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El pasado 20 de noviembre la Secretaria de Estado de Defensa, la Subsecretaria de Defensa y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa comparecieron en la Comisión de Defensa al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

A continuación se presentan varios videos con lo tratado sobre retribuciones, que, según han informado los responsables del ministerio, NO VAN A SER INCREMENTADAS MÁS ALLÁ DE LO DISPUESTO PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 

Una vez más, y con la aquiescencia del Gobierno y de algunos militares pagados con su cargo, seguimos en el vagón de cola.

Comisión de Defensa 20/10/2022 en PDF:

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-777.PDF

Todos los vídeos de la sesión Comisión de Defensa 20/10/2022 sobre presupuestos generales 2023:

https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponible?codOrgano=304&codSesion=28&idLegislaturaElegida=14&fechaSesion=20/10/2022

Cuando el mes de octubre comenzaba su andadura, conocimos la triste noticia del fallecimiento del sargento de la “Brigada Rey Alfonso XIII” de la Legión, D. Julio Luque Virués, en un accidente que se produjo el viernes 30 de septiembre por la tarde, sobre las 19.20 h, en el campo de maniobras “Álvarez de Sotomayor”, en Viator (Almería). Según informó el ministerio de Defensa, la unidad del sargento fallecido realizaba un ejercicio de preparación para la misión A/I a desarrollar en Irak en los próximos meses.

Dicho accidente, cuyas circunstancias todavía no han sido aclaradas en su totalidad y en el que también hubo otros militares heridos de diversa consideración, fue minimizado despectivamente en algunos foros y redes sociales con el odio y la inquina que caracteriza los comentarios anónimos (y cobardes) a los que por desgracia ya estamos acostumbrados, comparándolo, además, con los numerosos accidentes de circulación o laborales que suceden todos los días en España. Sí, pero no. Porque los militares que se estaban adiestrando realizaban una actividad con indudable riesgo, que normalmente incluye el manejo de armas y explosivos, fuego real o la conducción de vehículos por terreno abrupto y peligroso a cierta velocidad, condiciones necesarias cuando se trata de desplazamientos en zonas de guerra, como es el caso de Irak y algunos otros escenarios comunes a los despliegues de nuestras tropas.

Con todo, a pesar de la peligrosidad inherente al ejercicio de la profesión militar, los sucesivos responsables ministeriales tratan de vender a la sociedad civil una imagen buenista, casi de ONG, de su actividad diaria o de la permanencia de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas en las zonas de operaciones, obviando que la cruda realidad es bien diferente y, por ello, una verdad incómoda difícil de aceptar para todos aquellos que no se encuentran a gusto cuando se trata de algo tan importante como la “Seguridad y la Defensa Nacional”. Claro que, de reconocer abiertamente y sin tapujos la realidad del servicio activo de un militar profesional, el Gobierno y todos los grupos políticos se quedarían sin excusas para poder seguir manteniendo el apartheid de facto que sufrimos en nuestras condiciones laborales y de carrera.

No obstante, volviendo al triste suceso de la fatídica muerte de nuestro compañero, en lo primero que habría que fijarse para poder valorarlo adecuadamente es el lugar en el que se produjo: un campo de maniobras y, a continuación, en la hora: las 19:20 de un viernes, fuera de la jornada laboral reglada. Aunque lo más seguro es que este ejercicio, al igual que los Alfa, Beta, jornadas de instrucción continuada, etc., estuviera registrado en el calendario de actividades y, por consiguiente, el personal participante dispusiera de los correspondientes pluses o tiempo de descanso adicional como compensación.

No lo sabemos y tampoco tenemos, en principio, por qué dudar. Ya que de no ser así estaríamos ante la clásica extensión de la jornada laboral “gratis total”, tantas veces denunciada por la actual ministra de Trabajo y por el propio presidente del Gobierno de España, con serias sanciones para aquellas empresas que incumplan el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo o la correspondiente legislación vigente que este real decreto modifica parcialmente:

Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Artículo 7. Infracciones graves.

5. La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores.

¿Estamos insinuando que el ministerio de Defensa incumple la normativa vigente en materia laboral y/o de protección social? No, pero el problema es que no se quiere aplicar a las leyes que rigen el régimen de personal y la carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas, lo que en la práctica da lugar a los abusos y arbitrariedades que se pretenden evitar al resto de ciudadanos de nuestro país. Por este motivo, consideramos como un apartheid la injusta situación profesional y personal que nos está tocando vivir.

Porque es un hecho incuestionable que los militares no tenemos derecho a retribución por horas extraordinarias tras la realización de guardias, servicios y comisiones, siendo las compensaciones en tiempo de descanso recogidas en los reglamentos, escasas, insuficientes o incluso inexistentes. Tampoco está valorada en su justa medida la disponibilidad permanente durante las veinticuatro horas de cada uno de los días que pueda durar cualquier tipo de ejercicio de adiestramiento, ya sea en diario o en festivo. Es más, la prolongación “gratis total” de la jornada laboral, tan común a muchos militares en sus quehaceres diarios, ni se retribuye ni se compensa debidamente en la mayoría de los casos, generando miles de horas extraordinarias que se pierden en un limbo legal que muy pocos se atreven a denunciar, ya que se pueden ver afectados, entre otras cosas importantes, los IPEC (informes personales de calificación) o la percepción del CDE, complemento de dedicación especial que la mayoría de suboficiales percibimos solo algunos meses cada año y en baja cuantía.

