En su recurso contra la negativa del Ejército a someterla a un reconocimiento médico, la capitán alega que el Mando de Personal se ha limitado a aplicar las causas por las que, según el reglamento, es obligatorio realizarlo, pero no ha tenido en cuenta que, según la ley de Personal Militar, estas pruebas “se podrán realizar en cualquier momento, a iniciativa fundamentada del propio interesado o del jefe de su unidad, centro u organismo”. La defensa de la capitán sostiene que su petición está plenamente fundamentada con los 26 partes médicos e informes psiquiátricos —al que añade uno del pasado 29 de julio que constata el empeoramiento de su estado— y recuerda que el Mando de Personal puede ordenar cuántos exámenes y pruebas considere oportunas, por parte de los tribunales médicos militares, para comprobar su veracidad, por lo que considera que el rechazo a hacerlos supone un “castigo inmerecido” que la obliga a prolongar su actual situación.
Para las mismas fuentes, la única explicación a esta negativa es que se quiere forzar a Cantera a que renuncie a la condición de militar; es decir, a que se vaya voluntariamente sin ningún derecho económico hasta la jubilación. Por el contrario, si se viera obligada a dejar su carrera por pérdida de condiciones psicofísicas, pasaría a retiro, una situación en la que percibe una pensión, mayor si llegara a demostrarse que el trastorno psiquiátrico que sufre es consecuencia de su paso por el Ejército, algo que la capitán aún no ha alegado.