01/12/2014 - Europa Press -
El Ministerio de Defensa ha vuelto a adjudicar un contrato de vigilancia de algunas de sus instalaciones con la empresa Seguridad Integral Canaria S.A., propiedad de Miguel Ángel Ramírez, quien está imputado por un presunto delito de fraude fiscal que ascendería a más de 2,3 millones de euros.
Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) correspondiente al 29 de noviembre en un anuncio recogido por Europa Press, la Dirección General de Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, asigna la "vigilancia y seguridad en la fábrica de armas de Oviedo" a la empresa de Ramírez durante el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de este año y el 31 de agosto de 2016.
Se propone la transformación de las Unidades de Seguridad de las BAE,s en Unidades de Policía Militar, potenciándolas y dotándolas de medios humanos y materiales, de modo que se encuentren en condiciones de asumir plenamente la seguridad de las instalaciones, descargando de este cometido al personal de las unidades alojadas que podrá dedicarse exclusivamente a sus misiones específicas.
Se plantea, por lo tanto, la puesta en marcha de un Servicio de Seguridad Integral, adaptado a las características de cada instalación militar, que aglutine las misiones que actualmente son prestadas por tres guardias diferentes; complementado por un Servicio de Guardia de Orden Funcional, de empleo acorde a la envergadura de la BAE, que, sin tener que estar presente en las instalaciones tras la finalización de las actividades diarias, pueda prestar apoyo a aquél en aquellos aspectos puntuales derivados del funcionamiento orgánico de cada unidad.