Además, como hemos denunciado en innumerables ocasiones, la Ley de la carrera militar, ni ninguna otra, ofrecen al militar profesional la posibilidad de aplicación de coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional "cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”, siendo la engañosa reserva (descrita socarronamente como “jubilación dorada” por algunos medios de comunicación) el único mecanismo teórico de compensación, pero que no impide que un militar pueda ser desplazado a una zona de guerra con 60 años de edad o que pase a esa situación con más de 40 años de servicio activo, que le podrían servir, si se utilizase la misma vara de medir que al resto de ciudadanos con los citados coeficientes, para obtener no una, sino dos jubilaciones anticipadas antes de cumplir esa edad.

Sin embargo, de manera incomprensible, el pase a la situación de reserva se mantiene a los 61 años de edad para los oficiales y suboficiales y los 58 años para el personal de tropa, a pesar de que la Ley General de la Seguridad Social dice, en su artículo 206, que:

“A tales efectos, reglamentariamente se determinará el procedimiento general para establecer coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, que incluirá, entre otras, la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para continuar con el desarrollo de la actividad a partir de una determinada edad.”

Si esta ley se aplica a todos los ciudadanos españoles y los militares ya no ingresan en el régimen de Clases Pasivas desde el año 2011, ¿por qué se excluye a ese colectivo?

Si hubo unanimidad para extender esa posibilidad a los policías autonómicos, locales, bomberos, trabajadores del régimen especial del mar, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios y algunos otros colectivos más, ¿por qué se sigue excluyendo a los militares profesionales? ¿Por qué tanto desprecio y desconsideración?

Ante la ausencia de una respuesta argumentada de autoridades y legisladores, cualquiera podría pensar que el motivo principal de esta discriminación es que al militar se le retribuye de manera especial por su singularidad profesional. Y nada más lejos de la realidad, porque nuestros salarios están muy por debajo de los de todos estos profesionales y la evidencia manifiesta y humillante es que más de 100.000 militares con empleos inferiores a capitán cobramos menos o muchísimo menos que un policía (local, autonómico o nacional), guardia civil o bombero recién egresados de sus academias. Y para mayor desmoralización y señalamiento de que nos consideran servidores públicos “inferiores”, todos los grupos políticos que apoyaron la reciente equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles, o los que defienden habitualmente subidas salariales y mejoras de la carrera profesional de policías locales o autonómicos, se olvidaron de nosotros. Eso sí, luego somos los “chicos para todo” a los que recurren de manera inmediata ante cualquier incidente que haya que afrontar con riesgo, seriedad y entrega, además de con pocos gastos en personal, que parece lo más importante.

Nuestro compañero recientemente fallecido en acto de servicio y todos los que le precedieron entregando su vida o resultando con heridas físicas o psíquicas en el cumplimiento de su deber; los que en este mismo momento se están adiestrando o cumplen misiones de grave riesgo y responsabilidad y todos los hombres y mujeres que integramos las Fuerzas Armadas o que lo harán en el futuro, necesitamos respeto y consideración y no discurso vacíos, halagos hipócritas o publirreportajes ocasionales.

Es necesaria una nueva ley de la carrera militar que reconozca, sin complejos, la singularidad de la profesión militar y no ser destinatarios del ventajismo limosnero que intenta maquillar el apartheid profesional y retributivo que “disfrutamos” en la actualidad.

ASFASPRO presentó ocho (8) propuestas para ser debatidas en el pleno, de las cuales sólo cinco (5) fueron admitidas. Entre las propuestas no admitidas se encuentra la que pretende que el Ministerio de Defensa promueva la inclusión de los créditos necesarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2023 para hacer efectivo el aumento del nivel de complemento de empleo del sargento y del resto de empleos superiores hasta teniente.

ASFASPRO también presentó dos preguntas sobre las retribuciones del militar en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que no fueron respondidas en el pleno posponiendo su contestación a un futuro.

Este hermetismo acerca de las remuneraciones contrasta con las noticias cincoaparecidas en un medio digital de comunicación [1] en el que se describía una futura modificación del Reglamento de retribuciones con un incremento de 100€ mensuales de media. Al parecer se planea establecer una parte estructural del CDE y mejorar el CGCE. Lo primero coincide con lo tratado en la Comisión de Trabajo sobre retribuciones del Consejo de Personal.

¿Cómo es posible que el Consejo de Personal -al menos la parte que representa a los miembros de las Fuerzas Armadas- se entere por la prensa de lo que pretende el ministerio? La propia Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas establece que el Consejo de Personal debe tener conocimiento sobre el régimen retributivo y debe recibir información sobre política de personal.

La responsable de este desaguisado, la Sra. Robles, continúa desparecida para las asociaciones y el Consejo de Personal.

[1] https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/gobierno-subira-sueldo-100-euros-mes-partir-enero-120000-militares/20221007102529460051.html

 DESARROLLO DEL PLENO Y ASUNTOS TRATADOS MÁS IMPORTANTES

 El pasado día 05 de octubre tuvo lugar el tercer pleno ordinario de 2022. Al mismo, y presidido por la Subsecretaria de Defensa, asistieron el Secretario General Técnico (SEGENTE), el   Director General de Personal Militar (DIGENPER), el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), el Subdirector General de Personal Militar, el Subdirector General de Enseñanza Militar, los Mandos de Personal de los Ejércitos y la Armada, el Director del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Defensa, el Secretario General Gerente del ISFAS y los representantes de las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME, UMT y APROFAS.

En la apertura de la sesión y tras la lectura del orden del día, ASFASPRO solicitó conocer el porqué de la no inclusión en el pleno de la propuesta de Recopilación de información sobre edades de pase reserva y retiro de ejércitos europeos.

