16/05/2013 - Atenea Digital

La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez Alchaud, comparecerá el próximo miércoles 22 de mayo, en el Congreso de los Diputados, ante la subcomisión para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar, el órgano encargado de elaborar un informe que sentará las bases para la modificación de la norma que regula la carrera profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La opinión de la responsable de los asuntos de personal del Ministerio de Defensa es la primera que oirá la subcomisión, que podrá solicitar, para la elaboración de su informe, la comparecencia de autoridades, funcionarios públicos u otras personas que estime oportuno. La subcomisión, creada el 17 de abril, dispone de un plazo de seis meses para presentar un informe que se debatirá en la Comisión de Defensa, antes de que ésta remita al Gobierno un texto con su propuesta para la reforma de la ley, aprobada en 2007.

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, será la encargada de abrir y cerrar las comparecencias en el Congreso para abordar la reforma de la Ley de la Carrera Militar, para la que también se consultará a las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas con representación en el Consejo de Personal.

Así lo ha explicado el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Agustín Conde, nada más concluir la sesión en la que se ha constituido la subcomisión que se encargará de esta reforma, un mandato pendiente tras la aprobación de la Ley de Derechos y Deberes de los militares.

Todos los portavoces parlamentarios coinciden en la necesidad de cumplir con este mandato con celeridad para cambiar una ley que ha generado miles de recursos y "un problema gravísimo" a muchos militares.

Un total de 13 diputados forman parte ya de esta subcomisión, para la que se ha acordado un régimen de trabajo "público", de manera que las comparecencias no se llevarán a cabo a puerta cerrada.  

En concreto, se ha estimado que acudirán a la subcomisión "entorno" a diez comparecientes, aunque no es un "número cerrado", pues pueden ir "surgiendo" asuntos que requieran de más consultas.

Se ha decidido que la primera comparecencia será la de la subsecretaria, la encargada de asuntos de personal en el Ministerio de Defensa, que a su vez será también la última en acudir a la subcomisión para hacer una última "exposición del punto de vista del Gobierno sobre la posible reforma".

RESPONSABLES DE PERSONAL EN LOS EJÉRCITOS Y LA ARMADA

También acudirán los tres responsables de personal de los dos Ejércitos y de la Armada y algún mando de enseñanza militar, así como los representantes de las asociaciones que forman parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

El presidente de la Comisión de Defensa ha apuntado que la primera comparecencia podría ser "a primeros de mayo" y ha recordado que el Pleno otorgó seis meses para que la subcomisión elabore la ponencia con la reforma de la Ley de la Carrera.

Según el texto aprobado por el Pleno, la subcomisión deberá analizar los resultados de la aplicación de la Ley de la Carrera Militar, aprobada en noviembre de 2007, en la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, en especial, sobre la capacidad de cumplimiento de sus misiones y el régimen de personal.

Además, recabará la información necesaria que le permita "tener elementos de juicio suficientes" relativos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva, reconocimientos académicos de la formación adquirida y retiro del personal discapacitado. Para ello, podrá solicitar la comparecencia de autoridades, funcionarios públicos u otras personas competentes en la materia.

Finalmente, tendrá que elaborar un informe que será debatido y votado por la Comisión de Defensa en el que se expongan las conclusiones sobre el resultado de la aplicación de la Ley de la carrera militar y sugerirán las modificaciones a esta ley que consideren necesarias para mejorar el cumplimiento de sus fines. una propuesta de reforma.

EFE - lainformacion.com -  Madrid, 27 feb -

La mayoría del PP en la Comisión de Defensa ha impedido que prosperara hoy una iniciativa de CiU en el Congreso que instaba al Gobierno a mantener operativa la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra de Talarn (Lleida).

Por 24 votos en contra y 17 a favor, la Comisión de Defensa ha rechazado una proposición no de ley sobre la Academia de Talarn en la que además de apostar por su continuidad reclamaba que se incorporaran enseñanzas de estudios sobre protección civil y emergencias.

El portavoz de CiU, Marc Solsona, en defensa de la iniciativa, ha instado al Ministerio de Defensa a reunirse con las instituciones de Lleida para garantizar el funcionamiento de la academia y ha instado al ministro Pedro Morenés a aclarar la decisión sobre este centro de instrucción de suboficiales.

Ha advertido de que el silencio sobre el futuro de la academia y la reducción del número de alumnos este año ya ha provocado la reducción de la actividad económica de la zona.

