Las tres asociaciones proponentes del pleno extraordinario -ASFASPRO, AUME y ATME- expusieron claramente en su solicitud el objeto de la reunión y así figuraba en la convocatoria: la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: condiciones de trabajo del personal militar, conciliación personal, familiar y laboral, atención sanitaria del colectivo militar y sus familias. Sin embargo, tras escuchar las intervenciones de la ministra de Defensa, había otros objetivos que no figuraban en el orden del día.
La ministra de Defensa habló de algunos detalles públicos de la Operación Balmis y agradeció varias veces la labor de las Fuerzas Armadas, sin embargo, no contestó a ninguno de los problemas planteados por las asociaciones profesionales.
NOTA DE PRENSA
Las asociaciones más representativas de las Fuerzas Armadas ven rota su interlocución con el Ministerio de Defensa ante las graves situaciones surgidas durante esta crisis del COVID-19 y piden diálogo para afrontar los severos problemas que les atañen
ASFASPRO, AUME y ATME, han solicitado sentarse con el Ministerio de Defensa para recomponer los puentes de interlocución con los representantes de los militares y exponer los graves problemas que se están dando en el colectivo durante esta crisis.
La prevención de riesgos laborales (PRL) no acaba de funcionar en las Fuerzas Armadas. Faltan puestos por cubrir, y pese a ello se han dejado vacantes plazas de máster en PRL por no querer que sean cubiertas por suboficiales. Y así nos va, pese a que la LODD1 indica que el Estado establecerá medidas para garantizar la seguridad y salud del personal2. La semana pasada falleció un militar en acto de servicio. DEP. Un soldado del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1. Nos unimos al dolor de su familia y compañeros cercanos. Murió, dio su vida por la Patria en el cumplimiento de su misión, y antes de que su cadáver se hubiera enfriado el Ejército de Tierra ya comunicaba por redes sociales que había sido por “causas naturales”. Dicho sea sin ningún ánimo inquisidor, las prisas nunca son buenas, y desgraciadamente nos acordamos de aquella máxima del derecho que reza excusatio non petita accusatio manifesta. Mal augurio.
Enseguida empiezan a conocerse los detalles del asunto, y trasciende que el fallecimiento ocurrió en el transcurso de una jornada de instrucción continuada (para los profanos, esto quiere decir que se empieza a trabajar a la hora de costumbre pero no se finaliza a la hora habitual sino que se siguen realizando actividades hasta el día siguiente sin solución de continuidad, más de 24 horas de servicio).
Para el próximo pleno del Consejo de Personal, ASFASPRO ha elaborado y presentado las siguientes 14 propuestas.
El Gobierno ha dejado de estar en funciones, sin embargo, parece que las nuevas excusas para no mejorar las retribuciones o la carrera profesional serán las dificultades para aprobar la Ley de Presupuestos Generales y la fragmentación del Congreso de los Diputados.
ASFASPRO ha puesto sobre el tapete una y otra vez los problemas con las retribuciones y la carrera del militar, viendo como otros colectivos siguen mejorando en ambos aspectos. Las excusas, pasadas y futuras, ya no sirven y es hora de tomar conciencia de que sólo la movilización en la calle puede remover los obstáculos que impiden los progresos.
Seguimos, como en ocasiones anteriores, con un Gobierno en funciones y un equipo ministerial en el mismo estado.
Las retribuciones siguen en un recóndito cajón y el toro de la fracasada Ley de la carrera militar continúa dando cornadas en forma de desarrollos normativos que empeoran aún más eso mismo, la carrera profesional. El futuro no es nada alentador, el Reglamento de ingreso y promoción auspiciado por la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar finiquitará la promoción interna del suboficial y el Reglamento de segundas especialidades se perfila como un elfo que otorgará mayores conocimientos y responsabilidades, pero no superiores titulaciones y retribuciones, al menos para el avejentado eslabón fundamental.
Hace pocas semanas, el pasado 4 de octubre, en el último pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas ASFASPRO preguntó por el estado del estudio facultativo sobre la llamada “prueba de unidad” a que el Ministerio de Defensa se había comprometido a realizar en el cuarto pleno de 2016, ante una propuesta presentada por esta asociación1. Había habido incidentes, con bajas y algún fallecido2, y ya desde el 2014 ASFASPRO viene presentando propuestas para evitar las bajas3. Ese mismo año 2016 ASFASPRO había puesto a disposición del personal militar la iniciativa “No más muertes en la prueba de unidad”4, que fue cursada por numerosos militares.
