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El pasado 17 de octubre, ASFASPRO, AUME y UMT se reunieron con el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso para tratar sobre la declaración de la profesión militar como profesión de riesgo, de retribuciones y de las limitaciones que sufren la Asociaciones Profesionales.

MADRID, 17 de octubre de 2024 – ASFASPRO lleva años reclamando el cambio de varios aspectos de la fracasada Ley de la carrera militar. En el proyecto de Ley básica de bomberos forestales, que próximamente finalizará su trámite en el Senado y se publicará en el BOE, SUMAR ha introducido una modificación de la disposición transitoria séptima, que trata sobre el ascenso a teniente de los suboficiales.

La enmienda intenta incluir al personal en la reserva transitoria, pero con un texto tan confuso y enrevesado que muy probablemente traerá consecuencias negativas para el resto de suboficiales afectados por la actual disposición transitoria séptima.

No es objetivo, ni justo, ni razonable que se pretenda reparar solamente a los militares en reserva transitoria -muchos de ellos pasaron a esa situación con muy poco tiempo de servicio- y se deje en la estacada a los suboficiales que han sufrido los avatares del servicio y las consecuencias negativas de las sucesivas leyes de personal durante 40 años de servicios. Deja fuera a todos los suboficiales que han sufrido los efectos nocivos de la entrada en vigor de la Ley de la carrera militar, a los suboficiales músicos egresados a partir de 1991 y, finalmente, se olvida de aquellos suboficiales que estaban cursando en las academias y escuelas militares la formación para acceder a la escala. 

Por otro lado, es incoherente e incomprensible que los miembros -Senado y Congreso- de la Comisión de Transición Ecológica legislen sobre el estatuto del militar y que éste sea modificado por una ley de bomberos.

La ministra Robles no debe tardar en promover la modificación de este dislate que causará un grave perjuicio moral a los suboficiales e incluso económico en algunos casos. Mientras tanto, ASFASPRO ya estudia las posibles acciones judiciales que puedan corresponder por esta nueva puñalada interesada.

 BOCG_D_15_161_1605 proyecto Ley bomberos forestales Senado

Modificación DT7

El día 13 de septiembre el presidente de ASFASPRO se reunió con el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, D. Alberto Fabra  Part con el fin de transmitir de primera mano los problemas retributivos y de movilidad geográfica que nos aquejan.

Además, entre otros asuntos, se expuso la discriminación que sufrimos en la consideración de profesión de riesgo y el inmovilismo de la ministra Robles, que lleva años sin acudir al antidemocrático y obsoleto Consejo de Personal

El REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/893 de la Comisión de 21 de abril de 2023 modifica el Reglamento (UE) 2015/340 que establece requisitos técnicos y procedimientos administrativos relativos a las licencias y los certificados de los controladores de tránsito aéreo.

Esta modificación posibilita la conversión de una licencia militar nacional de controlador de tránsito aéreo en una licencia “civil” de alumno controlador de tránsito aéreo, siempre que se cumplan determinados requisitos. Esos requisitos están por definir, quedando en el ámbito de cada Estado miembro.

Con el fin de que este reconocimiento profesional no quede en papel mojado o se dilate indefinidamente en el tiempo el gabinete jurídico de ASFASPRO ha preparado la siguiente iniciativa.

En el caso de suboficiales debe tramitarse a través del Suboficial Mayor de la Unidad, y los oficiales mediante el oficial designado para las iniciativas por el Jefe de Unidad.

 Formulario de iniciativa

Instrucciones de tramitación

Desde el mes de marzo el Ministerio de Defensa viene realizando a los militares profesionales de la categoría de Tropa y Marinería, en todos sus empleos, abonos en nómina de cantidades variables (de forma general, en marzo 100 € y 200€ de atrasos, y de abril a agosto 100€, haciendo un total hasta la fecha de 800€), denominadas "pago incentivo", supuestamente en concepto de “dedicación especial”, NO conociéndose, ni los criterios, ni los motivos en base a los cuales están siendo abonados, con discriminación de las otras categorías y empleos militares.

Si el poder adquisitivo o la renta más baja son criterios utilizados, el ministerio parece desconocer que hay sargentos que cobran menos que algunos cabos 1º y cabos mayores.

