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Madrid, 11 de mayo de 2022.

Hace cinco años el Observatorio de la Vida Militar elaboró un informe sobre las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas en cuyo dictamen la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados calificaba la situación de las nóminas militares como grave. Desde entonces hemos avanzado bien poco, el militar continúa siendo el servidor público peor pagado de la Administración. Con mucha diferencia.

Siempre que dos trabajadores públicos realizan una misma actividad, si uno de ellos pertenece a las Fuerzas Armadas cobra significativamente menos, sea piloto de helicóptero, mecánico, controlador aéreo o conductor. En el caso de los desactivadores de explosivos, por ejemplo, la formación recibida en el Centro Internacional de Desminado por policías o guardias civiles es impartida por profesores de las Fuerzas Armadas cuya nómina es bastante inferior a la de sus alumnos. El complemento por ocupar una vacante de desactivador puede ser de 500€ mensuales para un guardia o un policía, pero menos de 100 para un suboficial del Ejército, de una categoría profesional superior. Sirva también como ejemplo el de un soldado conductor de un carro de combate Leopardo 2E de más de 11 millones de €, que apenas cobra 1.100€ brutos mensuales.

Los militares somos los únicos que estamos obligados a entregar nuestra vida en cumplimiento de la misión que tengamos asignada, pero esto en lugar de suponer un plus en la nómina se ha convertido en un descuento, para percibir mucho menos.

En 2019 y en 2021 el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas celebró dos plenos extraordinarios sobre retribuciones que acabaron sin resultado alguno. La ministra de Defensa hizo creer a las asociaciones militares que se estaba estudiando la dignificación de salarios. Resultó ser humo y nada más que humo. Cuando en 2021, de un día para otro, se tramitó un Real Decreto de modificación de retribuciones el resultado fue descorazonador. Mientras que para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -que ya en 2017 estaban mucho mejor que los militares- hubo en tres años un incremento mensual de entre 500 y 600 euros, para las Fuerzas Armadas solamente calderilla.(entre 20 y 95€ según empleo y puesto). El escalón que separaba a unos y otros ha ido aumentando hasta volverse un acantilado. Ese mismo año, la ministra Robles llegó a afirmar en un medio de comunicación, y sin ruborizarse lo más mínimo, que nadie le había pedido subir las retribuciones, cuando las asociaciones llevaban más de cinco años reclamando mejoras salariales.

 Las comparaciones son odiosas. Hace poco la Junta de Andalucía fue capaz de aumentar complementos a sus 130.000 docentes, que igual que los militares tuvieron que adaptar su trabajo al COVID. En cambio ayer mismo la prensa destacaba que el Ministerio de Defensa aumenta un complemento salarial a 976 militares. 976 de un colectivo de también 130.000 miembros, un 0’7%. Es decir, el 99’3% del personal de las Fuerzas Armadas se queda sin subida. ¿Dónde está la voluntad hacia el personal?

Para 2022 la ministra de Defensa, que reclama el diálogo con cualquier colectivo, no lo aplica en su ministerio, incluso se permite el lujo de rechazar una y otra vez reunirse con las asociaciones profesionales para tratar de este grave problema porque dice que no tiene nada que ofrecer. Para más inri, se saca de la chistera un vacío proyecto de Orden Ministerial para repartir subvenciones a las asociaciones profesionales que más parece un burdo truco para intentar comprar nuestras protestas con migajas. Las asociaciones aquí presentes no acudirán al próximo pleno del Consejo de Personal,  no serán comparsa de esta nueva maniobra de distracción del ministerio.

Tras ver a los militares interviniendo en crisis de todo tipo, en epidemias y desastres naturales, ahora los medios ponen el foco en la guerra en Europa Oriental, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar el presupuesto de Defensa. Pero de nuevo en este aumento se vuelven a olvidar de los profesionales de la milicia: muchos millones para la industria, pero nada para mejorar los  paupérrimos sueldos de sus militares, ni para incrementar las ayudas a la movilidad geográfica, ni para aumentar el número de efectivos que evite la sobrecarga de guardias y servicios, maniobras y navegaciones. El gobierno repite una y otra vez que el mayor valor de las Fuerzas Armadas es su personal, pero no quiere invertir en él y la crisis actual arrastrará sin remedio a la tropa y a los suboficiales a ser trabajadores pobres.

