Un ejemplo vergonzante, aunque lamentablemente podríamos poner muchos más, es el de los familiares de los compañeros fallecidos en el trágico accidente ocurrido en el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados y Centro Internacional de Desminado de Hoyo de Manzanares, en Madrid, en el mes de febrero de 2011. Como no tuvieron bastante sufrimiento e impacto emocional y psicológico con la pérdida de sus esposos, padres o hijos, ahora tienen que soportar la indiferencia y el desprecio de un Consejo de Estado que considera en un informe que la satisfacción del deber cumplido es más que suficiente para compensar la pérdida de la vida de un militar en acto de servicio.

         Sin embargo, a pesar de que se ignora de manera reiterada e intencionada, ningún responsable político puede olvidar que el militar es el único colectivo permanentemente disponible para el servicio y el único al que se le exige entregar la vida cuando fuera necesario, como prescribe el art. 6.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de junio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y el art. 3 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Estas apreciables circunstancias, que exigen del colectivo militar y de sus familias unos sacrificios que podemos calificar al menos como notables, no son tenidas en cuenta por la Administración a la hora de establecer una compensación mínima a las mismas.

         Pero ya va siendo hora de que se produzca un cambio tangible al mismo tiempo que urgente y necesario. Los políticos y la sociedad a la que representan, tienen que ser conscientes que la profesión militar conlleva la realización de actividades penosas, tóxicas y peligrosas, tanto en la preparación e instrucción diaria como en las misiones encomendadas y que, más allá de imperfectas leyes de personal o sus tibias modificaciones, tienen que afrontar a corto plazo la elaboración de un Estatuto del Militar Profesional que valore y recompense adecuadamente el valor humano de este colectivo de abnegados servidores públicos.

         En el caso que nos ocupa, el Ministerio de Defensa debe actuar sin dilación y con altura de miras, para evitar el injusto sufrimiento de las familias y respetar la memoria de aquellos que murieron cumpliendo con su deber.

ASFASPRO

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