En todo caso, el problema de las insuficientes retribuciones que perciben los militares no se soluciona con paguitas que este mes vienen y al siguiente desaparecen, sino abordando un incremento equiparable al alcanzado por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  La profesión militar no puede seguir siendo la hermana indigente de la Administración General del Estado.

El Gabinete jurídico de ASFASPRO ha elaborado la siguiente queja que debe cursar por conducto reglamentario.

 Formulario de queja

Instrucciones de tramitación

PROPUESTAS PRESENTADAS AL PRÓXIMO PLENO DEL CONSEJO DE PERSONAL

ASFASPRO ha presentado las siguientes once (11) propuestas para su debate en el próximo pleno del Consejo de Personal.

Puntuación en las evaluaciones para el ascenso de los cursos PERAM y las licencias LMAM B1.1 y LMAM B2.
Limitación y armonización a la baja de los precios del servicio de comedor.
Publicación de las normas de distribución/asignación del complemento de dedicación especial (CDE) en el Ejército del Aire y del Espacio
Modificación de la Ley de Clases Pasivas del Estado para incluir coeficientes reductores de jubilación/retiro para el personal militar.
Estudio económico de implantación de un coeficiente reductor del 0,20 para el pase voluntario a retiro del personal militar.
Criterios generales de actuación en aplicación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero.
Equiparación con ejércitos europeos de las edades de pase voluntario a la reserva y al retiro.
Ampliación o modificación: -Instrucción 69/2016, de 20 de diciembre, por la que se fijan las condiciones para la dispensa de prestar guardias en la Armada - Instrucción 42/2020, de 10 de julio, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se desarrolla el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias en la estructura de la Armada.
Actualización de las cuantías mínimas del complemento de dedicación especial (CDE) fijadas por la Subsecretaría de Defensa.
Plan de rehabilitación y arrendamiento de viviendas militares desocupadas en Madrid.
Estadística IPEC Ejército del Aire y del Espacio.

Las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME y UMT reiteran a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, la urgente necesidad de poner fin a la discriminación del colectivo Militar y de impulsar en el Parlamento la inclusión de los Militares en el catálogo de Profesiones de Riesgo.

Madrid, 2 de agosto de 2024.

El pasado día 23 de julio el pleno del Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley básica de bomberos forestales y el proyecto de Ley básica de agentes forestales y medioambientales, incluyendo en ambos la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para estos dos colectivos.

Otros dos colectivos más, que, junto a Guardia Civil y Policía Nacional, ven como en este año 2024 se les reconocerá su labor diaria como profesión de riesgo, quedando de nuevo los Militares relegados al olvido TOTAL por parte del Ejecutivo. ASFASPRO, AUME y UMT no cuestionan el merecimiento de estos nuevos reconocimientos de coeficientes reductores a los bomberos y agentes forestales, pero no pueden aceptar ni comprender la nueva exclusión de los militares, entre cuyo personal se encuadran bomberos, policías, pilotos, marineros, etc.

Ser Militar es una profesión de riesgo, trabajadores que se enfrentan a los mismos o mayores riesgos que otras profesiones ya reconocidas, con una importante siniestralidad desgraciadamente demostrable con un fallecido en acto de servicio cada 22 días. Esta realidad sigue sin ser reconocida, con la complicidad y el silencio de la ministra Robles, quien no ha tomado ninguna medida para corregir esta situación, pese a la continua insistencia de ASFASPRO, AUME y UMT, a diferencia de sus homólogos en otros ministerios, que han llevado al Congreso proyectos de Ley para sus respectivos colectivos.

Negar avances al militar mientras se reparten mejoras profesionales y retributivas a todos los colectivos es una muestra más del desprecio continuo del actual Gobierno a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a pesar de su utilizarlos en todo tipo de tareas: repatriaciones, pandemias, incendios, nevadas y un largo etc., y sin descuidar las misiones asignadas por la Constitución.

Desde las Asociaciones, exigimos al Gobierno que trate a los Militares con la misma consideración que al resto de colectivos, utilizando menos palabras de agradecimiento y más hechos. Antes de que termine este año 2024, debe reconocerse la profesión Militar como Profesión de Riesgo.

