EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID AVALA LA INICIATIVA DEL GABINETE JURÍDICO SUÁREZ-VALDÉS Y ASFASPRO CONTRA LA MEDIDA DEL GOBIERNO DE ELIMINAR LA PAGA DE DICIEMBRE COMPLETA AL PERSONAL DE LAS FF.AA.
Como por todos es conocido ya, en fecha 14 de julio del 2012, se ha publicado en el BOE número 168, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que entre otras medidas, incorpora la eliminación a los militares de las FAS Españolas, de su paga extraordinaria de diciembre. Como quiera que Gabinete Jurídico Suárez-Valdés considera dicha medida, confiscatoria, por cuanto supone la detracción de una parte de dicha paga de navidad, que a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, ya se había devengado (las pagas extras constituyen una retribución diferida que se devenga por días trabajados, aun cuando su vencimiento se genera a final de año), es por lo que el servicio jurídico de ASFASPRO inició, con carácter inmediato, en el mes de julio, una reclamación en masa, tendente a la solicitud del abono del 25% de dicha paga, que habría comenzado a devengarse el día uno de junio y a la regularización de las retenciones practicadas en concepto de IRPF (disponible al final de esta página).
De forma paralela se elevaron solicitudes a la Defensora del Pueblo solicitando que se pronunciase sobre la legalidad de la pretensión confiscatoria del Gobierno.
En fechas recientes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha evacuado una sentencia, que amparando los argumentos jurídicos defendidos desde el principio por Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, estima contrario a derecho, la aplicación de la retirada de la paga extra de navidad del 2012, con carácter retroactivo y con respecto a cantidades que ya habían sido devengadas a la fecha de entrada en vigor de la norma, como sucede en relación con el personal funcionario, que a 15/07/2012, tendría ya devengado un 25% de su paga extraordinaria, como bien reclamamos en su día.
MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Armada despedirá a su portaaviones, el 'Príncipe de Asturias', el próximo 6 de febrero en Rota (Cádiz), desde donde partirá hacia el Arsenal de Ferrol para su desarme y distribución del material, y donde se procederá a la subasta pública a partir de finales del mes de junio, que previsiblemente dará lugar a su desguace.
Según han indicado a Europa Press fuentes militares, está previsto que la ceremonia de despedida del 'portaaviones', el mayor buque de la Armada, tenga lugar el 6 de febrero. Tras 24 años de servicio en las Fuerzas Armadas, las restricciones presupuestarias han impedido alargar su vida útil, ya que su puesta a punto hubiera requerido 100 millones de euros.
La Armada cuenta ya con un 'plan de desactivación', cuya primera fase comenzó hace unos meses en la Base Naval de Rota. En esta fase previa de inmovilización, se ha elaborado un listado de sistemas, equipos y materiales con los que contaba el buque insignia de la Armada Española.
En estos meses también se han desembarcado los repuestos y pertrechos que no son indispensables para la seguridad y el tránsito de Rota a Ferrol, la munición, el combustible no necesario para la navegación, el material patrimonial así como el del Arma Aérea y las embarcaciones menores.
Una vez finalice esta fase, el 6 de febrero tendrá lugar la ceremonia de despedida y el 'Príncipe de Asturias' iniciará su última navegación hacia Ferrol, con una dotación reducida, de unas 220 personas. El resto dejarán ya de pertenecer a la dotación del buque.
Según informa este viernes en un comunicado, la Armada consideró que el Arsenal de Ferrol era "el lugar idóneo para el desarme" dada "la disponibilidad del muelle, la capacidad de desmilitarización y la disminución de costes".
En la segunda fase, conocida como como "período de desarme y valoración", cesará la actividad operativa y, con una dotación reducida, se procederá a la clasificación de los sistemas, equipos y materiales como 'útiles' o 'inútiles'. Los equipos 'útiles', bien se desmilitarizarán o bien se desmontarán y retornarán a la cadena logística.
Esta fase se llevará a cabo previsiblemente entre principios de febrero y finales de junio de 2013. A la llegada a Ferrol, la dotación desembarcará material, equipos, repuestos, documentación técnica y planos no desembarcados en Cádiz.
