Sin embargo, de manera sorprendente e injustificable, esta sensibilidad e indignación desaparecen cuando la “minoría” de los ciudadanos afectados somos los militares profesionales españoles, aunque en nuestro caso se trate “solo” de una discriminación sistemática de nuestra profesión que pone en cuestión la condición de ciudadanos de pleno derecho, pero al menos igual de importante que la de otros colectivos que sí están siendo defendidos con mayor entusiasmo y eficacia por parte de las respectivas autoridades, instituciones y tribunales de justicia.

De este modo, y especialmente desde el inicio de la profesionalización que se produjo con la entrada en vigor de la Ley 17/1989, reguladora del régimen del personal militar profesional, estamos siendo sometidos a una caprichosa, confusa y arbitraria sucesión normativa, además de a un maltrato retributivo, que nos obliga a ejercer nuestra profesión como ciudadanos y servidores públicos de segunda categoría indefensos y marginados, de los que se desentienden los poderes legislativo y ejecutivo e incluso el Defensor del Pueblo, como sucedió con la reciente queja sobre retribuciones presentada por muchos militares a la que respondió de manera rápida, como se suele decir en términos deportivos, con una patada a seguir o un contundente despeje.

Y tampoco vale argumentar, como se afirma en algunas sentencias judiciales producto de algunos recursos que hemos presentado, que la legalidad vigente es la que es para no darnos la razón, porque lo cierto es que también eran legales las leyes que permitían la segregación racial y el apartheid en los Estados Unidos o en Sudáfrica y, contra todos los obstáculos, fueron combatidas por la opinión pública y por cientos de organismos y gobiernos hasta conseguir su revocación o modificación.

Porque, en lo que afecta a las Fuerzas Armadas, no todo lo que es legal es justo y ni siquiera beneficioso para el conjunto, en particular cuando atenta abiertamente contra los principios de buena fe y confianza legítima o la seguridad jurídica, e impone la exclusión social de un sector de la población sometido a una limitación de derechos y al nulo reconocimiento retributivo de la singularidad de una profesión que conlleva peligrosidad, excesiva movilidad geográfica y una disponibilidad permanente para el servicio que genera un exceso de jornada laboral nunca suficientemente compensado.

Y a pesar de las pruebas irrefutables de desigualdad, arbitrariedad, inseguridad jurídica o discriminación efectiva que estamos padeciendo, las instituciones, los partidos políticos y la propia sociedad civil no quieren darse por enterados, permanecen equidistantes o simplemente ignoran esta verdad tan incómoda para un régimen democrático, como es la existencia de un apartheid en toda regla en una parte de la Administración.

Como ya hemos dicho en artículos anteriores, no sabemos si los complejos y los traumas no superados de nuestro pasado o las manidas “historias de la puta mili” son los causantes de esta situación marginal, pero la vergonzosa realidad es que los sucesivos gobiernos llevan décadas sustentando la operatividad y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas a base de recortar derechos profesionales y aplicando un sistema “low cost” retributivo a la mayor parte de su personal.

Y aún podríamos decir aquello de “virgencita que me quede como estoy”, porque hay quien piensa en las altas esferas de la política o a título individual que los militares debemos desaparecer o ser “recortados” todavía más, sin derecho a la existencia y resignados a vivir casi como esclavos en pleno siglo XXI. Y no exageramos lo más mínimo, porque ahí están las hemerotecas que sostienen nuestras afirmaciones. Al fin y al cabo, nosotros somos voluntarios y al parecer el resto de los servidores públicos no lo son y ocupan sus puestos con carácter forzoso, por ese motivo hay que retribuirles más y mejor y dotarles de una óptima carrera profesional. Blanco y en botella.

Dejando a un lado la ironía, lo que nadie puede negar es que con o sin crisis económica la Administración General del Estado y las diferentes administraciones autonómicas y locales no tienen ni han tenido problema alguno para retribuir convenientemente a sus administrados o regular su carrera profesional conforme a sus distintas singularidades. Así, por poner un ejemplo, un aspirante a policía autonómico catalán, “Mosso d´Esquadra” en prácticas, percibe actualmente una retribución de 2.446,15 € brutos mensuales frente a los 1.016,59 € de un soldado profesional. Y ejemplos similares podemos poner si efectuamos la comparativa con el resto de policías autonómicas y locales, bomberos o, gracias a la equiparación salarial aplicada durante estos dos últimos años, con los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil. Y si nos centramos en la carrera profesional o la vida laboral, más de lo mismo: aplicación de coeficientes reductores que permiten la jubilación anticipada, reconocimiento de la formación, promoción interna real, regulación y compensación de las horas extraordinarias y las guardias y los servicios…

Por el contrario, en estas Fuerzas Armadas tan manoseadas y utilizadas últimamente para el marketing político lo que tenemos son bajos salarios y precariedad en una parte muy significativa de la plantilla, nulo reconocimiento de la formación militar académica y de especialización, demasiada arbitrariedad y muchos silencios cómplices de los que deberían hablar alto y claro y no lo hacen o actuar y no encogerse de hombros.

En consecuencia, ya sea por vergüenza o por desprecio, las siguientes preguntas y algunas otras más que podemos formular no encuentran respuesta:

• ¿Por qué la base de las Fuerzas Armadas, el soldado, cobra poco más que el salario mínimo interprofesional?

• ¿Por qué percibe ese bajo salario si su jornada laboral real es muy superior a la de cualquier otro empleado público o privado y sus misiones pueden acarrear riesgo, penosidad y disponibilidad permanente?

• ¿Por qué alrededor de cien mil militares profesionales con empleos inferiores a capitán perciben menor salario que el escalón más bajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos…?

• ¿Por qué no se aplican a los miembros de las Fuerzas Armadas coeficientes reductores para la jubilación como sí se hace en otros ejércitos occidentales y en España disfrutan los componentes de las policías autonómicas y locales y otros profesionales?

• ¿Por qué cualquier ciudadano español está exento de los límites de edad para el acceso a determinados cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas salvo que ya sea militar profesional, que entonces sí le son de aplicación?

• ¿Por qué los militares de complemento o los reservistas voluntarios han podido obtener la condición de oficial con cualquier titulación universitaria y esta posibilidad no se extiende a los suboficiales?

• ¿Por qué la formación académica militar y específica, además de la de perfeccionamiento, tienen una nula equivalencia o reconocimiento en los ámbitos civil y militar?

• ¿Por qué los suboficiales no tenemos derecho a la promoción interna y en las mismas condiciones que tanto destaca el Estatuto Básico del Empleado Público?

Como bien decimos, son muchos los porqués y demasiados los silencios, por lo que la masiva participación en la manifestación que se celebrará en Madrid el día 19 de septiembre es más que necesaria.

Cuando la situación de la mayoría de los militares profesionales es de clara marginación y arbitrariedad, no es de recibo que traten de someternos al chantaje emocional de escudarse en los clásicos valores militares o en un paternalismo barato para justificarla.