Y ahora, las empresas de Defensa integradas en la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) han mostrado su “preocupación por las consecuencias financieras -nacionales e internacionales. que puede acarrear el recurso”.

A través de un comunicado, recuerdan que el Ejecutivo diseñó en 2012 un plan de reprogramación de los programas de armamento para, “adaptándose a la contención de gasto impuesta por la crisis”, poder “dar continuidad a los programas”. Según aseguran, las empresas asumieron ese nuevo calendario de pagos con “realismo” y “gran esfuerzo”.

Al tratarse de un sector que contribuye con el 0,5 por ciento del PIB y genera 20.000 puestos de trabajo directos, no han dudado en reconocer que hay cierta “inquietud”, debido a que “podría quedar en el aire la alternativa para el pago de unos productos que ya se han entregado”.

De hecho, desde TEDAE aseguran que “no cuestionamos el tipo de normativa que deba contemplarla”, pero hacen hincapié en que “lo que necesitamos del Estado y las administraciones es continuidad y claridad”, algo que exigen “los largos procesos de inversión, desarrollo y amortización de nuestros productos y servicios”. Por ello, reclaman la necesidad de poder contar con la “certeza de que los productos y servicios que se compren, se puedan pagar en un escenario previsible”.

Un recurso éste que, recuerdan, “llega en un momento en el que las empresas del sector están preparándose para un nuevo ciclo inversor anunciado por el Ministerio de Defensa”