El dinero destinado por tanto a la Defensa continúa en los mismos márgenes que el año pasado respecto al Producto Interior Bruto (PIB) del país, en torno al 0,5 por ciento, muy lejos de los estándares recomendados por la OTAN y al que sus miembros se comprometieron a acercarse en la próxima década en la cumbre celebrada a principios de septiembre en Cardiff (Gales): el 2 por ciento del PIB.
Los Programas Especiales de Armamento (PEAs), aquellos sobre los que se ha cimentado la modernización de las Fuerzas Armadas en las últimas décadas (cazas Eurofighter, helicópteros Tigre, fragatas F-100, submarino S-80, carros Leopard o Pizarro, BPE Juan Carlos I...) contarán con una escasísima partida de 6,84 millones de euros, lo que hará que el Gobierno deba pagar sus compromisos de pago para 2105 con la petición de un crédito extraordinario, tal y como ha sucedido en 2014 y ya se hizo en 2013.
Algo más del 75 por ciento del presupuesto (4.396,04 millones de euros) irán destinado al capítulo primero de las cuentas públicas, el destino al pago de honorarios laborales. Al cuadro de mandos y personal civil irán destinados 1.502 millones de euros, mientras que la tropa y marinería (que al igual que el año pasado estará limitada a 79.000 efectivos) se destinarán 1.297 millones de euros. Otros 515 millones de euros irán para el personal en reserva de la Fuerzas Armadas.