El Congreso diagnosticó los problemas del personal militar, pero pasan los años y más allá de buenas palabras, nuestra situación retributiva es cada vez peor. Estamos hoy a las puertas del Congreso para anunciar que tomamos el único camino que nos queda, y convocamos una manifestación el sábado 25 de junio exigiendo retribuciones y carrera militar dignas para todos los profesionales de las Fuerzas Armadas.

Queremos agradecer a los parlamentarios que nos acompañan su presencia, pues con ella manifiestan que no estamos solos. Gracias, muchas gracias.

"A tonga da mironga do kabuletê"

"A tonga da mironga do kabuletê" es el título de una famosa canción compuesta en el año 1970 por el músico, diplomático y poeta brasileño Vinicius de Moraes y por el también músico de la misma nacionalidad mundialmente conocido como Toquinho, que puede servir para describir, de una manera sarcástica, los sentimientos de estupefacción, indignación e incredulidad que tienen los suboficiales de las Fuerzas Armadas –y una buena parte de los militares profesionales– por el modelo profesional y retributivo que se les viene aplicando desde hace décadas, con grandes dosis de arbitrariedad, la desidia de todos los grupos políticos y la indiferencia de  una convenientemente manipulada sociedad civil, a la que se le vende  reiteradamente la falacia de que podemos tener unas Fuerzas Armadas profesionales operativas y funcionales con presupuestos de Defensa ridículos, sometidos a complejos ideológicos y de todo tipo.

Aunque esta expresión de origen africano puede tener varias interpretaciones, la más aceptada es que se trata de una forma de protesta ante los que oyen, pero no escuchan y miran, pero no quieren ver. Y esta, por desgracia, es la actitud que han venido mostrando todos los actores políticos y los responsables ministeriales desde que en el año 1989 fuese aprobada la Ley 17/1989, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, en aras de una modernización  y profesionalización de las Fuerzas Armadas que, con el paso de los años y las sucesivas leyes de personal aprobadas con posterioridad, han supuesto un auténtico retroceso de los derechos y expectativas que hasta esa fecha tenían los suboficiales y, al mismo tiempo, denigrado  hasta límites injustificables la profesión militar.

Y de este constante retroceso de expectativas y derechos que ha afectado muy negativamente a la carrera profesional, a la promoción y a la propia dignidad de los suboficiales, se le han remitido exhaustivos informes a autoridades políticas y militares que fueron expuestos detalladamente tanto en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados como en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la tónica general es que nadie quiere ver ni escuchar nada de lo que se les dice o, lo que es todavía más grave, niegan lo evidente.

Por un lado, está el mensaje de la ministra de Defensa y su equipo ministerial, de falso diálogo, imposición y trágala permanente, que se dulcifica en los medios de comunicación con enorme éxito a base de constantes halagos y mucho supuesto cariño hacia sus subordinados, pero que esconde una cruda realidad de descontento y desmoralización que está llegando a todos los niveles de la Institución. Por otro, tal vez el más hipócrita, están los que tratan de vender el mantra de que todo se soluciona con los manidos valores militares, que según parece son el milagro que da de comer a las familias y les compensa por normativas erradas o por una legislación disparatada que ha reducido sus carreras militares a esperar el “simple transcurso de los años”, como denominaba despectivamente al servicio activo una antigua subsecretaria de Defensa.

Pero, como ha sucedido en tantas ocasiones, no debemos engañarnos si a partir de ahora aparecen en los medios falsas promesas de mejoras futuras, porque tras más de treinta años del inicio de la profesionalización y otros diez desde la puesta en marcha del Consejo de Personal, no se ha producido ni una sola iniciativa ministerial dedicada a mejorar significativamente la profesión militar. Por el contrario, los pequeños avances que se han obtenido han sido fundamentalmente fruto de sentencias de los tribunales de justicia, tras los recursos presentados por las asociaciones profesionales o por militares a título individual, lo que es un claro ejemplo del inmovilismo recalcitrante que impera en el ministerio de Defensa.

