Lo que se está haciendo es oídos sordos a la grave situación de las retribuciones militares, denunciada por el propio Congreso de los Diputados en el dictamen publicado el 15 de marzo (BOCG nº 318), que ha instado a la actualización y adecuación de las retribuciones de los militares.
Aplicar la misma subida que al resto de empleados públicos no es atender al mandato del Congreso respecto a la nómina de nuestros militares. En otros ministerios se preocupan de su personal, su ministro recibe a sus representantes, y las subidas salariales se ven recogidas en los presupuestos, como hace el Ministro del Interior con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Y no se trata de subidas generales en la Administración sino un aumento determinado y específico que va a aumentar todavía más las grandes diferencias retributivas entre FCSE y FAS. No es de recibo que un guardia civil raso tenga una nómina superior a la de un suboficial de las FAS, de cualquier empleo. En un hospital no puede cobrar más el último auxiliar sanitario que un médico: nos quedaríamos sin médicos (¿quién se sacrificaría cursando el MIR si con menos estudios ganara más?). Por la misma razón, no podemos quedarnos sin cuadros de mando cualificados en las Fuerzas Armadas.
Los militares seguimos necesitando retribuciones justas y dignas. La ministra anunció un estudio de las mismas a principio de año, del que no sabemos nada, y no se ven rastros del mismo en los presupuestos de 2018. Una falta de voluntad que se ve reflejada en la pérdida de retribuciones sufrida por los militares en la situación de reserva al cumplir 63 años, sin equivalente en ningún otro colectivo y que en la Guardia Civil se solucionó en el 2006.
El problema es que no hay voluntad.