una comisión de trabajo para tratar las retribuciones sino que no ha admitido a trámite las propuestas presentadas por las asociaciones. Ante esta situación ASFASPRO se ha visto obligada a no legitimar el pleno con su presencia y ha abandonado el pleno tras solicitar su anulación por no adecuarse el orden del día a lo solicitado en julio pasado por las asociaciones, siendo que la ley obliga al ministerio a convocarlo según lo solicitado.

El Ministerio de Defensa facilitó dos días antes a las asociaciones un estudio sobre retribuciones que es un fiasco, pues no solo no tiene en cuenta las demandas de las asociaciones sino que omite completamente cualquier proyecto de modificación del caduco reglamento de retribuciones actual, y se permite sacar pecho proponiendo unos escasos aumentos de 40€ para algunos puestos de trabajo. Cualquier comparación con los 600€ de aumento recibidos por un guardia civil en los últimos tres años es sencillamente insultante.

El pasado día 04 de diciembre se celebró el cuarto pleno ordinario del Consejo de Personal en el Ministerio de Defensa. Debido a la situación sanitaria originada por el COVID-19, se llevó a cabo en formato reducido, cinco representantes ministeriales y cinco representantes de las asociaciones con representación en el Consejo.

Presidido por la Subsecretaria de Defensa, asistieron la Directora General de Personal Militar (DIGENPER), el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), los Mandos de Personal de los Ejércitos y la Armada, y cinco representantes de las asociaciones profesionales.

El ministerio presentó cinco disposiciones normativas de las que se debatieron dos. Además, se trataron 17 propuestas y varias decenas de preguntas y ruegos de las asociaciones profesionales.

La ministra Robles, no sólo elude los deberes del ministerio con las asociaciones profesionales, sino que desprecia el diálogo con las mismas en un momento tan importante como el actual de debate de enmiendas de los presupuestos.

Los hombres y mujeres militares contemplan de forma atónita como guardias civiles y policías nacionales reciben en sus nóminas el tercer tramo de su “equiparación” salarial con otras policías –el proceso ha supuesto un aumento de 600€ mensuales para un guardia civil, por ejemplo- , mientras que en las Fuerzas Armadas no se tiene ni conocimiento de lo propuesto por el ministerio para estos presupuestos en materia retributiva.

El pasado 5 de noviembre comparecieron la Secretaria de Estado, el JEMAD y la Subsecretaria de Defensa en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar sobre el proyecto de Presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2021.

Tras la intervención del JEMAD varios grupos parlamentarios comienzan a recordar el papel de las asociaciones y el necesario incremento de las retribuciones.

Subir 24,4 € a un soldado o marinero es una tomadura de pelo y está muy alejado de los 100€ exigidos por las asociaciones profesionales. La exposición del ministerio de la propuesta salarial es decepcionante y no da respuesta, en absoluto, a las reclamaciones de las asociaciones.

Madrid, 6 noviembre de 2020

Aunque desde el Ministerio de Defensa se afirmó en las comparecencias en la Comisión de Defensa que se dedican 175 millones de euros a la actualización salarial, esto no es correcto ya que se incluyen las retribuciones del personal civil que, como el resto de empleados públicos, experimentarán un crecimiento del 0,9 por ciento, y además incluye las cuotas, prestaciones y gastos sociales al cargo del empleador como la Seguridad Social, formación y perfeccionamiento, comedores, acción social o seguros.

El pasado día 30 de septiembre se celebró el tercer pleno ordinario del Consejo de Personal en el Ministerio de Defensa. Debido a la situación sanitaria originada por el COVID-19 en la Comunidad de Madrid su formato fue reducido. Presidido por la Subsecretaria de Defensa, asistieron la Directora General de Personal Militar (DIGENPER), el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), los Mandos de Personal de los Ejércitos y la Armada, y cinco representantes de las asociaciones profesionales.

A la primera parte del pleno también asistieron los representantes de las asociaciones de retirados y discapacitados para tratar propuestas presentadas por estas asociaciones.

Otro pleno más se aprecia la línea continuista de las autoridades ministeriales para no acometer reformas de calado en las políticas de personal, evitando hasta su debate en el propio Consejo de Personal.

Durante el pleno no se trataron asuntos sobre retribuciones debido a la próxima presentación en sede parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, comprometiéndose la Subsecretaria a realizar un pleno extraordinario sobre las mismas en cuanto dichos presupuestos estén aprobados y así poder informar con mayor rigor.

Recientemente se ha publicado la Orden Ministerial por la que se determinan los requisitos y procedimientos de concesión, anotación y descripción de la medalla conmemorativa de la Operación Balmis.

Con esta orden la ministra Robles establece las condiciones para ser acreedor de la medalla, no falta de polémica desde su nacimiento, a pesar de que su concesión no conlleva ni un solo euro para el agraciado, a diferencia de lo que ocurre con otras condecoraciones en otros ministerios e instituciones. Latón y tela sin reconocimiento retributivo.

Los militares estamos de enhorabuena, a las capacidades ya demostradas (descontaminación de locales, montaje de hospitales, asistencia sanitaria, traslado de cadáveres, transporte logístico, seguridad de centrales nucleares, vigilancia de fronteras…) durante los primeros meses de pandemia, dentro y fuera de la Operación Balmis, se une ahora una nueva capacidad: las Fuerzas Armadas pueden aportar en caso necesario 2.000 rastreadores para la identificación de positivos en COVID-19 que han realizado el preceptivo curso de formación1. Es una auténtica ganga para el Estado disponer de personal cualificado, versátil en capacidades de alta demanda en tiempos de crisis, disponible a cualquier hora, cualquier día de la semana todas las semanas del año, disciplinado, que cumple órdenes de forma natural… y encima barato, muy barato, puesto que es desde hace muchos años el personal peor pagado de la Administración. Así se evita tener que pagar, cuando los profesionales de la salud inciden en que “es un trabajo y como tal debe ser remunerado”2.

La tarea del rastreador no es fácil, y debe disponer de formación adecuada para poder establecer contacto –personal o telefónicamente- con personas de toda índole y condición. Debe estar preparado para comunicar con ellas e interrogarlas sobre aspectos muy personales, por lo que para tener éxito es indispensable –además de conocimientos sobre la enfermedad- una gran profesionalidad, empatía y un dominio del lenguaje que permita establecer una relación agradable y positiva entre el “interrogador” y el presunto infectado. Porque se trata de realizar un interrogatorio con resultados verdaderos, y el mero hecho de establecerlo puede ser visto, si no se realiza con tino, como algo agresivo por quien recibe la llamada. En definitiva, es un puesto de responsabilidad, de profesionalidad, que realizarán de nuevo con eficacia los militares.

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