A otros les fue mucho mejor, porque desde ese mismo año vieron mejorados sus contratos de ingreso con la promulgación de cada nueva ley o, como sucedió con los componentes de la antiguamente denominada Escala Superior de Oficiales, minimizados los efectos negativos que pudieran afectar a su sagrada carrera militar. Y, sin embargo, unos y otros se quejan o se movilizan para que se les mejoren, una vez más, sus condiciones o salidas profesionales. Al fin y al cabo algo normal en cualquier estamento de la sociedad. Pero, sorprendentemente, aprovechando la desmemoria habitual y el desconocimiento de la cuestión militar de muchos de nuestros políticos, ahora se pretende abiertamente cambiar el relato para que pasen por agraviados quienes no lo han sido nunca.

Llegados a este punto, es posible que consideres que el tema no va contigo porque crees que en nada te afecta lo que te estoy contando. Si fuese así, te ruego que no sigas leyendo para que no pierdas tu preciado tiempo, ya que a buen seguro formas parte de los afortunados que se sienten perfectamente retribuidos con la satisfacción del deber cumplido y a los que el conducto reglamentario resuelve todos sus problemas, incluidos aquellos que pueden perjudicar su convivencia familiar. ¡Enhorabuena!

No obstante, para la mayoría de tus compañeros la realidad es bien diferente y nuestra carrera profesional se ha visto, o se está viendo afectada, por la inseguridad jurídica, por la improvisación o por la postura inmovilista de nuestros jefes a que se produzca cualquier mejora que nos pueda acercar a las condiciones que ya disfrutan otros servidores públicos como, por ejemplo, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, los que, supongo, también estarán orgullosos de su vocación y dispondrán de la correspondiente dosis de satisfacción del deber cumplido, aunque no por ello renuncian a percibir o  reclamar unas retribuciones justas, a tener una jornada laboral compensada y a poder desarrollar una trayectoria profesional que incluya la adquisición de nuevas titulaciones del sistema educativo general que premien el esfuerzo, el mérito y la capacidad demostrados en su formación académica y de perfeccionamiento. En resumen, la misma carrera programada y recompensada que en nuestras Fuerzas Armadas ya tienen disponible los componentes de la Escala de Oficiales. Otros, los suboficiales, seguimos en lista de espera.

Pero ya te dije que nuestra realidad es otra y, después de casi treinta años de aplicación de lo que podemos denominar “ingeniería de personal” perfectamente planificada, el suboficial está hoy en día, profesionalmente hablando, infinitamente peor que en las décadas de los setenta u ochenta del siglo pasado: envejecido, sin promoción interna y con un negro futuro por delante. Aprisionado entre los que pretenden medrar a base de desprestigiar su figura y los que levantan muros para dificultar al máximo su promoción profesional e impedir el reconocimiento social que se merece.

Como te decía al comienzo de esta carta, en el mes de julio del año 2011 se aprobó la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, dando cumplimiento al mandato de la disposición final tercera de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, según las previsiones contenidas en el apartado IX del  preámbulo de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Ni más ni menos que una ley orgánica, que viene a decir que los miembros de las Fuerzas Armadas gozamos de los derechos fundamentales y libertades públicas de aplicación general a todos los ciudadanos y que las limitaciones para su ejercicio deben ser proporcionadas y respetuosas con su contenido esencial. Se produjo un cambio importante y un avance cualitativo al regular el ejercicio de esos derechos fundamentales en el ámbito profesional, constituyendo una de las vías para propiciar la participación y colaboración en la configuración de nuestro régimen de personal.

A pesar de esta aparente normalidad, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en un Estado de Derecho en el que una de sus premisas más importantes es que todos debemos cumplir la ley (con mucho más motivo cuando se pertenece a una institución jerarquizada, disciplinada y unida), desde el primer momento se ha pretendido, de manera sibilina, esquivar o disminuir el impacto de la citada Ley Orgánica obstaculizando o evitando la difusión de su contenido, al mismo tiempo que se ponía en marcha una campaña en la sombra para estigmatizar a las recién creadas y totalmente legales asociaciones profesionales de militares, tratando de limitar y restringir su libertad de acción a la mera asistencia a los plenos del Consejo de Personal, o promocionando y facilitando la labor de otro tipo de asociaciones más afines con el pensamiento y la actitud fuertemente  inmovilista de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

No hace falta que nos vayamos muy lejos en el tiempo para encontrar alguna prueba de lo que afirmo. Sirvan como ejemplo la publicidad a bombo y platillo que se les otorga en la intranet corporativa a determinadas asociaciones de militares no profesionales, el trato exquisito que se les dispensa a las asociaciones de reservistas voluntarios en cualquier organismo de Defensa o las declaraciones a un medio de comunicación  y también, al parecer, las directrices emitidas en una reunión de mandos, por el General Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, minusvalorando o alertando a la cadena de mando de la labor de las asociaciones profesionales, “recomendando” potenciar el conducto reglamentario como la única solución para todos los problemas de los subordinados.

Lo malo, para los detractores de la Ley Orgánica de derechos y deberes, es que los hechos demuestran lo contrario de lo que predican y durante todos estos largos años no hemos tenido la suerte de conocer ninguna propuesta emanada de los Cuarteles Generales o de los órganos directivos del Ministerio de Defensa dirigida a corregir, por propia iniciativa, las muchas disfunciones y agravios producidos por las leyes de personal o para mejorar nuestras condiciones profesionales. Todos, absolutamente todos, los pequeños avances que se han producido han sido fruto del empuje y el trabajo de las asociaciones, ahora profesionales, contando siempre con la nula disposición, e incluso la fuerte oposición, de los representantes ministeriales y de los Ejércitos.

