Acudimos a un pleno con un Gobierno en funciones y con un equipo ministerial en el mismo estado. Los graves problemas del militar como las retribuciones, la promoción y una desmotivadora carrera profesional, siguen bajo el agua y el lodo a la espera de ser rescatados.
Todo parece indicar que, en los últimos estertores del actual Gobierno, el Subsecretario de Defensa tiene como objetivo atacar el molesto y creciente asociacionismo militar queriendo implementar un procedimiento para conocer el listado de afiliados de cada asociación, pasando por encima de la Constitución y de diferentes leyes que protegen el derecho de los afiliados a no declarar su pertenencia a una asociación y a no autorizar la cesión de sus datos a terceros. En lugar de atacar, un Gobierno progresista debería promover la modificación de la Ley orgánica de derechos y deberes para permitir las elecciones de los representantes de las asociaciones, como ocurre en la Guardia Civil.