La ignominia, porque así hay que definirla, es cada día más grande y parte de un fraude o engaño cometido mediante el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, por el que se adelantó la suspensión de la prestación del servicio militar al 31 de diciembre de 2001, con los aplausos hipócritas de los que vendían una “exitosa” profesionalización y los que desde hacía años promovían un boicot de la llamada “mili”. En consecuencia, se pusieron en marcha las Fuerzas Armadas profesionales con militares mal retribuidos y con una carrera militar sometida a una legislación arbitraria manifiestamente mejorable en todos los aspectos. ¿Qué podía salir mal? Pues lo que le sucede a cualquier empresa que paga sueldos ridículos y que ofrece pocos incentivos a sus trabajadores: que el reclutamiento fue desde el principio muy dificultoso y se tuvieron que dedicar ingentes recursos económicos para publicidad y a incentivar el alistamiento de españoles y extranjeros.

Y, aun así, debido a la constante inseguridad jurídica, a que continúan las bajas retribuciones y al escaso reconocimiento profesional y de la formación militar, actualmente se están produciendo signos alarmantes en el colectivo que obligarían a actuar de manera inmediata a cualquier departamento de recursos humanos que tuviera un poco de sentido común y conocimiento de la situación real del personal de su empresa. Porque es una insensatez mirar para otro lado o taparse los oídos cuando eres plenamente consciente de que las mujeres y los hombres bajo tu mando contemplan como cada vez son más los servidores públicos que aumentan sus derechos profesionales y retributivos sin que sus jefes directos pongan la excusa del presupuesto para no concederlos.

De este modo, en los últimos años se ha aprobado la aplicación de coeficientes reductores aplicables a la jubilación de los policías locales (que ya disfrutaban de salarios y condiciones laborales muy ventajosas); se ha iniciado una importante equiparación salarial de policías y guardias civiles con los policías autonómicos y se han mejorado los ya de por sí excelentes sueldos y la carrera profesional de los mencionados policías autonómicos y del personal de  bomberos, que también tenían derecho a coeficientes reductores para la jubilación entre otros beneficios. Y también se están estudiando mejoras en la jubilación para los profesionales de la Sanidad.

Entonces, señoras ministras de Hacienda y Defensa, ¿cómo se pagan estas retribuciones y condiciones laborales de todos estos profesionales? Pues a cargo de unos presupuestos que tienen que retribuir adecuadamente a los que ejercen su profesión con ciertas singularidades, como son la peligrosidad, la penosidad, la turnicidad, la nocturnidad, etc. Así es y así se hace con todo tipo de trabajadores públicos o privados, menos con los militares.

Por tanto, en base a los argumentos utilizados públicamente por la ministra de Trabajo y otros miembros del Gobierno cuando hablan de legislación laboral y de derechos (también económicos) de los trabajadores, y aunque digan despectivamente una y otra vez que los militares no deben compararse con nadie (ya dirán algún día con quién se pueden comparar), estamos ante un caso flagrante de explotación laboral, arbitrariedad y fraude, porque no se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado las partidas que deberían dedicarse a retribuir la singularidad de la profesión militar, que no debe ser ni más ni menos que la del resto de servidores públicos que la tienen reconocida presupuesto tras presupuesto sin que ninguna autoridad se atreva a negársela.

Para finalizar, dejamos unas preguntas retóricas dirigidas, sobre todo, a quiénes hoy tienen poder de decisión:

¿Qué dirían los funcionarios o el personal laboral de cualquier institución local, autonómica y estatal o los trabajadores de las diversas empresas públicas y semipúblicas, si cada dos semanas se les obligase a realizar un “trabajo continuado” de 24 o 48 horas sin salir de sus dependencias?

¿Qué dirían si después de ese “trabajo continuado” tuviesen que realizar otra jornada o jornadas de 24 o más horas extras y no ver a sus familias durante todo ese tiempo?

¿Qué dirían si por todos estos trabajos continuados o en festivos no percibieran retribución extraordinaria alguna?

Son muchas más las preguntas que se pueden formular, pero la respuesta sería siempre la misma (y unos cuantos improperios más): “A tonga da mironga do kabuletê”, por supuesto. Porque todos se reirían en la cara de la autoridad que se atreviera a plantearles semejante “oferta” de jornada laboral. Y ese debe ser el motivo de que no haya más casos como el de los militares profesionales en ninguna otra institución pública o empresa privada. Porque lo más grave del asunto es la consideración de parias de la sociedad y el desprecio que mantienen hacia los militares todos aquellos que justifican la ignominia que estamos denunciando.

