El envío de este contingente supondrá la incorporación efectiva de España a la coalición internacional encabezada por EE UU para frenar el avance de los yihadistas, que en junio pasado tomaron la ciudad de Mosul, la segunda del país, ante el desmoronamiento del Ejército iraquí.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, comparecerá ante el Congreso para ofrecer detalles de la operación y solicitar la preceptiva autorización parlamentaria, según lo previsto en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, de 2005. En principio, el respaldo del Congreso está garantizado pues, además de la mayoría absoluta del PP, la decisión cuenta con el apoyo del PSOE y de otros grupos.
La misión de entrenamiento del Ejército iraquí no está organizada por la OTAN ni por la Unión Europea (UE), pero el Gobierno considera que está plenamente amparada por la legalidad internacional, ya que responde a la petición de un Gobierno legítimo, como el de Bagdad. Una situación muy diferente se da en Siria, donde la coalición internacional actúa sin el visto bueno del régimen de Damasco ni resolución de la ONU.
La falta de implicación de las organizaciones internacionales obligará a crear un estado mayor de la coalición en Bagdad y a negociar acuerdos bilaterales con las autoridades iraquíes. De momento, la operación se ha planeado en el Mando Central del Ejército de Estados Unidos, con sede en Tampa (Florida), donde España tiene destacados a un general y siete oficiales.
Además del envío del destacamento de instructores, el Gobierno tiene previsto autorizar el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) —así como del espacio aéreo y del mar territorial— por parte de las fuerzas de la coalición.
También está dispuesto a facilitar material militar no letal —e incluso armamento, más adelante— a las Fuerzas Armadas iraquíes y también a las milicias kurdas (los llamados peshmergas), aunque en este caso con el visto bueno de Bagdad.
La oferta que hizo el Gobierno español a la coalición incluía además aviones de transporte y reabastecimiento en vuelo, así como otras capacidades de apoyo aéreo, como mando y control, reconocimiento e inteligencia. De momento, según las fuentes consultadas, España no tiene intención de desplegar aviones en el teatro de operaciones, más allá de los necesarios para trasladar el contingente a Irak.
Eso no quiere decir, sin embargo, que no se aporten esos medios más adelante. “Esto no es un sprint, sino una carrera de fondo, y sería un error agotar todas las energías en los primeros metros”, advierten las fuentes consultadas. El presidente de EE UU, Barack Obama, ha admitido que ganar la guerra al yihadismo puede llevar años.
España solo ha puesto dos límites a su contribución: no pondrá tropas de combate sobre el terreno (lo que tampoco hace ningún otro país) y no participará en los bombardeos (lo que sí hacen Francia y Reino Unido, además de países árabes).
En declaraciones a la Cadena SER, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, aseguró el jueves que la nueva misión en Irak no tiene nada que ver con la guerra de 2003, porque “las circunstancias son distintas” y porque, a diferencia del régimen de Sadam Husein, el Estado Islámico constituye “una amenaza real” que “preocupa a todos los países” y tiene capacidad para extenderse a zonas cercanas a España, como el Sahel.
Morenés no quiso revelar el alcance de la participación española, alegando que “contribuirá a hacer aquello en lo que se la considere más eficaz", pero dio a entender que se centraría en la instrucción, al agregar que “hará algo como lo que ya está haciendo en otros lugares, enseñando a los Estados a tener unas Fuerzas Armadas sólidas”. Los militares españoles han realizado funciones de instrucción en Afganistán, Somalia y Mali, donde un general español dirigirá a partir de noviembre la misión de la UE.
Morenés aseguró que España ha estado en la coalición internacional contra el yihadismo “desde el principio, se diga lo que se diga”, saliendo al paso de las críticas por su ausencia en la reunión que ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de diez países celebraron a principios de septiembre en Gales, en paralelo a la cumbre de la OTAN, convocados por EE UU.