La presidencia cedió la palabra al secretario permanente, quien explicó que en la Comisión preparatoria del pleno no había existido acuerdo entre todos los participantes porque la asociación APROFAS adujo que era una solicitud de información. APROFAS manifestó que la razón alegada para no incluirse en el pleno no era coherente porque en otras ocasiones no ha habido consenso entre los miembros de la preparatoria y las propuestas han terminado tratándose en el pleno. ASFASPRO manifestó que este era un precedente muy preocupante porque si una asociación no estaba de acuerdo en tratar alguna propuesta y finalmente no se debatía significaría el final del Consejo. La presidencia zanjó el asunto pidiendo a ASFASPRO que presentase la propuesta como una “solicitud de información” para que sea estudiada. Habrá que esperar a futuras comisiones preparatorias para ver como deriva este tema.

 -APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS P22-02, DE FECHA 27 DE JULIO DE 22

 En dicho pleno ASFASPRO había presentado varias preguntas que fueron respondidas varias semanas después. Con motivo de las respuestas ASFASPRO presentó dos ruegos. Por un lado, que se implante en 2023 el sistema de puntos para la reposición de prendas en la Armada y por otro, que se mejore la gestión del personal celíaco e intolerante al gluten que despliegue en Zona de Operaciones.

 -DISPOSICIONES LEGALES Y SUS DESARROLLOS REGLAMENTARIOS A INFORMAR PRECEPTIVAMENTE POR EL CONSEJO DE PERSONAL

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 309/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas.

DIGEREM rechazó las alegaciones presentadas por ASFASPRO.

ASFASPRO dejó claro que el proyecto no elimina los límites de edad para los suboficiales porque que ya estaban suprimidos por la Sentencia 269/2022, de 3 de marzo de 2022, del Tribunal Supremo que estimaba el recurso contencioso presentado por esta asociación. También recordó ASFASPRO que lleva desde 2013 solicitando al Consejo la anulación de los límites de edad para la promoción del suboficial y al final había tenido que ser el Tribunal Supremo el que estimara esta pretensión.

ASFASPRO incidió en que si se pretende dar un decidido impulso a la promoción la eliminación de los límites de edad no es suficiente, deben producirse otros cambios como la configuración de las pruebas físicas, el cuadro de exclusiones médicas y el incremento de titulaciones universitarias de acceso.

Además, ASFASPRO explicó que hace pocos días la Policía Nacional anunció la reciente creación de su Centro Universitario en el que se cursará el Grado Universitario en Estudios Policiales para cualificar a los oficiales de policía (equivalentes a cabos en las FAS) en su futuro acceso a la Escala de Subinspección, y el Máster Universitario en Seguridad y Función Policial con el objetivo de formar a los futuros inspectores.

Traducido al militar, bajo el paraguas de la Universidad de Salamanca e informado favorablemente por la ANECA, los policías van a cursar un Grado en materias policiales para ser suboficial y un Master también en materias policiales para ser oficial. Aquí, seguimos en un escalón más bajo con los Títulos de Técnico Superior y de Grado “civiles” para ser suboficial y oficial de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

Por otro lado, en la futura Ley de personal de la Guardia Civil se pretende dar la equivalencia a la formación de los suboficiales al nivel MECES 2, a un Grado universitario genérico.

Finalmente, ASFASPRO tuvo que rebatir varios de los trasnochados e infundados argumentos de APROFAS contrarios a la promoción del suboficial.

 -PROPUESTAS PRESENTADAS POR ASFASPRO DEBATIDAS EN PLENO:

https://www.asfaspro.es/component/k2/item/2851-propuestas-para-el-tercer-pleno-del-consejo-de-personal-de-2022

Modificación del art. 12 de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas

Se propone permitir al militar percibir la compensación económica en localidad de destino distinta a la de ubicación de la vivienda militar adquirida o subvencionada hace más de 10 años.

Fue desestimada por parte del Ministerio argumentado el propio artículo 12 y el principio de igualdad de oportunidades. ASFASPRO explicó que es la modificación del artículo lo que se pide en la propuesta y que para el militar la vivienda es un problema importante. Finalmente, la presidenta concluye en trasladar al INVIED que en el momento en que se considere oportuno modificar la ley tengan en cuenta las aportaciones de las asociaciones.

Modificación de la normativa destinos para aclarar determinados plazos de incorporación al destino

La propuesta fue estimada y en la próxima modificación de la Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, de destinos y comisiones de servicio del personal militar profesional se analizarán los casos planteados.

Establecimiento de orientaciones en el Ejército del Aire sobre descansos establecidos en los arts. 11.2, 11.3 y 12 Orden DEF/1363/2016

Fue desestimada por parte de MAPER EA porque considera que no hay dos unidades idénticas ni son todas las situaciones equivalentes por lo que debe quedarse a nivel de jefe de unidad la valoración de los descansos y permisos.

¿Cómo es posible que el Ejército de Tierra disponga de estas orientaciones desde hace años y el Ejército del Aire se niegue a su establecimiento con el fin de evitar agravios entre los miembros de una unidad y de otra?

Supresión cuantías máximas por empleo y mes natural de las asistencias (clases, participación en tribunales…), así como su actualización y el pago de todas ellas en el Ejército del Aire

MAPER EA desestimó las propuestas de eliminar el límite por empleo y mes natural y de abonar todas las sesiones realmente impartidas por disponibilidad presupuestaria. Estimó la revisión de las cuantías, que espera sean efectivas en el próximo ejercicio económico.

Las cuantías máximas de las asistencias establecidas por mes y empleo son discriminatorias, además de no ser coherentes con el Reglamento de indemnizaciones por razón del servicio y las normas de DIGEREM sobre la materia.

Anulación del escrito MAPER EA sobre sucesión mando con carácter interino y modificación de la RPM EA para la inclusión de puestos suboficiales jefes de sección.