Nos ha costado mucho decidir si publicábamos o no este artículo. Hasta que nos hemos preguntado “¿Si me hubiera pasado a mí, me gustaría que se publicara algo así?”. Y entonces, con dolor por los protagonistas involuntarios, hemos considerado que sí, que querríamos que un hecho luctuoso nuestro sirviera para tratar de evitar otros casos posteriores.

El fin de semana del primero de mayo ha pasado con muy mal sabor de boca para los militares, especialmente para los suboficiales. Dos compañeros brigadas, Pedro G., del Ejército del Aire, y Juan Carlos J., del Ejército de Tierra, decidían poner fin a su vida el sábado 30 de abril en Torrejón de Ardoz y el 1 de mayo en Melilla, respectivamente. Queremos unirnos a sus familias en el dolor y hacerles llegar el abrazo más sentido y más caluroso.

Dos compañeros, dos suboficiales de diferente ejército pero del mismo empleo que con unas horas de diferencia llegaron al límite. Existen las coincidencias, las casualidades, también las luctuosas, pero también existen factores que deberían ser estudiados para evitar, o al menos disminuir, estas situaciones que nadie desea. Son casos diferentes y deberían ser tratados de forma diferente, pero merecen atención.

María José, la esposa de Juan Carlos, ha hecho pública una carta desgarradora

http://copemelilla.com/actualidad/carta-de-maria-jose-avila-montanez-en-memoria-de-juan-carlos-jimena-melendez/117835

en la que describe cómo la trayectoria profesional de su marido comenzó prometedora y satisfactoria hasta que en su tercer empleo de suboficial se volvió gris y descorazonadora.

Hemos perdido dos brigadas, en este empleo se ha alcanzado una plenitud y una experiencia profesional que permiten entender el entorno y vislumbrar el futuro. Para los suboficiales un futuro con perspectivas poco halagüeñas, desarrollando habitualmente un trabajo de superior categoría que ni es retribuido ni es reconocido, lo que es peor todavía. A menudo, cuando se cumple en el puesto de superior categoría se les exige eficiencia plena pero no se les reconoce el nivel ni se les aceptan planteamientos a que obliga el desempeño de ese puesto.

El reconocimiento del trabajo realizado, el valorar al profesional como se merece no es sólo un acto de justicia, es imprescindible para mantener la moral y la autoestima a la vez que puede evitar o disminuir el riesgo de sufrir situaciones límite. Hace años en la Guardia Civil sufrieron una oleada de suicidios, pero atacaron el problema y aumentó la motivación del personal. Hoy la desmotivación cunde en las Fuerzas Armadas, nos sentimos despreciados: los soldados no quieren ser suboficiales, los sargentos (y ya los tenientes) se van a ser guardias civiles o policías rasos, los capitanes se van a Amazon, los tenientes coroneles no quieren mandar unidad si eso les supone cambiar de localidad… Los cambios implican pérdidas e inestabilidad familiar que ni de lejos se quiere compensar con una adecuada retribución. Este último factor, el económico, la estrechez de los salarios, es uno más a tener en cuenta porque resulta ser también una importante forma de presión profesional sobre el individuo.

La situación de los destinos, la movilidad geográfica, las retribuciones, las indemnizaciones con razón del servicio que cada vez son menores, el mal uso de los IPEC (informe personal de calificaciones), del CDE (complemento de dedicación especial), de las evaluaciones (para el ascenso), que en demasiadas ocasiones son percibidos por los subordinados como cacicadas... son caldo de cultivo para estos desenlaces. Estas circunstancias negativas pueden potenciar otras circunstancias particulares, íntimas y personales, y quien las sufre puede no encontrar otra salida.