A partir del mes de marzo está prevista una nueva reducción de dotación para realizar labores de custodia y finalización de posibles trabajos no realizados.
Finalmente, a partir de finales de junio empezaría la fase de distribución del material útil. Tras concluir la fase de distribución, se pasará al período de valoración y subasta pública.
Según han explicado a Europa Press fuentes militares, lo previsible es que el comprador interesado, en el caso de que surja, destine el portaaviones a su desguace, para la venta del metal.
En algunas ocasiones, también se combran buques desarmados y desmilitarizados para su utilización como blancos en ejercicios de tiro, aunque, en este caso, el final "más probable" del portaaviones es el desguace. La Armada espera un comprador interesado que les ahorre el coste de este proceso.
El 'Príncipe de Asturias', con base en Rota, fue botado en los astilleros de la antigua Bazán, en Ferrol, y entregado a la Armada el 30 de mayo de 1988 y contaba con una capacidad aeronaval máxima de 29 aeronaves.
Con su despedida, la Armada española dirá así definitivamente adiós en las próximas semanas a su único portaaviones, un buque emblemático con el que España entró en el 'selecto grupo de Marinas de guerra con Portaaviones'.
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, acudirá al Congreso el próximo miércoles, día 30, para pedir la autorización del Parlamento a la participación de efectivos españoles en la operación lanzada por Francia contra los islamistas radicales del norte de Malí tendrá su base en Dakar (Senegal), para una misión prevista de tres meses.
Según ha explicado la diputada Beatriz Rodríguez Salmones, miembro de la dirección del Grupo Popular, ese día Morenés comparecerá tanto en el Pleno del Congreso, donde se votará la autorización que requiere la Ley de Defensa Nacional, como ante la Comisión de Defensa, donde el ministro había pedido comparecer para este asunto y para informar de la situación de la misión en Afganistán.
Eso sí, la autorización será a posteriori pues fue el pasado viernes cuando el Consejo de Ministros aprobó la contribución española a la misión en Malí. Este mismo miércoles está previsto que viaje a Dakar un equipo de reconocimiento español a la base francesa donde se desplegará un avión 'Hércules' C-130 del Ejército del Aire que, según Defensa, no pondrá rumbo a África antes del viernes.
En concreto, el 'Hércules' permanecerá en una base del Ejército francés en la capital de Senegal, lo que permitirá "optimizar" los recursos que se necesitan para su despliegue. Entre otras cosas, la seguridad la aportarán los militares franceses desplegados en dicha base, por lo que no será necesario enviar un equipo propio. En total, el contingente español podría estar formado por "en torno a 30 militares".
Su misión será la de trasladar hasta Malí a las tropas de la misión que la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental (CEDEAO) está poniendo en marcha para ayudar al Ejército maliense a enfrentarse a los yihadistas y recuperar el control sobre todo su territorio. El 'Hércules' español no hará vuelos 'intrateatro', es decir, dentro del propio Malí.
Con esta contribución, España avala la operación lanzada por Francia el pasado 11 de enero, a la que el Gobierno ha expresado todo su apoyo político y diplomático. El ministro de Defensa ha descartado que tropas españolas vayan a participar en acciones de combate.
Además, el Gobierno dio luz verde al futuro envío de hasta 50 instructores para la formación del Ejército maliense y de las tropas africanas, en el marco de la misión de entrenamiento que prepara la Unión Europea desde hace meses y que ahora está agilizando para desplegarla en las próximas semanas.
Morenés explicó entonces que, con esta decisión, España "hace lo que tiene que hacer frente a su responsabilidad en el ámbito internacional". El ministro insistió en que Malí "está muy cerca de España" y el auge del yihadismo en esta región "afecta de manera muy importante a los países limítrofes", entre los que están Argelia, Mauritania y Marruecos.
MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el envío a Malí de un avión 'Hércules' C130 del Ejército del Aire para apoyar la operación lanzada por Francia, mediante el traslado de tropas de países africanos hacia el país amenazado por los yihadistas, y ha descartado participar en acciones de combate. También se ha autorizado a todos los aliados que participen en esta misión a sobrevolar España.
