La política del personal de las Fuerzas Armadas comenzó el año 2025 en la misma penosa situación que finalizó el anterior. Pasados cuarenta y seis años desde que se aprobó la Constitución Española la vida del militar profesional (especialmente la de los suboficiales y la tropa) transcurre por unas vergonzosas vías de marginalidad totalmente ajenas al principio de igualdad, que teóricamente debería aplicarse a todos los ciudadanos españoles.
Además, y esto es lo más grave, estamos siendo sometidos durante todo este periodo de tiempo a la indiferencia, en algunos casos desprecio, de una clase política que nos ha “regalado” una sucesión de leyes de personal cargadas de injusticia, inseguridad jurídica y arbitrariedad, de aplicación imposible en cualquier otro ámbito o colectivo de trabajadores. Y todo rematado con unas insultantes retribuciones inversamente proporcionales al esfuerzo o las obligaciones y cometidos inherentes a la profesión militar. Nada que no se haya dicho con anterioridad, pero no por ello deja de ser una auténtica vergüenza.
Teniendo que convivir con estas injustificables condiciones profesionales, que afectan muy directamente tanto al plano moral como al material, nos ofenden todavía más si cabe los recurrentes y empalagosos halagos paternalistas de la ministra de Defensa y de otros políticos, e incluso periodistas, con los que nos deleitan cada vez que la cruda realidad se lo exige cuando son testigos de la entrega y dedicación con las que el personal militar afronta todo tipo de tareas. Ante situaciones extremas como las que hemos vivido recientemente en el Levante español todos dicen apreciar nuestro trabajo, y también querernos mucho, pero ninguno lo demuestra con hechos plausibles.
¡Ay, la mili!, tan denostada y, sin embargo, la excusa perfecta para otorgarnos este denigrante trato. Aunque no se atrevan a reconocerlo abiertamente, el pensamiento básico de los responsables de turno de los ministerios de Hacienda y Defensa o, lo que es lo mismo, de todos los gobiernos que hemos tenido hasta el día de hoy, es simple y demoledor: si el coste de aquellos “soldaditos amateurs” del siglo pasado era prácticamente gratis, ¿por qué vamos a tener que considerar a los de ahora como auténticos profesionales y tratarles y retribuirles igual que al resto de servidores públicos?
Y así, en este terreno minado por la hipocresía, el olvido y la intransigencia ministerial, transcurre nuestro servicio activo. Una vez tras otra, se intenta colocar un mensaje (más bien bulo) dirigido a la sociedad española cuya única finalidad es distorsionar la realidad, buscando la artificial equiparación de las Fuerzas Armadas a una ONG en la que todos sus componentes vivimos felices y contentos bajo la tutela de la ministra de Defensa. Ya solo falta sustituir las marchas militares de los desfiles por la banda sonora de “Los mundos de Yupi” para rematar la faena. Porque, según este malintencionado criterio interpretativo de la realidad, el enemigo (que lo hay) te recibe siempre con flores y pastelitos, cuando te dispara lo hace con pompas de jabón y las minas que utiliza son realmente cajas rellenas de confeti. Vamos, como la guerra de Gila o incluso más allá. Sin embargo, la cruda realidad es muy diferente a como la pintan.
Para nuestros legisladores y autoridades ministeriales, ejercemos una profesión tan exenta de riesgos que todos tenemos garantizado que las espoletas nunca fallan, que somos inmunes a los impactos de los proyectiles o los artefactos explosivos; que los paracaídas siempre se abren y en la que están terminantemente prohibidos todo tipo de accidentes, principalmente los de aviones y helicópteros en sus vuelos de combate o adiestramiento, además de, por supuesto, los de cualquier soldado de a pie. Tal vez estos sean algunos de los motivos que le impiden a la ministra de Defensa facilitar el número de fallecidos, heridos y mutilados en acto de servicio desde el inicio de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Ya sabemos que los muertos no hablan y que la memoria burocrática del ministerio es muy selectiva.
Es más, vistas en los medios de comunicación las “magníficas condiciones” de vida que viene “disfrutando” el personal militar en todo tipo de acciones y maniobras, no es de extrañar que a alguien se le ocurra implantar una tasa de participación. No vaya a ser que pueda cuajar entre la población civil la opinión de que estas “lúdicas actividades”, como las de estas últimas Navidades con los espectaculares menús que les han servido, son como una estancia en un hotel de cuatro o cinco estrellas con todo incluido. Eso no se puede consentir de ninguna manera y, por lo tanto, debe tener un coste para los afortunados participantes.