Es necesario que el Ministerio de Defensa reaccione, por un lado, con planes tangibles de valoración del personal que vayan más allá de las buenas intenciones y de las buenas palabras, pues los elogios no sirven para nada sin actos que los materialicen. Necesitamos poner en valor la profesión militar, reconocer, dignificar al personal para que se sienta realizado y comprendido. Y, de forma más específica, el ministerio debería tener un programa o protocolo que trate de detectar este problema entre el personal y actuar para tratarlo. Nos hacen IPECS, PAFAS (pruebas de aptitud física), ICCS (capacidades básicas comunes del combatiente), tomas de muestras en el Plan anti Droga todos los años…, pues además del reconocimiento médico a lo mejor vendría bien uno psicológico... medidas de prevención por parte del ministerio para evitar suicidios.

Que Pedro y Juan Carlos sean los últimos compañeros que pasen por esa puerta de salida. DEP.

La entonces flamante nueva ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó a las asociaciones profesionales militares en 2019, en el primer pleno extraordinario sobre retribuciones, que el Ministerio de Defensa tenía un plan para mejorarlas, pero que no podía hacerles partícipe del mismo para no caer en electoralismo semanas antes de las elecciones generales tras las que revalidó el cargo. Desde entonces, y pese a las continuas solicitudes, quejas, reivindicaciones –incluidas concentraciones y manifestaciones en la vía pública-, otro pleno extraordinario, una comisión de trabajo… el Plan de Retribuciones Militares (PRM) no ha dado señales de vida. El secreto mejor guardado del Ministerio de Defensa.

Tras salir a la luz el robo de documentos realizado por Pegasus a la ministra Robles se aclara la sospechosa desaparición del Plan de Retribuciones Militares ministerial. Fuentes bien informadas pero que por secretas no podemos desvelar afirman que no es que no existiera, es que todas sus copias fueron robadas por Pegasus, con lo que el golpe dado por este sistema habría llegado al lugar considerado como más inaccesible en Defensa. Esto explica que el ministerio continúe dando largas y creando continuas cortinas de humo respecto a las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, por lo que este sufrido personal sigue con sus paupérrimas nóminas.

Quitándole al Ministerio de Defensa la posibilidad de implementar el PRM la potencia que está detrás de Pegasus se garantiza que los militares sean el personal peor pagado de la Administración y que no tengan muchos motivos para sentirse valorados por su Estado, con lo que la operación de sustracción busca socavar la moral del personal militar.

¿Reaccionará el Ministerio de Defensa al robo diseñando un nuevo plan para dignificar el salario de las tropas y subir su moral?

Habrá quien diga que en las Fuerzas Armadas no se trabaja. Unos porque no lo consideran una actividad laboral –como si los militares no computaran su salario en la casilla “rendimientos del trabajo” de la declaración de la renta-, otros porque dicen que servir a la Patria es un honor y por ello no hace falta que los miembros de esa religión de hombres honrados tengan un sueldo digno. Materia filosófica para discusiones bizantinas en la que no merece entrar al trapo.

La realidad es que la militar es, con sus singularidades, una actividad profesional tan digna como cualquier otra, porque todas las ocupaciones laborales son necesarias para la sociedad. Los militares siempre hemos estado y seguimos estando cumpliendo con nuestro deber hacia nuestra sociedad. Nuestros conciudadanos han sido testigos de cómo los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas hemos estado apartando nieve o ceniza volcánica a paladas para facilitar el paso o evitar el derrumbe de edificios, cómo las lanchas neumáticas militares han socorrido a sus parientes en inundaciones, cómo hemos levantado hospitales de campaña para atenderles en lo más duro de la pandemia, cómo hemos custodiado y trasladado los cadáveres de sus deudos cuando nadie más podía hacerlo… 3000 militares están desplegados en Bulgaria, en el Báltico, Turquía, Bosnia-Herzegovina, el Golfo de Adén y Cuerno de África, Somalia, Mali, República Centroafricana, Colombia, Iraq y Líbano para luchar contra la piratería, el terrorismo, evitar enfrentamientos armados entre territorios o proteger el espacio europeo más cercano de la amenaza rusa. Los militares también seguimos protegiendo 24 horas al día y 7 días a la semana nuestras aguas territoriales y nuestro espacio aéreo de cualquier amenaza externa. La sucesión ciudadanía comprueba que pueden contar con las Fuerzas Armadas y que éstas están formadas por un personal competente, formado y motivado para cumplir con su deber. Esta es la cara A.