Así lo ha informado el ministro de Defensa, Pedro Morenés, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde a la participación española en el conflicto, que se completará con el envío de hasta 50 instructores para la formación del Ejército maliense y el apoyo de las tropas africanas. El acuerdo deberá ser llevado al Congreso de los Diputados.
"España hace lo que tiene que hacer frente a su responsabilidad en el ámbito internacional", ha explicado Morenés, que ha asegurado que Francia ha agradecido esta contribución, que responde a una decisión "legítima y soberana de apoyar con lo que considere oportuno".
"ESTÁ MUY CERCA DE ESPAÑA"
El ministro ha recalcado que Malí "está muy cerca de España" y ha hecho hincapié en la dificultad de la operación militar en una región donde operan grupos terroristas que "han estado vinculados a acciones bélicas desde hace mucho tiempo", algunos en Libia e incluso Afganistán.
Dicho esto, el ministro de Defensa también ha dicho que España no va a participar en acciones de combate en Malí, si bien, preguntado por la posibilidad de que decida hacerlo en el futuro si se recrudece el conflicto, ha añadido que el Gobierno "no trabaja en hipótesis".
Asimismo, Morenés ha asegurado que el Ejecutivo cuentan con "todas las medidas de precuación, de inteligencia y de conocimiento de la situación" con el objetivo de "evitar cualquier tipo de acción contraria a los intereses generales de España, allí donde se encuentran". "Estamos vigilantes y alertas a lo que pueda ocurrir", ha dicho.
Hace unos días, en la Pascua Militar, el Ministro de Defensa se refirió a la enseñanza de formación:
“Los nuevos planes de carrera comenzarán a dar resultados dentro de dos años. Todo indica que serán excelentes, a pesar de las dificultades inherentes a lo radical del cambio experimentado en el sistema de formación.”(1)
Si consideramos a la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire como lo que son, centros de formación de oficiales, el modelo presenta numerosas disfunciones puesto que como veremos a continuación tienen serias dificultades, tanto en la preparación para el ejercicio profesional como en la capacitación para la incorporación a la escala.(2)
En primer lugar, no van a ser capaces de generar el número anual de oficiales necesarios para cubrir las bajas por pase a reserva que sucederán en los próximos años.
A la vista de los resultados (3) se podría hacer una sencilla proyección matemática. De este modo, las cuatro primeras promociones del Ejército de Tierra podrían ocasionar un déficit de alrededor de 400 oficiales. El Ministerio tratará de resolver este problema ofertando plazas para el ingreso con titulación universitaria previa hasta cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas. Por tanto, los ingresados con titulación universitaria obtendrán el empleo de teniente en dos años. En tal caso surgen algunos interrogantes: ¿para qué queremos los Centros Universitarios de la Defensa?, ¿para qué gastar dinero y recursos impartiendo estudios universitarios si es más rentable exigirlos previamente?
Según los Presupuestos Generales del Estado, el total de transferencias corrientes y de capital entre los años 2010 y 2013 a los Centros Universitarios de la Defensa asciende a 34.619.910 €.
Si se hubieran formado oficiales con titulación universitaria previa podría haberse ahorrado 34,6 millones de euros en este periodo, más todo lo que se invierta en periodos futuros, además de reducir los costes generales de las academias al pasar de impartir cinco cursos a dos.
Si dividimos el importe de estas transferencias entre el número de egresados estimados de las tres Academias en este periodo, llegamos a la conclusión que la formación de cada oficial, con el nuevo plan, se ha encarecido en unos 35.000 €. Así pues, vemos que es un sistema poco eficiente que seguirá “funcionando” gracias a la “magnífica lubricación” del dinero.
En segundo lugar, ¿qué formación militar general y específica recibirán? Si en el anterior plan de estudios toda la enseñanza iba orientada en este sentido y, ahora, reponen las bajas con titulación previa y se reduce a dos cursos, evidentemente la formación militar será bastante menor.
Actualmente los suboficiales que acceden por promoción con titulación universitaria deben superar un plan de estudios de dos cursos. Si ambos planes de estudios son de igual duración parece claro que la experiencia militar previa equivale a la nada más absoluta.
