Por el contrario, y desde esa misma fecha, otras escalas vieron salvaguardados o ampliados sus derechos y objetivos profesionales por esas mismas leyes o normas, seguramente porque tienen razón los que mantienen que existen distintos raseros para medir el valor humano de los militares. En nuestro caso, la exigencia y la compensación han ido en sentidos contrapuestos y el perfeccionamiento profesional ha significado, exclusivamente, una mayor carga de trabajo. En resumen, te recortan tus derechos y expectativas pero te fuerzan a realizar funciones de nivel superior, al tiempo que te despojan de cualquier posibilidad real de alcanzar ese nivel profesional.
Sin que ninguna autoridad civil o militar, de los que han tenido responsabilidades en la gestión de personal durante este periodo, haya llegado a ruborizarse o a pedir perdón por el daño causado a miles de mujeres y hombres, se desmantelaron modelos de carrera que proporcionaban a las Fuerzas Armadas suboficiales jóvenes y altamente especializados a su salida de las distintas academias, que garantizaban la correcta gestión de medios y personal y un adecuado mantenimiento de los sistemas de armas. En cambio, hoy tienen que volver a formarse nada más obtener el empleo de sargento para adquirir la necesaria preparación para el ejercicio profesional, incrementando los costes en formación en plena crisis económica, sin olvidar que la media de edad ha aumentado en diez años. ¿Realmente hemos progresado? Creemos que de ningún modo.
Todos los responsables del Ministerio de Defensa y los Cuarteles Generales de los tres Ejércitos así como los miembros de la Comisión de Defensa, en esta y en la anterior legislatura, son conocedores de esta injusta situación, porque lo han reconocido tanto en público como en privado. Además, el actual Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas tiene informes perfectamente documentados de toda esta problemática. Sin embargo, ni se ha actuado mediante la simple gestión ni por el mandato de una Ley Orgánica (9/2011 de derechos y deberes), que obligaba al Gobierno a presentar una proposición no de ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar hace ya dos largos años. Es verdad que el Partido Popular no gobernaba cuando se aprobó esta ley, pero la apoyaron sin fisuras.
Mientras tanto, los efectos de la disparatada disposición transitoria séptima –vergonzante norma que nunca se atreverían a aplicar a ningún otro grupo de militares o empleados públicos– están consiguiendo que militares en situación de retiro por discapacidad con casi 40 años de servicio a sus espaldas o las viudas y huérfanos de quienes permanecieron mayor tiempo en servicio activo, reciban menor pensión y reconocimiento que los que solo sirvieron unos pocos años en las Fuerzas Armadas.
Un sistema de evaluaciones que se ha demostrado injusto e ineficaz, está dejando a decenas de suboficiales retenidos en el empleo, mientras se permite a otros ciudadanos españoles ostentar el empleo de Brigada sin poseer la necesaria titulación del sistema educativo general para poder ingresar en la Escala de Suboficiales; ser sometidos a clasificación alguna o realizar algún tipo de curso de capacitación, con el "exigente" requisito de sufrir unas cuantas semanas de leve militarización. Una humillación más a añadir a la interminable lista de agravios.
Al mismo tiempo que se promueven medidas de ahorro y con una Escala de Suboficiales con más del 70% de sus componentes mayores de cuarenta años y un escaso 5% menor de treinta, han invertido y se siguen invirtiendo ingentes cantidades de dinero en el rejuvenecimiento de las escalas de Oficiales y Tropa Y Marinería mediante la publicación de miles de plazas de acceso directo, quedando reducidas a la mínima expresión las convocadas para el acceso directo a la Escala de Suboficiales durante los últimos quince años.
Por último, como ya hemos dicho anteriormente, nada sabemos de la enseñanza de perfeccionamiento o de segundo tramo, y junto a la carrera de obstáculos en la que se ha convertido la promoción para cambio de escala hacen que a la trayectoria profesional de cualquier suboficial se le pueda llamar de todo menos carrera militar.
Con semejante panorama sorprende, a la vez que ofende, que la única respuesta a nuestras demandas haya sido aquello de que la vida es injusta y la recomendación, esta vez por escrito y en un documento oficial, de que adoptemos estilos de vida saludables que favorezcan una progresiva y adecuada adaptación al proceso de envejecimiento. Todo un ejemplo de las provocaciones que hemos tenido que aguantar los suboficiales durante todos estos años y una muestra de lo que no se debe hacer para conseguir unas Fuerzas Armadas profesionales, modernas y con plena operatividad.
Pero a pesar de todo, las soluciones tienen que llegar. La esperada reforma de la Ley de la carrera no puede obviar los errores cometidos en el pasado ni tampoco consistir en una sucesión de parches o remiendos que conviertan en permanentes la inseguridad jurídica y la arbitrariedad en una parte de nuestras Fuerzas Armadas, porque en teoría estamos hablando de una institución jerarquizada, disciplinada y, sobre todo, unida. Los principios de Buena Fe y de Confianza Legítima son pilares fundamentales en la relación entre la Administración y los ciudadanos de un país. En el caso de los militares era y es el propio Estado el que debe velar por nuestros intereses, por tanto, ni se entienden la demora ni la ausencia de medidas correctoras que pongan fin a la injusticia y a la arbitrariedad. Pero si este retraso va acompañado de modificaciones que realmente reparen o compensen el daño causado, bienvenido sea, aunque para muchos suboficiales habrán llegado tarde y será muy difícil que puedan alcanzar a sus familias los beneficios de tales medidas.
De todos modos, corremos el riesgo de ser olvidados una vez más y la tentación de utilizar a los suboficiales como moneda de cambio para corregir o mejorar la carrera militar de otra parte del colectivo, está latente y amenazante. Aun así, ASFASPRO se pone nuevamente a disposición de las autoridades políticas y militares del Ministerio y miembros de la Comisión de Defensa, para seguir trabajando en la consecución de esas Fuerzas Armadas que todos deseamos y en las que lo legal sea sinónimo de justo.