La cara B es que a este personal militar, obligado y dispuesto a entregar su vida si es necesario en cumplimiento de su deber, se le discute su profesionalidad y se le niega el derecho a una retribución justa y digna. La triste realidad es que se desprecia el trabajo del militar, su formación y su desempeño. De varias maneras, la principal de las cuales es recompensar su trabajo con una paupérrima nómina, la más baja del sector público, muy alejada de la de cualquier trabajador público o del sector privado que realice un trabajo igual o parecido. Sirvan algunos ejemplos:

- ¿Por qué un piloto de un helicóptero de combate gana muchísimo menos que el piloto de un helicóptero de control de tráfico al que nadie va a disparar?

- ¿Por qué un controlador aéreo militar en un aeropuerto de uso civil y militar (el de Zaragoza, por ejemplo) no gana lo mismo, ni siquiera parecido, que su compañero de silla civil?

- ¿Por qué los suboficiales de las Fuerzas Armadas que imparten clase en el Centro Internacional de Desminado (Hoyo de Manzanares) a los desactivadores de explosivos policías y guardias tienen una nómina inferior en mucho a la de sus alumnos siendo éstos de una categoría profesional inferior?

- ¿Por qué nadie discute que un bombero de cualquier municipio cobre unas buenas retribuciones, tenga los días de descanso que tiene tras 24 horas de servicio y disfrute de un coeficiente reductor para adelantar la edad de jubilación pero, en cambio, a un militar –incluyendo a los bomberos de la UME o los retenes contraincendios de cualquier base aérea- se le ratea el sueldo, se le dificulta la compensación de los excesos de jornada laboral y se le alarga la edad de pase a la reserva?

Pues porque no hay respeto ni por la profesión militar ni por quienes la ejercen. Porque pagar el sacrificio y el trabajo realizado con palmadas en la espalda y buenas palabras, o incluso con medallas que no cuentan para nada, es estafar a los militares y a sus familias. Sin embargo, las autoridades políticas y militares responsables no son capaces de solucionar el problema de las retribuciones y la carrera profesional que lleva a oficiales (tras cinco años de academia) y suboficiales (tras tres años de academia) a abandonar la milicia para ser guardias civiles o policías locales rasos.

20 años después del final del servicio militar obligatorio los militares no pueden seguir en estas nefastas condiciones laborales (malos sueldos, jornadas laborales interminables y no compensadas ni retribuidas, sin cobrar nocturnidad, festividad, desplazamientos… y la peligrosidad y penosidad de los puestos con complementos de risa, promoción profesional del suboficial prácticamente desaparecida…). La situación de crisis actual, con una subida de precios brutal, nos hace aún más vulnerables con sueldos mileuristas y poco más que mileuristas, por eso ahora más que nunca procede la aproximación o equiparación salarial con otros empleados públicos como policías y guardias civiles. No se puede pedir más sacrificio económico a las ya sacrificadas familias militares que no llegan a fin de mes

El Día del Trabajo es un buen marco para exigir bien alto, bien fuerte y bien claro CARRERA Y RETRIBUCIONES DIGNAS PARA EL MILITAR.

 Se ha publicado el Real Decreto 302/2022, de 26 de abril, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2022.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6803

Los suboficiales no tienen límite de edad para promocionar a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina en virtud de la reciente Sentencia núm. 269/2022 del Tribunal Supremo, de 3 de marzo de 2022 [1]. El reparto de plazas es el siguiente:

Antes de la sentencia, y durante el correspondiente trámite en el Consejo de Personal,  ASFASPRO elaboró y remitió al ministerio el siguiente informe sobre el proyecto del real decreto de provisión de plazas.

[1] https://www.asfaspro.es/rss/item/2809-el-tribunal-supremo-anula-los-limites-de-edad-establecidos-por-margarita-robles-para-la-promocion-interna-del-suboficial-a-los-cuerpos-generales-y-al-cuerpo-de-infanteria-de-marina

Ayer el presidente de la Comunidad de Galicia exigió al Gobierno un plan de contingencia para garantizar el suministro de productos básicos con la intervención del Ejército si fuera necesario.

Algunos medios llegaron a afirmar que el presidente del Gobierno no descarta un estado de alarma, excepción o sitio, con la consecuente movilización de las Fuerzas Armadas.

