Que nadie se asuste o se eche las manos a la cabeza antes de tiempo. No, esta asociación no ha asumido postulados anarquistas ni tampoco pretende contribuir a la creciente polarización de nuestra sociedad, porque desde nuestra constitución como asociación profesional, en diciembre de 2011, hemos cumplido estrictamente la legislación vigente y defendido nuestros intereses con argumentos y datos objetivos, huyendo siempre de la demagogia y las falacias que tanto daño están haciendo a la verdad y al sentido común. Y así pretendemos seguir desarrollando nuestra actividad. Si nos dejan, claro.

Y es que cada vez se hace más evidente que los sucesivos gobiernos, y la clase política en general, se están aprovechando de las limitaciones que tenemos los miembros de las Fuerzas Armadas a la hora de ejercer nuestros derechos fundamentales y las libertades públicas para someter nuestra carrera profesional a un trágala permanente, creando al mismo tiempo enormes barricadas de desigualdad y arbitrariedad que nos obligan a contemplar desde la lejanía los beneficios y las prestaciones que sí reciben el resto de empleados públicos y los trabajadores en general.

Porque trágala es la actitud de una ministra de Defensa que se niega a afrontar nuestros graves problemas retributivos mientras que el Gobierno del que forma parte dedica miles de millones de euros a la compra de armamento y material o cientos de millones para mejorar, todavía más, la carrera profesional de los miembros de la “Ertzaintza” y los “Mossos d´Esquadra”. De igual manera, como clara muestra de desprecio o desinterés por la problemática del personal bajo su mando, no asiste a los plenos de un Consejo de Personal cuya teórica labor tiene que estar dedicada a solucionarla y a mejorarla, nunca a obstaculizar o frenar cualquier medida reparadora que se plantee.

Trágala es también aplicar una diferente vara para medir nuestra dedicación profesional, cuando los funcionarios del resto de ministerios cobran todos los meses productividad por trabajar 2,5 horas más a la semana, mientras que los militares percibimos cero euros, en la mayoría de los casos, por la prestación de guardias, servicios, instrucciones continuadas, etc., pudiendo llegar a sobrepasar en más de 100 horas la jornada laboral semanal legalmente establecida.

Y trágala es, por ejemplo, tener que contemplar como ese mismo personal del resto de ministerios percibe jugosas gratificaciones extraordinarias durante el mes de diciembre, incluso dos o tres veces más al año, mientras que a nosotros se nos queda cara de tontos cuando vemos a la ministra de Defensa publicitar unas rácanas y arbitrarias paguitas de 100 €, que tienen la única finalidad de enmascarar este vergonzoso “apartheid” retributivo y profesional o lavar, sin conseguirlo, las malas conciencias.

Está muy bien que los ministros se preocupen por el bienestar de los trabajadores de la limpieza o la hostelería, por poner solo dos ejemplos de actualidad, pero no puede haber justificación alguna para la vergonzosa diferencia de trato entre servidores públicos ni a la discriminación efectiva de los militares, ciudadanos españoles de pleno derecho, cuando, para más inri, el gobierno está legislando con la finalidad de efectuar un control exhaustivo de las horas extras que realizan los trabajadores, poniendo en marcha mecanismos de fiscalización y duras sanciones para las empresas y autónomos que incumplan la normativa.

En base a este afán controlador, vendido como una medida de justicia social, y para demostrar que realmente están a favor de la igualdad real y no se trata solo de postureo, ¿cuándo conoceremos la sanción que se impondrá a los responsables del ministerio de Defensa por los miles de horas extraordinarias no reconocidas y no retribuidas que realizamos los militares?

En cualquier caso, ¿se va a modificar también la legislación para que a partir de ahora se retribuyan justamente las guardias, los servicios y las horas extraordinarias del personal de las Fuerzas Armadas?

¿O es que acaso el Gobierno y los grupos políticos no nos consideran ciudadanos de pleno derecho y por ese motivo estamos supeditados a un régimen particularmente segregador y, por consiguiente, ilegal se mire por donde se mire? Es una posibilidad palmaria y la conclusión que se desprende de lo acontecido hasta el día de hoy.

De cara al futuro somos muy pesimistas porque, como viene sucediendo desde hace décadas, la tranquilidad que tiene el legislador ante un colectivo convenientemente “domesticado” por el régimen disciplinario y los manidos valores militares utilizados como coartada moral, nos convierten, en la práctica, en parias de una sociedad que mira para otro lado ante la injusticia y, sobre todo, frente a la grave amenaza para la Defensa Nacional que se nos viene encima, teniendo en cuenta que el mundo afronta el peor escenario bélico desde mediados del siglo XX.

Si, como se presume, llega el conflicto generalizado, ¿enviará el Gobierno primero a la guerra a los profesionales hoy considerados profesión de riesgo o echará mano, como siempre sucede en las situaciones críticas, penosas o peligrosas, de los militares profesionales que sorprendentemente no tenemos esa consideración? La respuesta es obvia y por eso indigna y ofende, todavía más si cabe, la actitud equidistante y poco transparente de nuestras autoridades políticas y militares.

Y como muestra, un botón. Cuando se le pregunta al ministerio de Defensa, a través del Portal de Transparencia, por el número de militares fallecidos, heridos o incapacitados en acto de servicio desde el 1 de enero de 1990, inicio de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la respuesta es un insulto a la inteligencia: el ministerio viene a decir que no tiene mecanismos para poder obtener los datos solicitados. Solo después de los correspondientes recursos presentados y de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha dignado a facilitarlos desde el año 2011, incumpliendo, una vez más, las resoluciones de este organismo.

Lamentablemente, nos encontramos con una barricada, más que virtual física, que demuestra el poco respeto que se tiene a todos aquellos que entregaron su vida o sufrido graves heridas en acto de servicio, pero que difícilmente es capaz de ocultar los indignantes niveles de arbitrariedad y desigualdad de trato que estamos sufriendo los militares profesionales.

Ahora bien, si repasamos los datos obtenidos del periodo 2011/2023, lo cierto es que ni el ministerio de Defensa ni el resto del Gobierno de la Nación pueden rebatir la cruda realidad de unas cifras desoladoras que deberían provocar sonrojo y vergüenza a quienes pretendían esconderlas:

• Número de fallecidos en acto de servicio: 196
• Número de militares heridos/accidentados en acto de servicio: 2312
• Número de militares retirados como consecuencia de un accidente en acto de servicio: 543
• Número de militares declarados aptos con limitación (APL) como consecuencia de un accidente en acto de servicio: 1414
• Suicidios confirmados: 11

Aunque estas cifras hablan por sí solas, cualquier militar profesional o persona que quiera honrar la memoria colectiva de las Fuerzas Armadas, o que no la haya borrado voluntariamente, sabe que la sola publicación de los datos desde el año 1990 sería un escándalo mayúsculo, que echaría por tierra inmediatamente los argumentos de todos aquellos que se han negado hasta ahora a considerar la militar como profesión de riesgo y ni siquiera piensan considerarla así en el futuro más próximo.

Y, aunque son muchas las barricadas que impiden o limitan nuestra carrera profesional y el bienestar de nuestras familias, llegado el momento, los militares profesionales deberemos cumplir nuestro juramento y ofrecer nuestra vida en el cumplimiento de la misión encomendada, pero nuestro Gobierno y nuestra clase política deben ser consecuentes con los preceptos de la Constitución Española y proporcionar un trato justo y equitativo a las mujeres y hombres que formamos parte de las Fuerzas Armadas, ni más ni menos que al resto de ciudadanos.