Las dos partes de la propuesta fueron desestimadas por MAPER EA. Desestimó anular el escrito porque, en su opinión, es conforme a la normativa y los puestos de jefe de escuadrilla y de escuadrón desempeñados con carácter interino o accidental no pueden recaer en suboficiales. Desestimó modificar la RPM porque limitaría al jefe de unidad la posibilidad de distribución del personal.

La realidad es que en el EA hay 11 suboficiales que por su capacidad técnica desempeñan puestos de jefes de escuadrilla o escuadrón, que otros ejércitos e incluso el Órgano Central tienen recogidos en sus RPM´s puestos de suboficial jefe de sección y que el Ejército del Aire sigue anclado en una gestión de personal que provoca efectos negativos en las condiciones de trabajo, las retribuciones y el reconocimiento profesional del suboficial.

 -RUEGOS Y PREGUNTAS:

ASFASPRO presentó seis (6) preguntas y un (1) ruego.

Primera pregunta. – Protocolo Antisuicidios.

¿Tiene el Ministerio de Defensa o los Ejércitos prevista la redacción de un protocolo anti suicidios?

El ministerio no contesta en el pleno, lo hará por escrito.

Segunda pregunta. – Retribuciones en Consejo de Ministros 20/09/22.

El 21 de septiembre algunos medios de comunicación [1] recogieron declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno sobre los acuerdos propuestos por el Ministerio de Defensa aprobados en el Consejo de Ministros del día 20. La Sra. Díaz explicó que esos acuerdos están relacionados con el personal de las Fuerzas Armadas, sus "retribuciones y emolumentos".

1.  ¿Estos acuerdos incluyen algún tipo de incremento de retribuciones?
2.  ¿En qué consiste ese incremento?

El ministerio no contesta en el pleno, lo hará por escrito.

Tercera pregunta. – Presupuestos Generales del Estado 2023.

1.  ¿Ha propuesto el Ministerio de Defensa algún incremento salarial para el personal militar en el Anteproyecto de los Presupuestos General del Estado para el próximo año 2023?
2.  De estas propuestas ¿Cuáles han tenido informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública?

El ministerio no contesta en el pleno, lo hará por escrito.

Cuarta pregunta. – CSCE Puestos de Suboficial Jefe de Sección ET.

Según información facilitada por el Mando de Personal del Ejército de Tierra faltaría por modificar el CSCE de aproximadamente 300 puestos de suboficial jefe de sección.

¿Cuándo se tiene previsto modificar el CSCE de estos puestos?

DIGENPER respondió que se han celebrado dos reuniones de la Comisión Superior de Retribuciones Militares. El 4 de abril se trató la modificación de las características retributivas de 390 puestos de suboficiales jefes de sección y el 29 de septiembre, en la que se trataron aproximadamente 100 puestos. En la próxima reunión de noviembre intentarán presentar la modificación de unos 100 puestos. Es un proceso continuo y laborioso en el que MAPER ET y DIGENPER están trabajando.

Quinta pregunta. - Viviendas militares en Melilla.Teniendo en cuenta la demanda de viviendas militares en régimen de arrendamiento especial en Melilla ¿Qué medidas va a tomar el INVIED para aumentar la oferta?

Según el INVIED en la lista de espera de septiembre había cuatro solicitantes y a dos ya se les ha concedido vivienda. En general, los peticionarios optan por la compensación económica y cuando se agota solicitan vivienda militar, lo que dificulta la previsión de la demanda. El INVIED trata de adecuar la oferta a las necesidades del personal militar teniendo en cuenta el presupuesto y la ejecución de reformas.

Sexta pregunta. – Incentivos.

En la nómina del mes de septiembre a personal de la Escala de Tropa y Marinería de diferentes Unidades y Ejércitos le aparece reflejado un incentivo por valor de 100€.

1.  ¿En qué Unidades se ha pagado dicho incentivo?
2.  ¿A qué se debe dicho incentivo?
3.  ¿Se va a hacer extensivo al resto de personal? En caso de respuesta negativa ¿Por qué?

DIGENPER respondió que el motivo del pago único incentivo es reconocer la permanente disponibilidad para el servicio. Se ha priorizado al personal de tropa destinado en la Fuerza de los Ejércitos y en la UME, exceptuando los comisionados en zona de operaciones.

Se han pagado 100€ a 57.000 efectivos, un total de 5,7 millones de euros a cargo de los créditos de la Subsecretaria de Defensa. No hay disponibilidad presupuestaria para hacerlo extensivo a los cuadros de mando y reconocer su permanente disponibilidad para el servicio.

Ruego. - Para este pleno ASFASPRO ha presentado una propuesta de modificación de la NIC 162/2018 sobre gestión de cambios de destinos, plazos incorporación y ceses.

Dado que la Armada da por extinguida la NIC 162/2018 se ruega que se emita una nueva NIC para conocimiento de dicha situación por todo el personal y de las Unidades encargadas de la gestión de personal

ALPER contestó que las NIC no generan ninguna obligación legal, solo son aclaratorias. Añadió que no han tenido quejas por los tiempos de incorporación a los destinos y, para no crear confusión, no iban a emitir una nueva NIC sobre este asunto.

Cuando nunca se dan las condiciones para que los militares tengan unas retribuciones dignas y justas, acordes al desempeño profesional que todos reconocen, hay que plantearse que no son las condiciones las que fallan, es la voluntad de los gobernantes lo que falta.

Si Calderón de la Barca levantara la cabeza creería que no ha pasado el tiempo, solo ha cambiado la moda. Ni en el siglo XVII ni en el XXI hay voluntad para pagar un sueldo digno al militar, “pues sufren a pie quedo con un semblante, bien o mal pagados”^[1]. Dinero para el soldado no hay ni se quiere que haya, pero excusas para no pagar lo que en realidad cuesta un ejército profesional, todas las imaginables.