No dejaría de ser paradójico ver en esta tarea a las tropas mileuristas, sujetas a la constante movilidad geográfica que las separa cientos de kilómetros de sus familias y que también han sido golpeadas con ferocidad por la subida del combustible y -como todo español- por el aumento generalizado de precios.

La ministra Robles anunció en RTVE -antes de entrar al Consejo de Ministros- que ese escenario no se podía contemplar en absoluto y más concretamente sobre la huelga de transportistas, que era el momento de arrimar el hombro, dialogar, negociar y tratar de buscar soluciones.

¿Pero cómo es posible que la ministra pida a otros lo que no ofrece ni intenta en su ámbito de responsabilidad? Las retribuciones, la carrera y los derechos profesionales del personal militar siguen esperando.

Las Fuerzas Armadas están dispuestas a acudir allí dónde ordene el Gobierno, ¿está el Gobierno dispuesto a pagar dignamente a un Ejército Profesional?

Las tres asociaciones se niegan a mercadear con las retribuciones para el personal militar a cambio de vagas mejoras en el terreno de los derechos asociativos que ofrece el Ministerio de Defensa.

Madrid, 21 de marzo de 2022.

El Ministerio de Defensa niega el diálogo a las asociaciones profesionales; ASFASPRO, ATME y UMT no ven motivos para blanquear a la ministra Robles y rechazan asistir al pleno de marzo del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa, en lugar de procurar que los militares tengan unas retribuciones dignas, mira para otro lado. Tras las solicitudes de reunión con la ministra y el gesto de las asociaciones en diciembre, los únicos movimientos del Ministerio de Defensa se han limitado a la presencia de la subsecretaría de Defensa, Amparo Valcarce, en la Comisión de Trabajo para la reforma y desarrollo de la Orgánica de Derechos y Deberes (LODD) de los miembros de las Fuerzas Armadas tras la que anunció tímidas medidas para potenciar el asociacionismo, y a una llamada telefónica de la ministra, Margarita Robles, a los presidentes de las asociaciones a quienes insistió en lo mismo.

Esto no es suficiente, enseñar la zanahoria de hipotéticas subvenciones, créditos horarios y otros medios para las asociaciones no puede significar que las Asociaciones Profesionales Militares se replanteen las acciones que llevan tomando desde hace ya muchos meses para defender los legítimos derechos profesionales y retributivos de los militares.

La negativa tajante por parte de la ministra Robles a no presentar ningún tipo de proyecto de mejora en la Carrera de los Militares, así como la negativa a presentar cualquier tipo de proyecto de subida retributiva en el presente o escalonado en el tiempo, bajo la excusa de que el Ministerio de Hacienda no lo aprobaría, e incluso la negativa a reunirse con las asociaciones mientras que no tenga nada que poner encima de la mesa, solo puede significar el enquistamiento de la situación y el menosprecio por el trabajo realizado por los militares.

La pésima gestión de personal de la ministra Robles sigue colmando la paciencia de ASFASPRO, ATME y UMT al ver que sus demandas son una y otra vez ignoradas, por lo cual han decidido no asistir al pleno del COPERFAS de marzo y valoran volver a reivindicar sus demandas laborales y retributivas a través de próximas manifestaciones y concentraciones en la calle.

Las más que necesarias mejoras del modelo de carrera militar, derechos profesionales y la imprescindible subida retributiva, reconocida por todo el arco parlamentario, no pueden ser mercadeadas a cambio de unas presuntas dádivas para las asociaciones militares. Los militares no pueden continuar siendo los servidores públicos peor retribuidos y con el futuro profesional menos esperanzador de toda la Administración Pública.

Los militares están constantemente trabajando tanto fuera como dentro de nuestras fronteras, desde la lucha contra el COVID-19, incendios, inundaciones o nevadas hasta misiones internacionales contra la piratería, de la OTAN o donde el Gobierno considere necesaria su actuación, incluso en zonas de guerra.

Los militares garantizan la seguridad colectiva frente a la amenaza externa con su disponibilidad permanente para el servicio a todos los ciudadanos, sin importar cuándo y dónde, y con la obligación de entregar la propia vida en caso de ser necesario. Y esto no puede ser a cambio de una nómina mileurista. Es por ello que, tanto su sacrificio como el que deben realizar sus familias, deben verse compensados con unas condiciones profesionales y salariales justas y acordes a los tiempos que corren.

