A continuación, se exponen los puntos de los programas electorales referidos a política de personal de las Fuerzas Armadas.
Respecto al año 2019 hay bastantes diferencias [ https://www.asfaspro.es/component/k2/item/2590-programa-electoral-fuerzas-armadas-elecciones-generales ].
PSOE
- Continuaremos con la ejecución de las medidas aprobadas por la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, facilitando salidas profesionales a los militares profesionales de tropa y marinería, al tiempo que revisamos la eficacia de las medidas tomadas.
- Continuaremos profundizando en la implementación de medidas de conciliación familiar en las Fuerzas Armadas.
- Proseguiremos con el programa de mejora de las condiciones de vida en instalaciones de las Fuerzas Armadas.
PP
335 ASUMIREMOS UN PAPEL ACTIVO DE ESPAÑA EN LA ALIANZA ATLÁNTICA y en la construcción de la Europa de la Defensa. Cumpliremos el compromiso adquirido por los aliados de destinar un 2% del PIB nacional en seguridad y defensa.
336 ELEVAREMOS EL NÚMERO DE EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS durante dos legislaturas hasta alcanzar los 140.000 previstos por la ley y mejoraremos sus condiciones sociolaborales resolviendo años de injusticia, de acuerdo con los parámetros del Observatorio de la Vida Militar y con los principios de mérito y capacidad. Se computarán los años de servicio en las Fuerzas Armadas para todas las ofertas públicas de empleo, en especial para aquellos cuerpos y funciones relacionados con la seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas y locales respetando los marcos competenciales. Invertiremos en recursos y medios, especialmente tecnológicos y digitales, para responder a los riesgos que puedan presentarse.
337 DESARROLLAREMOS UN NUEVO MODELO DE RESERVA MILITAR VOLUNTARIA que mejore las capacidades operativas y haga realidad el compromiso ciudadano con la defensa nacional.
VOX
184. Los funcionarios de Prisiones serán agentes de autoridad y junto a los miembros de las FFAA y FCSE recibirán la adecuada instrucción y adiestramiento y dispondrán de los medios humanos, recursos materiales, seguridad jurídica y amparo legal necesarios para no padecer un calvario judicial o administrativo derivado de actuaciones practicadas en el ejercicio de sus funciones, impulsando su sectorización.
186. La recuperación de competencias exige que las FFAA y todas las policías dependan en última instancia del Estado a través del Ministerio correspondiente. Hasta que sea efectivo, alcanzaremos la equiparación real en salario y la justa jubilación para las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía), Servicio de Vigilancia Aduanera y policías autonómicas y locales. Dignificación del trabajo policial y aumento de las sanciones a la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones.
188. Dignificación de la vocación profesional militar. Una Ley de Carrera Militar única para las Escalas de Oficiales, Suboficiales y Tropa y Marinería, que permita que después de los 45 años los mejores puedan permanecer en la estructura del Ministerio de Defensa mediante el desempeño de funciones logísticas, administrativas, de seguridad y protección de las instalaciones, salvaguardando una estructura operativa joven en los Ejércitos y Armada.
189. Las Academias militares serán centros de la Universidad de Defensa. Homologación civil de los estudios y especialidades militares, así como de las competencias profesionales en materia de seguridad privada, protección de personas y explosivos. El tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas servirá de mérito para el acceso al empleo público, con reserva de plazas.
España no debe abandonar a quienes han dedicado los mejores años de su vida a servir a la patria en las Fuerzas Armadas. Se favorecerá su continuidad laboral tras su tiempo de servicio.
190. Complementariamente a un modelo de Ejército profesional permanente, desarrollaremos el Servicio Militar de reserva voluntaria, en el que todos los españoles sin exclusión podrán ejercer su derecho y deber de defender a España previsto en el art. 30.1 CE. Un Sistema Nacional de Protección Civil vertebrará de forma unitaria la respuesta ante emergencias, catástrofes, incendios e inundaciones y unificará el régimen de personal y protocolos de actuación.
195. Aumentaremos la inversión en Defensa y aseguraremos sueldos dignos y ayudas a la movilidad geográfica y a la vivienda y alojamiento, que serán deducibles. Dotaremos adecuadamente los programas de modernización para las Fuerzas Armadas, impulsando el desarrollo y la contratación de servicios e industria nacional de Defensa en los ámbitos terrestre, naval, aeronáutico, espacial y de inteligencia.
353. Los españoles no deben ser privados de un tiempo destinado a la familia. Incentivaremos fiscalmente a las empresas que contraten a nuevas madres y promuevan formas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Apoyaremos a los ayuntamientos para garantizar guarderías gratuitas abiertas hasta el horario de comercios y oficinas. Atenderemos las necesidades de movilidad geográfica de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y FCSE, a fin de facilitar que las familias permanezcan unidas.
SUMAR
14. Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS). Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos.
19. Supresión de la justicia militar e integración en la jurisdicción ordinaria. Proponemos la supresión de la Justicia Militar. Todas las cuestiones de las que conocen los tribunales militares son susceptibles de ser conocidas por las jurisdicciones ordinarias, en especial por los órdenes penales y por el contencioso administrativo.
De igual modo, y en coherencia con lo anterior, proponemos la derogación del código penal militar, sin perjuicio de integrar en el código penal ordinario aquellos tipos penales específicos al ejercicio de las armas.
Asimismo, las normas procesales aplicables serán las de las leyes procesales que correspondan conforme a las cuestiones que se hayan de dilucidar, sin perjuicio de las adaptaciones que fuesen precisas debidas a la singular naturaleza del ejercicio de las armas.
En cuanto a la situación de los profesionales que sirven el cargo en la jurisdicción militar como jurídicos militares, se les dará la opción de integrarse, además de en los cuerpos o armas militares, si así se decidiera y fuese procedente, a su elección, en las carreras judicial, fiscal o en el cuerpo de abogados del Estado, según las vacantes existentes en cada uno de estos cuerpos, sin merma de los derechos adquiridos como el de la antigüedad o los demás que les pudieran corresponder.