La última, que como más del 50% del presupuesto de Defensa se lo lleva el gasto de personal, que no se puede dedicar al personal una parte del aumento de presupuesto propuesto para ir acercándonos al 2% del PIB comprometido con la OTAN^[2]. De manera muy interesada se hacen las cuentas, pues no tienen en cuenta los millones de euros que cuestan las Operaciones Internacionales, dinero que no sale del presupuesto del Ministerio de Defensa^[3]. Si se contara todo ese gasto militar el porcentaje dedicado al personal bajaría un tanto. Ya en 2018 la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en el punto 48 del dictamen emitido en relación con el Informe Anual de 2016 del Observatorio de la Vida Militar denunciaba “la escasa ortodoxia y transparencia presupuestaria del Ministerio de Defensa […] a causa de la aprobación de un elevado porcentaje del presupuesto a través de la concesión de créditos extraordinarios no contemplados el presupuesto inicial aprobado por Cortes Generales”^[4].

El borrador de los Presupuesto Generales del Estado para 2023^[5] recoge para el Ministerio de Defensa que el capítulo I sobre Gastos de personal para 2022 suponía el 50’4% del presupuesto ministerial, porcentaje que para el 2023 se propone dejar en un 42’5% por haberse incluido en el presupuesto del Ministerio diversos gastos en material que antes estaban fuera. Si se incluyera en el presupuesto la totalidad del el gasto de defensa la parte dedicada a personal podría bajar fácilmente hacia el 30%. Con este porcentaje ya no parece que se gaste tanto en personal. Porque el personal militar y el trabajo que hace le resultan baratos, muy baratos, al Estado.

Los esforzados e interesados analistas tampoco quieren dedicar ni una palabra al motivo por el que el gasto de personal se lleva la parte del león en Defensa: porque para infraestructuras y armamento/equipamiento se presupuesta mucho menos de lo necesario. ¿Se han dado una vuelta para ver el penoso aspecto de los cuarteles, faltos de mantenimiento? Pero si la prueba del algodón la tienen en el propio edificio del Ministerio de Defensa, que ha tenido que ser rehabilitado recientemente con fondos europeos. Pues si así está la sede del órgano central en la Castellana, cómo no va a estar un cuartel de provincias.

El capítulo de mantenimiento se ha ido reduciendo tanto que para la necesaria limpieza de locales los pobres militares se han visto obligados a reducir progresivamente la cantidad de detergente por cubo de agua para fregar. “Aquí la necesidad no es infamia”, que decía Calderón. Y así con todo.

¿Y qué hay del material? No vamos a entrar en caídas de aviones o helicópteros… La operatividad se estira y se estira lo indecible… lo que solo puede servir para hablar bien del personal que lo hace posible. Para dar una idea de lo sobrados que vamos de material, sin revelar ningún secreto, ¿de verdad no le ha extrañado a nadie que enviemos camiones cargados con ayuda a Ucrania y que los camiones no se hayan quedado allí con la falta que les hacen a los ucranianos?

En resumen, desde hace muchos años los sucesivos gobiernos se han negado a dotar al Ministerio de Defensa con el presupuesto que realmente era necesario. Y así nos va. No ha habido para mantenimiento, no ha habido para material, pero al personal hay que pagarle aunque sea poco, porque come todos los días. Así se explica clara y diáfanamente que el gasto de personal sea más de la mitad del presupuesto de Defensa. ¿Significa esto que los militares cobren mucho, como alguno quiere dar a entender con estos porcentajes?

Al contrario, el personal peor pagado de la Administración es, precisamente, el personal militar, habiéndose abusado tanto tiempo de su disciplina y de los versos de Calderón “Aquí la más principal / hazaña es obedecer, / y el modo como ha de ser / es ni pedir ni rehusar”. Por eso ha gustado poco que al final los militares sí pidan una carrera y unas retribuciones dignas, saliendo a manifestarse a la calle en diversas ocasiones en los últimos tiempos, como el pasado mes de junio en Madrid a pocos días de la cumbre de la OTAN.

Y ahora, en que una parte del gobierno por fin hablaba de dedicar una parte del incremento de presupuesto en Defensa para ir adecentando las paupérrimas nóminas militares, sospechosamente hay quien va proclamando pegas para hacerlo. Definitivamente, a los militares nos ha mirado un tuerto, parece que nunca es el momento para dignificar nuestro salario.

^[1] Pedro Calderón de la Barca, “El sitio de Breda”.

^[2] https://okdiario.com/espana/otan-avisa-sanchez-subir-sueldo-militares-no-vale-cumplir-gasto-defensa-9752576

^[3] Hay otras partidas que pueden incluirse como gasto de Defensa que tampoco están incluidas en el presupuesto del Ministerio, como explica (véase páginas 10, 11) el informe http://centredelas.org/wp-content/uploads/2021/12/informe50_GastoMilitarReal2022_CAST_DEF.pdf

^[4] Boletín Oficial de las Cortes Generales Congreso de los Diputados, Serie D Núm. 318 de 15 de marzo de 2018, 044/000032.

^[5] https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2023Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_23_A_A1.PDF

RONDA DE CONTACTOS CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: RETRIBUCIONES Y NUEVA LEY DE CARRERA

En estas últimas semanas ASFASPRO, asociación profesional mayoritaria de las Fuerzas Armadas, se ha reunido con representantes de los Grupos Parlamentarios Socialista -Zaida Cantera y José Carlos Díaz-, Popular – Fernando Gutiérrez Diaz de Otazu-, Vox -Agustín Rosety y José Mestre- y Ciudadanos -Miguel Gutiérrez Vivas- para volver a explicar la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 incluyan una partida presupuestaria que como mínimo permita aumentar en 160€ las cuantías mensuales del complemento específico a todos los militares y subir un nivel el complemento de empleo de sargento hasta teniente [1]. La primera medida supone 300 y la segunda 20 millones de euros.