Según la respuesta del gabinete del subsecretario de Defensa el estudio facultativo no se ha realizado ni se iba a realizar, sino que la Inspección General de Sanidad se limitaba a revisar la Instrucción Técnica 10/17 que regula la prueba de unidad. Solamente se había propuesto a la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra que creara un grupo de trabajo para contrastar la bondad de la aplicación de la IT 10/17. Es decir, que el acuerdo del Consejo cae en saco roto y el mismo que debe ordenar su ejecución pasa de hacerlo.
Desde hace unos meses el ministerio en funciones pretende activar un procedimiento para conocer el listado de afiliados de cada asociación. Según afirmó el Subsecretario de Defensa en el último pleno del Consejo de Personal no iban a renunciar a ello.
Para tener representación en el Consejo de Personal las asociaciones profesionales de militares deben disponer de un porcentaje mínimo de afiliados respecto de los efectivos de las Fuerzas Armadas. No hay votaciones de representantes, como ocurre en la Guardia Civil, en la Policía Nacional o en cualquier otro ámbito.
Esta carencia democrática permitiría tener presentes en el Consejo hasta 100 asociaciones, llegado el caso, todo un despropósito imposible de gestionar. Tampoco es baladí que actualmente el número de representantes o asientos por asociación en el Consejo es el mismo tanto si la asociación tiene 1.000 como si tiene 100.000 afiliados. También es conocido que las asociaciones profesionales no reciben ningún tipo de subvención o ayuda económica1, independientemente del número de socios. En definitiva, en la normativa vigente no hay ventaja alguna en atesorar, una vez superado el porcentaje mínimo, más o menos afiliación.
Las asociaciones profesionales deben acreditar anualmente mediante una declaración responsable el número de oficiales, suboficiales y militares de tropa que son miembros de la asociación y que a 31 de diciembre no tienen la condición de militar en suspenso. Por tanto, las asociaciones no ceden en ningún caso un listado con nombres, apellidos y DNI´s de afiliados, sólo tienen la obligación legal de dar números.
Un militar solo puede pertenecer a una asociación. Si cree que puede estar afiliado a dos asociaciones porque ha peregrinado de una a otra, tan sólo tiene que solicitar un documento o correo justificativo de baja al órgano de gobierno de la correspondiente asociación.
Las declaraciones responsables están sujetas al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y el interesado deberá aportarla, pero obviamente siempre con sujeción al resto del ordenamiento jurídico.
¿Cómo pretende el ministerio que las asociaciones profesionales acrediten los números?
Entregando el listado de DNI´s de los socios al ministerio para su cotejo. El progresista equipo ministerial del PSOE quiere saltarse los artículos 18 y 105 de la Constitución, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y las garantías fundamentales que promulga la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
El ministerio olvida que el afiliado tiene el derecho legal a no declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida y que las asociaciones profesionales tampoco pueden exigírselo ni pueden aportar los datos del socio que este no le haya autorizado previamente a cederlos a terceros. Los datos personales no pueden ser cedidos sin el consentimiento expreso del socio.
Por tanto, si el socio no quiere declarar su afiliación ni quiere ceder sus datos, ¿qué datos pueden facilitar las asociaciones profesionales? ¿cómo acreditar el cumplimiento de los requisitos?
Es fácil concluir que el establecimiento de elecciones de representantes, con el consiguiente cambio de la Ley de derechos y deberes, eliminaría el problema. El voto libre, directo y secreto de todos los miembros de las Fuerzas Armadas es el que debe otorgar representatividad y legitimidad.
También cabe el ejemplo de la orden ministerial sobre subvenciones de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil2, en la que el Ministerio del Interior exige un documento notarial acreditativo del número de afiliados, salvaguardando sus identidades. Si para un colectivo de naturaleza militar es válido un documento notarial, ¿por qué no lo es para otro?
Y aquí llegamos al nudo gordiano de la cuestión. Pertenecer a una asociación profesional todavía no está bien visto en muchos ámbitos de la institución.