Que nadie se asuste o se eche las manos a la cabeza antes de tiempo. No, esta asociación no ha asumido postulados anarquistas ni tampoco pretende contribuir a la creciente polarización de nuestra sociedad, porque desde nuestra constitución como asociación profesional, en diciembre de 2011, hemos cumplido estrictamente la legislación vigente y defendido nuestros intereses con argumentos y datos objetivos, huyendo siempre de la demagogia y las falacias que tanto daño están haciendo a la verdad y al sentido común. Y así pretendemos seguir desarrollando nuestra actividad. Si nos dejan, claro.

Y es que cada vez se hace más evidente que los sucesivos gobiernos, y la clase política en general, se están aprovechando de las limitaciones que tenemos los miembros de las Fuerzas Armadas a la hora de ejercer nuestros derechos fundamentales y las libertades públicas para someter nuestra carrera profesional a un trágala permanente, creando al mismo tiempo enormes barricadas de desigualdad y arbitrariedad que nos obligan a contemplar desde la lejanía los beneficios y las prestaciones que sí reciben el resto de empleados públicos y los trabajadores en general.

Porque trágala es la actitud de una ministra de Defensa que se niega a afrontar nuestros graves problemas retributivos mientras que el Gobierno del que forma parte dedica miles de millones de euros a la compra de armamento y material o cientos de millones para mejorar, todavía más, la carrera profesional de los miembros de la “Ertzaintza” y los “Mossos d´Esquadra”. De igual manera, como clara muestra de desprecio o desinterés por la problemática del personal bajo su mando, no asiste a los plenos de un Consejo de Personal cuya teórica labor tiene que estar dedicada a solucionarla y a mejorarla, nunca a obstaculizar o frenar cualquier medida reparadora que se plantee.

Trágala es también aplicar una diferente vara para medir nuestra dedicación profesional, cuando los funcionarios del resto de ministerios cobran todos los meses productividad por trabajar 2,5 horas más a la semana, mientras que los militares percibimos cero euros, en la mayoría de los casos, por la prestación de guardias, servicios, instrucciones continuadas, etc., pudiendo llegar a sobrepasar en más de 100 horas la jornada laboral semanal legalmente establecida.

Y trágala es, por ejemplo, tener que contemplar como ese mismo personal del resto de ministerios percibe jugosas gratificaciones extraordinarias durante el mes de diciembre, incluso dos o tres veces más al año, mientras que a nosotros se nos queda cara de tontos cuando vemos a la ministra de Defensa publicitar unas rácanas y arbitrarias paguitas de 100 €, que tienen la única finalidad de enmascarar este vergonzoso “apartheid” retributivo y profesional o lavar, sin conseguirlo, las malas conciencias.

Está muy bien que los ministros se preocupen por el bienestar de los trabajadores de la limpieza o la hostelería, por poner solo dos ejemplos de actualidad, pero no puede haber justificación alguna para la vergonzosa diferencia de trato entre servidores públicos ni a la discriminación efectiva de los militares, ciudadanos españoles de pleno derecho, cuando, para más inri, el gobierno está legislando con la finalidad de efectuar un control exhaustivo de las horas extras que realizan los trabajadores, poniendo en marcha mecanismos de fiscalización y duras sanciones para las empresas y autónomos que incumplan la normativa.

En base a este afán controlador, vendido como una medida de justicia social, y para demostrar que realmente están a favor de la igualdad real y no se trata solo de postureo, ¿cuándo conoceremos la sanción que se impondrá a los responsables del ministerio de Defensa por los miles de horas extraordinarias no reconocidas y no retribuidas que realizamos los militares?

En cualquier caso, ¿se va a modificar también la legislación para que a partir de ahora se retribuyan justamente las guardias, los servicios y las horas extraordinarias del personal de las Fuerzas Armadas?

¿O es que acaso el Gobierno y los grupos políticos no nos consideran ciudadanos de pleno derecho y por ese motivo estamos supeditados a un régimen particularmente segregador y, por consiguiente, ilegal se mire por donde se mire? Es una posibilidad palmaria y la conclusión que se desprende de lo acontecido hasta el día de hoy.