Este incremento debe ser un paso más hacia la implantación, en un plazo de unos pocos años, de unos salarios dignos, justos y equiparables a otros colectivos públicos. La situación de las retribuciones militares debe comenzar, de una vez por todas, a dejar atrás el calificativo de “grave” que fue otorgado por unanimidad por los parlamentarios en febrero de 2018.

ASFASPRO también hizo hincapié en que la Ley de la carrera militar, tras casi 15 años desde su publicación, requiere su actualización a un modelo capaz de atraer y retener el talento, motivando a sus miembros y reconociendo sin complejos la singularidad de la profesión que no puede ir en detrimento del militar respecto a los empleados públicos. Los cambios sociales, geopolíticos y legislativos sufridos en estos años deben traer en la próxima legislatura una nueva ley de personal para todos los militares profesionales [2].

 [1]https://www.asfaspro.es/ASFASPRO/DOCUMENTOS/2022/p22_03/099.2022%20Propuesta%20ASFASPRO%20Incremento%20CE%20PGE%202023.pdf

[2]https://www.asfaspro.es/component/k2/item/2843-propuesta-de-futura-ley-de-carrera-militar

A pesar de que esta asociación lleva años denunciando el grave envejecimiento de los suboficiales, resulta sorprendente la tibieza de las acciones emprendidas por los sucesivos gobiernos y la poca importancia que le han dado a este problema los grupos parlamentarios que integran las comisiones de Defensa del Congreso y el Senado, proponiendo, en determinadas ocasiones, medidas que en poco o nada contribuyen a solucionar esta peligrosa situación, que no solo afecta a los suboficiales.

Sin embargo, para otros colectivos sí que se considera muy necesario su rejuvenecimiento, como, por ejemplo, los policías locales, que contaron con la unanimidad de todos los grupos políticos y del Gobierno para adelantar su jubilación anticipada a los 59 años de edad.

Conviene recordar que la reserva no es una jubilación anticipada como algunos medios de comunicación hacen creer. El militar sigue sujeto a la legislación castrense y no cobra una pensión de la Seguridad Social sino una retribución del Ministerio de Defensa que, en los empleos de suboficial y los primeros de la categoría de oficial, son inferiores a aquella. También parece obviarse que colectivos con una peligrosidad, penosidad y toxicidad similar a la que padece el militar disfrutan de coeficientes reductores que no son constantemente puestos en cuestión: personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, profesionales taurinos, trabajadores del mar, marina mercante y marina de pesca, trabajadores del Estatuto minero, bomberos, artistas, policías locales, miembros del Cuerpo de la Ertzaintza...

Pero al mismo tiempo, la cruda realidad de las Escalas de Suboficiales es que tan solo 180 miembros tienen menos de 24 años y el 67% tienen o son mayores de 40 años. Además, el porcentaje de “cincuentones” supera el 34%.

El envejecimiento que sufren estas escalas está provocado principalmente por el aumento en 5 años de la edad de pase a la reserva operado por la Ley de la carrera militar, fijándola con carácter general en 61 años. Además, esta ley limitó a un escaso e insuficiente periodo transitorio el pase voluntario a esta situación a los 58 años (y más de 33 años de servicios). Esta edad es la que tiene establecida la Guardia Civil para el pase a la reserva de sus suboficiales.

La reserva, tal y como dice la repetida Ley de la carrera militar, constituye un mecanismo esencial para configurar, de acuerdo con los criterios de planeamiento, una pirámide de efectivos por empleos y disponer en todos de personal con las edades adecuadas para el ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa hace poco por paliar la situación. Por un lado, el pase a la Administración civil ha quedado prácticamente en una vía muerta porque el suboficial pasa a desempeñar puestos de trabajo de nivel profesional muy inferior, con pérdida de retribuciones. ¿Cuándo se va a solucionar este desprecio de la Administración Pública hacia los militares?

Por otro, los cupos de reserva que se autorizan anualmente han pasado, en su mayoría a la tropa permanente. Tampoco ayudan los tiempos mínimos necesarios y las edades con las que se termina ascendiendo a suboficial mayor que eliminan el drenaje que dispone el artículo 113.1 de la Ley de la carrera militar, y que sí “funciona” en el empleo de coronel y en el generalato.

Es constante la preocupación del militar por desempeñar sus cometidos en todas las circunstancias y situaciones con unas condiciones psicofísicas convenientes, pero la edad (+58 años) y sus secuelas, se quiera o no, limitan el ejercicio profesional en puestos operativos.

Cuando las Fuerzas Armadas reciben buenas palabras en lugar de medios adecuados y su salario es escandalosamente bajo, no se puede decir que tengan el trato que merecen.

Cada vez que oímos cómo se ensalza la figura del militar con el manido argumento de los valores, del sacrificio, de la entrega absoluta a cambio de nada o como mucho a cambio de la íntima satisfacción por el deber cumplido… y analizamos con la cabeza fría estos discursos grandilocuentes llegamos indefectiblemente a la misma conclusión: “Militar, te están tomando el pelo a ti y a tu familia”.

Interesadamente se olvidan de que las Fuerzas Armadas del siglo XXI son profesionales, y todo profesional debe tener una carrera y una retribución dignas. A ninguna otra profesión se pretende recompensarle con poca paga y mucha íntima satisfacción por el deber cumplido. A todos se les compensa con unas retribuciones dignas y con una carrera profesional adecuada. Que les expliquen a maestros, enfermeros, carpinteros, abogados, policías… que en lugar de una nómina decente les van a pagar lo que cobra un militar y a compensarles la diferencia con mucha, mucha, íntima satisfacción.