Conviene recordar que la propia Ley de derechos y deberes prohíbe a las asociaciones profesionales las reuniones informativas y el uso de locales en las unidades, hasta hace poco tiempo había censura previa de las comunicaciones que las asociaciones colgaban en los tablones de anuncios, que hay tablones que no reúnen las condiciones adecuadas, que varios representantes asociativos han sido sancionados en el ejercicio de su actividad3, que para ocupar determinados destinos se interroga por la afiliación a asociaciones, que un documento interno del Jefe de las Fuerzas Terrestres equiparó asociacionismo y yihadismo4, que se impidió a ASFASPRO la publicación de un anuncio publicitario en una revista digital del ministerio, que hace pocos meses no se autorizó a que las asociaciones profesionales se reunieran con los medios de comunicación en la Delegación de Defensa de Madrid5, que se impide la colaboración de las asociaciones en carreras cívico-militares6, sin olvidar que el ministerio incumple acuerdos7 del Consejo de Personal o trata de evitar la actuación legalmente reconocida8 a este órgano.
Con esta realidad no se puede pretender que el militar quiera dar a conocer su afiliación. Quiere estar asociado, pero que no lo sepan sus jefes de los que dependen los Informes Personales de Calificación - y a la postre el ascenso-, el complemento de dedicación especial (productividad) y la concesión de cursos, recompensas e incluso destinos.
El ministerio puede hablar de la supuesta seguridad9 del procedimiento, de la protección y borrado de los datos y también de las faltas y delitos en los que puede incurrir el personal implicado en el mismo, pero lo cierto es que un listado con los DNI´s de todos los socios estaría en un ordenador del mismísimo Ministerio de Defensa.
¿Cuáles pueden ser los motivos reales del ministerio para la fiscalización de socios?
Desactivar el creciente movimiento asociativo motivado especialmente por las bajas retribuciones y la funesta política de personal producto de la Ley de la carrera militar y su desarrollo reglamentario. Situación que apunta a una más que probable movilización en las calles de la capital.
ASFASPRO no facilitará dato personal alguno de sus socios, aunque suponga la expulsión de la asociación del Consejo de Personal, y ejercitará todas las acciones legales necesarias para combatir este procedimiento en caso de su entrada en vigor en los términos actuales.
1 Las asociaciones profesionales están fuera del Plan estratégico de subvenciones del Ministerio de Defensa y nunca han recibido subvención o ayuda económica alguna:
2 Orden INT/1715/2013, de 18 de septiembre (BOE núm. 230, de 25 de septiembre), por la que se regula la concesión de subvenciones a las asociaciones profesionales de guardias civiles:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-9959-consolidado.pdf
3 https://elpais.com/politica/2017/01/24/actualidad/1485281195_991935.html
Sentencia del Tribunal Supremo 4901/2015:
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/1dfcfb1e8c4c47c3/20151207
Sentencia del Tribunal Supremo 2171/2015:
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/3ef3a59c0e9f0db7/20150529
https://www.eldiario.es/sociedad/Defensa-Teresa-Franco-investigada-Ejercito_0_821718107.html
http://www.lawyerpress.com/news/2013_07/3007_13_012.html
4 https://m.eldiario.es/politica/Ejrcito-asociaciones-militares_0_586542227.html
5 https://www.asfaspro.es/index.php/rss/item/2525-bloqueo-accion-asociativa-asfaspro
6 https://www.asfaspro.es/index.php/component/k2/item/2524-censura-en-la-carrera-del-ebro-2019
7 https://www.asfaspro.es/index.php/component/k2/item/2087-truco-trato-acuerdos-consejo-personal
9 https://www.elmundo.es/espana/2019/03/11/5c865869fdddffea018b4687.html
Acudimos a un pleno con un Gobierno en funciones y con un equipo ministerial en el mismo estado. Los graves problemas del militar como las retribuciones, la promoción y una desmotivadora carrera profesional, siguen bajo el agua y el lodo a la espera de ser rescatados.
Todo parece indicar que, en los últimos estertores del actual Gobierno, el Subsecretario de Defensa tiene como objetivo atacar el molesto y creciente asociacionismo militar queriendo implementar un procedimiento para conocer el listado de afiliados de cada asociación, pasando por encima de la Constitución y de diferentes leyes que protegen el derecho de los afiliados a no declarar su pertenencia a una asociación y a no autorizar la cesión de sus datos a terceros. En lugar de atacar, un Gobierno progresista debería promover la modificación de la Ley orgánica de derechos y deberes para permitir las elecciones de los representantes de las asociaciones, como ocurre en la Guardia Civil.