La decisión del Consejo de Ministros se produce a petición del ministro de Defensa, Pedro Morenés, y se encuentra como suscripción de la cuarta adenda al convenio suscrito en 2003 entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la antecesora de Navantia, Izar Construcciones Navales.
Según el acuerdo, en los próximos cuatro años Navantia recibirá 750 millones de euros en las siguientes anualidades: Año 2014, 192,8 millones; 2015, 204,8 millones; 2016, 150 millones; 2017, 135,3 millones y 2018, 76,1 millones.
Devolución hasta el año 2030
Asimismo, el calendario de de devolución por parte de Navantia al Tesoro de la financiación comprometida por el ministerio de Industria para el programa S-80 en el período 2013-2018 se ha modificado con anualidades que pueden agruparse en tres tipos de plazos principales.
Entre 2019 y 2023 tendrán anualidades similares de 240 millones; entre 2024 y 2026 anualidades similares de 190 millones, mientras que en el tercero, las anualidades cuenta con importes diferentes: el año 2027, 150 millones; 2028, 110 millones; 2029, 100 millones y, por último, en el año 2030, 4,9 millones de euros.
La autorización modifica el actual compromiso de financiación del ministerio de Industria para adaptarlo a las nuevas necesidades, debido a los fallos detectados en el diseño del submarino, que por problemas de sobrepeso en la pila que dota de oxígeno a la nave le impedirían volver a la superficie una vez sumergido.
Dineros reembolsables sin intereses
Este programa, según la referencia, se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre los ministerios de Industria y Defensa en 1996 por el que el primero se comprometía a financiar determinados proyectos tecnológicos industriales cualificados, relacionados con programas de defensa.
El proyecto consiste en la financiación, por parte de Industria, en forma de anticipos reembolsables sin intereses, a Navantia para el desarrollo de los submarinos S-80.
El convenio de 2003 establece que, en el caso de que una nueva planificación del programa afecte a las anualidades aprobadas, sería necesario suscribir una adenda que requeriría la previa autorización del Consejo de Ministros.