BASTA DE DESPRECIOS, BASTA DEL ABANDONO DE LOS MILITARES.

ASFASPRO, ATME y UMT señalan que el aumento del presupuesto no puede ir destinado exclusivamente a la inversión en programas de armamento y empresas del sector, mientras la mayoría de los militares reciben sueldos paupérrimos y sufren condiciones laborales que dejan mucho de desear.

Madrid, 17 de marzo de 2022.

La invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas mejor dotadas para defender eficazmente a nuestra sociedad. Se ha constatado que el gasto en Defensa es más una inversión de futuro que un gasto superfluo, siendo necesario invertir en sistemas de armas modernos, en infraestructuras adecuadas y en dotar al personal que los maneja de una carrera atractiva que garantice contar con un personal capacitado y motivado. Con los sueldos de miseria actuales, los peores de la Administración, no será posible mantener la eficacia en las Fuerzas Armadas.

El presidente del Gobierno ha anunciado un aumento de varios miles de millones para elevar el gasto en Defensa al 2% del PIB, como viene preconizando la OTAN desde hace lustros. Esto es positivo porque nuestras Fuerzas Armadas llevan décadas infrafinanciadas. Ahora bien, a las asociaciones profesionales nos preocupa el reparto porque debe alcanzar el equilibrio entre la mejora de los medios materiales y los humanos.

Las inversiones en Defensa siempre generan empleo, tanto de forma directa como indirecta, con lo que se va a obtener un beneficio social; sin embargo, también la gestión del personal militar tiene necesidades acuciantes que deben dotarse de presupuesto para su solución:

• Mejorar el sueldo de los militares, de los trabajadores militares de las Fuerzas Armadas. Esta nomenclatura es importante porque, desde posicionamientos ideológicos diversos, se tiende a que sean palabras que no casan: para unos los militares no son trabajadores, por ello no tienen derechos a un salario ajustado a su desempeño, y, para otros, el ser militar es incompatible con una retribución porque el honor de servir es suficiente compensación. Ambas posiciones están alejadas de la realidad: los miembros de las Fuerzas Armadas son unos profesionales formados que dominan su trabajo y deben ser retribuidos de forma digna y equiparable a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo que no sucede en 2022.

• Muy relacionada con la falta de retribuciones adecuadas está la falta de atractivo que tiene la carrera militar: espíritu de sacrificio, mucha exigencia, pero poca retribución con que mantener a la familia. Es imprescindible dotar de atractivo a la profesión militar, que tenga unos sueldos competitivos, para que ingresen o no se marchen los mejores. Lo contrario significa que solo entre en filas aquel que no encuentre nada más y, esto, es muy poco halagüeño.

• Un mayor reclutamiento permitirá una mejor conciliación de la vida profesional, personal y familiar de los militares. Actualmente, las numerosas misiones y la falta de personal impiden, en muchas ocasiones, el suficiente descanso. La explotación laboral no debe ser permitida ni en el ámbito civil ni en el militar.

• Es necesario invertir en medidas que mejoren la seguridad y salud en el desarrollo de la actividad de las Fuerzas Armadas. La prevención de riesgos laborales requiere de sistemas y material modernos.

• Otro campo que necesita inversión es la sanidad militar, puesto que su mejora, como se ha visto con la crisis del COVID-19 revierte en toda la ciudadanía.

• Naturalmente, también urge la mejora de las infraestructuras, especialmente de los alojamientos logísticos tan necesarios para una profesión que exige una constante movilidad geográfica. Movilidad geográfica que sigue sin retribuirse y compensarse adecuadamente.

En definitiva, las Fuerzas Armadas necesitan la inversión anunciada; pero sin marginar ni olvidar, en ningún caso, las necesidades del personal militar. El valor más importante de las Fuerzas Armadas es el humano, ya que sin soldados no hay ejército y, sin este, no hay defensa. Es necesario tener un personal preparado, capacitado y motivado para cumplir con la misión de defender a nuestra sociedad y a nuestros conciudadanos.

Retribuciones dignas para los profesionales militares.