Hay más de 1.000 suboficiales con carreras universitarias y muchos otros que están a punto de graduarse o cursando estudios actualmente, con experiencia más que acreditada en multitud de situaciones y misiones, además de haber cumplido o estar cumpliendo en numerosas ocasiones cometidos de oficial. ¿Por qué no se incentiva a este personal para que acceda a dichas plazas? Y en el caso de que accedan, ¿por qué tienen que realizar los mismos períodos formativos que alguien que jamás ha servido en las Fuerzas Armadas?
En tercer lugar, las Fuerzas Armadas deben ser capaces de adaptarse a los diferentes tipos de amenazas, riesgos y retos (4). Disponer de oficiales formados en diferentes disciplinas aumentará las capacidades para hacer frente a los desafíos futuros. No tiene sentido que para acceder a los Cuerpos Generales se limiten las titulaciones a unas pocas.
La promoción de los suboficiales es positiva para el resto de militares y muy especialmente para los alumnos de ingreso directo, futuros oficiales que, con su ejemplo de superación y sacrificio, asimilan mejor los valores castrenses tradicionales.
(2) Art.44 LEY 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
(3) http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_10672_ESP.asp
http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_10669_ESP.asp
16/01/2013 - LaRazón.es
En ocho páginas, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río, marca tanto sus intenciones como las prioridades de la Fuerza de cara a los próximos años. Ocho páginas que suponen una ambiciosa declaración de intenciones que va desde la adquisición de diversas unidades para preservar la capacidad operativa de la Flota a la motivación del personal, pasando por cambios orgánicos para adpatarse a la realidad. Todo, en un contexto de recortes que no pasa desapercibido para el AJEMA.
Son seis los objetivos que se marca el almirante general Muñoz-Delgado en el documento «Líneas Generales de la Armada 2012» (firmado el 27 de diciembre), los cuales resumen sus «principales preocupaciones».
El más destacado es el quinto, que busca «preservar la capacidad de la Flota del futuro mediante los correspondientes planes de renovación». Aquí, la Armada detalla la necesidad de adquirir de «forma responsable y ordenada» una serie de unidades. Concretamente, considera prioritaria la compra de cinco fragatas F-110 para sustituir a las de clase «Santa María», cinco Buques de Acción Marítima (tres en versión patrullero, uno de salvamento y rescate de submarinos y uno en versión Investigación Oceanográfica), seis helicópteros SH-60F, varios vehículos de alta movilidad táctica y diez veíhulos aéreos no tripulados (UAV`s). Además, no pasa por alto las obras en los Arsenales de Cartagena y Las Palmas para apoyar a los submarinos S-80 y los Buques de Acción Marítima, respectivamente, y la modedrnización del misil «Harpoon Bloque II». Unas adquisiciones con las que también quiere «impulsar la industria nacional del sector naval».
Pero no todo se queda en compras. Así, la primera de las directrices es la de «garantizar el correcto alistamiento de la Flota» para poder cumplir sus cometidos. Al no ser posible la preparación del conjunto de la Fuerza para todas las misiones, «hay que buscar un compromiso entre lo más exigente y lo más probable», señala el AJEMA, es decir, que se centrarán en aquellas misiones en las que tengan más posibilidades de participar. Algo que conlleva «una disminución importante de la actividad de otras unidades».
El segundo de los objetivos, es el de mantener al personal «convenientemente motivado y adiestrado». La idea es que mantengan sus valores y se conviertan en un grupo más cohesionado aún para asumir esfuerzos en época de crisis sintiendo que «su trabajo es útil». En este punto se centra en la enseñanza, en culminar la implantación de la Ley de la Carrera Militar y la de Tropa y Marinería o en la conciliación.
