El personal de las Fuerzas Armadas sigue discriminado como personal de segunda, con derechos profesionales y retributivos restringidos, tras más de 40 años de Constitución.
Tras lustros y lustros en los que se apartó a los militares del foco mediático –exceptuando el desfile de la Fiesta Nacional y dos imágenes de cascos azules-, en los últimos años la ciudadanía ha visto cómo el personal de las Fuerzas Armadas interviene en cualquier tipo de crisis: terremotos, incendios, nevadas, el gran protagonismo –compartido con otros colectivos- durante el COVID… Y ahora, con el trasfondo de la invasión rusa a Ucrania, va calando la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas preparadas para garantizar la defensa nacional. Para cumplir con todos esos cometidos es necesario contar con personal formado y motivado al que dotar con medios eficaces. ¿Qué hace falta para tener esto? La respuesta la conocían ya los antiguos romanos: un presupuesto militar adecuado y un trato digno y justo al personal en filas.
Cuando se aprobó la Constitución hace ya más de 40 años se puso cuidado en restringir los derechos políticos y sindicales de los militares, que eran vistos por muchos como un colectivo vinculado al franquismo. Ha llovido mucho, y durante lo que llevamos de democracia la visión ha ido cambiando. España cuenta hoy con unas Fuerzas Armadas dignas de un estado democrático, pero se sigue conociendo poco a este personal y, lo que es peor, se sigue abusando de su disciplina para mantener en vigor exageradas restricciones de sus derechos profesionales, y esto tiene consecuencias para las familias de los militares.
Costó que los militares pudieran asociarse para defender sus derechos profesionales, hubo que esperar a que el Tribunal Constitucional, con la sentencia 219/2001 diera el placet a las asociaciones de militares con fines reivindicativos. Y empezaron a surgir algunas asociaciones, sin un marco específico. Los legisladores esperaron 10 años para hacerlo. La promulgación de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, dio carta de naturaleza a las asociaciones profesionales, pero fundamentalmente ha servido para intentar atarlas en corto. Para seguir restringiendo derechos profesionales. Han pasado otros 10 años y no hemos avanzado en reconocer derechos profesionales. El Ministerio de Defensa niega el pan y la sal a las asociaciones profesionales y procura limitar su contacto con el personal cuyos derechos defienden. Cualquier empresa puede entrar en un acuartelamiento para ofertar coches, zapatos, aceite, viajes… pero una asociación profesional no puede hacer una reunión para explicar a los militares las propuestas para mejorar las condiciones laborales.
Un derecho que todo el mundo entiende es el derecho a una retribución digna y justa, existiendo dictámenes jurídicos de que a trabajo de igual valor corresponde una retribución de igual valor. La nómina del personal de las Fuerzas Armadas es el mejor ejemplo del desprecio recibido: no resiste comparación con las nóminas (líquidas, no brutas) de otros empleados públicos del ámbito de la seguridad, algunos incluso también con la condición militar:
- Sargento Fuerzas Armadas, grupo A2, sin trienios; 1.635’53 €.
- Policía Local, grupo C1, con 5 trienios: 2.246’56 €.
- Subteniente Fuerzas Armadas, grupo A2, con 12 trienios: 2.268’84 €.
- Guardia Civil, grupo C1, con 10 trienios: 2.311’16 €.
Es decir, el personal de las Fuerzas Armadas (tanto al principio como al final de su carrera) recibe por su trabajo muchísimo menos que el personal de ocupaciones similares pero de un grupo de clasificación inferior. Mal pagado por partida doble. Pero es que el personal de las Fuerzas Armadas es el único al que se le exige matar y morir en el cumplimiento de su misión. Mal pagado por partida triple.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? Pues gracias a la restricción de derechos del personal de los ejércitos y al continuo abuso de su disciplina y de su amor al servicio. Eso sí, para compensar reciben un aluvión de elogios y parabienes. Parabienes, pocos bienes.
Moraleja: menos palabras y más derechos, que de buenas palabras no viven las familias de los miembros de las Fuerzas Armadas.
¡Constitución para todos! ¡Para los militares también!