La negociación de Morenés con la industria encarece la factura final en 2.000 millones (II)

 02/07/2014 - El Confidencial -

El Ministerio de Defensa, que dirige Pedro Morenés, pagará más por menos material. Ese es el resultado de la “dura negociación”, tal y como la definió el propio secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, con la industria de armamento. El plan de “reconducción” o “reprogramación” del calendario de pagos de los llamados Planes Especiales de Armamento(PEAS) no sólo supone que el gasto en estos materiales militares se dispare a partir del 2016. Lejos de conseguir una financiación beneficiosa para los intereses nacionales, el Ministerio se ha comprometido a un estricto calendario de pagos hasta el 2030 que, alarga, por un lado, los años de este hipoteca; encarece, por otro, el precio final pagado por los 19 programas que componen los PEAS y, por último, se traduce en menos unidades de fragatas, carros de combate, buques, helicópteros, etc.

Las cifras oficiales aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en unacuerdo del Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto (PDF) arrojan, por primera vez, transparencia sobre la magnitud total de estos programas iniciados a finales de los 90 y cuyo precio final ronda los 30.000 millones de euros, una cantidad que equivale al 3% del PIB y que es casi igual a lo que supondría un rescate y medio de Bankia.

Ni habrá rebaja a la baja ni la negociación fue tan “dura” como explicó Argüelles ante la Comisión de Defensa del Congreso en octubre del año pasado. Desde finales de 2012 y hasta abril de 2013, Morenés y su número dos se vieron obligados a enfrascarse en conversaciones con la industria de armamento para renegociar los contratos pendientes con el sector. Principalmente, con Santa Bárbara Sistemas, Navantia y EADS-CASA. El resultado, sin embargo, alarga los compromisos de pago hasta el 2030 pero, sobre todo, encarece la factura final de todo el material en más 2.000 millones de euros extras con respecto al plan de pago que ya existía en 2011, bajo la responsabilidad de la exministra Carme Chacón.

22.000 millones de euros entre 2014 y 2030

Los pagos aprobados por el Consejo de Ministros el 2 de agosto de 2013 y desvelados en un informe elaborado por la diputada de UPyD Irene Lozano con el asesoramiento de Bernardo Navazo, analista de Defensa de la Fundación Alternativas, demuestran las peculiaridades de esta refinanciación. En el antiguo Plan de 2011 restaban por abonar 20.000 millones de euros en el periodo 2014-2025, que pasan, ahora, con la nueva planificación de Morenés y Argüelles, a 22.000 millones de euros para un periodo más extenso, de 2014 a 2030.

“Este es el típico procedimiento de refinanciación de deuda de una financiera cualquiera que otorga créditos y préstamos personales rápidos y supuestamente cómodos en el corto plazo que devienen en inasumibles en el medio y largo”, explican Lozano y Navazo en su informe sobre los PEAS. “Huelga decir que ninguna información extra sobre este particular se ha conseguido. ¿Quién ha financiado esta extensión de los pagos? ¿Lo ha hecho el Instituto de Crédito Oficial? ¿Qué impacto en déficit tiene?”, añaden.

Defensa, por su parte, explica que, si bien es cierto que el gasto en armamento se dispara a partir de 2016, también hay que tener en cuenta que también crece la devolución de los préstamos concedidos en su día por Industria al sector para desarrollar estos programas. La situación actual, según el Ministerio, es que los compromisos de pago se reducen a  29.495 millones de euros. De esos, Defensa ha pagado ya  6.078 millones entre el 2002 y el 2012, mientra sque, las empresas, por su parte, tienen que devolver al Tesoro 15.260 millones en concepto de devolución de los préstamos que recibieron. Según esos cálculos, la cantidad final pendiente de financiación se reduce a 8.157millones.

En su comparecencia ante el Congreso el pasado 7 de octubre, Argüelles sacó pecho de los resultados de sus negociaciones y alegó incluso que la“reconducción” de los pagos había ahorrado hasta 7.000 millones de euros con respecto a las previsiones más altas hechas por la Administración socialista. “Son cantidades que han sido objeto de una dura negociación durante el año pasado, tan dura que ha servido para que lo que inicialmente iba a ser una obligación en 2014 de 1.600 millones de euros se haya reducido a 900 millones”, argumentó ante sus señorías.