La situación económica y la necesidad -más bien obligación- de adaptarse a ella marcan el tercer objetivo: «Administrar con rigor y austeridad los recursos económicos y materiales». Tiene claro el AJEMA que este año «debemos esperar limitaciones económicas severas, con significativas restricciones», lo que implica «establecer prioridades». Habla de un control permanente del gasto y del presupuesto, de optimizar las oportunidades de adiestramiento o de mantener los fondos destinados a enseñanza apurando hasta el último céntimo. Aquí se centra también en la posibilidad de llevar a cabo más despliegues de buques en colaboración con otras marinas, como ha ocurrido con el buque «Cantabria», cedido a Australia para un adiestramiento mutuo a coste cero y que servirá, además, para promocionar la insdustria naval española de cara a futuras compras.
La cuarta de las directrices que marca la Armada es la de «efectuar cambios orgánicos», suprimiendo duplicidades, mejorando la gestión o facilitando la coordinación con los órganos comunes y conjuntos. Junto a esto, no se olvida de adoptar estructuras análogas en los Ejércitos y la Armada, y de adaptar la Fuerza al entorno de la ciberseguridad.
El último de los puntos destaca la importancia de dar a conocer la actividad de la Armada, una novedad con la que busca acercarse a la sociedad española, porque «cuanto más conocidos seamos, más se apreciará la labor de cada una de las personas que componemos la Armada», apunta el AJEMA, quien concluye sentenciando que «frente a los retos, es momento de concentrar nuestros esfuerzos».
MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un teniente coronel del Ejército de Tierra, cuyas iniciales son V.Z.P, será juzgado por un tribunal militar por haber accedido presuntamente al correo de un subordinado para vigilar la relación que mantenía con su secretaria, con quien tenían una relación simultánea y a la que también espió. Para desprestigiar al sargento, el oficial habría creado perfiles falsos de mujer en una web de contactos, a través de la que le envió "mensajes de contenido muy íntimo, en ocasiones pornográfico", en los que le pedía fotos desnudo, con el propósito "muy probable" de desprestigiarlo.
En el auto de procesamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado Togado Militar Central nº2 de Madrid considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de abuso de autoridad o de uno de extralimitación en el ejercicio del mando, que también atribuye indiciariamente a otro teniente coronel, P.B.R, que facilitó al primero las claves del correo electrónico del sargento denunciante. Estos delitos están penados con hasta cuatro años de prisión, el primero, y dos años el segundo.
Según la denuncia, el sargento, representado por el Gabinete Suárez-Valdés, tuvo conocimiento de estos hechos presuntamente delictivos en abril de 2008, el día que se despidió de su superior debido a que dejaba el Acuartelamiento de Loyola de San Sebastián, por un cambio de destino. En el transcurso de una reunión, su superior, en ese momento comandante, le reprochó una "falta de lealtad", que el entonces brigada atribuyó a la relación que había mantenido con su secretaria quien "a su vez, y simultáneamente, también mantenía una relación afectiva y sentimental con el comandante".
Aunque en un principio lo negó, el ahora teniente coronel le habló de detalles de su ámbito "más íntimo y privado" y le acabó reconociendo "abiertamente" que los conocía porque había entrado en su correo electrónico, que había sido elegido por "el CNI, en el curso de un sondeo aleatorio y rutinario".
Dada la "incredulidad" del denunciante por este argumento, el teniente coronel le reconoció que había obtenido sus claves a través de otro teniente coronel, responsable de informática para todas las unidades del País Vasco, lo que le había permitido entrar en su cuenta de correo y abrir sus emails. Este oficial reconoció al sargento su participación y le dijo que lo había hecho "en multitud de ocasiones anteriores con otros militares", porque aunque "sabía que no era totalmente legal, se sentía plenamente respaldado por sus jefes".
Según denuncia el sargento, una vez entró en su correo y pudo conocer detalles de su vida privada, tales como sus apodos en una página de contactos para adultos, el teniente coronel se creó "varios perfiles de mujer" desde los que envió mensajes al sargento, al que pidió fotografías en las que apareciera "desnudo en actitudes sexuales explícitas" en las que se le viera la cara, a lo que se "negó rotundamente".
En la última reunión que mantuvieron, el teniente coronel le "enumeró una por una las fotos" que sí le envió, así como las que le habían enviado mujeres con las que mantenía contacto por correo electrónico, todo esto con la intención de "abochornarle y humillarle".