Pero dejando a un lado la ironía, porque lo que denunciamos con este artículo es de máxima gravedad, los mantras ministeriales tienen un alto porcentaje de eficacia y, debido a ello, todavía son muchos los que creen que nuestra profesión está efectivamente exenta de riesgos y no tiene especial dedicación. ¡Ay, la mili! Y, por otra parte, los bajos salarios, la nula compensación por la disponibilidad permanente, la constante movilidad geográfica, el exceso de jornada laboral o la insólita vigencia de un modelo de carrera injusto, segregador y con una significativa ausencia de promoción interna real del suboficial, no son motivos suficientes para que de una vez por todas deje de transmitirse este falaz discurso que tanto daño nos hace.
Así, en cada una de sus intervenciones públicas los “cariños” de la ministra pretenden enmascarar, además de todo lo expuesto, la miseria y las dificultades económicas que están viviendo miles de mujeres y hombres afectados por la exigencia de una movilidad geográfica que se impone sin dotarla de los recursos necesarios para evitar el sufrimiento y el desgaste psicológico de los propios militares y, de manera muy especial, el de unas familias que en la mayoría de los casos no pueden trasladarse al nuevo destino por falta de apoyos, de recursos económicos o por las circunstancias laborales y de escolarización del cónyuge y los hijos, respectivamente. Todo lo contrario de lo que se viene haciendo en los ejércitos de nuestro entorno.
La escena que relatamos a continuación es real y sucedió hace poco tiempo en el domicilio de un militar destinado forzoso en una lejana localidad, tras llegar a casa después de un largo viaje en tren para pasar un par de días con su familia. Algo que viene siendo habitual desde hace casi tres años cuando el servicio o las maniobras se lo permiten, siendo esta separación familiar forzosa la tercera que se produce en el corto plazo de diez años, con la sangría económica y emocional que conlleva.
Al entrar por la puerta, su hijo pequeño se dirigió a él entusiasmado y con la natural inocencia de los niños le dijo:
–Papá, papá, vuestra ministra ha dicho en la tele que os quiere mucho a los militares. ¡Qué bien!, ¿ya te va a dejar volver a casa para que estés siempre con nosotros?
Y lo más triste, es que la inocente pregunta de este niño es una muestra del mensaje sibilino que la ministra de Defensa y su coro mediático de propaganda ministerial están trasladando a una sociedad civil desinformada convenientemente sobre la realidad del estado de la Defensa Nacional y sus actores principales: los militares profesionales.
Pero para que esta hábil campaña de propaganda tenga el suficiente éxito se necesitan colaboradores activos, aunque también pasivos. Entre los primeros, dicho con todos los respetos, están los medios de comunicación, cuyos expertos en defensa o sus líderes de opinión no se atreven nunca a preguntarle a la ministra de Defensa, “¿por qué la militar no es una profesión de riesgo?” o “¿por qué los militares somos siempre excluidos de cualquier equiparación salarial?,” en ninguna de sus entrevistas. Durante estos años han sido muchas y a veces han dejado la impresión a los oyentes de una manifiesta falta de interés por nuestra situación profesional.
También, como si la ministra fuera la ejecutora de las peligrosas acciones en zona de operaciones o la que limpia directamente el barro de las calles o la lava de un volcán, todo suelen ser alabanzas para su gestión, no se le formula habitualmente ni una sola crítica y casi siempre se les presta una mayor atención a las cuestiones sobre la industria militar. Con la excepción de las horas y horas dedicadas a algún siniestro producido en determinadas unidades y el lógico seguimiento de las vicisitudes de la Princesa de Asturias a su paso por las academias y escuelas de formación, el resto importa muy poco.
Y de este entorno mediático tan poco crítico la ministra de Defensa ancla la negación sistemática a cualquier equiparación salarial real o a la mejora de la carrera profesional del personal bajo su mando, así como el continuo desprecio al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, al que considera un insignificante obstáculo para el trámite normativo de su ministerio. Ya sabemos lo que hay: buenas palabras ante los medios de comunicación e intransigencia y mano de hierro con las solicitudes y propuestas que formulamos, por ejemplo, las asociaciones profesionales.