También la diputada del PSOE, Teresa Cunillera, ha pedido al Gobierno que se pronuncie ya sobre la continuidad de la academia, instalación que es un "motor económico" de la zona, que en caso de cerrar supondrá un "destrozo" en ese territorio.

El portavoz del PP, Juan Ignacio Llorens, ha justificado el rechazo de su grupo al señalar que la academia sigue operativa este año y que el Ministerio de Defensa está a la espera de que el Gobierno de la Generalitat presente sus propuestas, tal y como acordaron el pasado septiembre el ministro Morenés y el presidente catalán, Artur Mas.

Ha dicho que la actual situación de Talarn está provocada por el anterior gobierno socialista y que Carme Chacón, entonces ministra de Defensa, comprometió su futuro al reformar las enseñanzas militares.

El ministro de Defensa dijo en diciembre que se va a mantener abierta en 2013, pero precisó que se tomará una decisión definitiva sobre su futuro una vez que concluya el informe vinculado al plan de infraestructuras que elabora el Ministerio, que está previsto se presente el próximo mes de marzo.

Por otra parte, la Comisión de Defensa ha rechazado una proposición no de ley, presentada por ERC, por la que se instaba al Gobierno a plantear un plan de actuación, en coordinación con las autoridades catalanas, para detectar y retirar los miles de artefactos explosivos que permanecen bajo tierra y sin estallar desde la batalla del Ebro.

Joan Tardá, en defensa de su propuesta, ha dicho que la retirada de los explosivos es necesaria por temas de seguridad para los agricultores y la población en general, así como para reparar los territorios afectados por esa batalla ocurrida hace durante la guerra civil.

El PP ha rechazado esta iniciativa porque el plan de retirada de explosivos pertenecientes a la guerra civil no puede limitarse al Ebro sino a toda España y tendría un alto coste, actualmente inasumible.

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles por unanimidad crear una subcomisión para reformar la Ley de la Carrera Militar, en la que darán la voz a las partes implicadas con el objetivo de que les hagan llegar sus propuestas para solucionar una ley que ha generado un "problema gravísimo" a muchos militares.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del PP en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Vicente Ferrer, quien ha presentado ante el resto de diputados de este órgano la propuesta de acuerdo para constituir la subcomisión, a la que ya ha vaticinado un trabajo de "varios meses".

Ferrer ha llamado al "consenso" al resto de grupos para reformar una ley que ha creado una "situación extraordinariamente delicada" en la Carrera Militar que, ha asegurado, le quita el sueño: "No voy a negarles que yo duermo con dificultad por esta cuestión", ha dicho.

El diputado socialista Luis Tudanca, que ha adelantado el voto positivo de su grupo, ha expresado la voluntad del PSOE de llegar a un consenso, como el que se alcanzó para aprobar la Ley de la Carrera que ahora se va a reformar.

Tudanca, que ha ironizado con la 'confesión' del diputado del PP, ha asegurado que su idea es que Ferrer "recupere el sueño" y ha insistido en la importancia de consensuar una ley que dé "estabilidad" al régimen de personal de las Fuerzas Armadas.

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, acudirá al Congreso el próximo miércoles, día 30, para pedir la autorización del Parlamento a la participación de efectivos españoles en la operación lanzada por Francia contra los islamistas radicales del norte de Malí tendrá su base en Dakar (Senegal), para una misión prevista de tres meses.

Según ha explicado la diputada Beatriz Rodríguez Salmones, miembro de la dirección del Grupo Popular, ese día Morenés comparecerá tanto en el Pleno del Congreso, donde se votará la autorización que requiere la Ley de Defensa Nacional, como ante la Comisión de Defensa, donde el ministro había pedido comparecer para este asunto y para informar de la situación de la misión en Afganistán.  

Eso sí, la autorización será a posteriori pues fue el pasado viernes cuando el Consejo de Ministros aprobó la contribución española a la misión en Malí. Este mismo miércoles está previsto que viaje a Dakar un equipo de reconocimiento español a la base francesa donde se desplegará un avión 'Hércules' C-130 del Ejército del Aire que, según Defensa, no pondrá rumbo a África antes del viernes.