El sempiterno discurso de los valores está muy bien, pero cuando el elogio a la profesión no se acompaña del adecuado reconocimiento, que debería incluir una retribución digna y justa, resulta que no es el discurso del aprecio, es el discurso del desprecio. Muy sibilino, pero desprecio.

Apreciar al personal militar es incompatible con que las retribuciones militares estén a una distancia abismal del resto de personal de la Administración, especialmente del dedicado al ámbito de la seguridad. Que un teniente piloto de avión de caza o un suboficial piloto de helicóptero de ataque tengan una nómina inferior a la del conductor de un coche patrulla de un cuerpo policial es despreciar el trabajo y la formación de esos militares.

Apreciar al personal militar es incompatible con no proporcionarle un desarrollo de carrera adecuado y atractivo. Cuando se quedan desiertas la mitad de las plazas ofertadas para ascender a Cabo 1º en el Ejército de Tierra, cuando no se han podido completar las vacantes ofertadas para ingreso en las escalas de suboficiales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, cuando 7 de cada 10 plazas ofertadas para médico militar se quedan sin ocupar, cuando la mayoría de subtenientes renuncian al curso de ascenso a suboficial mayor, cuando hay comandantes que renuncian al ascenso a teniente coronel, cuando hay tenientes coroneles que renuncian a ser jefes de unidad por no cambiar de localidad… es que la carrera militar se ha convertido en una sucesión de obstáculos que hace que no asciendan necesariamente los mejores, sino aquellos que no tienen familia.

Cuando el Ministerio de Defensa, a quien llevamos años y años exponiendo las crudas necesidades de nuestros cuarteles mientras se empeña en mirar hacia otro lado, facilita entrevistas^[1] con cadetes recién ingresados que respiran entusiasmo pero no conocen la realidad de las Fuerzas Armadas, lo que trasciende es el mensaje subliminal de que a las Fuerzas Armadas no se viene a ganar dinero, lo que se hace es alimentar el discurso del desprecio. Cuando dentro de unos años estos mismos cadetes tengan que bregar en unos acuartelamientos faltos de mantenimiento, en unas unidades con materiales más viejos que ellos y ejerciendo el mando sobre personal paupérrimamente pagado a cuyas familias les cueste dinero cada vez que tengan guardias o vayan de maniobras… se acordarán de lo ingenuos que fueron. Tiempo al tiempo.

De momento su espíritu de sacrificio, que todos los militares tenemos pero que no sirve para pagar la alimentación de nuestros hijos, el alquiler de nuestras casas ni la factura de la luz, sirve para que el Ministerio de Defensa se ponga medallas (que son gratis), siempre encantado de conocerse.

Lo triste es que el vacío discurso del desprecio contamina la realidad del militar, con poco halagüeñas perspectivas de mejora, siendo una y otra vez los últimos de la fila.

^[1] Alumnos de matrícula eligen la carrera militar:

https://www.elmundo.es/espana/2022/09/23/632df9f321efa06a1d8b45c1.html

El día 27 de julio tuvo lugar el segundo Pleno ordinario de 2022. Al mismo, y presidido por la Subsecretaria de Defensa, asistieron el Secretario General Técnico (SEGENTE), el   Director General de Personal Militar (DIGENPER), el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), el Subdirector General de Personal Militar, el Subdirector General de Enseñanza Militar, los Mandos de Personal de los Ejércitos y la Armada, el Director del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Defensa, el Secretario General Gerente del ISFAS y los representantes de las asociaciones profesionales que asistieron al Pleno, ASFASPRO, AUME, UMT y APROFAS.

DESARROLLO Y ASUNTOS TRATADOS MÁS IMPORTANTES

Clausura de la Comisión de trabajo Temporal para el estudio de la obtención del título de grado en la escala de Suboficiales y el desarrollo normativo asociado.

DIGEREM explicó que una orden ministerial recogerá los trabajos de la comisión. El convenio de colaboración con la UNED está casi cerrado a falta de la aprobación del Ministerio de Hacienda.

Así mismo manifestó que esperaba que pudiese ser de aplicación para el curso académico 2023/2024.

ASFASPRO agradeció el trabajo realizado y solicitó a los Cuarteles Generales de los Ejércitos y la Armada que potencien esta nueva forma de promoción interna del suboficial ofertando un número suficiente de plazas.

Clausura de la Comisión de trabajo Temporal sobre retribuciones.

DIGENPER entregó de manera física un amplio dossier de 500 páginas sobre los trabajos de la comisión. En su exposición se limitó a explicar el sistema retributivo actual y las míseras conclusiones del informe, sin aportar números o cifras de futuras mejoras salariales.

ASFASPRO explicó que la comisión ha culminado en el fracaso más absoluto, tal y como refleja el informe. No hay un plan concreto de mejora de las retribuciones, con cantidades más o menos aproximadas, ni fechas o hitos de desarrollo en varios presupuestos generales, nada. Las conclusiones del informe están muy por debajo de lo recomendado y deseado, máxime si tomamos como referencia el Dictamen de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados de 6 de marzo de 2018 sobre el Informe Anual de 2016 del Observatorio de la Vida Militar. El ministerio ha tratado de obviar la comparación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), argumento fundamental en 2005 en el incremento impulsado por el ministro Bono. ¿El trabajo del militar tiene menos valor que el de las FCSE? El principio de “igual remuneración por trabajo de igual valor” recogido tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea parece no regir para este Ministerio.

