03/10/2014 - Opinión - El País -
La prohibición de que haya sindicatos en las Fuerzas Armadas es “contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos”, ha sentenciado el Tribunal de Estrasburgo en respuesta a las demandas de oficiales franceses, fundadores o miembros de asociaciones que recibieron órdenes de dejarlas porque la jerarquía las consideró equiparables a sindicatos. El Tribunal acepta restricciones, pero no la prohibición de sindicarse.
La cuestión afecta a la disciplina militar y a la neutralidad exigible a las Fuerzas Armadas. También a la capacidad de sus miembros para ejercer libertades reconocidas a los demás ciudadanos. En las Fuerzas Armadas españolas no son posibles los sindicatos ni la acción sindical (huelga, negociación colectiva, conflicto colectivo). Sí se permiten asociaciones profesionales, algunas de las cuales acumulan un historial de expedientes sancionadores sobre sus dirigentes. En materia de libertad de expresión, la legislación restringe mucho el ejercicio de este derecho por los militares y prevé sanciones por participar en reuniones no autorizadas o acudir de uniforme a manifestaciones.
No es inútil preguntarse por las repercusiones en España de la sentencia. Otra decisión del mismo tribunal echó abajo la llamada doctrina Parot y decenas de etarras fueron liberados de prisión. Las decisiones de Estrasburgo no se toman a la ligera en la mayoría de los países signatarios de la Convención de los Derechos Humanos, creada tras la II Guerra Mundial para reconstruir los valores arruinados en Europa por las ideologías totalitarias. Aunque la sentencia sobre Francia es revisable ante el pleno de la institución, la unanimidad de los jueces que la han dictado estrecha las posibilidades de un cambio de criterio.
En todo caso, el tribunal europeo ha decidido entrar en el territorio de los derechos del soldado. Y lo hace en medio de una creciente hostilidad en algunos países: David Cameron acaba de decir al Congreso de los tories que Reino Unido “no necesita recibir instrucciones de los jueces de Estrasburgo”. ¿La próxima crisis europea será la de los derechos humanos?