En concreto, el 'Hércules' permanecerá en una base del Ejército francés en la capital de Senegal, lo que permitirá "optimizar" los recursos que se necesitan para su despliegue. Entre otras cosas, la seguridad la aportarán los militares franceses desplegados en dicha base, por lo que no será necesario enviar un equipo propio. En total, el contingente español podría estar formado por "en torno a 30 militares".

NO HABRÁ VUELOS DENTRO DE MALI

Su misión será la de trasladar hasta Malí a las tropas de la misión que la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental (CEDEAO) está poniendo en marcha para ayudar al Ejército maliense a enfrentarse a los yihadistas y recuperar el control sobre todo su territorio. El 'Hércules' español no hará vuelos 'intrateatro', es decir, dentro del propio Malí.  

Con esta contribución, España avala la operación lanzada por Francia el pasado 11 de enero, a la que el Gobierno ha expresado todo su apoyo político y diplomático. El ministro de Defensa ha descartado que tropas españolas vayan a participar en acciones de combate.

Además, el Gobierno dio luz verde al futuro envío de hasta 50 instructores para la formación del Ejército maliense y de las tropas africanas, en el marco de la misión de entrenamiento que prepara la Unión Europea desde hace meses y que ahora está agilizando para desplegarla en las próximas semanas.

Morenés explicó entonces que, con esta decisión, España "hace lo que tiene que hacer frente a su responsabilidad en el ámbito internacional". El ministro insistió en que Malí "está muy cerca de España" y el auge del yihadismo en esta región "afecta de manera muy importante a los países limítrofes", entre los que están Argelia, Mauritania y Marruecos.

La Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFAS) ha publicado en su página web la carta que han remitido al Presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso y que publicamos integramente por considerarla de interés.

En España, los principios de legalidad y justicia transcurren a veces por caminos diferentes, pero en lo que a los suboficiales de las FAS se refiere éstos son totalmente divergentes. Para que una Ley sea legal, tan sólo necesita ser aprobada por el Congreso y publicada en el BOE, pero para que sea justa hace falta algo más.

Sirvan como ejemplo las tres últimas leyes de la carrera militar promulgadas, aprobadas por amplia mayoría y casi por unanimidad la actualmente en vigor, en las que principios de Irretroactividad, Seguridad Jurídica, Buena Fe y Confianza Legítima han brillado por su ausencia, cercenado expectativas marcadas por ley conseguidas tras la aprobación de una oposición y posterior superación de los planes de estudios correspondientes.

El experto jurista D. Ignacio Arias Díaz los define claramente en un artículo publicado en octubre de 2009:

“El fundamento del principio de confianza legítima que exige que las autoridades y la Administración sean fieles a sus propios actos o a su propia conducta anterior, radica en la exigencia de la más elemental seguridad jurídica que deriva, a su vez, de la existencia del Estado de Derecho. Los ciudadanos poseen el derecho a prever y ordenar pro futuro su trayectoria vital. Que el Derecho garantice un mínimo de estabilidad sobre la cual construir un proyecto personal o profesional sin que los cambios súbitos, inaudita parte, y sin fundamento legal alguno, supongan trastornos en las relaciones jurídicas ya entabladas, ni cambios en las expectativas jurídicas creadas. Jurídicamente implica la prohibición de ir contra los propios actos (Lorenzo de Membiela, 2005).”

 

El catedrático de Derecho Administrativo D. Francisco López Menudo por su parte los resume de forma clara y concisa en el texto siguiente:

“Toda modificación del ordenamiento jurídico, de las situaciones ya consolidadas, genera una situación de riesgo colectivo; riesgo para el destinatario de la norma, de la modificación, que puede ver frustradas bruscamente las seguridades que creía tener ganadas, seguridades quizás obtenidas con el esfuerzo permitido e incluso alentado por legislaciones anteriores, por el propio organismo en el que se prestan servicios; y riesgo, también, aunque de otra naturaleza, para el propio creador de la norma, para el autor de la modificación, pues sus posibles veleidades en esta materia acaban minando su propia auctoritas, ya que no puede inspirar confianza quien de modo inconstante pretende quitar hoy lo que ofreció ayer o no cumplir mañana las promesas de hoy”.

