Elementos filtrados por fecha: Lunes, 06 Diciembre 2021

Pese a ser una parte fundamental en la resolución de todo tipo de crisis los militares se ven ninguneados profesional y retributivamente, viendo negados sus derechos. Especialmente por quien debería ser más sensible a sus problemas. En una entrevista reciente¹ Margarita Robles, Ministra de Defensa, se permitía afirmar “Yo hablo con muchísimos militares y nunca he oído a nadie pedirme subir las retribuciones”. Se referirá a soldaditos de Playmobil, porque los representantes del personal militar, las asociaciones profesionales, se lo llevamos pidiendo desde que accedió al cargo. La Ministra de Defensa olvida que el militar de forma individual no puede pedirle directamente que le suba las retribuciones, debe hacerlo por conducto reglamentario. ¿No conoce la ministra el régimen disciplinario que se aplicaría a quien hiciera eso? ¿Se olvida de la iniciativa que cientos de compañeros cursamos sobre retribuciones? ¿Se olvida de la queja que elevamos al Defensor del Pueblo? ¿Del informe del Observatorio de la Vida Militar? ¿Del dictamen de la Comisión de Defensa del Congreso? Se han celebrado dos plenos extraordinarios del Consejo de Personal para ello, que acabaron en un bluf, se le ha expuesto directamente en el Ministerio repetidas veces, ha habido concentraciones de militares en numerosas ciudades y el pasado 16 de octubre una manifestación en Madrid pidiendo retribuciones dignas. Las asociaciones han pedido una audiencia con la ministra que ha dado la callada por respuesta, ahora ya sabemos que es para no oírnos y poder soltar ocurrencias como esa. A la ministra le importa poco el personal militar y solo lo utiliza para tener buena valoración en las encuestas a costa del esfuerzo del personal a sus órdenes.

La celebración del Día de la Constitución permite poner de relieve la situación del personal militar como ciudadanos de segunda. Afortunadamente, no es necesario insistir en que los militares conocen y acatan la Constitución Española de 1978 como, con mala intención y con desconocimiento se les discutía hace pocos años. El problema real es el contrario, que no se ven beneficiados por la legítima aplicación de los derechos que la Constitución consagra.