Ahora que no dejamos de escuchar en boca de políticos o en los medios de comunicación vocablos como acusación, fiscalía, dictadura, república, monarquía, democracia, transición, pacto, diálogo, “procés”, acuerdo… Y tantos y tantos otros relacionados con la situación actual.
Ahora que representantes políticos y líderes de opinión, con algunas excepciones, han caído del guindo y se dan golpes en el pecho mientras hacen cola para ver quién es el que defiende con mayor vehemencia la tan necesaria y justificada equiparación y subida salarial de policías y guardias civiles.
Ahora, precisamente ahora que todos se han vuelto tan sensibles, nadie se acuerda de los militares. Aunque bien es verdad que no debería sorprendernos, porque este olvido es endémico en nuestra sociedad.
Porque ninguno parece querer acordarse de los muchos golpes que hemos recibido durante el reciente periodo democrático –en forma de leyes de personal manifiestamente mejorables, mal parcheadas y modificadas una y otra vez sin resultados satisfactorios– ni del estado de nuestra moral, nuestra carrera profesional o nuestra vida familiar y laboral. Sin olvidarnos, por supuesto, de las retribuciones, siempre a la cola de todos los empleados públicos y que nunca compensan la singularidad de la profesión militar.
Porque en este país tan especial cualquier trabajador municipal cobra más que un militar en concepto de penosidad o peligrosidad. Eso sí, sin el desgaste físico y psicológico que supone pasarse regularmente largos periodos lejos de casa, manejar armas y explosivos, patrullar o desactivar minas en desiertos o en territorios lejanos, apagar incendios o intervenir en catástrofes naturales y humanitarias, y muchas otras actividades que tienen el común denominador del riesgo, la fatiga, el sacrificio o la exigencia de una alta preparación física y técnica y, en todos los casos, disponibilidad permanente para el servicio.
Ninguno de estos argumentos tangibles parecen ser suficientes para que nuestros políticos dejen de marear la perdiz en forma de subcomisiones interminables y poco efectivas, aparquen ya de una vez el postureo, las buenas palabras o los brindis al sol y pasen a los hechos, que buena falta nos hace. Queda muy bien ante la opinión pública acudir a los funerales de los fallecidos en accidentes o en misiones internacionales, pronunciar solemnes discursos y dar el pésame a los familiares y a los compañeros con caras compungidas y muestras de tristeza, pero nosotros nos preguntamos: ¿el trato y la atención que se nos dispensa a los que hoy en día formamos parte de las Fuerzas Armadas está muy alejado del que recibían los militares españoles de principios del siglo XX? Tal vez no.
Porque no se entiende que a ese “soldadito” mileurista, por el que tantos dicen preocuparse y defender, se le pongan tantas trabas para poder integrarse en la sociedad civil a la que ha servido con entrega y sacrificio –muchas veces en arriesgadas misiones internacionales– cuando ha finalizado su periodo de servicio; o simplemente se le impida acceder a las distintas Policías Locales por la férrea oposición de los mismos partidos políticos y sindicatos que cínica y supuestamente le apoyan en sus intervenciones en el Congreso y Senado; o la no declarada pero real reticencia de sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía y Guardia Civil a que se incorpore a estas instituciones. El motivo de unos y otros para semejante actitud negativa no puede ser otro que un erróneo concepto de la condición de militar o exmilitar, cargado de tópicos peyorativos basados en “Las historias de la puta mili” y no en el conocimiento de la realidad de nuestras Fuerzas Armadas.
Pero tampoco se puede entender que un sargento de estas Fuerzas Armadas cobre menos incluso que policías y guardias civiles recién egresados, después de haber cursado el primero una exigente formación durante tres años de academia y adquirir una doble titulación. O que un teniente o un capitán graduados, además, en ingeniería, tras un mínimo de cinco años de academia, puedan llegar a percibir en el futuro inmediato un salario inferior al de esos policías nacionales y guardias civiles para los que se pide la equiparación. Nada se entiende, y lo peor de todo es que la única explicación para esta marginación evidente es la consideración de los militares como ciudadanos de segunda y empleados públicos de tercera.
En nuestra sociedad se lleva oponerse al belicismo y se olvida que “Si vis pacem para bellum”, con el resultado de que se acaba castigando a los militares al ostracismo o a la miseria. Pero el reconocimiento o nuestro futuro y estabilidad profesional no puede cocinarse mediante campañas mediáticas o por pura estrategia y mero cálculo electoral, sino que debe producirse por la iniciativa, valiente, sincera y sin complejos, de aquellos que ostentan la representación del pueblo soberano, al que servimos, no lo olvidemos, ofreciendo incluso nuestra vida en el cumplimiento de las misiones encomendadas.
Como muy bien decía el presidente del Observatorio de la Vida Militar en su reciente comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, el espíritu militar no suple las retribuciones, y nosotros tenemos que añadir que la satisfacción del deber cumplido tampoco.