La Ley 39/07 de la Carrera Militar (en adelante LCM), se ha encargado de demostrar el craso error que significa legislar sin tener en cuenta la opinión de los afectados. A pesar de nacer con un gran consenso, desde su entrada en vigor el 1 de enero del 2008, ha dejado evidencia manifiesta de sus carencias. Viendo el resultado de su aplicación, esta ley, que en lo que a los suboficiales se refiere, ha ignorado o conculcado principios tan importantes para nuestra institución como los de jerarquía, mérito y capacidad, justicia, etc. y valores fundamentales como tradición, honor, lealtad y sacrificio, primordiales en cualquier ejército, estamos en condiciones de acreditar que la situación en la que nos encontramos los suboficiales en la actualidad es legal, pero a todas luces injusta.

Se han efectuado y se siguen proponiendo, numerosas modificaciones a la LCM aprovechando diversas tramitaciones legislativas. Desde su entrada en vigor se han presentado gran cantidad de enmiendas por todos los grupos de la Cámara, que culminaron en el mandato legal establecido en la LODDFAS que disponía la modificación del régimen transitorio de esta ley. A pesar de que consideramos que la reforma de la LCM debe ser integral, esta imposición legal fue recibida por los suboficiales con gran esperanza, ya que después de tantos años de carencias profesionales y personales, percibir el carácter receptivo que parecían reflejar los distintos grupos políticos de la Cámara a nuestras peticiones de justicia, nos hacía albergar esperanza en un cambio positivo.

Pasados más de quince meses desde la entrada en vigor de la LODDFAS, todavía no se ha iniciado el trámite legal dispuesto en la Disposición Final 12ª de la Ley Orgánica 9/2011 de Derechos y Deberes, que ordenaba:

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, tras la experiencia adquirida en su aplicación. A estos efectos, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados emitirá un dictamen con carácter previo, que aborde los diferentes elementos del período transitorio de la Ley, en particular los referidos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como al retiro del personal discapacitado, considerando, en su caso, los correspondientes efectos económicos.”

En un principio se aceptó un retraso prudencial por lo inmediato de las últimas elecciones en relación a los plazos establecidos. Hoy, camino del año y medio transcurrido innecesariamente, dudamos de la voluntad del legislador de modificar la LCM, haciendo caso omiso del mandato dispuesto en la Ley Orgánica 9/2011.

Ante esta situación, debemos manifestar nuestro malestar al constatar, por una parte, la falta de hechos que pongan de manifiesto el entendimiento y apoyo que el Grupo Parlamentario Popular, actualmente en el poder con mayoría absoluta, ofreció a nuestras propuestas cuando se encontraba en la oposición y por otra, que partidos como el propio PSOE, que ahora se encuentra en la oposición, presenten enmiendas que podrían haber sido llevadas a la práctica si hubiese habido verdadera voluntad política cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar en la pasada Legislatura.

Llegados a este punto, podemos afirmar que también se ha conculcado el Principio de Legalidad que supone el sometimiento pleno de la Administración a la ley. No hay pues Seguridad Jurídica, ya que no solo se mantienen leyes injustas, sino que además se hace caso omiso a lo ordenado por la propia Ley Orgánica a la que hacemos referencia.

Los militares, por su específica condición, asumen enormes cargas y limitaciones familiares, personales y profesionales, que no soporta ningún otro colectivo en la Administración. Las Fuerzas Armadas llevan a cabo tareas muy exigentes en escenarios extremos, con un alto riesgo para la integridad física de sus componentes que llega incluso al máximo sacrificio de la propia vida en cumplimiento de la misión como se ha demostrado en numerosas ocasiones; y sirva como ejemplo más reciente la pérdida del Sargento David Fernández Ureña (qepd) destacado en Afganistán. Nosotros sí cumplimos nuestros compromisos.

Estamos convencidos de que en un futuro no muy lejano deberá abordarse una profunda modificación de la LCM, que permitirá adaptar las Fuerzas Armadas al nuevo horizonte que se dibuja, pero este hecho no puede ser motivo de la actual inacción.

No entendemos por qué nuestros responsables políticos eluden su compromiso, retrasando la modificación integral del Régimen Transitorio de la Ley de la Carrera Militar ordenada en la LODDFAS, mientras se sigue utilizando, también en esta legislatura, el subterfugio de modificar determinados aspectos de esta ley, aprovechando la entrada en vigor de otras leyes. Curiosamente, no se utiliza esta puerta trasera para afrontar los problemas que venimos padeciendo y denunciando los suboficiales; si el criterio del legislativo es este, propondremos aprovechar la próxima tramitación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario para introducir modificaciones en la LCM que solucionen nuestra situación, aunque lo más fácil sería cumplir la ley.

