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Recientemente se ha publicado la Orden Ministerial por la que se determinan los requisitos y procedimientos de concesión, anotación y descripción de la medalla conmemorativa de la Operación Balmis.

Con esta orden la ministra Robles establece las condiciones para ser acreedor de la medalla, no falta de polémica desde su nacimiento, a pesar de que su concesión no conlleva ni un solo euro para el agraciado, a diferencia de lo que ocurre con otras condecoraciones en otros ministerios e instituciones. Latón y tela sin reconocimiento retributivo.

Sin entrar a valorar el oportunismo, las actitudes violentas o la intención política de muchas de las acciones que se están produciendo, estamos asistiendo durante estos últimos meses a movilizaciones y protestas en casi todos los países occidentales para denunciar el racismo intrínseco puesto en evidencia en algunas actuaciones policiales que derivaron en la muerte de hombres “afroamericanos” en los Estados Unidos de América.

De manera firme y contundente, ciudadanos, deportistas, partidos políticos y muchas organizaciones civiles se manifiestan contra el racismo, la segregación, la desigualdad social o la falta de oportunidades de las minorías. En la misma línea, en España también son habituales los actos o declaraciones de representantes de grupos políticos, medios de comunicación y ciudadanos en general denunciando cualquier tipo de desigualdad de trato, xenofobia o exclusión social que sobrepasen los principios básicos de un estado de derecho o los que establece la propia Constitución Española.

Los militares estamos de enhorabuena, a las capacidades ya demostradas (descontaminación de locales, montaje de hospitales, asistencia sanitaria, traslado de cadáveres, transporte logístico, seguridad de centrales nucleares, vigilancia de fronteras…) durante los primeros meses de pandemia, dentro y fuera de la Operación Balmis, se une ahora una nueva capacidad: las Fuerzas Armadas pueden aportar en caso necesario 2.000 rastreadores para la identificación de positivos en COVID-19 que han realizado el preceptivo curso de formación¹. Es una auténtica ganga para el Estado disponer de personal cualificado, versátil en capacidades de alta demanda en tiempos de crisis, disponible a cualquier hora, cualquier día de la semana todas las semanas del año, disciplinado, que cumple órdenes de forma natural… y encima barato, muy barato, puesto que es desde hace muchos años el personal peor pagado de la Administración. Así se evita tener que pagar, cuando los profesionales de la salud inciden en que “es un trabajo y como tal debe ser remunerado”².

La tarea del rastreador no es fácil, y debe disponer de formación adecuada para poder establecer contacto –personal o telefónicamente- con personas de toda índole y condición. Debe estar preparado para comunicar con ellas e interrogarlas sobre aspectos muy personales, por lo que para tener éxito es indispensable –además de conocimientos sobre la enfermedad- una gran profesionalidad, empatía y un dominio del lenguaje que permita establecer una relación agradable y positiva entre el “interrogador” y el presunto infectado. Porque se trata de realizar un interrogatorio con resultados verdaderos, y el mero hecho de establecerlo puede ser visto, si no se realiza con tino, como algo agresivo por quien recibe la llamada. En definitiva, es un puesto de responsabilidad, de profesionalidad, que realizarán de nuevo con eficacia los militares.

La problemática de personal se incorpora a la Directiva de Defensa Nacional. Este verano se ha promulgado por fin la nueva Directiva de Defensa Nacional que deroga la anterior de 2012. Si tenemos en cuenta que venía siendo habitual que este documento, marco general de la defensa nacional, fuera renovado a cada inicio de legislatura, es decir, cada cuatro años, nos encontramos ante una noticia importante. Efectivamente, se ha adaptado a la realidad actual incluso haciendo mención a las necesidades del personal y a la importancia de que estas estén cubiertas para que se pueda cumplir adecuadamente la misión.

Las asociaciones profesionales nos centramos en las cuestiones referentes al personal, no en balde nuestra finalidad es la promoción y defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales del militar. Desde este punto de vista es importante que la Directiva de Defensa Nacional 2020 haya incorporado por primera vez entre las directrices de actuación: “La calidad de vida y unas condiciones de trabajo seguras y dignas para los miembros de las Fuerzas Armadas”. La importancia de estas ha sido resaltada ya tanto por el Observatorio de la Vida Militar –en su Memoria informe del año 2015- como por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en el dictamen sobre dicho informe, en 2017.

