Los socialistas se oponen al "endurecimiento de las penas" que recoge el proyecto ya que "obedece solo a la defensa de las posiciones ideológicas más conservadoras" dentro del Ejecutivo, algunas de las cuales "no tienen encaje constitucional" a juicio del PSOE. En opinión del PSOE "esta política criminal atiende fundamentalmente a dar respuesta a casuísticas de gran impacto mediático" sin que las penas se orienten a la reinserción de los presos.

El PSOE tacha la reforma de "dura e innecesaria" porque no responde a una sensación de inseguridad verificable en la ciudadanía, al mismo tiempo que la califica de "regresiva" porque elimina la rúbrica de los delitos relacionados con la violencia de género cuya lucha "no admite retrocesos". Se trata, añaden los socialistas, de una reforma con la que se pretende resolver los conflictos sociales con el Código Penal en línea con el proyecto de ley de seguridad ciudadana, que "cristaliza el modelo del PP basado en represión y recaudación".

Por su parte, Izquierda Plural considera en su enmienda que el proyecto limita la reinserción e introduce de forma "enmascarada" la cadena perpetua. A juicio de este grupo la reforma es "la respuesta del sistema económico y financiero a la profunda crisis que le agita y que amenaza con romper las bases consensuadas en que se legitimaba". El grupo de Izquierda Plural es especialmente crítico con la figura de la prisión permanente revisable, ya que entiende que es un eufemismo que enmascara la cadena perpetua.