La desatención es manifiesta y la distorsión tan escandalosa, que tras el apoyo unánime de todos los grupos políticos a las leyes que permiten a los bomberos y agentes forestales ser reconocidos como profesión de riesgo y tener acceso a la jubilación anticipada a partir de los 59 años, algunos informativos cubrieron la noticia con imágenes del personal de la UME actuando, precisamente, en incendios forestales. Y lo triste es que ninguno de estos comunicadores se preguntó por qué los “bomberos militares” quedaron excluidos de esta importante medida. ¡Ay, la mili!
Y haciendo un paréntesis en nuestra exposición, tenemos que decir que nuestra indignación y perplejidad se incrementó hasta límites estratosféricos cuando comprobamos que los legisladores aprovecharon este trámite para modificar, una vez más, la disposición transitoria séptima de la Ley de la carrera militar, sin que hasta el día de la fecha hayamos podido entender ni el texto, el alcance de la modificación o la urgente necesidad de la misma. También es muy significativo que este cambio no se haya producido tras debatirse en la Comisión de Defensa, sino en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, como todos sabemos, son los auténticos expertos en la milicia y su régimen de personal. Mientras tanto, la ministra de Defensa, como quien oye llover y no se moja.
Pero los principales colaboradores pasivos y, en consecuencia, con mucha responsabilidad en la degradación de la profesión, somos los 120.000 mujeres y hombres que integramos las plantillas de las Fuerzas Armadas. En esta asociación profesional tenemos muy claro lo difícil que resulta exigir derechos o reclamar mejoras en una institución en la que el régimen disciplinario y los chantajes emocionales y económicos están a la orden del día. Cuando tu estabilidad familiar y profesional depende de la caprichosa concesión de un complemento de productividad o de la firma de un informe favorable, te lo piensas dos o tres veces antes de pronunciarte sobre cualquier tema.
Sin embargo, ¿es lógico permanecer en silencio cuando ves que todos los colectivos avanzan en derechos y retribuciones y el militar se queda anclado en los del siglo pasado o incluso peor? ¿Es normal quedarse callado cuando la dignidad de la profesión y la tuya propia están sufriendo una degradación constante que te puede convertir en un paria de la sociedad? Aunque parezca increíble o exagerada esta afirmación, hacia esa condición nos dirigimos sin remedio si nada cambia.
En este país nuestro cada vez son más los declarados profesionales de riesgo, con todos los beneficios que conlleva esa categoría profesional, principalmente para la jubilación. Los policías nacionales y guardias civiles serán los siguientes, junto a algún que otro colectivo de trabajadores, y el Gobierno y las cámaras legislativas ya han anunciado en varias ocasiones que el trámite está avanzado.
Cuando estamos frente un auténtico ninguneo y la ignominiosa ausencia de mejoras retributivas y profesionales, ¿todavía hay quien se atreve a decirnos a los militares que no debemos ser reivindicativos o que las reclamaciones son sinónimo de mal militar y atentan contra nuestros valores? Efectivamente, en las academias militares nos enseñaron determinados valores, ¿pero acaso no lo son también la dignidad y la lealtad en una Institución que se define como unida, además de jerarquizada y disciplinada?
No se puede exigir la vigencia y el respeto de algunos valores cuando la dignidad y la lealtad, que siempre debe ser ascendente y descendente, están siendo pisoteadas sin ningún rubor. O todos son importantes o ninguno lo es. Por lo demás, también refleja una clara ausencia de valores cuando se prefieren ver los toros desde la barrera, que otros hagan el trabajo y luego recoger los frutos cosechados sin esfuerzo alguno
Después de todo lo expuesto, señora ministra, y estando usted perfectamente informada de que los militares hemos quedado al margen del progreso retributivo que han tenido en los últimos años colectivos de servidores públicos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con su equiparación salarial. Pero tampoco estando dentro de sus prioridades el que se nos declare profesionales de riesgo, se modifique el plan de estudios de los suboficiales en la misma línea que el de los oficiales, se recupere la maltrecha promoción interna del suboficial o se mejore el modelo de carrera del personal de tropa y marinería:
¿por qué no presenta su dimisión de manera inmediata para dejar paso a otra persona que nos quiera de verdad y se dedique a mejorar, como debería ser, la carrera profesional y las retribuciones de las mujeres y hombres que estamos bajo su mando?
En las actuales circunstancias, no podemos seguir viviendo mucho más tiempo de sus cariños ni de sus ofensivas limosnas aleatorias y oportunistas.