Permitir que entren en vigor las nuevas plantillas de personal sin que se hayan modificado disposiciones transitorias como la séptima y octava, que afectan directamente al pase a la reserva de los miembros de las Fuerzas Armadas, es un grave error que afectará negativamente a la regulación efectiva y necesaria de la pirámide de personal y a la trayectoria profesional de los militares de carrera.

Para finalizar, solo pedimos respeto y consideración, y que el legislador se ponga manos a la obra para propiciar que legalidad y justicia paseen de la mano por el mismo camino, consiguiendo de esta manera que se pueda cumplir el espíritu del artículo 18 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas:

“Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad.”

Atentamente,

Pedro Amador Romero

Presidente de ASFAS

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) ha reprochado al Congreso de los Diputados que no esté tratando "con la celeridad que merece" la reforma de la Ley de la Carrera Militar y ha avisado de que puede retrasarse a "principios de 2015", fecha a la que "no se puede esperar".

En un comunicado, ASFASPRO ha insistido en que es "urgente" abordar cuanto antes la reforma de una ley cuya "mala aplicación" ha provocado "situaciones arbitrarias e injustas", pasando "por encima de principios tan importantes en las Fuerzas Armadas como los de jerarquía, antigüedad, mérito y capacidad".

El Congreso debería haber elaborado un dictamen sobre esta reforma antes del pasado 1 de abril, tal y como establecía la Ley de Derechos y Deberes de los militares que entró en vigor el 1 de octubre de 2011. Sin embargo, lamenta ASFASPRO, la Comisión de Defensa "ha celebrado doce sesiones" y el Grupo Parlamentario Popular no solicitó la creación de la subcomisión que debe emitir el informe "hasta el pasado 20 de noviembre".

La asociación --que forma parte del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas-- calcula que "previsiblemente" el dictamen de la Comisión no llegará hasta "finales de 2013", ya que cuenta para hacerlo con seis meses prorrogables.

Después, el Gobierno elaborará un proyecto de Ley, que deberá ser tramitado en las Cortes, por lo que ASFASPRO apunta que su aprobación "posiblemente será a finales de 2014 o principios de 2015".

"ES UN PROBLEMA DE URGENTE SOLUCIÓN"

La asociación de suboficiales recalca que "no se puede esperar hasta el año 2015 para terminar con los agravios y las escasas expectativas de futuro de los suboficiales, ya que la devaluación de estos profesionales es un problema de urgente solución".

"El trabajo es grande y apremiante --insisten--. Retrasarlo contribuirá a defraudar no sólo los legítimos intereses de los militares sino también, y más grave, la preocupación creciente del pueblo español por el contexto en el que se desarrolla nuestra política de seguridad y defensa."

Los suboficiales se sienten "engañados" y dicen haber "perdido la confianza" en quienes "debían velar" por sus "intereses". "Una vez más, vuelven a dar la espalda a los militares que han sufrido personalmente la vulneración de su derecho a una carrera digna", remachan.

Fuente: EuropaPress

El 1 de enero de 2008 no fue un buen día para los suboficiales. Si las leyes de personal 17/1989 y 17/1999 truncaron las expectativas de carrera y las trayectorias profesionales de miles de militares, la entrada en vigor de la Ley 39/2007 de la carrera militar agravó, todavía más si cabe, una alarmante ausencia de seguridad jurídica.

La mala aplicación de la misma, provocó situaciones arbitrarias e injustas descritas ampliamente en nuestros informes. Pasó por encima de principios tan importantes en las Fuerzas Armadas como los de jerarquía, antigüedad, mérito y capacidad y, en un plazo extremadamente corto desde su entrada en vigor, tuvo que ser sometida a varias reformas legislativas.

Sin embargo, la presentación de varias Proposiciones no de ley en el año 2009 –Grupo Popular, Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Grupo Mixto– que identificaban los problemas, que aportaban soluciones factibles y que proponían un cambio urgente de la Ley, hizo que la ilusión brotase de nuevo entre todos los militares afectados. Sirva como ejemplo una parte del texto de la que fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular:

“Todo lo antedicho es solo una muestra de las intenciones de la Ley. Dieciséis meses después de su entrada en vigor perviven múltiples disfunciones, agravios y contradicciones que es necesario y urgente solucionar; que son expuestos una y otra vez, por los afectados; que están provocando gran malestar y a los que el Gobierno, da la callada por respuesta.