La realidad desmiente esa supuesta dureza. En efecto, como ya adelantó este diario ayer, los pagos correspondientes a 2014 y 2015 se han reducido de forma considerable, pero el gasto en armamento se dispara a partir de 2016, pasadas ya las citas electorales. Ese año, Defensa pagará 1.028 millones de euros al sector, una cifra que crece de forma sostenida hasta el 2020. El calendario es estricto: 1.168 millones de euros en 2017, 1.340 en 2018, 1.848 en 2019 y 2.045 en 2020, año en el que se alcanza la cifra más alta en estos pagos aplazados (ver gráfico adjunto). La hipoteca de Defensa se extiende, sin embargo, durante otra década más y termina, en principio, en el 2030, con uno último de 497,3 millones de euros.

El informe de UPyD señala que en esta reprogramación se detectan dinámicas que ya se han observado en los ministerios de Defensa de otros países y que se denomina “proceso de enjorobamiento”. “Incluye, en primer lugar, una renegociación que da lugar a un aplanamiento de la curva en los primeros años (el periodo que va de 2014 a 2016) a la par que se asume que un aumento de los recursos a raíz de una mejora de la situación económica permitirá comenzar a sufragar con solvencia los compromisos de pagos cuando éstos se disparen (del 2017 en adelante)”, explican. “En segundo lugar, con esta lógica, la curva de pago deviene joroba, es decir, se posterga lo que se debe y se le da al problema una patada hacia delante. Por último, cuando la situación es insostenible, una quita/re-estructuración realista de los compromisos de pago con las industrias del sector se lleva a cabo”.

Más dinero por menos unidades

Pero la reprogramación tiene último efecto contradictorio pues, como explicó Argüelles en el Congreso, la base de la negociación ha consistido, básicamente, en reducir los encargos a la industria y dotar mejor a algunos encargos que carecían de soporte logístico. Es decir, menos unidades de material que resultan, a la postre, más caras en la factura final. “La reconducción incluye cuestiones antes a veces ignoradas”, explicó en mayo de 2013 el secretario de Estado para justificar la necesidad de incluir en algunos programas “equipos de misión, sistemas de apoyo logístico y el soporte durante el ciclo de vida”.

Así, por ejemplo, se ha reducido el número de aviones de transporte A-400 (Airbus Military –EADS) de 27 unidades a un total de 14. En el programa Tigre, el helicóptero de ataque para el ejército de Tierra fabricado porEurocopter (EADS), Defensa ha renunciado a la versión HAP, la más avanzada, en seis de las 24 unidades que se preveían adquirir. En otro de los programas, el del helicóptero de transporte táctico NH90, el compromiso inicial era de 45 unidades que no incluían ni los equipos de misión, ni el apoyo logístico necesario, ni el sostenimiento. La reprogramación ha reducido las unidades a la mitad, 22, pero se han utilizado los fondos sobrantes para incluir el soporte completo de cada uno de los helicópteros, lo que ha encarecido el programa en 190 millones extras. Respecto al programa de tanques blindados Pizarro (Santa Barbara-Daimler), la reconducción ha implicado la reducción del número de unidades encargadas de las 190 previstas inicialmente a 117. Estas incluirán, en cambio, vehículos de zapadores que no estaban incluidos en el encargo inicial.

Los Programas Especiales de Armamento es el término con el que se define a los 19 programas de adquisición de sistemas de armas iniciados, principalmente entre 1997 y 2004. Los principales programas consisten en aviones de combate, fragatas, carros de combate (Leopard), aviones de transporte, carros blindados (Pizarro), buques, helicópteros, submarinos, artillería remolcada, misiles contra carro… Los PEA, mantenidos con diferentes Gobiernos y con diferentes ministros, desde Eduardo Serra a Carme Chacón, merecieron una categoría especial y un programa presupuestario ad hoc por la enorme cantidad de recursos movilizados para su realización (lo que llevó a contar con el apoyo, vía prefinanciación, del Ministerio de Industria) y por sus largos periodos de definición, diseño, ejecución y puesta en funcionamiento.

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