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Pasados más de 12 años desde la entrada en vigor de la Ley 39/2007, de la carrera militar, esperamos que el diálogo ofrecido por la nueva Subsecretaria de Defensa, Amparo Valcárcel, no quede en uno más de los muchos brindis al sol que nos han prometido los políticos durante todo este tiempo. La Ministra de Defensa y sus colaboradores, en los dos años de su mandato, no han realizado ninguna mejora de calado en nuestra carrera profesional. La nueva subsecretaria solo tiene que mirar hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para darse cuenta de que es posible otra carrera profesional y que lo único que hace falta es su voluntad para llevarla a cabo.

En lo que respecta a las retribuciones, ni tienen intención de mejorarlas de manera efectiva ni muestran sonrojo alguno cuando son conscientes de que cualquier policía o guardia civil recién salidos de su academia, y ya no digamos un policía autonómico o local, cobran más o significativamente más que los cien mil hombres y mujeres con empleos inferiores al de capitán. Estamos ante una clara discriminación que nos sitúa como empleados públicos y ciudadanos de segunda, sometidos al olvido de todos. En consecuencia, sin excusa alguna, solo nos queda la vía de la masiva movilización del colectivo para exigir a políticos, instituciones y sociedad civil, respeto, dignidad y reconocimiento de la singularidad de la profesión militar.

ASFASPRO, AUME, ATME y UMT se reúnen con la Ministra de Defensa obteniendo el compromiso etéreo de abordar la grave situación de las retribuciones del personal militar atendiendo a las propuestas de las asociaciones. De nuevo palabras sin hechos concretos. Las asociaciones mantienen la convocatoria de manifestación para septiembre.

Las asociaciones profesionales presentan a la ministra tres propuestas de mínimos para iniciar la actualización de las retribuciones militares y la ministra solo asume un compromiso de “trabajo” de cara a los Presupuesto Generales del Estado.

“La crisis económica sufrida por nuestro país en los últimos años junto con una política de personal fracasada ha sumido a la profesión militar en la marginación social y retributiva.” Estas palabras las expresamos ya en el manifiesto que en febrero del 2019 presentamos al comunicar que habíamos solicitado un pleno extraordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas para tratar de conseguir el reconocimiento retributivo de la profesión militar.

“La crisis económica sufrida por nuestro país en los últimos años junto con una política de personal fracasada ha sumido a la profesión militar en la marginación social y retributiva.” Estas palabras las expresamos ya en el manifiesto que en febrero del 2019 presentamos al comunicar que habíamos solicitado un pleno extraordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas para tratar de conseguir el reconocimiento retributivo de la profesión militar. Ha pasado más de un año y no seguimos igual, estamos peor. La crisis del COVID-19 ha permitido que los ciudadanos comprueben directamente que las Fuerzas Armadas constituimos el último recurso ante situaciones de riesgo, trabajando codo con codo junto a otros profesionales de otros gremios. Ahora una crisis económica se suma a la sanitaria, y en esta nueva normalidad observamos de nuevo que hay dinero para todos excepto para los militares.

El gabinete jurídico de ASFASPRO ha conseguido sentencia estimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga al Ministerio de Defensa a abonar a un Subteniente del Ejército de Tierra, el componente singular del complemento específico por el puesto de trabajo desempeñado con carácter interino como Teniente Coronel Jefe. La cuantía total asciende a 3.988,88 € más los intereses legales correspondientes.

Como reiteran todas las sentencias “lo que no es posible es que la Administración que no provee un puesto vacante con arreglo a derecho (lo que comportaría el abono del correspondiente complemento específico) obtenga un beneficio de ello en perjuicio del funcionario que lo desempeña de hecho.”

Tras constatar la inacción del Ministerio de Defensa ante el desfase crónico de las retribuciones de las Fuerzas Armadas, las asociaciones profesionales mueven ficha y obligan al Ministerio a tratar el problema.

La grave situación actual de las nóminas de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas es un hecho objetivo reconocido por todas las instituciones y organismos que han prestado una mínima atención a las retribuciones militares en los últimos años. No es una novedad.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentencia que el Ministerio de Defensa debe abonar la totalidad de la Indemnización por Residencia a un suboficial destinado en Ceuta durante el tiempo de disfrute de la reducción de jornada por cuidado de un hijo mayor de edad con discapacidad y necesitado de especial protección.

De este modo, el TSJM, acogiendo las tesis mantenidas por el Gabinete Jurídico de ASFASPRO reitera y mantiene su doctrina, como ya hiciera en ocasiones anteriores, con respecto a reclamaciones por cuidado de hijos menores de 12 años de otros socios de Ceuta y Melilla a los que también se les venía detrayendo durante años parte de la indemnización de residencia que cobraban.

El portavoz de Defensa del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Rodrigo Mediavilla, junto al resto de senadores populares de la Comisión del ramo, ha pedido al Gobierno, a través de una moción registrada en la Cámara para su debate y votación en la Comisión de Defensa, “que se apruebe, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una bonificación extraordinaria e integral de las cotizaciones a la Seguridad Social y las aportaciones a los sistemas de previsión; así como una exención completa del IRPF en los salarios percibidos durante la Operación Balmis, para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan participado en la misma”.

La iniciativa de los populares, tal y como ha explicado Mediavilla, recalca la “complicada situación” en la que la pandemia del COVID-19 ha puesto a la sociedad española y que “ha provocado también numerosas actuaciones ejemplares en el desempeño de las responsabilidades. Uno de los colectivos que más ha trabajado para combatir el virus, en la primera línea de batalla, han sido nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas dentro de la Operación Balmis”.

ASFASPRO, AUME, ATME y UMT presentan queja al Defensor del Pueblo para instar al Gobierno a ejecutar la actualización de las paupérrimas retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, dignificándolos, en consonancia por lo señalado por los grupos parlamentarios en el Congreso.

El personal militar está harto de que su trabajo y profesionalidad, que conllevan grandes sacrificios personales y familiares, junto a una disponibilidad permanente para el servicio, no tengan un reflejo justo en sus retribuciones. Las asociaciones profesionales, que los representan, se sienten ninguneadas y engañadas desde la propia cúpula ministerial.

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