Según el tribunal, en la instrucción ha quedado acreditado que las cuentas de correo electrónico desde las que se le pidieron las fotos desnudo están registradas desde el domicilio particular del denunciado, tal y como ha determinado la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza. Además, se ha constatado que el teniente coronel P.B.R. solicitó las identidades tanto del denunciante como de la secretaria.
De esta manera, el auto de procesamiento señala que "existen indicios para suponer" que el teniente coronel P.B.R facilitó en abril de 2007 las identidades del sargento y la secretaria al superior de ambos, quien hasta al menos abril de 2008 "estuvo consultando" sus correos y con la intención "muy probable de desprestigiar" al suboficial, "creó unos falsos perfiles de mujer, detrás de los que él se escondía, mandando electrónicamente desde su domicilio particular mensajes al denunciante, solicitándole fotografías en las que saliese desnudo".
Estos mensajes "de contenido muy íntimo, en ocasiones pornográfico, provocaron respuestas" del sargento "de igual tenor", de las que el teniente coronel denunciado tuvo "puntual conocimiento, pues en definitiva iban a él dirigidas".
Los dos tenientes coroneles procesados se encuentran el libertad provisional, con la obligación de presentarse los días uno de cada mes en la sede el Juzgado Togado en Madrid o ante la autoridad jurisdiccional o administrativa que se designara.
Foto: 20Minutos.es
La Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFAS) ha publicado en su página web la carta que han remitido al Presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso y que publicamos integramente por considerarla de interés.
En España, los principios de legalidad y justicia transcurren a veces por caminos diferentes, pero en lo que a los suboficiales de las FAS se refiere éstos son totalmente divergentes. Para que una Ley sea legal, tan sólo necesita ser aprobada por el Congreso y publicada en el BOE, pero para que sea justa hace falta algo más.
Sirvan como ejemplo las tres últimas leyes de la carrera militar promulgadas, aprobadas por amplia mayoría y casi por unanimidad la actualmente en vigor, en las que principios de Irretroactividad, Seguridad Jurídica, Buena Fe y Confianza Legítima han brillado por su ausencia, cercenado expectativas marcadas por ley conseguidas tras la aprobación de una oposición y posterior superación de los planes de estudios correspondientes.
El experto jurista D. Ignacio Arias Díaz los define claramente en un artículo publicado en octubre de 2009:
“El fundamento del principio de confianza legítima que exige que las autoridades y la Administración sean fieles a sus propios actos o a su propia conducta anterior, radica en la exigencia de la más elemental seguridad jurídica que deriva, a su vez, de la existencia del Estado de Derecho. Los ciudadanos poseen el derecho a prever y ordenar pro futuro su trayectoria vital. Que el Derecho garantice un mínimo de estabilidad sobre la cual construir un proyecto personal o profesional sin que los cambios súbitos, inaudita parte, y sin fundamento legal alguno, supongan trastornos en las relaciones jurídicas ya entabladas, ni cambios en las expectativas jurídicas creadas. Jurídicamente implica la prohibición de ir contra los propios actos (Lorenzo de Membiela, 2005).”
El catedrático de Derecho Administrativo D. Francisco López Menudo por su parte los resume de forma clara y concisa en el texto siguiente:
“Toda modificación del ordenamiento jurídico, de las situaciones ya consolidadas, genera una situación de riesgo colectivo; riesgo para el destinatario de la norma, de la modificación, que puede ver frustradas bruscamente las seguridades que creía tener ganadas, seguridades quizás obtenidas con el esfuerzo permitido e incluso alentado por legislaciones anteriores, por el propio organismo en el que se prestan servicios; y riesgo, también, aunque de otra naturaleza, para el propio creador de la norma, para el autor de la modificación, pues sus posibles veleidades en esta materia acaban minando su propia auctoritas, ya que no puede inspirar confianza quien de modo inconstante pretende quitar hoy lo que ofreció ayer o no cumplir mañana las promesas de hoy”.