De cara al futuro somos muy pesimistas porque, como viene sucediendo desde hace décadas, la tranquilidad que tiene el legislador ante un colectivo convenientemente “domesticado” por el régimen disciplinario y los manidos valores militares utilizados como coartada moral, nos convierten, en la práctica, en parias de una sociedad que mira para otro lado ante la injusticia y, sobre todo, frente a la grave amenaza para la Defensa Nacional que se nos viene encima, teniendo en cuenta que el mundo afronta el peor escenario bélico desde mediados del siglo XX.

Si, como se presume, llega el conflicto generalizado, ¿enviará el Gobierno primero a la guerra a los profesionales hoy considerados profesión de riesgo o echará mano, como siempre sucede en las situaciones críticas, penosas o peligrosas, de los militares profesionales que sorprendentemente no tenemos esa consideración? La respuesta es obvia y por eso indigna y ofende, todavía más si cabe, la actitud equidistante y poco transparente de nuestras autoridades políticas y militares.

Y como muestra, un botón. Cuando se le pregunta al ministerio de Defensa, a través del Portal de Transparencia, por el número de militares fallecidos, heridos o incapacitados en acto de servicio desde el 1 de enero de 1990, inicio de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la respuesta es un insulto a la inteligencia: el ministerio viene a decir que no tiene mecanismos para poder obtener los datos solicitados. Solo después de los correspondientes recursos presentados y de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha dignado a facilitarlos desde el año 2011, incumpliendo, una vez más, las resoluciones de este organismo.

Lamentablemente, nos encontramos con una barricada, más que virtual física, que demuestra el poco respeto que se tiene a todos aquellos que entregaron su vida o sufrido graves heridas en acto de servicio, pero que difícilmente es capaz de ocultar los indignantes niveles de arbitrariedad y desigualdad de trato que estamos sufriendo los militares profesionales.

Ahora bien, si repasamos los datos obtenidos del periodo 2011/2023, lo cierto es que ni el ministerio de Defensa ni el resto del Gobierno de la Nación pueden rebatir la cruda realidad de unas cifras desoladoras que deberían provocar sonrojo y vergüenza a quienes pretendían esconderlas:

• Número de fallecidos en acto de servicio: 196
• Número de militares heridos/accidentados en acto de servicio: 2312
• Número de militares retirados como consecuencia de un accidente en acto de servicio: 543
• Número de militares declarados aptos con limitación (APL) como consecuencia de un accidente en acto de servicio: 1414
• Suicidios confirmados: 11

Aunque estas cifras hablan por sí solas, cualquier militar profesional o persona que quiera honrar la memoria colectiva de las Fuerzas Armadas, o que no la haya borrado voluntariamente, sabe que la sola publicación de los datos desde el año 1990 sería un escándalo mayúsculo, que echaría por tierra inmediatamente los argumentos de todos aquellos que se han negado hasta ahora a considerar la militar como profesión de riesgo y ni siquiera piensan considerarla así en el futuro más próximo.

Y, aunque son muchas las barricadas que impiden o limitan nuestra carrera profesional y el bienestar de nuestras familias, llegado el momento, los militares profesionales deberemos cumplir nuestro juramento y ofrecer nuestra vida en el cumplimiento de la misión encomendada, pero nuestro Gobierno y nuestra clase política deben ser consecuentes con los preceptos de la Constitución Española y proporcionar un trato justo y equitativo a las mujeres y hombres que formamos parte de las Fuerzas Armadas, ni más ni menos que al resto de ciudadanos.

Las asociaciones profesionales han expuesto al Defensor del Pueblo el déficit de derechos que sufren los militares, apuntando los cambios necesarios para integrar de una vez por todas la profesión militar en el sistema socioeconómico y laboral de la democracia española.

Madrid, 8 de julio de 2024.

Siguiendo con los contactos con los diferentes órganos del sistema parlamentario, las asociaciones profesionales de personal militar ASFASPRO, AUME y UMT se han reunido con el Defensor del Pueblo, para exponer los problemas y limitaciones sufridos por los profesionales de las Fuerzas Armadas y la necesidad de abordar modificaciones legislativas para solucionarlos.

Las asociaciones de militares han mostrado al Defensor del Pueblo su hartazgo por el ninguneo del Ministerio de Defensa ante la desesperada situación de miles de militares y sus familias y la indignante asimetría entre el gasto en medios y materiales de guerra y las miserables retribuciones del personal, principal componente de las Fuerzas Armadas y de la Defensa. Así como el menosprecio de la ministra que, realiza encuentros con diversos organismos y la industria de defensa, obviando la atención a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus legítimos representantes.