Con especial preocupación constata el grupo Parlamentario Popular que, en cuanto a los suboficiales la situación es de máxima gravedad por los numerosos agravios sufridos, las expectativas de carrera truncadas y las escasas expectativas de futuro que actualmente tienen las escalas de suboficiales. Es urgente dar solución, entre otras cuestiones, a los agravios que provoca la eliminación del ascenso a oficial por promoción interna; el retraso sucesivo de las edades de pase a reserva; la asignación de nuevos cometidos sin la asignación correspondiente de sueldo ni reconocimiento de categoría; los agravios en los ascensos a teniente y sus retrasos; el colapso de la escala con la pirámide de personal descompensada; la falta de límites de empleo en la mayoría de casos de prestación de servicios o la pérdida de especialidad, entre otras cuestiones.”

En sesión de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, de 18 de noviembre de 2009, se rechazó la proposición del Grupo Parlamentario Popular y las otras dos fueron retiradas por sus respectivos autores, quedando únicamente como fruto de tantas buenas intenciones una enmienda transaccional, cuyos preceptos solo se cumplieron parcialmente para modificar algunas cuestiones que afectaban a la Escala de Oficiales.

Por tanto, a nadie le debe extrañar que los suboficiales pensemos, de manera casi generalizada, que se ha venido legislando en contra de nuestra carrera militar, sin tener en cuenta, en ningún caso, los principios de Buena Fe y de Confianza Legítima.

Inestabilidad, desmoralización, frustración y cansancio son palabras que definen perfectamente el estado actual de nuestra Escala.

El día 1 de octubre de 2011 entró en vigor la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, cuya disposición final duodécima establecía un plazo de seis meses para que el Gobierno remitiera al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar. Además, encomendaba a la Comisión de Defensa la elaboración de un dictamen con carácter previo, que abordara los diferentes elementos del período transitorio de la ley.

Es verdad que ha habido unas elecciones generales y un cambio de Gobierno por medio, pero también lo es que la Comisión de Defensa ha celebrado 12 sesiones desde su constitución, el día 17 de enero, y ha permanecido muda ante el flagrante incumplimiento de una Ley Orgánica. Los suboficiales nos preguntamos, ¿por qué el Grupo Parlamentario Popular no solicitó la creación de la Subcomisión de Reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, hasta el día 20 de noviembre?

El Congreso de los Diputados no se reunirá en sesión ordinaria hasta el mes de febrero; la Comisión de Defensa debe acordar someter al Pleno la aprobación de la Subcomisión, éste debe aprobarla y después la Subcomisión dispone de seis meses prorrogables para la realización de sus trabajos. Teniendo en cuenta que en julio y agosto no hay actividad parlamentaria, el dictamen de la Subcomisión quedará para finales de 2013. Posteriormente, el Gobierno elaborará un proyecto de Ley y tras su tramitación vendrá su aprobación que, mucho nos tememos, será a finales de 2014 o principios de 2015. Esta es la cruda realidad que nos espera, claro que, gracias al evidente retraso de las medidas correctoras, se reducirá ostensiblemente el número de suboficiales afectados, pues éstas no llegarán a tiempo para los que fallezcan o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas.

Para nosotros ya no valen excusas, nos sentimos engañados y la pérdida de confianza en quiénes debían velar por nuestros intereses es absoluta. Una vez más, vuelven a dar la espalda a los militares que han sufrido personalmente la vulneración de su derecho a una carrera digna.

Por otro lado, la Constitución obliga a los poderes públicos a someterse al ordenamiento jurídico. Su incumplimiento provoca injusticia, restricción de derechos, corrupción y arbitrariedad.

Señorías, no podemos esperar al año 2015 para terminar con los agravios y las escasas expectativas de futuro: la devaluación del suboficial es un problema de urgente solución. El trabajo es grande y apremiante; retrasarlo contribuirá a defraudar no sólo los legítimos intereses de los militares sino también, y más grave, la preocupación creciente del pueblo español por el contexto en el que se desarrolla nuestra política de seguridad y defensa.

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados rendirá un homenaje al teniente general Manuel Gutiérrez Mellado coincidiendo con el centenario de su nacimiento que se celebra este año, según ha acordado este martes la Mesa de la Cámara Baja.