La Ley 39/07 de la Carrera Militar (en adelante LCM), se ha encargado de demostrar el craso error que significa legislar sin tener en cuenta la opinión de los afectados. A pesar de nacer con un gran consenso, desde su entrada en vigor el 1 de enero del 2008, ha dejado evidencia manifiesta de sus carencias. Viendo el resultado de su aplicación, esta ley, que en lo que a los suboficiales se refiere, ha ignorado o conculcado principios tan importantes para nuestra institución como los de jerarquía, mérito y capacidad, justicia, etc. y valores fundamentales como tradición, honor, lealtad y sacrificio, primordiales en cualquier ejército, estamos en condiciones de acreditar que la situación en la que nos encontramos los suboficiales en la actualidad es legal, pero a todas luces injusta.
Se han efectuado y se siguen proponiendo, numerosas modificaciones a la LCM aprovechando diversas tramitaciones legislativas. Desde su entrada en vigor se han presentado gran cantidad de enmiendas por todos los grupos de la Cámara, que culminaron en el mandato legal establecido en la LODDFAS que disponía la modificación del régimen transitorio de esta ley. A pesar de que consideramos que la reforma de la LCM debe ser integral, esta imposición legal fue recibida por los suboficiales con gran esperanza, ya que después de tantos años de carencias profesionales y personales, percibir el carácter receptivo que parecían reflejar los distintos grupos políticos de la Cámara a nuestras peticiones de justicia, nos hacía albergar esperanza en un cambio positivo.
Pasados más de quince meses desde la entrada en vigor de la LODDFAS, todavía no se ha iniciado el trámite legal dispuesto en la Disposición Final 12ª de la Ley Orgánica 9/2011 de Derechos y Deberes, que ordenaba:
“En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, tras la experiencia adquirida en su aplicación. A estos efectos, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados emitirá un dictamen con carácter previo, que aborde los diferentes elementos del período transitorio de la Ley, en particular los referidos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como al retiro del personal discapacitado, considerando, en su caso, los correspondientes efectos económicos.”
En un principio se aceptó un retraso prudencial por lo inmediato de las últimas elecciones en relación a los plazos establecidos. Hoy, camino del año y medio transcurrido innecesariamente, dudamos de la voluntad del legislador de modificar la LCM, haciendo caso omiso del mandato dispuesto en la Ley Orgánica 9/2011.
Ante esta situación, debemos manifestar nuestro malestar al constatar, por una parte, la falta de hechos que pongan de manifiesto el entendimiento y apoyo que el Grupo Parlamentario Popular, actualmente en el poder con mayoría absoluta, ofreció a nuestras propuestas cuando se encontraba en la oposición y por otra, que partidos como el propio PSOE, que ahora se encuentra en la oposición, presenten enmiendas que podrían haber sido llevadas a la práctica si hubiese habido verdadera voluntad política cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar en la pasada Legislatura.
Llegados a este punto, podemos afirmar que también se ha conculcado el Principio de Legalidad que supone el sometimiento pleno de la Administración a la ley. No hay pues Seguridad Jurídica, ya que no solo se mantienen leyes injustas, sino que además se hace caso omiso a lo ordenado por la propia Ley Orgánica a la que hacemos referencia.
Los militares, por su específica condición, asumen enormes cargas y limitaciones familiares, personales y profesionales, que no soporta ningún otro colectivo en la Administración. Las Fuerzas Armadas llevan a cabo tareas muy exigentes en escenarios extremos, con un alto riesgo para la integridad física de sus componentes que llega incluso al máximo sacrificio de la propia vida en cumplimiento de la misión como se ha demostrado en numerosas ocasiones; y sirva como ejemplo más reciente la pérdida del Sargento David Fernández Ureña (qepd) destacado en Afganistán. Nosotros sí cumplimos nuestros compromisos.
Estamos convencidos de que en un futuro no muy lejano deberá abordarse una profunda modificación de la LCM, que permitirá adaptar las Fuerzas Armadas al nuevo horizonte que se dibuja, pero este hecho no puede ser motivo de la actual inacción.