Creo que no hace falta recordar, por la humillación que supuso para los afectados, la retención en el empleo de decenas de compañeros, caprichosa e injustificada, tras el cambio de las reglas en plena evaluación y sin margen alguno para poder modificar su trayectoria profesional. O la tomadura de pelo de eliminar la posibilidad de ascenso a oficial en servicio activo para luego obligarnos a realizar sus servicios y a desempeñar sus cometidos hasta el mismo día de nuestro pase a la reserva. O el despropósito  de los ascensos a teniente en reserva o retiro tras la modificación de la Ley de la carrera militar en octubre de 2015, que suena más a recochineo que a error o incompetencia administrativa del Mando de Personal del Ejército de Tierra. O el apartheid de los cientos y cientos, por no decir miles, de suboficiales con titulación universitaria a los que se les niega la promoción cuando tienen que contemplar cómo se les pone la alfombra roja a los militares de complemento para convertirlos en oficiales de carrera con la ley del mínimo esfuerzo. O los que no la pueden realizar debido a los absurdos límites de edad y el desproporcionado tiempo de formación académica que se les exige. O el flagrante incumplimiento de la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las FAS, contra el que estamos luchando actualmente porque afecta gravemente a la conciliación de la vida familiar y laboral. O el reiterado rechazo de nuestros propios jefes (jueces y parte) a que podamos adquirir la titulación o la equivalencia al grado universitario durante nuestra trayectoria profesional (con el mismo entusiasmo negativo que ya lo hicieron anteriormente con la de diplomado universitario) y que nos impide la pertenencia de pleno derecho al subgrupo A2, lo que supone un claro riesgo para permanecer en el mismo cuando se acabe el periodo transitorio del Estatuto del Empleado Público y que obliga a todos aquellos suboficiales que quieran optar al pase a la administración civil a ocupar vacantes C1 y C2, evidentemente de inferior categoría y no acordes a su titulación, preparación y experiencia profesional.

Tampoco podemos olvidar el recorte de retribuciones que sufren los que están en situación de reserva cuando cumplen 63 años de edad y  tantas y tantas otras cuestiones que afectan a nuestra vida diaria y que nos obligan a desarrollar nuestra profesión sin el mínimo reconocimiento de su singularidad, penosidad y peligrosidad, muy alejados de las condiciones que sí disfrutan el resto de empleados públicos.

En fin compañero, me gustaría haber tenido la oportunidad de contarte todas estas cosas personalmente y hablarte de nuestro futuro profesional en un salón de actos de los muchos acuartelamientos a los que acceden sin problema alguno todo tipo de vendedores de libros, seguros, etc., sin embargo, no puedo hacerlo porque en este caso sí que se cumple escrupulosamente la tan denostada Ley Orgánica de derechos y deberes y yo, al ser militar como tú, suboficial para más señas, lo tengo prohibido. Pero este impedimento no es óbice para que reflexiones sobre todo lo expuesto y te preguntes si es conveniente que tu futuro profesional quede en manos de la suerte o de los caprichosos intereses particulares de un subgrupo de empleados públicos que, con toda seguridad, pondrán siempre en primer lugar sus necesidades.

Pregúntate también, si en pleno siglo XXI cualquier profesional puede ejercer su profesión sin disponer de una asesoría jurídica o de los seguros necesarios que le permitan realizar su labor sin sobresaltos, evitando de este modo que sea su familia la que pague los platos rotos de los errores propios o ajenos, de la incompetencia o la mala uva de las personas o de la fatalidad.

En ASFASPRO, llevamos más de cinco años trabajando en la defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de los suboficiales, de aquellos que lo fueron en su día y hoy son oficiales y de los que todavía se encuentran en periodo de formación y que pronto se incorporarán a nuestra Escala. Proporcionamos ayuda y asesoramiento principalmente a nuestros socios (más de tres mil trescientos en la actualidad), pero nunca dejamos en la estacada a cualquiera que se dirija a nosotros en busca de ayuda, porque ante todo somos compañeros y sabemos que este es uno de los valores fundamentales en cualquier ejército. No obstante, tampoco somos ni queremos convertirnos en una ONG, porque necesariamente la consecución de nuestros fines, que son los tuyos, y los servicios que presta la asociación requieren de medios y profesionales cualificados que, obviamente, no son gratuitos. Además, la experiencia  nos ha demostrado que la atención que prestan a nuestros problemas los políticos, autoridades y medios de comunicación es directamente proporcional al número de asociados.

Por todas estas razones compañero, siendo conscientes de que el estado de abandono en el que estuvo sumida nuestra escala desde la nefasta fecha del 1 de enero de 1990 ha producido desmotivación, frustración y conformismo, te rogamos que te sumes a nuestro proyecto para intentar revertir la situación actual y que el suboficial del siglo XXI vuelva a ser aquel joven ilusionado y capaz de no hace tantos años y que los que hoy ostentan el empleo de sargento, y también el resto de suboficiales, puedan tener una carrera profesional digna y reconocida, tanto dentro como fuera de la institución.

Un cordial saludo y muchas gracias por tu atención.

A España Servir Hasta Morir