El resto de asociaciones presentes, excepto una que se considera a sí misma “transversal” y que se sintió satisfecha con la respuesta dada a sus aspiraciones, se manifestaron totalmente decepcionadas y denunciaron que se había perdido una gran ocasión para conseguir unas retribuciones dignas para el militar.

DIGENPER defendió su postura alegando que el trabajo de la comisión sólo consistía en estudiar las propuestas de las Asociaciones.

Sin permitir mayor debate, intervino la Subsecretaria de Defensa para defender el pequeño incremento de 2021 y la revisión de este año del CSCE de 976 puestos de trabajo (menos del 1% de la plantilla), afirmando que el ministerio estaba en el proceso de mejora de las retribuciones.

Propuesta de ASFASPRO sobre una nueva Ley integral de la Carrera Militar

 Esta propuesta fue consensuada por ASFASPRO, ATME y UMT, siendo presentada al Consejo por las tres Asociaciones.

El Subdirector General de Personal Militar se encargó de argumentar la desestimación de la propuesta. Las normas vigentes funcionan bien, hay que darlas mayor estabilidad, su desarrollo normativo no está todavía finalizado y las dos Subcomisiones del Congreso de los Diputados que trataron sobre el régimen transitorio de la Ley de la carrera militar (2014) y sobre el régimen profesional de los militares de tropa y marinería (2018), aunque propusieron mejoras, apoyaron las normas actuales. Además, consideró que la operatividad era óptima.

ASFASPRO cuestionó cómo era posible afirmar que la operatividad era óptima gracias a las actuales leyes de personal y el representante ministerial respondió que viendo la participación de los Ejércitos en las Misiones Internacionales. Caben muchas interpretaciones alrededor de la citada respuesta, principalmente porque el fin de los ejércitos no es la participación en Misiones Internacionales.

Sin embargo, la realidad que no quiere reconocer el ministerio es que el descontento y la desmotivación siguen haciendo mella en el personal militar. Es conocida la fuga del recurso humano a otros ámbitos laborales, la renuncia a los ascensos, los problemas de cobertura de determinados puestos de trabajo, los problemas de conciliación familiar provocados por la movilidad geográfica, las bajas retribuciones y unas mediocres expectativas profesionales. 

Propuestas de interés de otras Asociaciones:

 - Pase voluntario a la reserva con 40 años de servicio: Fue estimada parcialmente. Según DIGENPER se va a realizar un estudio sobre el impacto que la medida podría tener en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. ASFASPRO se opuso a la propuesta porque en su redacción solo se refería a los cupos de reserva anuales -no de forma general- e incidió en el pase voluntario a la reserva con 35 años de servicio o 58 años de edad para oficiales y suboficiales.

 - Flexibilidad horaria en el Cuartel General de la Armada: La propuesta presentada propone que se anule la IPOR en vigor sobre jornada y horario de trabajo en Unidades de la Armada, y más específicamente en lo relativo al Cuartel General de la Armada, y que se realice una nueva Instrucción ya que no existen (según la Asociación) “unas especiales condiciones de trabajo y de ubicación” y la actual presenta un perjuicio toda vez que , “con las mismas horas de trabajo la distribución de horario es diferente entre personal residente en Madrid y no residente.”

ASFASPRO estará atenta a los perjuicios que la nueva redacción de la IPOR pueda ocasionar.

 - Exención de IRPF en misiones internacionales: ASFASPRO presentó sobre este asunto varias propuestas al Consejo durante los años 2020 y 2021 y sin embargo, el ministerio se negó a debatirlas.

Se aceptó parcialmente. Según el Director del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Defensa se reiterarán las consultas al Ministerio de Hacienda, se dará información a los afectados y el Ministerio de Defensa remitirá, cuando lo reciba, el procedimiento de Hacienda sobre exención del IRPF cuando se participe en misión internacional. La Operación Libre Hidalgo del Líbano sigue excluida por considerarse ese país paraíso fiscal.

ASFASPRO insistió en que el Ministerio de Defensa debe instar al de Hacienda para que se modifique el Artículo 7 p de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas en el sentido de que se declare expresamente exentas de tributación los rendimientos del trabajo devengados durante los días de estancia en el extranjero l por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas participantes en misiones internacionales, de paz o humanitarias

Ruegos y preguntas:

 ASFASPRO presentó cuatro preguntas y dos ruegos. Todas ellas serán contestadas por escrito y no hubo debate alguno en el Pleno.

 Las preguntas fueron:

• Situación en que se encuentra la implantación del sistema por puntos para la reposición de vestuario para la Fuerza de Infantería de Marina.
• Situación del servicio de restauración en la Residencia Militar Don Quijote.
• ¿Cuándo se tiene previsto implementar las medidas que garanticen la alimentación segura al personal celíaco e intolerante al gluten en todas las ZO donde despliega personal el Ejército de Tierra?
• Cumplimiento del acuerdo AC20-02050 sobre modificación de los IPECS para facilitar la presentación de alegaciones y que el calificado tenga un mejor conocimiento de si se han tenido en cuenta.

Los dos ruegos fueron:

• Que se facilite a ASFASPRO la Instrucción comunicada 42/2021 de la Subsecretaría de Defensa por la que se aprueba la aportación de Oficiales, Suboficiales y Tropa y Marinería de los Ejércitos y la Armada a los Organismos ajenos a los mismos.
• Que en virtud de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a varios recursos estimados a socios de ASFASPRO se deje de aplicar el descuento proporcional de la indemnización por residencia durante el tiempo que el militar disfrute de una reducción de jornada laboral por guarda legal de un hijo menor de 12 años o mayor de edad con discapacidad y necesitado de especial protección