En concreto, ASFASPRO, AUME y UMT expusieron la necesidad de una nueva Ley integral de la carrera militar que sustituya las dos leyes actuales, siendo este un sistema opaco. Modificación de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes para que acerque a los miembros de las Fuerzas Armadas al resto de la ciudadanía. El grave problema de las retribuciones militares, siendo estas indignas y no siendo suficientes para llegar a fin de mes. Nueva ley de movilidad que palie los graves problemas que se enfrenta este personal que está expuesto a constantes cambios de domicilio.

Este encuentro con el Defensor del Pueblo se enmarca en la decida apuesta de dichas asociaciones por trasladar a instituciones, grupos políticos y agentes sociales la grave situación del personal de las Fuerzas Armadas: retribuciones indignas, carrera militar obsoleta, derechos y conciliación devaluados. Acción que continuaran hasta que la sociedad pueda conocer la situación real de sus Fuerzas Armadas.

Repercusión mediática:

Recientemente se ha publicado la Orden Ministerial 20/2024, de 27 de junio, por la que se autorizan los cupos para el pase a la situación de reserva con carácter voluntario durante el periodo 2024-2025 para el personal de las Fuerzas Armadas.

Un año más los suboficiales son discriminados de estos cupos ignorando el envejecimiento de estas escalas. En el Ejército de Tierra más del 34% de los suboficiales tienen 50 o más años, en la Armada más del 28%, llegando al 36% en el Ejército del Aire y del Espacio.

Las Escalas de Suboficiales están envejecidas, por lo que necesitan de un drenaje mayor para mantener una pirámide de edades adecuada para el ejercicio profesional. También debe considerarse la reducción de las plantillas reglamentarias de suboficiales para el periodo 2021-2025 operada por el Real Decreto 276/2021, de 13 de abril, especialmente en el empleo de subteniente (629). El cupo de reserva es una herramienta fundamental para mantener un flujo óptimo de ascensos y disponer en todos los empleos de personal con las edades adecuadas para el ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas, objetivo que con los cupos aprobados se muestra lejano.

No puede considerarse un flujo óptimo de ascensos permanecer en cada uno de los empleos de sargento primero y brigada 7 o más años, teniendo en cuenta que las edades de egreso suelen superar los 25 años (este año hay egresados con más de 40 años) y que el artículo 113.1.b) de la Ley de la carrera militar [1] debe servir para drenar la escala, por lo que convendría que los subtenientes pudieran ascender a suboficial mayor antes de los 52 años.

El incremento de los cupos para el pase a la situación de reserva de los suboficiales posibilitaría el aumento de las plazas de promoción interna para los militares de tropa y marinería. Sin embargo, el ministerio en lugar de seguir esta vía de rejuvenecimiento de suboficiales y de promoción de tropa ha optado por abandonarla y aumentar el cupo de reserva destinado a la tropa con el objeto de aumentar las plazas convocadas de permanente.

Una vez más, comprobamos como las consecuencias de los errores de previsión de efectivos, del fracasado modelo de tropa, de la Ley de la carrera militar y de las penurias económicas terminan pagándolas las expectativas de carrera del suboficial. Suboficiales que, en muchos casos, iban a pasar a la reserva a los 56 años según su ley de personal de ingreso y que ahora deberán esperar a los 61 años.

¿Alguien puede entender que un suboficial de la Guardia Civil pueda pasar a la reserva a los 58 años y un suboficial de las Fuerzas Armadas lo tenga que hacer a los 61 años?

¿Alguien puede entender que un policía local, ertzaintza o mozo de escuadra se pueda jubilar con 59 años y un militar pase a la reserva (que no jubilado) a los 61 años?

¿Alguien se extraña que el número de aspirantes a suboficial siga disminuyendo o no se cubran las plazas?

[1] Art. 113.1.b) Seis años en el empleo de coronel, en el de teniente coronel de las escalas técnicas de los cuerpos de ingenieros y de la escala de oficiales enfermeros y en el de suboficial mayor. Los que al corresponderles pasar a esta situación tengan menos de cincuenta y ocho años de edad, lo harán en la fecha que cumplan la citada edad.