M.Ángeles Moya / Madrid   miércoles, 10 de abril de 2013 ATENEA DIGITAL

El Ministerio de Defensa no convocará una reunión extraordinaria del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas como había solicitado ASFASPRO (Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas) a raíz del arresto, por un mes y un día, del presidente de la AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles), el subteniente Jorge Bravo.

Según fuentes del Departamento que dirige Pedro Morenés consultadas por ATENEA, la próxima reunión del Consejo se celebrará cuando corresponda, pero, en ningún caso, antes de lo previsto.

ASFASPRO, una de las tres asociaciones que forman parte del Consejo, había solicitado una reunión extraordinaria para que sus miembros fuesen informados "de las circunstancias concretas en las que se ha producido" la sanción de Bravo, así como de los límites al derecho a la libertad de expresión que Defensa "pretende aplicar a los miembros del Consejo en el ejercicio de sus funciones como tales y en su relación con los medios de comunicación".

El arresto a Jorge Bravo se produjo hace una semana (desde entonces se encuentra en el establecimiento disciplinario militar de la base 'San Pedro', en la localidad madrileña de Colmenar Viejo) por una declaraciones que efectuó en julio de 2012 criticando los recortes llevados a cabo por el Gobierno.

En sus declaraciones, el subteniente, en calidad de presidente de AUME, apuntaba la posibilidad de recortar en gastos superfluos (festejos, celebración de aniversarios, actos públicos, etcétera) para evitar recortes de otro tipo en las retribuciones de los militares.

Sus palabras, pronunciadas públicamente, y de las que se hicieron eco diversos medios de comunicación, fueron consideradas falta grave en virtud del artículo 8.18 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (que data del año 1998 y que se encuentra en proceso de revisión).

En dicho artículo se especifica que es falta grave "hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas" y "realizarlas a través de los medios de comunicación social o formularlas con carácter colectivo". Tras producirse el arresto, AUME convocó una concentración, frente al Ministerio de Defensa, que tendrá lugar el próximo 27 de abril, para protestar por la sanción impuesta a su presidente.

Fotografía: Ministerio de Defensa

Manifiesta su total oposición a cualquier recorte de derechos que otorgan las leyes en vigor y se solidariza con AUME y la figura de su presidente

Ante las noticias aparecidas en prensa relativas a la sanción disciplinaria impuesta al presidente de AUME, y desconociendo las circunstancias y hechos exactos de la misma, ASFASPRO quiere definir su postura, matizando y dejando claro algunas irrenunciables cuestiones que le afectan de forma muy directa.

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y el Reglamento del Consejo de Personal establecen que los representantes de las asociaciones profesionales tienen el derecho a expresarse libremente en el ejercicio de sus funciones, que no son otras que promocionar y defender los intereses profesionales, económicos y sociales de sus asociados.

Por ello, ASFASPRO ha solicitado al presidente del Consejo de Personal una sesión extraordinaria del Pleno que informe de las circunstancias concretas en las que se ha producido la citada sanción, así como de cara al establecimiento extrajudicial de los límites del derecho a la libertad de expresión, que el Ministerio de Defensa pretende aplicar a los miembros del citado Consejo en el ejercicio de sus funciones como tales y en su relación con los medios de comunicación.

En todo caso, preocupa a ASFASPRO lo que pudiera resultar, indiciariamente, un intento de limitación de la necesaria libertad de expresión que debe suponerse a los miembros del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en el ejercicio de sus legítimos derechos de defensa de los intereses profesionales de sus representados y una posible disminución de la relación de los mismos con los medios de comunicación, lo cual, de objetivarse, no beneficiaría precisamente la incipiente democratización y apertura de la institución.

Además, sorprende la escrupulosidad en el cumplimiento de la ley para sancionar unas simples declaraciones y que, sin embargo, no se actúe con igual esmero con los miles de problemas de los militares, con las propuestas de las asociaciones en el Consejo de Personal, con la creación del Observatorio de la vida militar o con la modificación de la Ley de la Carrera Militar.

Por último, ASFAPRO agradecería que aquellas organizaciones que ahora manifiestan su disconformidad con lo acontecido, defendieran con el mismo ahínco y vehemencia el cumplimiento del resto del articulado de la Ley de Derechos y Deberes.