La movilidad geográfica a la que está sujeto el militar implica que, en muchas ocasiones, la residencia habitual sea un alojamiento logístico (una habitación) y el domicilio familiar esté a cientos de kilómetros. Con la crisis sanitaria, muchos militares han quedado confinados en los alojamientos logísticos, con unas condiciones de habitabilidad muy mejorables y con la consiguiente desatención a sus respectivas familias.
El viernes 24 de abril el Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra mediante oficio estableció que “a partir de la fecha y hasta nueva orden, NO se autorizan los desplazamientos al domicilio familiar cuando éste sea diferente de su residencia habitual”.
Un diálogo de sordos, eso es el título que encabeza este artículo, y de la misma manera se podría definir la interlocución entre el Ministerio de Defensa y su personal militar, representado por las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas. Pero sería faltar a la verdad, no se trata de un diálogo entre dos actores sordos, ni lo son las asociaciones ni lo es el ministerio. Nos encontramos ante otra cosa.
Estamos ante unas asociaciones que ejercen lealmente su función, que no es otra que defender los intereses profesionales, económicos y sociales de sus asociados -labor que también beneficia al resto de profesionales de la milicia- mediante el uso de las herramientas que la ley les permite, acudiendo al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, al órgano legislativo, a los tribunales… o, si se da el caso, manifestándose también en la calle, como permite la ley. Unas asociaciones que, como militares que son, exponen las cosas sin paños calientes, sin esconder nada, de forma veraz y contrastada.