El acto, que se organizará a finales de próximo mes de diciembre en una de salas de la sede parlamentaria ha sido promovido por PP y PSOE, que han recabado también el apoyo del resto de grupos políticos, informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La portavoz adjunta del Grupo Popular Beatriz Rodríguez Salmones y el diputado socialista José Enrique Serrano, estrecho colaborador de Alfredo Pérez Rubalcaba, dirigieron un escrito al presidente del Congreso, Jesús Posada, sugiriéndole la posibilidad de que la Cámara se uniera a los homenajes que Gutiérrez Mellado ha recibido en los últimos meses.

Posada, que también había sido tanteado por colaboradores del que fuera vicepresidente del Gobierno con Adolfo Suárez, para que el Congreso acogiera un acto de recuerdo al teniente general vio la iniciativa con buenos ojos desde el principio, pero ha sido este martes cuando la Mesa del Congreso ha dado el visto bueno a la iniciativa.

SE ENCARÓ CON TEJERO

Gutiérrez Mellado nació en Madrid el 30 de abril de 1912 y falleció en 1995 a causa de un accidente de tráfico en la provincia de Guadalajara. Durante la Transición fue ministro de Defensa defendiendo las políticas aperturistas y enfrentándose a los militares adeptos al régimen franquista.

Cuando el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso el 23 de febrero de 1981, Gutiérrez Mellado se encaró con él en el hemiciclo exigiéndole, como su superior, que depusiese su actitud, y las imágenes del golpista intentando derribarle dieron la vuelta al mundo.

El teniente general dedicó los últimos años de su vida a la lucha contra la droga. De hecho, Gutiérrez Mellado fue uno de los fundadores de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), que presidió hasta su muerte.


MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha pedido a la Presidencia de esta Cámara la creación de una subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar, un mandato pendiente desde que entró en vigor la Ley de Derechos y Deberes de los Militares, el 1 de octubre de 2011.

Según explica el PP en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, esta subcomisión deberá elaborar un informe sobre la reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar que deberá ser elevado a la Comisión de Defensa. Para ello, recabará la "información necesaria" que le permita tener "elementos de juicio suficientes", para lo que podrá solicitar la comparecencia de "autoridades, funcionarios públicos u otras personas competentes en la materia".

La subcomisión elaborará un informe que será debatido y aprobado en la Comisión de Defensa, en el que se expongan sus conclusiones, y deberá "sugerir modificaciones" a la ley para "mejorar el cumplimiento de sus fines", determinando las medidas complementarias que considere oportunas.

Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, la petición ya fue calificada por la Mesa en su reunión del pasado martes y la creación de la subcomisión será llevada a la Comisión de Defensa en una próxima reunión en diciembre, ya que no ha dado tiempo a que se pudiera ver en su convocatoria de mañana jueves. Una vez se apruebe en Comisión, tendrá que ir al Pleno del Congreso de los Diputados.

CRÍTICAS Y PROBLEMAS EN SU APLICACIÓN

Desde que entró en vigor el 1 de enero de 2008, la Ley de la Carrera Militar ha sido objeto de críticas y el Ministerio de Defensa ha reconocido problemas en su aplicación. Las asociaciones profesionales de militares coinciden en señalar la necesidad de reformar una ley que, según dice, perjudica a "todas" las escalas. De hecho, su reforma fue un punto de especial fricción entre los grupos durante los debates para la ley de Derechos y Deberes de los Militares, aprobada durante la pasada legislatura.

En una disposición adicional de esta ley, se estableció que el Gobierno debería haber remitido al Congreso en un plazo de seis meses después de su entrada en vigor --es decir, antes del pasado 1 de abril-- un proyecto de ley para la reforma de la Ley, vista "la experiencia adquirida en su aplicación".

Para ello, se ordenaba que previamente la Comisión de Defensa tenía que emitir un dictamen que abordara en particular los asuntos relativos a "la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos académicos de la formación adquirida, así como el retiro del personal discapacitado", teniendo en cuenta "en su caso, los correspondientes efectos económicos.

Con las Cortes ya disueltas cuando se formuló este mandato, el inicio de los trabajos se ha ido retrasando. Finalmente, el PP presentó la semana pasada ante la Mesa el escrito solicitando la creación de esta subcomisión, que estará compuesta por tres representantes de los grupos parlamentarios con más de 100 diputados, dos representantes de cada uno de los grupos con más de seis diputados y un representante de los restantes grupos.

Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.