Uno de los traslados y reubicaciones más importante es el de la unidad logística del Acuartelamiento de San Juan de la Ribera Norte de Valencia al Acuartelamiento de Atocha de La Coruña.

Llama la atención la actuación denominada “racionalización de las instalaciones del Ejército de Tierra en la plaza de Madrid”. Se necesita una inversión de 1.436.381 € para obtener un ahorro estimado anual de 4.877 € y liberar 400 m2 de suelo urbano.

Un 16% de las actuaciones están relacionadas con la acción y protección social, suponen el cierre de 10 residencias, 3 centros deportivos socio-culturales y un hospital. En opinión de ASFASPRO, el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas debería recibir mayor información a este respecto o al menos la misma que se confirma a los medios de comunicación[3].

El 26% de las actuaciones se llevarán a cabo en Madrid y provincias limítrofes. Este porcentaje no es baladí si tenemos en cuenta la reciente publicación de la Orden Ministerial 37/2013, de 13 de junio[4]. En ella, se identifican diferentes municipios como una misma localidad para el cobro de las compensaciones económicas que atienden las necesidades de vivienda originadas por cambio de destino. Por tanto, en la mayoría de los casos, el traslado no implicará el cobro de compensaciones económicas, aunque los establecimientos donante y receptor estén a varias decenas de kilómetros.

Con la publicación de la citada orden el Ministerio recortó 8,6 millones de euros en compensaciones económicas y pocas semanas después, el Secretario de Defensa presenta PREPIDEF que, lógicamente, implica cambios de destino, aunque aclara que la “prioridad es el recurso humano del Ministerio”.

Junto con la racionalización o reorganización de las instalaciones deben articularse acciones complementarias de apoyo al personal afectado, no sólo medidas de apoyo a la movilidad geográfica sino también aquellas que atiendan las condiciones de vida y trabajo en las nuevas unidades.