No entendemos por qué nuestros responsables políticos eluden su compromiso, retrasando la modificación integral del Régimen Transitorio de la Ley de la Carrera Militar ordenada en la LODDFAS, mientras se sigue utilizando, también en esta legislatura, el subterfugio de modificar determinados aspectos de esta ley, aprovechando la entrada en vigor de otras leyes. Curiosamente, no se utiliza esta puerta trasera para afrontar los problemas que venimos padeciendo y denunciando los suboficiales; si el criterio del legislativo es este, propondremos aprovechar la próxima tramitación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario para introducir modificaciones en la LCM que solucionen nuestra situación, aunque lo más fácil sería cumplir la ley.
Permitir que entren en vigor las nuevas plantillas de personal sin que se hayan modificado disposiciones transitorias como la séptima y octava, que afectan directamente al pase a la reserva de los miembros de las Fuerzas Armadas, es un grave error que afectará negativamente a la regulación efectiva y necesaria de la pirámide de personal y a la trayectoria profesional de los militares de carrera.
Para finalizar, solo pedimos respeto y consideración, y que el legislador se ponga manos a la obra para propiciar que legalidad y justicia paseen de la mano por el mismo camino, consiguiendo de esta manera que se pueda cumplir el espíritu del artículo 18 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas:
“Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad.”
Atentamente,
Pedro Amador Romero
Presidente de ASFAS
13/01/2013 - LaRazón.es
El Príncipe de Asturias ha impuesto a título póstumo la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo al sargento David Fernández Ureña, fallecido el viernes en Afganistán al explosionarle un artefacto. Este domingo ha tenido lugar una emotiva ceremonia en el acuartelamiento «Sangenis», sede del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12 de Zaragoza, donde estaba destinado el militar.
Al acto han asistido el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi; el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde; el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Angel Val; el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente; la vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Rosa Plantegenet-White; el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri.
Asimismo se han desplazado hasta el acuartelamiento los portavoces de Defensa de los grupos parlamentarios del PP y PSOE en el Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones y Diego López Garrido, respectivamente, además de otras autoridades civiles.
Asimismo, han asistido al funeral el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sánchez, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Jaime Domínguez Buj
y el comandante del Mando de Operaciones, almirante Teodoro López Calderón.
El Príncipe, al inicio de las honras fúnebres, se ha acercado a dar el pésame a la madre, los hermanos y la novia de David Hernández Ureña, que estaban acompañados por otros familiares, amigos y compañeros del militar.
El arzobispo castrense, monseñor Juan del Río, ha definido al sargento como "una persona valiente", al tiempo que ha destacado la importante labor que realizan las fuerzas armadas españolas en beneficio de la paz. "Los que trabajan por la paz, nunca mueren", ha asegurado, tratando de dar consuelo a la familia.
MERITO MILITAR
Tras la misa, Don Felipe de Borbón se ha acercado al féretro, que estaba cubierto por la bandera de España, y ha impuesto a título póstumo a Fernández Ureña la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.
Este distintivo se concede a aquellas personas que, con valor, hayan realizado acciones, hechos o servicios eficaces en el transcurso de un conflicto armado o de operaciones militares que impliquen o puedan implicar el uso de fuerza armada, y que conlleven unas dotes militares o de mando significativas.
La muerte de Fernández Ureña, de 35 años, y natural de Bilbao, se produjo cuando trataba de neutralizar un artefacto explosivo improvisado cuando realizaba labores de reconocimiento en la ruta OPAL, entre las localidades de Qala-i-Naw y Darra-i-Bun, en Afganistán.
Era especialista en NBQ (defensa nuclear, biológica y química), operador de desactivación de artefactos explosivos. Ingresó en el Ejército en el año 2000 y desde 2008 estaba destinado en el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros de Zaragoza. En el año 2009 participó en la misión de Afganistán, por lo que fue condecorado con la medalla de la OTAN-ISAF.
Durante la ceremonia, los compañeros de David Fernández han cantado 'La muerte no es el final'. La madre y su novia han recibido con emoción, de manos del coronel del Regimiento, Antonio Navarro, la bandera que ha arropado el féretro y la boina del uniforme del sargento.
Las honras fúnebres han finalizado con un homenaje a los miembros de la fuerzas armadas que han dado su vida por la patria.