Las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME, ATME y UMT hemos tenido conocimiento de la última versión del proyecto de real decreto de modificación del reglamento de retribuciones militares en el que se establecen variaciones en los complementos de empleo y en la disminución salarial en la situación de reserva al cumplir los 63 años.

Este documento, fechado un día antes de la última reunión mantenida con la Ministra de Defensa y del que, con absoluta deslealtad, no se informó en la misma, no recoge la propuesta de mínimos de las asociaciones para comenzar una negociación que permita asegurar una mejora en las retribuciones de los militares, los cuales no merecen menos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Seguimos siendo ninguneados y olvidados, excepto cuando se nos pide compresión, sacrificio y trabajo por la situación actual, ¿qué comprensión recibimos los militares y nuestras familias?

Excma. Sra. Dª. María Jesús Montero Cuadrado

Ministra de Hacienda

Calle Alcalá, 9

28014 Madrid

Madrid, 4 de agosto de 2020

Estimada Señora Ministra,

Nos dirigimos a Vd. en calidad de representantes de las principales asociaciones profesionales de los miles de hombres y mujeres miembros de las Fuerzas Armadas. Hombres y mujeres que realizamos un trabajo con gran sacrificio personal, familiar y social, y que, literalmente, empeñamos nuestra vida en defensa de España. Queremos llamar su atención, sobre la grave situación que miles de militares atravesamos desde hace años como consecuencia de una política de retribuciones injusta y cuya resolución está en buena parte en sus manos.

El tiempo transcurrido entre la solicitud del pleno y su celebración, con el estado de alarma finalizado y ya en la nueva normalidad, ha supuesto un cambio de situación, pero siguen subsistiendo problemas o se generan nuevos enraizados en la crisis del coronavirus.

A diferencia del pasado pleno extraordinario sobre el mismo tema, hemos recibido promesas de respuesta -que no es lo mismo que soluciones- a las cuestiones planteadas. Por otro lado, es alarmante el silencio que la ministra Robles guarda en lo relativo a las retribuciones, continuando con el agradecimiento de palabra, pero no con hechos. Ofrecer el caramelo del CDE del mes de agosto a los implicados en la Operación Balmis es una burla frente a la subida de sueldo del 20% de todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para el próximo pleno del Consejo de Personal, ASFASPRO ha elaborado y presentado las siguientes 8 propuestas:

Pasados más de 12 años desde la entrada en vigor de la Ley 39/2007, de la carrera militar, esperamos que el diálogo ofrecido por la nueva Subsecretaria de Defensa, Amparo Valcárcel, no quede en uno más de los muchos brindis al sol que nos han prometido los políticos durante todo este tiempo. La Ministra de Defensa y sus colaboradores, en los dos años de su mandato, no han realizado ninguna mejora de calado en nuestra carrera profesional. La nueva subsecretaria solo tiene que mirar hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para darse cuenta de que es posible otra carrera profesional y que lo único que hace falta es su voluntad para llevarla a cabo.

En lo que respecta a las retribuciones, ni tienen intención de mejorarlas de manera efectiva ni muestran sonrojo alguno cuando son conscientes de que cualquier policía o guardia civil recién salidos de su academia, y ya no digamos un policía autonómico o local, cobran más o significativamente más que los cien mil hombres y mujeres con empleos inferiores al de capitán. Estamos ante una clara discriminación que nos sitúa como empleados públicos y ciudadanos de segunda, sometidos al olvido de todos. En consecuencia, sin excusa alguna, solo nos queda la vía de la masiva movilización del colectivo para exigir a políticos, instituciones y sociedad civil, respeto, dignidad y reconocimiento de la singularidad de la profesión militar.

ASFASPRO, AUME, ATME y UMT se reúnen con la Ministra de Defensa obteniendo el compromiso etéreo de abordar la grave situación de las retribuciones del personal militar atendiendo a las propuestas de las asociaciones. De nuevo palabras sin hechos concretos. Las asociaciones mantienen la convocatoria de manifestación para septiembre.

Las asociaciones profesionales presentan a la ministra tres propuestas de mínimos para iniciar la actualización de las retribuciones militares y la ministra solo asume un compromiso de “trabajo” de cara a los Presupuesto Generales del Estado.