Si bien la empresa Iberia se encargó tradicionalmente de esas revisiones de mantenimiento, ese servicio cambió de manos hace pocos años y, de este modo, se ha acabado dando la paradoja de que la responsable del mantenimiento de los aviones están en manos de una empresa para la que trabajó el responsable de la Defensa y quien debiera, por tanto, pedir o reclamar responsabilidades, en su caso, a su ex empresa, aunque el propio Morenés dijo en su día que se trataba de averías “normales”.
Estos continuos fallos en la flota que las Fuerzas Aéreas españolas utilizan para el transporte de autoridades han desatado la alarma en el gobierno de Rajoy, quien, si en primera instancia era reacio a renovar esa flota, ahora tiene ya en marcha un informe para una progresiva renovación e inversión.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, nunca ha ocultado su pasado, vinculado a la empresa armamentística. De hecho, en su currículum vitae oficial, figura su cargo, como presidente ejecutivo de la empresa fabricante de misiles MBDA. Precisamente por ello, desde la oposición se ve con recelo su procedencia y las posibles compras que nuestro Ejército pueda llevar a cabo cuando la recuperación económica alcance también al ministerio que más recortes presupuestarios ha sufrido durante la presente legislatura.
Hasta la fecha, el ministro Morenés no ha realizado en su departamento ninguna compra de material de Defensa significativa y se ha limitado, más bien, a pagar deudas contraídas por anteriores gobiernos, incluido el del propio Aznar, en el que él mismo fue secretario de Estado en el Ministerio de Defensa y responsable, por tanto, de compras y adquisiciones de material de Defensa. Pero el informe que ha encargado a su departamento Morenés sobre esa posible renovación de la flota aérea destinada al transporte de autoridades del Estado puede ser la clave para que nuestro país vuelva a empezar a invertir en Defensa, en lugar de recortar presupuesto, como lleva haciendo España desde los últimos años de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno.
Según fuentes del Ejército español, el Airbus 330, cuyo precio oscila alrededor de los 200 millones de euros es uno de los candidatos a sustituir a los aviones, también de la marca Airbus, para el transporte de autoridades. La cuestión no tendría mayor enjundia si Morenés no hubiese tenido en el pasado ningún vínculo comercial con el Grupo Airbus. Sin embargo, al haberlo tenido y al ser quien, en la actualidad, toma las decisiones sobre compra de armamento y efectos militares, ha levantado sospechas en algunos miembros de la oposición, que temen que Morenés engrose la lista de ministros que acaban ocupando altos cargos en empresas que, ya sea directa o indirectamente, fueron beneficiadas por alguna de sus decisiones ministeriales.
La Ley le impediría, en la actualidad, incorporarse a alguna empresa con la que hubiese tenido relaciones contractuales durante su etapa como ministro. Pero esa restricción y esas incompatibilidades se circunscriben a las empresas con las que el gobierno trató en primera persona y no a sus filiales. Atendiendo a esta salvedad, por ejemplo, la ex vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, pudo incorporarse al Consejo de Administración de la empresa energética Chilectra, filial chilena de Endesa, sin esperar los dos años preceptivos.
El futuro de Morenés es todavía una incógnita, pero su pasado y sus responsabilidades al frente de empresas que han vendido material al Ejército español, no. Por eso, ahora que empieza a atisbarse en el horizonte la posibilidad de que nuestro país empiece a gastar y a invertir de nuevo, la oposición está mirando con lupa cualquier movimiento que pueda hacer, porque en palabras de un miembro de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, “está atrapado por su pasado”.